En los últimos cuatro años, un campo de significativas transformaciones políticas en la sociedad venezolana ha sido el de la participación ciudadana, tanto por los novísimos mecanismos creados como por el cambio de rol de un Estado que tradicionalmente se le había resistido. Mientras en los años setenta, ochenta y buena parte de los noventa son las organizaciones de la sociedad civil las que presionaron al Estado para instituir canales de participación en la gestión pública, es el Estado quien desde 1999 viene forzando a la sociedad para que aproveche las nuevas oportunidades por él abiertas para la participación ciudadana. Sin embargo, la puesta en práctica de los nuevos mecanismos para la participación ciudadana se ha enfrentado, en los últimos dos años, no sólo con la complejidad y exigencia inherentes a los mismos sino, además, a la resistencia y manipulación de los gobiernos locales y estadales responsables de su impulso, mientras unas desprevenidas organizaciones sociales eran arrastradas por la contingencia política del momento descuidando la actuación de sus gobernantes. En 1999 el actual gobierno nacional convocó una Asamblea Nacional Constituyente que abrió una cantera de nuevas oportunidades políticas para la participación ciudadana, consagrándola como derecho en la nueva carta magna aprobada ese año y estimulando, en consecuencia, el surgimiento de diversas organizaciones sociales (Asambleas de Ciudadanos y Círculos Bolivarianos) y la movilización de otras con más dilatada trayectoria (Organizaciones No Gubernamentales-ONG's). A partir de 2001 estos nuevos y viejos actores sociopolíticos abandonan, parcialmente, la bandera de la participación ciudadana, encausándose en el creciente río de la movilización política para apoyar o adversar al gobierno nacional; más aún luego del paquete de leyes decretadas por el presidente de la república en el mes de octubre y que provocó el paro patronal del 10 de diciembre de ese año. En el primer semestre de 2002 la movilización política de organizaciones y amplios sectores de la población continúa y se acrecienta, dada la tensión producida por las amenazas que se ciernen sobre el orden constitucional y que culminan, efectivamente, en el golpe de Estado del 11 de abril. Desde el mes de julio las organizaciones sociales intentan retomar el tema de la participación ciudadana, impulsando la instalación de los Consejos Locales de Planificación Pública y los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, creados mediante leyes de la Asamblea Nacional en los meses de junio y agosto, como inéditas instancias de participación en el ámbito municipal y estadal. Pero los rumores de nuevos intentos de golpe de Estado que comienzan a circular a partir de septiembre, vuelven a desviar la atención de las organizaciones sociales. En los primeros días de diciembre un renovado empeño por subvertir el orden constitucional conduce a un paro petrolero y empresarial que, luego de generar gran conmoción entre la población, se extenderá, lánguidamente, hasta febrero de 2003 cuando se disuelve. En el mes de marzo, el país comienza lentamente a recuperar la normalidad y las organizaciones sociales van percatándose, con mirada ingenua unas y con silencio cómplice otras, de que mientras la contingencia política había ocupado su atención, los alcaldes y gobernadores, a favor y en contra del actual gobierno nacional, aprovecharon por igual ese periodo de distracción para dilatar o manipular la instalación de los Consejos Locales y los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Unos solicitaron sucesivas prórrogas, algunos promulgaron ordenanzas y decretos que coartaban el derecho a la participación consagrado en las respectivas leyes y otros tantos incorporaron a esas instancias de participación a personas afectas a su gestión, haciéndolas pasar como representantes de la sociedad civil. Este breve recorrido por algunos de los recientes avatares de la participación ciudadana en nuestro país, nos muestra, por una parte, la debilidad de los distintos sectores de organizaciones sociales, tanto los que apoyan como los que adversan al gobierno nacional, para estructurar movimientos sociales lo suficientemente organizados que les permitan procesar las contingencias políticas sin descuidar la actuación de sus gobernantes y configurar proyectos y acciones con más autonomía; su complicidad con esferas políticas a las que dicen superar en coherencia y eficacia y, por otra, la resistencia de gobiernos municipales y estadales, "escuálidos" o "revolucionarios", para impulsar y hacer efectivo el derecho a la participación ciudadana. Sin embargo, siempre habrá alcaldes, concejales, diputados, gobernadores y líderes políticos que apliquen el chantaje advirtiendo que lo más importante es evitar el derrocamiento de este gobierno, pues sin él se cerrarían todas las posibilidades de participación, y otros indicando que, precisamente, lo primero es deponerlo para luego "reconstruir" el país. Mientras tanto va quedando la duda de quiénes se consumirán en la próxima contingencia y quiénes los que se aprovecharán de ella; quiénes sacarán partido de la coyuntura y quiénes serán tomados por incautos; cuándo la contingencia sirve de chantaje y quién se deja chantajear. ¿Hasta cuándo aceptaremos el chantaje de abandonar la denuncia de la violación del derecho constitucional a la participación ciudadana por parte de gobernantes locales y estadales en nombre de apoyar o condenar el llamado "proceso"?. ¿Cuánto más nos dejaremos chantajear con la amenaza de colocarnos "al otro lado de la acera política" donde militamos?. Chantaje en la izquierda y chantaje en la derecha. ¡Chantaje!.