En los últimos días hubo un gran 'ruido' en los medios de comunicación por la exigencia pública del Presidente Uribe a los comandantes de brigada y batallones por mayores y mejores resultados. Realmente lo que refleja lo anterior es la despreocupación histórica que el tema militar ha tenido en la sociedad colombiana, lo cual ha hecho que el mismo no sea objeto de debate público y de análisis de los distintos sectores de la sociedad y por lo tanto parece extraño o anormal que el Jefe de Estado haga este tipo de pronunciamientos. En una democracia las Fuerzas Armadas, están subordinadas al gobernante civil que ha sido legalmente electo y que de allí deriva su legitimidad. Es la supremacía del poder civil sobre el poder militar y que conlleva el que los gobernantes civiles definan los lineamientos de la estrategia militar y por supuesto le hagan seguimiento y control a su ejecución. Lamentablemente la actitud política de las elites civiles y en general de la sociedad colombiana de despreocupación en relación con el tema de seguridad y defensa, asimilado tradicionalmente a la expresión 'orden público', lo dejó en manos exclusivas de las Fuerzas Militares. En el actual gobierno, la política de Seguridad Democrática es el eje de la acción del Estado con sus objetivos estratégicos de consolidar el control estatal del territorio; protección de la población; eliminación del negocio de las drogas ilícitas en Colombia; mantenimiento de una capacidad disuasiva y eficiencia, transparencia y rendición de cuentas Esta propuesta ha sido controvertida por sectores de la sociedad colombiana que la consideran una apuesta a una guerra que no se puede ganar, pero ese es otro debate. Lo anterior hace comprensible que el Presidente esté permanentemente haciendo un monitoreo de la misma, en su tradicional estilo que algunos han llamado de la 'micro- gerencia'. Este llamado de atención, si se puede entender así, tiene varios sentidos; 1) evitar que se caiga en lógicas de comportamiento que tienden a ser inerciales en las administraciones públicas: la rutinización de las actividades; 2) la preocupación por los atentados con carros bombas y otros sabotajes de las últimas semanas, que mostrarían un incremento de acciones por parte de los grupos guerrilleros, con la afectación de población civil fundamentalmente y que pueden debilitar la sensación de seguridad que se ha venido construyendo; 3) una voz preventiva en relación con el debate electoral que se avecina, en el cual como sería previsible, tienden a incrementarse los hechos violentos de amedrantamiento contra los aspirantes a gobiernos y corporaciones públicas regionales y locales. Se puede discutir acerca de la pertinencia de que este tipo de 'tirones de oreja' se haga de manera pública o reservada; al respecto es difícil encontrar consenso. Para algunos, con una visión más tradicional de la administración, pueden decir que lo mejor sería hacerlo privadamente, que 'la ropa sucia se lava en casa'; para otros, por el contrario y en el marco de la necesaria transparencia y rendición de cuentas que debe guiar la acción de los gobernantes en un contexto democrático, esto debe ser hecho de manera pública, de tal manera que la propia sociedad, que paga el costo de la seguridad con sus impuestos y que debe a su vez darle apoyo y legitimidad, se convierta también en una fuerza social de presión y control por más y mejores resultados. En fin, lo que no se puede desconocer es el derecho y el deber del Presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de exigir mejores resultados y con seguridad a sí lo entienden los propios miembros de la institución militar. * Alejo Vargas Velásquez. Profesor Universidad Nacional.