Flexibilizar la Ley Antirracismo
12/10/2010
- Opinión
El antirracismo se instaló en el país el 18 de diciembre de 2005 no como ley, sino como hecho político y social. Por eso Bolivia tiene un presidente indígena, ministros indígenas y una constitución que promueve la inclusión social.
Al igual que muchos bolivianos estoy de acuerdo con la vigencia de la Ley Antirracismo. La ley corona lo que en los hechos ya se estuvo dando en un Estado que tiene de cabeza a un presidente indígena, sin embargo al igual que miles de bolivianos tengo algunas dudas sobre los artículos 16 y 23, que por lo menos en lo formal parecen destinados a generar en el futuro la autocensura en la prensa boliviana, lo que llevaría a un proceso de domesticación y adormecimiento del país.
Una de cal y otra de sal en el accionar del gobierno. En lo relativo a la soberanía reivindicaciones tan importantes como la recuperación de los hidrocarburos, pero en lo social, una nueva ley que genera fundados temores en periodistas y población y donde el gobierno debería ser flexible (doblarse sin partirse) sino quiere dejar en la conciencia de muchos bolivianos cierto miedo a ejercer plenamente el único y mayor atributo de todo ser humano que es la capacidad de expresarse desde una conciencia libre.
La ley Antirracismo, desde luego que viene a ratificar la voluntad del pueblo boliviano de construir una sociedad de iguales y de humanos con derechos. Sin embargo más allá de la ley, esa voluntad antirracista y humanista ha quedado manifiesta ya el 18 de diciembre de 2005, cuando más de la mitad de los bolivianos -blancos y mestizos incluídos- decidimos hacer presidente de la República al indígena Evo Morales.
Ahora, por si no todo está claro, Bolivia tiene mucho de indígena y por lo tanto de antirracista. Ahí está un presidente indígena, ministros indígenas, parlamentarios indígenas, leyes proindígenas y una Constitución que promueve la inclusión social como nunca antes se lo había hecho. Junto a eso, un gran sentimiento colectivo que señala que lo peor que pudo pasarle a Bolivia desde su fundación, es haber dado paso a la discriminación racial y social. En realidad la ley valida en el ámbito legal lo que ya estuvo ocurriendo en lo real.
Abrigo la esperanza de que la población indígena no tenga que apelar a esa ley para exigir respeto, porque saben estos compatriotas que al igual que todos tienen aptitudes intelectuales y morales a partir de las cuales deben reconocer y hacer respetar su humanidad. En definitiva bien se podría decir que antes del 2006 el racismo era abominado sólo por un 40 o 50 % de la población. En cambio sin necesidad de la ley esa cifra subió en estos últimos años al 80 o 90 %, precisamente porque la gran mayoría del país anhelaba hace décadas una sociedad más democrática.
La ley Antirracismo es un avance histórico en términos de real democratización de la sociedad boliviana porque de un paraguas formal, se pasa a un paraguas real que implica catalogar a un indígena como lo que realmente es: un igual.
Nada ofende tanto, como que algunas personas se sientan mejores a otras porque asumen que su piel más clara o blanca es “mejor” o superior a las otras. Provoca vergüenza recordar a algunas señoras de vestido profiriendo expresiones como “india sucia” o “indios de mierda”. Eso está quedando en el trasto negro de la historia y hacia adelante hacen falta leyes que consoliden los avances, pero para robustecer una visión de país general y no un parcial proyecto de poder.
No es buena señal aprobar leyes sin el necesario consenso. No hablo del consenso ingenuo y tonto, sino del consenso inteligente y razonable. El consenso ingenuo implica incorporar las propuestas de grupos ultraderechistas que no buscan mejorar la ley, sino sólo evitar cualquier iniciativa del gobierno. Ahí están los cívicos residuales de Santa Cruz, Beni y Pando y otros sectores que parecen llevar el odio en los genes.
En cambio el consenso inteligente es necesario porque implica incorporar propuestas sensatas de sectores que en el pasado no conspiraron y tampoco lo hacen hoy. Creo que queda espacio para la sensatez y el presidente Morales debe entenderlo así.
- Grover Cardozo A. es periodista y abogado boliviano. Ex director de la Agencia Boliviana de Información./ABI
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