Colombia

Las lecciones del invierno y la reaparición de Urrá 2

Víctor Negrete Barrera

14/01/2011

Opinión

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Muchos quedamos sorprendidos. En verdad no lo esperábamos. A las voces ocasionales y dispersas de los llamados burlonamente ambientalistas empezaron a sumarse otras que por una u otra razón no lo habían hecho antes o aquellas que desestimuladas por la falta de apoyo y amenazas, decidieron guardar un prudente silencio. Ante la gravedad de lo sucedido con el invierno y el llamado fenómeno de La Niña, no aguantaron más y están dando a conocer su opinión y proponiendo soluciones. Sorprende porque estas distintas voces han identificado causas y efectos, políticas y programas, responsables y medidas a tener en cuenta.

Empecemos por el presidente Juan Manuel Santos quien llamó la atención sobre las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), 33 en todo el país, unas más que otras para ser justos, por ineficiencia y falta de atención, previsión e inversión en obras que pudieron mitigar los efectos. La Revista Semana (20-12-10) considera que el papel de estas Corporaciones se debe en buena parte a que “históricamente el gobierno central las ha entregado a los políticos locales para lograr el respaldo que necesitan”; que la mayoría de los miembros que componen el Consejo directivo, máxima autoridad y el que escoge el director, 7 de 12, son del gobierno: los delegados del Presidente y del Ministerio del Medio Ambiente, cuatro alcaldes que se rotan cada año y el gobernador(a) del departamento; los otros miembros son representantes de los gremios económicos, indígenas, organizaciones ambientales y afrodescendientes, todos por lo regular vinculados a los grupos políticos locales.

El editorial del diario El Tiempo (23-12-10) agrega nuevos elementos a la situación de las CAR. Dice que a la politización la acompañan la corrupción y el desgreño administrativo al citar que 13 corporaciones se encuentran en riesgo medio de corrupción y 3 en alto, según el Índice de Transparencia por Colombia; que “no existe una adecuada vigilancia de los entes de control y de la misma sociedad sobre los recursos y decisiones que toman” y destaca que el gobierno tiene “la mejor oportunidad para reformar las autoridades ambientales locales, fortalecer su capacidad y sanearlas de politiquería”. El analista Alfredo Rangel (Revista Semana 13-12-10) afirma que las corporaciones “tienen un presupuesto propio de 1.5 billones de pesos y en la práctica no le rinden cuentas a nadie” y para completar, prosigue, se han agrupado en una asociación de gran poder, Asocar, que entre sus intereses está el de “frenar cualquier intento por reformarlas, lo que las ha convertido en un grupo de poder intocable”; asegura que “ellas son las primeras responsables de disminuir la vulnerabilidad del país frente a los crudos inviernos que provocan inundaciones” y concluye que “la reforma de las CAR es un asunto de seguridad nacional”.

Ha sido de tal magnitud el cuestionamiento a las CAR que el gobierno al parecer replanteará la elección de sus consejos directivos y directores, la Procuraduría ordenó abrir investigación a 808 alcaldes del país presuntamente por no cumplir con los planes de prevención que se requieren para evitar o mitigar inundaciones y derrumbes y el abogado Abelardo de la Espriella presentó denuncia penal ante la Fiscalía General por homicidio culposo y lesiones personales culposas contra los directores de la mayoría de las corporaciones de la Costa Caribe.

Hasta aquí lo que muchos sabían pero no habían divulgado. Las otras causas son viejas, anunciadas y repetidas en incontables ocasiones pero casi nunca atendidas: la ocupación de las orillas de ríos y humedales, cauces abandonados o interrumpidos, faldas de cerros o al borde de carreteras inseguras por parte de grupos o comunidades pobres llevadas por la necesidad o de la mano de funcionarios y políticos; el cambio de relieves a punta de palas, picos, dragas y retroexcavadoras que han modificado en alto grado la geografía del país y en consecuencia el curso de diversas fuentes de agua o causado su deterioro o desaparición; la ganadería y la minería a cielo abierto que arrasan con agua, bosques y suelo útil para actividades menos dañinas; las hidroeléctricas con sus cambios de cauces, una especie de yo-yo que sube y baja confundiendo las estaciones, la fauna y flora que viven en sus barrancos y riberas, disminuyendo peces, empobreciendo más aún las comunidades, alterando costumbres sanas y, en fin, lo que repetimos a diario sobre la deforestación, sedimentación, erosión y contaminación.

Pero esto no es todo. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales había pronosticado la intensidad de las lluvias con semanas de anticipación que bien pudieron tomarse algunas medidas; a pesar de la ya reconocida vulnerabilidad del país en cuanto a inundaciones, terremotos y deslizamientos y él tantas veces anunciado cambio climático o calentamiento global, que ya es una realidad, los distintos gobiernos no le han prestado la atención que requiere. Incluso, con todo lo sucedido y aprendido en el país durante tantos años, el actual Plan Nacional de Desarrollo que está en discusión presenta omisiones, fallas y ambigüedades que deben ser corregidas según lo han manifestado analistas de prensa y expertos convocados por la Revista Semana (20-12-10) en el foro ¿Locomotoras sostenibles?

Nos falta algo más. Los medios también han dicho que “no metamos a San Pedro en esto”, pues esto no es obra de Dios ni del destino y no ganamos nada con invocarlos buscando solución; que a las CAR no hay que echarles toda la culpa, también la tiene todo el aparato institucional del país y solicita que se haga sentir la capacidad de regulación y vigilancia del Sistema Nacional Ambiental; es necesario acabar con el negocio en que han convertido los planes de atención y control de inundaciones que ocurren anualmente favoreciendo a mandatarios locales, directores de organismos ambientales, contratistas e interventores; exigir a los organismos de control y a la justicia que no sigan haciéndose los ciegos, mudos y sordos ante las anomalías y la serie de obras que no hacen o hacen mal cada año que pasa y por último lo que algunos llaman “la ignorancia colectiva” de los colombianos en esta materia y otros que “una mezcla de resignación, impotencia, despreocupación e indolencia parece hacernos creer que no hay nada que hacer distinto de esperar que la próxima temporada de lluvia sea más benigna”.

En Córdoba la situación no es muy diferente de lo aquí planteado. La CAR de los valles del Sinú y San Jorge (CVS) adolece de las fallas detectadas a sus pares en todo el país. Los organismos más comprometidos con la planeación, prevención y atención de crecientes e inundaciones y los encargados de que cumplan sus funciones son la CVS, el Incoder (el reemplazo del Incora) y la Procuraduría judicial, agraria y ambiental; las administraciones municipales y departamentales y obviamente las instituciones de control locales y nacionales. Las crecientes e inundaciones de los últimos años confirman que los resultados no han sido satisfactorios a pesar de los cuantiosos recursos invertidos, la larga existencia y el cúmulo de experiencias no sistematizadas ni aprovechadas de estos organismos. Como prueba están los humedales que continúan su desaparición inexorable; la erosión, deforestación y contaminación no cesan; la hidroeléctrica de Urrá, si bien controla parcialmente las inundaciones no deja de acelerar la erosión y ocasionar perjuicios por los cambios de cauce; la explotación ilegal de minas a cielo abierto sigue; los distritos de riego de Mocarí y La Doctrina están subutilizados; aún no cumplen la sentencia de la Corte Constitucional T-194 de 1999 sobre protección de humedales ni la resolución de la Defensoría del Pueblo 038 del 2005 donde exhorta, insta, apremia, solicita, exige, urge, reitera y ordena a prácticamente todas las autoridades y organismos, en especial a la CVS, Urrá S.A, Ministerio del Ambiente, Incoder, gobernación y alcaldías a que cumplan las normas, funciones y compromisos que tienen con los recursos naturales y el medio ambiente; los organismos de control no cuentan con funcionarios capacitados en lo ambiental y por lo general sus auditorías carecen de apreciaciones y juicios en estos aspectos; las declaratorias de emergencia por causas de crecientes, además de negocio para algunos, son una “botadera” de plata por lo ineficaz de sus resultados; el empleo permanente de pentápodos, bolsacretos, sacos con arena o tierra y empalizadas han demostrado en numerosas ocasiones que no son tan efectivos como aducen; la CVS a pesar de los enormes recursos que maneja y los años que tiene encima no ha querido formar equipos altamente calificados para enfrentar con éxito las mismas calamidades que año tras año nos agobian y prefieren seguir contratando expertos de otros lugares que al final lo que dejan son estudios que en la mayoría de las veces deben volver a traer para que los expliquen o apliquen.

Si las instituciones y funcionarios no han podido prevenir ni controlar las crecientes e inundaciones tradicionales, ahora con el cambio climático, el aumento de temperaturas y alteración de lluvias y sequías, la situación tiende a empeorar porque faltan estudios, expertos sobre ingeniería hidráulica colombiana y conocedores profundos de la realidad ambiental nacional y sus perspectivas globales. Si la mayor riqueza de Colombia es la biodiversidad ¿por qué el país no ha sido capaz de construir un modelo de desarrollo basado en ella?, preguntaron en el Foro de Semana. Las viejas recetas de dragados y construcción de embalses sin estudios integrales, a la luz de las nuevas exigencias ambientales, deben replantearse definitivamente. O, como lo dice Pedro Santana, en pasada edición de este semanario virtual Caja de Herramientas, “Replantear el manejo de nuestros ríos es posible si hay un cambio de políticas públicas en el manejo del medio ambiente, de los códigos de explotación mineros, de los protocolos ambientales que deben aplicarse a las industrias contaminantes, de cláusulas muy exigentes en materia de explotación de los recursos naturales, de apoyo a la economía campesina y de protección a los territorios de las poblaciones indígenas y afrodescendientes”. Pero de esto, como él dice, no están hablando los grupos que deciden.

Con ocasión de las inundaciones al departamento han llegado en diferentes momentos desde el presidente Santos hasta ministros y altos funcionarios del gobierno central. A mediados de diciembre la visita fue de Germán Cardona, ministro de Transporte. El encargado de las vías en Colombia aseguró que “dependemos de la ayuda de la naturaleza y de Dios para que el invierno baje un poco” y de acuerdo con El Meridiano de Córdoba (17-12-10) causó sorpresa el anuncio de que una de las soluciones de fondo es construir Urrá 2. Según el ministro “Este proyecto nos servirá mucho para controlar y mitigar la velocidad de las aguas del río Sinú. Es una idea que le presentaré al presidente Santos”. Pienso, con el merecido respeto, que ligerezas de este tipo no son compatibles con la responsabilidad de un ministro y menos si no es su cartera. Estoy de acuerdo con el editorial del periódico del día 10 de noviembre, y lo hago extensivo al caso del ministro, cuando dice que “Trayendo ministros que no conocen nuestra problemática y crear comisiones para buscar soluciones no nos va a sacar del agua”.

Precisamente las lecciones que nos deja el invierno que aún no termina son contundentes de acuerdo con las declaraciones aquí consignadas y muchas más divulgadas a diario. Si se logra corregir buena parte de tanta anomalía, ineficacia, corrupción, chambonería y politiquería; si las decisiones se tomaran con base en estudios integrales serios en consulta permanente con los grupos o comunidades interesadas; si los ecosistemas hídricos y la biodiversidad como piezas fundamentales los tuvieran en cuenta en la elaboración de los planes de desarrollo; si operaran la justicia y los organismos de control; si existiera un mayor conocimiento sobre el cambio de clima y sus repercusiones, estoy seguro que Colombia y Córdoba en particular enfrentarían en mejores condiciones las situaciones extremas de lluvias y sequías que tendremos de aquí en adelante y no habría necesitar de revivir propuestas perjudiciales como Urrá 2.

Montería, enero de 2011.

- Víctor Negrete Barrera - Fundación del Sinú

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 238, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org

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