El FMI consideró adecuado el cumplimiento de los compromisos acordados con el gobierno argentino entre enero y agosto de este año, y habilita así el inicio de nuevas negociaciones para establecer un nuevo acuerdo por tres años. Allí se renovarán las cláusulas de ajuste fiscal establecidas a comienzo del 2003 y quizá agravadas. Si la meta fiscal requería un superávit de 2,5% del PBI, la intencionalidad del organismo internacional intentará acercarla a 4,5%, presionando a la disminución del gasto público y a una mayor apropiación de la capacidad de recaudación verificable en el último tiempo. Pero también reincidirá en fijar metas de cambios estructurales que agudizarán los problemas de fondo que sufre la mayoría de la sociedad argentina. En primer lugar la salida del "default" con inversores internacionales y la restauración de pagos a los organismos multilaterales de crédito. En segundo lugar la recomposición de las tarifas de los servicios públicos privatizados, congelados por la Ley de Emergencia desde comienzos de 2002 y prorrogada hasta fines del 2004. Tercero, la reestructuración del sistema bancario, incluyendo algunas de las tantas pretensiones de enajenar los subsistentes bancos oficiales. Además, las consabidas pretensiones de reforma tributaria y disciplinamiento fiscal de las provincias para asegurar capacidad estatal de pago a los acreedores de la deuda externa. Se debe sumar a ello la sempiterna demanda de seguridad jurídica para los inversores internacionales. Por un lado están los reclamos del FMI, coincidentes con los acreedores externos y las clases dominantes que actúan en la Argentina, a quiénes solo les importa la recreación de condiciones para sus negocios. Nada les importa la problemática social derivada de esa voracidad concentrada en la acumulación de ganancias, riqueza y poder. Por eso les suena bien que el Financial Times pondere la "recuperación económica" de la Argentina, ya que ello genera mejores condiciones para cobrar "que hace un año". Del otro lado está el gobierno argentino y sus propósitos en materia de política económica. El presidente Kirchner le manifestó al ministro de economía francés que reclamaba por los intereses empresarios de Francia en nuestro país, que su preocupación eran 35 millones de argentinos. Eso supone anteponer las necesidades e intereses de la mayoría empobrecida, más del 50% de la población, y que vive "para y del" mercado interno, tales como los trabajadores, pequeños y medianos productores y empresarios, algo así como el 90% de la población. ¿Pero, esas necesidades insatisfechas de ciudadanos afectados por el desempleo, bajos ingresos previsionales o carencias de salud, educación e incluso crédito para la reactivación de economías regionales y desarrollo de pequeñas y medianas empresas y productores, se compadece con un superávit entre enero y mayo 2003 de 5.100 millones de pesos? La proyección para todo el año alcanza a los 10.000 millones. Es cierto que hasta mayo gobernó Duhalde y desde fines de ese mes inició su turno la gestión Kirchner, aunque claro, ambas administraciones con el mismo Ministro de Economía y encargado de negociar con acreedores y FMI. Eso es lo que está en juego en las negociaciones con el FMI, y las autoridades argentinas deben optar por atender el pliego de condiciones del poder económico, o decidirse firmemente por resolver las necesidades socio económicas mayoritarias de la población. No se puede navegar en la indecisión de esa opción. El ejemplo es la salida de la convertibilidad. Se cambió el régimen cambiario pero se mantuvo la apertura de la economía facilitando la salida de capitales, estimada por el INDEC en más de 7.000 millones de dólares durante el 2002 y continuada en el presente año. Se afirma que las privatizaciones están para perpetuarse, ya que se revisan los contratos, pero si es necesario habrá nuevas convocatorias de privatización. La inserción internacional subordinada se confirma con el periplo por los países capitalistas desarrollados y los encuentros con sus presidentes y reafirmaciones de fe en el capitalismo y la posibilidad de construir un país normal o serio. Apertura de la economía, subsidiariedad del Estado e inserción mundial subordinada al capitalismo desarrollado fueron las banderas enarboladas por la dictadura genocida y lamentablemente sostenidas con vigencia constitucional. Un camino alternativo supone modificar radicalmente las prioridades de política económica y colocar en primer lugar la demanda de empleo y reactivación del mercado interno. En ese marco, la deuda externa no debe ni puede pagarse. Los acreedores de la deuda externa pública de Argentina deberán aceptar que oportunamente asumieron un elevado riesgo voluntario con tasas de interés usurarias que nuestro pueblo no debe ni puede pagar. Es cierto que hay sectores populares que recibieron bonos compulsivos y son acreedores involuntarios y pueden ser afectados por una política de no pago de la deuda. Para esos casos debe resolverse un fondo especial financiado por los beneficiarios de grandes créditos pesificados y los principales apropiadores de la renta nacional en los recientes 90, e incluso desde el origen del "modelo", asociado al terrorismo de Estado. Deuda externa y crimen organizado desde el Estado son parte de una misma herencia a desterrar para superar la crisis argentina. Buenos Aires, 27 de julio de 2003.