La ofensiva militar de Estados Unidos en América Latina

07/07/2003
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La consolidación del dominio económico y militar de América Latina ha sido una de las principales prioridades del gobierno de Estados Unidos. El creciente proceso de militarización en el continente tiene como objetivo asegurar el control de los recursos naturales, principalmente en la región amazónica y mantener la dependencia económica de los países latinoamericanos. En el ámbito financiero, la dependencia latinoamericana se perpetúa a través de una deuda externa ilegítima y de la creación de nuevos mecanismos de dominación económica, como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La vertiente financiera del imperialismo estadounidense es apoyada por un grande aparato militar. Después de los atentados en Nueva York y Washington, el 11 de septiembre de 2001, el gobierno de George W. Bush aceleró su escalada militar en todo el mundo. En América Latina, la estrategia de Estados Unidos incluye la instalación de nuevas bases militares y el refuerzo de las bases ya existentes, el adiestramiento de militares latinoamericanos, la venta de armas, la instalación de sistemas de vigilancia y de espionaje, además de la influencia sobre el poder judiciario de países latinoamericanos. Esa política está en miras a mantener el modelo neoliberal, defender los intereses de las grandes empresas y garantizar el control de los recursos naturales, principalmente petróleo, agua y biodiversidad. El poder militar de EUA es uno de los principales instrumentos de recolonización de América Latina. E creciente proceso de militarización en el continente ha generado el aumento de violaciones a los derechos humanos y la represión a los movimientos sociales, el dislocamiento y la migración forzada de millones de personas, la destrucción del medio ambiente, la pérdida de la soberanía y autodeterminación de los pueblos. El principal mecanismo de EUA para garantizar su dominio económico y geopolítico es expandir su fuerza militar en todo el mundo – lo que representa un gran peligro para la humanidad. Además del grande aumento de presupuesto del Pentágono, que llega a 400 billones de dólares, el gobierno de Bush ha dado claras señales de autoritarismo. Por ejemplo, la administración de Bush rechazó la Convención de Armas Biológicas y, al mismo tiempo, realiza pruebas ilegales con esas armas, al mismo tiempo que recusar el acceso de inspectores en sus laboratorios. Estados Unidos rechazó también el Tratado sobre Misiles Antibalísticos, la Convención de la ONU sobre Tortura (para evitar la investigación de tortura contra prisioneros en la Base de Guantánamo), y pretende violar el Tratado Contra Pruebas Nucleares. Conjuntamente, la CIA refuerza sus operaciones clandestinas, e incluso admite la posibilidad de asesinar gobernantes, como ya declaró en relación a Saddam Hussein. El gobierno estadounidense necesita mantener una situación de "guerra infinita" para justificar la existencia de su aparato militar y consolidar su posición de imperio. En América Latina, EUA intensificó ese proceso a través de la instalación de bases militares como en el caso de Manta (Ecuador), Tres Esquinas y Leticia (Colombia), Iquitos (Perú), Reina Beatriz (Aruba) y Hato (Curazao). Esas bases complementan el cerco de EUA en el continente, que también posee bases militares en Puerto Rico (Vieques), Cuba (Guantánamo) y Honduras (Soto de Cano). EUA pretende todavía construir bases militares en Salvador y Argentina (en Tierra del fuego), así como controlar la base de Alcántara en Brasil. La estrategia militar de Estados Unidos en la región incluye el adiestramiento de militares latinoamericanos, como en el caso de la Operación Cabañas, realizada en Argentina con la participación de 1500 oficiales de EUA, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Según los documentos del gobierno argentino, el objetivo de ese adiestramiento sería ciar un "comando militar unificado" para combatir el "terrorismo en Colombia, además de un campo de batalla compuesto por civiles, organizaciones no gubernamentales y agresores potenciales". Los medios de comunicación estadounidenses colaboran con este proceso. Por ejemplo un articulo del 23 de octubre de 2002, publicado en el periódico Miami Herald, defiende la necesidad de crear una fuerza militar suramericana para luchar contra la guerrilla en Colombia y para "lidiar con las amenazas internas semejantes en el futuro". Ese comando actuaría todavía en la región de la Tripla Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. La autorización para la entrada de tropas estadounidenses en América Latina incluye garantías de inmunidad diplomática, lo que significa que soldados norteamericanos sospechosos de crímenes o violación de los derechos humanos no podrían ser juzgados en países latinoamericanos. Además de eso, Estados Unidos continúa adiestrando militares latinoamericanos en la Escuela de las Américas y creó la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, en Costa Rica, con el objetivo de influir en la legislación de los países de la región en beneficio de sus intereses políticos, económicos y militares. Otra forma de control por parte de Estados Unidos es la instalación de mecanismos como el SIVAN (Sistema de Vigilancia de la Amazonía), un proyecto de 1,4 billones de dólares, realizado por la empresa norteamericana Raytheon, con capacidad de monitorear 5,5 millones de Km. El SIVAN tiene prevista todavía la compra de aviones de guerra, como el Tucano A-29. En Argentina, el Pentágono también planea criar el Plan Nacional de Radarización, como parte de un Sistema Internacional de Vigilancia. Esa escalada militar fortalece la industria bélica norteamericana. Por ejemplo, la estructura de la Base de Manta, con capacidad de controlar el espacio aéreo en un radio de 400 Km., está bajo la responsabilidad de la empresa DynCorp, acusada de envolvimiento con la CIA. La base de Manta será equipada con grandes jets E-3 Awacs, con cazas F- 16 y F-15 Eagle, para control de la región amazónica, del Canal de Panamá y de Centroamérica. Otras empresas bélicas y de tecnología militar, como Raytheon e Northop, estiman un aumento de 50% en su lucro este año. Estados Unidos acelera también el Plan Colombia, que incluye un aparato de 1,3 bollones de dólares, siendo que el Secretario de Estado de EUA, Colin Powell, pretende garantizar mas de US$ 731 millones para financiar la participación de Ecuador, Bolivia y Perú en las operaciones militares. Los principales focos de violencia en Colombia, que causan la expulsión de la población indígena y campesina de sus tierras, coinciden con las regiones más ricas en biodiversidad. El número de desplazados (refugiados internos) en Colombia llega a dos millones de personas, siendo que 75% son mujeres y niños. La ofensiva militar del gobierno de Estados Unidos ha forjado protestos por parte de los movimientos sociales todo el continente. Esa resistencia se refleja en la Campaña Continental contra el ALACA, que asumió la lucha contra la militarización como uno de sus principales objetivos. Es cada vez más clara la necesidad de denunciar la ligación entre el dominio económico y militar del gobierno estadounidense en América Latina. Por tanto, la Campaña Continental contra el ALCA propone: – Denunciar la dominación militar de los EUA en América Latina y sus consecuencias, como la violación de los derechos humanos, la destrucción ambiental y la pérdida de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos. – Denunciar la relación entre el control militar y económico de EUA en América Latina, a través de mecanismos como la deuda externa y el ALCA. – Realizar movilizaciones, investigaciones y acciones jurídicas contra el aparato militar de EUA y en defensa de los derechos humanos. – Apoyar los movimientos sociales de cada país, que luchan por su tierra, su cultura, su trabajo y su dignidad. – La construcción de un modelo económico fundamentado en la justicia social y en solidaridad entre los pueblos. – La construcción de una alternativa igualitaria y sustentable para la integración latinoamericana. * Maria Luisa Mendonça es periodista, directora de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos y miembro de la Coordinación del Grito de los Excluidos.
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