En Argentina hay una brecha entre lo que dice la ley sobre que migrantes y nacionales tienen acceso a iguales derechos, y el servicio diferencial que a veces se brinda en salud, educación y justicia. El Estado dice que la normativa facilitará la integración entre comunidades. Desde la sociedad civil se analizan estrategias para reducir esa brecha.

 

La Ley de Migraciones argentina garantiza a la persona migrante, más allá de su condición de irregular o regular, el derecho a la educación, la salud, igualdad de trato y oportunidades y no discriminación. Sin embargo, en el servicio de salud todavía se reclama el DNI (Documento Nacional de Identidad), en el sistema educativo se impide a niños y niñas migrantes sin papeles avanzar de nivel, en la justicia se sigue privilegiando el origen calificado y financiero de la migración. Estos son algunos ejemplos de las prácticas discriminatorias que alimentan la brecha entre el espíritu de la norma y su instrumentación concreta.

 

El director nacional de Migraciones Martín Arias Duval, defendió la política migratoria Argentina, basada en la Ley Nº 25.871 y el Decreto 616 que reglamenta la norma y fue aprobado este año. 'Estamos reconociendo que migrar es un derecho humano y facilitando la integración de la persona migrante a la sociedad', aseguró el funcionario, antes de reconocer que 'existe un trecho entre lo que pregona la ley y lo que sucede en la práctica, y superarlo es uno de los grandes desafíos pendientes. En ese sentido realizamos una inversión importante en materia tecnológica para unificar, para las personas migrantes, el trámite de radicación con la obtención del DNI, de manera que este último sea emitido automáticamente'. 

 

Sobre la nueva norma, el funcionario explicó que 'implica una visión realista del fenómeno migratorio. Por un lado considera la situación de la frontera de Argentina que tiene 9.400 kilometras y a excepción de la cordillera de los Andes, los pasos fronterizos secos o húmedas pueden ser pasados en cuestión de minutos. Por otro lado, registra que la migración proviene mayoritariamente de Bolivia, Paraguay y Perú, y en menor medida de otros países de la región'. Arias Duval recordó que la anterior legislación, conocida como Ley Videla, privilegiaba la inmigración de profesionales e inversionistas y trataba al migrante limítrofe o de la región como una amenaza a la soberanía nacional. 'Debido a la anterior normativa desconocíamos cuántos eran los migrantes regionales, dónde estaban, cómo se llamaban y de qué país venían', agregó.

 

La nueva legislación favorece la migración de países limítrofes y socios del Mercosur, ya que la autoridad nacional no exige a la persona migrante que explique qué motiva el tránsito, como ocurre en la mayoría de los países desarrollados. Los únicos requisitos son la identidad de la persona y la ausencia de antecedentes penales.

 

'Es decir que hemos reconocido el fenómeno de la migración regional. También hemos tomado la apuesta de los países latinoamericanos a la integración. Fue en el ámbito del Mercosur, que surgió para facilitar el intercambio de bienes y para competir en el mercado internacional, donde comprendimos que las mercancías y las personas no transitan por separado, y que para consolidar la integración regional debíamos facilitar la libre circulación de las personas', explicó el principal responsable de la Dirección Nacional de Migraciones. Con lo cual, 'el Estado de derecho reemplaza al Estado gendarme, separando las cuestiones de migración y seguridad, ya que la migración genera problemas que debemos resolver desde una perspectiva de la integración', señaló.

 

 

Sobre la dificultad de implementar los principios de no discriminación, igualdad y universalidad de derechos, previstas en la Ley de Migraciones, el investigador Diego Morales, del CELS consideró que esta brecha afecta sobre todo al inmigrantes pobre. 'La nueva legislación migratoria asegura el acceso a derechos sociales en igualdad de condiciones entre nacionales y migrantes, pero las autoridades públicas no tienen en cuenta esta normativa, y cuando deben intervenir revisan las reglas internas. Por lo tanto tenemos que trabajar en trasladar lo que dice la Ley de Migraciones a las normas internas de los ministerios del Estado argentino', informó.

 

El experto señaló por otra parte que 'hay que deshacer el mito de que los inmigrantes utilizan los servicios sociales, de asistencia, la salud, la educación. Las últimas encuestas realizadas en forma conjunta por las direcciones nacionales de Migraciones y de Población, muestran que el 85 por ciento de las personas migrantes son solteras, en edad económica activa y no utilizan esos servicios. No son familias que llegan para beneficiarse de planes sociales. La incidencia de la inmigración en la prestación de servicios sociales es mínima y hay que dar esta discusión'.

 

Fuente: http://www.artemisanoticias.com.ar/site/default.asp