Como ya ocurriera con la Constitución Política del Estado, la nueva Ley Electoral y, ahora la Ley contra el racismo, los periodistas y sus gremios aparecen desubicados y desorientados, por decir lo menos.

 

Por si ello fuera poco, la dispersión de gremios, la equivocada forma de reclamar y la “división de tribunales de ética” solo confirman que nuestra crisis es más grande que nuestras reivindicaciones y que, como van las cosas la regulación a medios y periodistas vendrá de afuera. Todavía resta hablar de los medios digitales, y de las licencias en radio y televisión, entre otros asuntos delicados. Vayamos por partes.

 

Cuando se discutía la redacción de la Constitución, entre 2006 y 2008, los gremios de prensa se concentraron en Sucre y trataron de mantener vivo el espíritu (no el texto) de la Ley de Imprenta de 1925. Así nacieron los artículos 106 y 107 del Capítulo VII (Comunicación Social) del nuevo texto constitucional. Particularmente el artículo 107 señala que “la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.

 

Cuando fueron consultados, algunos dirigentes de los medios, particularmente de los dueños de diarios afirmaron que al decir la NCPE “su ley” se refería la Ley de Imprenta. Tamaña ingenuidad solo podía ser comparada con la ausencia de investigación socio-jurídica que satura a varios dirigentes de periodistas, empresarios y de los propios medios. La Constitución es la “Ley de leyes” como dicen los abogados y está por encima de leyes de hace 100 años. Fue la primera derrota.

 

Entre febrero y abril de 2010, se crearon dos “Tribunales de Ética”, uno con el soporte de la Asociación de Periodistas de La Paz-APLP y otros gremios y que está presidido por el que fuera director de “Presencia”, Alberto “Kid” Bailey. Pero por un descontento que aún no fue publicitado, los empresarios de diarios se enojaron con este Tribunal y crearon el suyo, el “Tribunal de Etica” presidido por el ex presidente de la Corte Suprema, Armando Villafuerte.

 

 Es decir, de un tribunal, nacieron dos probablemente por algún capricho personal-empresarial, como ya pasó con el extinto “Defensor del Lector” del Grupo Líder. Ni qué decir de los poco activos (en realidad pasivos) tribunales de honor (y ética) de los gremios de trabajadores de la prensa, más invisibles que ultratumba. Por tanto, en Bolivia parece que cada gremio tiene un “Tribunal de Ética Periodística” a su medida, uno para los empresarios y otro para los gremios académicos. Fue la segunda derrota, en este caso producto de cierta mezquindad.

 

En julio de 2010 se promulgó la “Ley 026 de Régimen Electoral” que, entre otras cosas dispone prohibiciones para hacer campaña electoral a los postulantes a jueces que serán elegidos por la ciudadanía, por voto (como no ocurre en otro país), lo que fue tomado como otra forma de censura o de atentado contra la libertad de expresión y de prensa.

 

Tras algunas consultas, nos quedó claro que esta Ley solo reglamenta el artículo 182 parágrafo III de la Constitución, que habla de la elección de los jueces y miembros del Tribunal Constitucional, por lo que no había tal intento de menoscabar las libertades de prensa y de información aunque particularmente en Santa Cruz dirigentes de la Federación de la Prensa hicieron un pequeño berrinche. Fue la tercera derrota producto de la inadecuada lectura de la realidad.

 

Y el viernes 8 de octubre de 2010 se promulgó la Ley contra el racismo toda forma de discriminación que básicamente dispone el inicio de una descolonización de la mentalidad racista que se mantiene en algunas bolivianas y algunos bolivianos, producto de la educación recibida por años de años y que no es sancionada hasta ahora y cuya expresión máxima fue la humillación cometida por autoridades y estudiantes de la “Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca” contra autoridades municipales, dirigentes y miembros de base de sindicatos campesinos de Chuquisaca, el 24 de mayo de 2008.

 

Aquí, las protestas fueron contra dos artículos (16 y 23) pero muy pocos (casi nadie) habló de los beneficios de una ley que sincerará los ánimos racistas de varias personas. Entonces, parece que la rabiosa campaña de algunos empresarios, dirigentes y periodistas de base solo apuntan a defender a la tríada que (aún) destila racismo desde los medios y que está constituido, al menos en Santa cruz por Luis Arturo Mendívil Ortiz-José Manuel “Yoyo” Pando-Centa Reck. Es la cuarta derrota, ahora a causa de la inadecuada lectura de la realidad.

 

Es probable que este año tengamos más derrotas. No es que seamos derrotistas pero la realidad muestra que nuestra dirigencia, gremial empresarial y de los trabajadores está miope ante la certeza de la realidad. Ojalá estemos equivocados; me temo que no.

 

- Edgar Ramos Andrade. Comunicador e investigador social de la UNLP-Argentina. Autor de los libros “aGONIa y Rebelión Social” (La Paz, 2004) y “Manipulicidio. Tomo I. Medios de comunicación privados, ‘discurso perfecto’, lamento político. Bolivia siglo XXI” (Edición digital. Santa Cruz de la Sierra, 2009) entre otros. Teléfono (00591) 77 22 07 36. chaco.amazonia@gmail.com

 

EL ALTO-BOLIVIA (Agencia de Noticias Chaco Amazonía–ANC. Domingo 10-Octubre-2010)