Bolivia

En defensa del proceso de cambio y del pacto de unidad

Raúl Prada Alcoreza, Katu Arkonada

18/01/2011

Opinión

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2010 ha sido un año de transición problemática en la construcción del Estado Plurinacional y comunitario; quedando todavía pendiente esta tarea descolonizadora con la fundación del nuevo Estado. Entendemos que la transición y el proceso de cambio deben pasar por distintos ritmos, intensidades y quizás fases; en esta perspectiva esperemos que en el 2011 se abra una nueva etapa del proceso de cambio reconducido por el pueblo boliviano, sus movimientos sociales, y sus naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos.

Antecedentes

Las conquistas logradas por el pueblo boliviano en el ciclo de las luchas de los movimientos sociales del 2000 al 2005 abrieron el horizonte descolonizador del Estado plurinacional, dando lugar a la asunción del gobierno por el primer presidente indígena, iniciándose así el proceso de aplicación de la Agenda de Octubre, que emerge de la guerra del gas. La Agenda de Octubre se sintetiza en la nacionalización de los hidrocarburos y en la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Tras un dramático, además de complejo, proceso constituyente, que tiene que enfrentar la resistencia de las oligarquías regionales, sus convocatorias en las capitales de departamento, sus movilizaciones que apuntan a truncar el proceso constituyente, expresando la voluntad política reaccionaria que se resistía a abandonar el Estado colonial y marchar por las rutas de las descolonización abiertas por los movimientos sociales e indígenas, en enero de 2009 se aprueba la nueva Constitución Política del Estado. Previamente, el primero de mayo de 2006, se promulgó el decreto “Héroes del Acre”, que se plantea el objetivo primordial de la nacionalización de los hidrocarburos. Consecuentemente con esta voluntad, la Constitución define que los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano.

Después de la derrota político y militar de la derecha recalcitrante en el Porvenir-Pando en septiembre de 2008, en diciembre de 2009 se produce la renovación del mandato de Evo Morales Ayma con más del 64% de apoyo popular. Sin embargo, pocos meses después, en abril de 2010, y como resultado de las elecciones autonómicas, el control del MAS disminuye, perdiendo en siete de las diez ciudades más importantes del país, aunque ganando en más de 200 de los 327 municipios bolivianos, problematizando el proyecto hegemónico del Movimiento al Socialismo, y abriendo de esta manera un nuevo perfil de contiendas.

Los conflictos más problemáticos han sido la marcha en defensa de sus derechos de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB; el enfrentamiento en la provincia de Caranavi en La Paz con las organizaciones campesinas, las instituciones y la sociedad; y el enfrentamiento en Potosí con el Comité Cívico, la población particularmente urbana, aunque con presencia también en las protestas y bloqueos de las organizaciones sindicales rurales y cooperativistas mineros.

De los conflictos locales y sectoriales, al conflicto nacional

Podemos considerar los conflictos expuestos previamente como antecedentes del levantamiento popular contra la medida de suspensión de la subvención de los combustibles para el mercado interno. La decisión del ejecutivo de aprobar el decreto 748, que marcaba una nivelación de los precios de los combustibles, es una medida excepcional que doblaba prácticamente los precios, tomada a espaldas del pueblo y los movimientos sociales, justificada por la necesidad de frenar el contrabando, provocó el incendio de la pradera y la mayor crisis política que Evo Morales ha tenido que enfrentar desde que gano sus primeras elecciones en diciembre de 2005. Esta crisis ha servido para dejar claro que todavía las trasnacionales condicionan las decisiones sobre la cadena hidrocarburífera y tienen el control técnico del proceso productivo.

La medida tomada, considerada por el gobierno como nivelación de precios mientras que el pueblo la define como gasolinazo, responde a una situación desesperada, de sangría del Tesoro General del Estado según el ejecutivo, y que tiene que ver con lo que se ha venido en llamar la subvención a los combustibles, del orden 600 millones de dólares en 2010 y con previsiones para el 2011 de 1000 millones de dólares de subvención estatal. Esto viene acompañado, de acuerdo al informe del gobierno, con unas cifras de aproximadamente 150 millones de dólares desviados al contrabando de combustible a los países vecinos, debido a los precios diferenciales. Sin embargo, debemos incluir en la descripción del problema la situación de los hidrocarburos; no hay exploración, han bajado las reservas, se requiere de un nuevo cálculo de las mismas, no se ha producido lo que demanda el mercado interno, no se ha avanzado suficientemente en las plantas de separación, tampoco se ha avanzado en lo que respecta a la industrialización, no hemos salido del modelo económico extractivista, por lo tanto no hemos entrado al modelo económico productivo.

Como se puede ver la situación es complicada, empero el llamado gasolinazo ha implicado una mayor complejización del problema al optar por una medida de shock y descargar el peso del problema en los sectores populares. La reacción popular se hizo sentir inmediatamente, se llevaron a cabo protestas, marchas, bloqueos y hasta quemas de instalaciones, principalmente instituciones, recordándonos las acciones populares del ciclo de lucha de los movimientos sociales del 2000 al 20005. Finalmente llegó la derogación del decreto, anunciada por el propio presidente, lo que permitió pacificar un escenario altamente conflictivo que parecía desbordarse.

Después de la tormenta la pregunta en el aire es: ¿Y ahora qué? Tanto el gobierno como las organizaciones sociales tienen una tarea pendiente, buscar soluciones alternativas al gasolinazo. El planteamiento de algunas organizaciones como el CONAMAQ es que el desfase financiero sea pagado por las trasnacionales y no recaiga en el pueblo, que paguen los más ricos y no los más pobres. También se requiere encarar estratégicamente una planificación integral y participativa de la transición al modelo productivo de una economía plural y complementaria, con base en la economía social y comunitaria. Sobre todo interesa la combinación que se puede conformar entre una política de soberanía alimentaria, una política de industrialización y una política de armonización con los ciclos vitales de la madre tierra. Pero sobre todo, es indispensable hacer una evaluación objetiva del proceso de nacionalización, evaluar sus alcances, los problemas que sortea, los obstáculos que enfrenta y la relación problemática con las trasnacionales. Es indispensable evaluar cuánto realmente controlamos el proceso técnico de la cadena productiva hidrocarburífera, pues parece que aquí se encuentra uno de los puntos focales del problema.

Proceso de cambio

El horizonte abierto por los movimientos sociales, es decir, la tarea de fundación del Estado Plurinacional comunitario, sentó las bases de una revolución democrática y cultural, la apertura a una transición iniciada con las luchas populares en el 2000 con la Guerra del Agua, devolviendo la soberanía al pueblo boliviano, iniciando la gestión de un gobierno que por primera vez incluía y hacia participes del mismo a sectores históricamente marginados y excluidos, los indígenas. Produciéndose un cambio en el imaginario popular, abriendo el decurso a un proceso de descolonización y deconstrucción del Estado colonial y patriarcal, comprendiendo su forma liberal, el Estado-nación.

Después de los conflictos con los indígenas de tierras bajas, en Caranavi y en Potosí, y sobre todo después de la crisis del gasolinazo, podemos constatar que el proceso de cambio se ha estancado peligrosamente debido a varios factores. Lo primero que se manifiesta, es que no estamos ante la fundación del Estado Plurinacional comunitario y autonómico, sino ante la reforma y restauración del Estado-nación. No se han dado las transformaciones institucionales, económicas, políticas, sociales y culturales que se requieren en la transición transformadora hacia el Estado Plurinacional, lo que se traduce en no haber elaborado una ley del órgano ejecutivo que responda consecuentemente al mandato de la Constitución, así como tampoco se ha aprobado una ley de la gestión pública plurinacional, comunitaria e intercultural. Ambas leyes serían pasos fundamentales en el decurso de las transformaciones institucionales

Sin embargo, lo que se ha impuesto en la elaboración de leyes que deberían ser fundacionales y que han resultado meramente transitorias, cuando no anticonstitucionales, es la tendencia dominante en el gobierno, nacionalista y popular, basada en el realismo político y en el pragmatismo, tendencia que no se atreve a romper radicalmente con el modelo neo-liberal, que no se deshace de la herencia de búsqueda de la supuesta estabilidad macroeconómica, a pesar de los altísimos costos sociales que la misma conlleva. Esto se comprueba cuando se opta por dejar a las leyes del mercado la definición de los precios de los combustibles absorbidos por el mercado interno, dejando así inerme a la mayoría de la población.

Haciendo un balance, podemos decir que el MAS ha demostrado ser un instrumento electoral de extensa convocatoria en todo el territorio del país, pero no ha llegado a ser un instrumento político que lidere el proceso de cambio, que era el objeto y el objetivo inicial de las organizaciones sociales, principalmente de los sindicatos campesinos nucleados en las federaciones cocaleras del Chapare.

¿Cuál sería la razón? En nuestra opinión varios problemas acumulados y no resueltos. Uno de ellos, de antigua data, es la discusión no resuelta y el dilema pendiente entre ser movimiento social o partido. Otra razón tiene que ver con el propio decurso del proceso boliviano; la maduración hacia la conformación de un instrumento político se interrumpe con la llegada anticipada al gobierno; los movimientos sociales entran en reflujo y dejan la iniciativa al ejecutivo, entrando además en un terreno complicado por las relaciones clientelares que se crean, quitando autonomía a los movimientos sociales, aunque en esto tiene también una responsabilidad significativa el gobierno. Otra razón tiene que ver con la suspensión del debate, crítica y toda autocrítica, dejando a la provisionalidad estos temas organizativos tan importantes.

De este modo dubitamos entre un proyecto descolonizador, que apunta a la fundación del Estado Plurinacional comunitario y autonómico, y la restauración hegemónica del Estado-nación, es decir, un proyecto nacional-popular. En este dilema, en esta transición ambigua y dubitativa, terminaron de acumularse contradicciones, problemas, desviaciones y sedimentación de viejas prácticas, las mismas que se convirtieron en un verdadero obstáculo del proceso.

Pacto de Unidad

En esta coyuntura, la de interpretación consecuente y aplicación de la Constitución Política del Estado, punto de inflexión en el cual vamos a decidir por donde vamos, hacia la restauración o hacia la transformación, debemos retomar la lucha y la memoria de lucha acumulada por el Pacto de Unidad. El Pacto de Unidad, que aglutina a los sindicatos CSUTCB, CNMCIOB “BS” y CSCIB, así como a los pueblos indígenas de tierras altas y bajas CONAMAQ y CIDOB, ha tenido la responsabilidad de orientar el proceso constituyente, y ahora tiene la responsabilidad de reconducir el proceso. Podemos comprender desde una perspectiva histórica que el Pacto de Unidad responde a estructuras de la rebelión anticolonial de larga duración, así como también a estructuras subversivas recientes como las relativas a la reforma agraria, estructuras que son la matriz histórica de las formas de organización asumidas por indígenas originarios, campesinos, interculturales y afrobolivianos. Pacto de organizaciones sindicales y pueblos indígenas, cuya propuesta de Estado Plurinacional fue la base sobre la que se construyo la Asamblea Constituyente.

En el momento crucial que estamos viviendo, el Pacto de Unidad debe convertirse en el motor de la reconducción del proceso de cambio, como orientador y a la vez garante de la reconducción del proceso y de las transformaciones institucionales en la perspectiva de la fundación del Estado Plurinacional comunitario y autonómico.

Propuestas

Tomando en cuenta la coyuntura, que llamaremos crisis del gasolinazo, y que parece no terminar con la abrogación del decreto 748, y considerando también todos los decursos del proceso, sus recorridos y proyectos inherentes, sobre todo la pugna de sus tendencias por dar una determinada dirección y sentido al proceso, es urgente y necesaria la reconducción del proceso por parte de los movimientos sociales.

El Pacto de Unidad debe participar en la elaboración de todas las leyes estratégicas, orientando el trabajo a su composición fundacional, pues el mapa de las nuevas leyes debe acompañar al nuevo mapa institucional, y ambos mapas deben sostener la fundación del Estado plurinacional. Así mismo el Pacto de Unidad debe orientar la participación y el control social en la planificación integral con enfoque territorial, conduciendo la transformación económica hacia la economía social y comunitaria.

Las medidas sociales y económicas deberían ser consultadas y trabajadas con la población, como exige la Constitución, estableciendo la democracia participativa como sistema de gobierno. Este es el sentido de la nueva forma de gubernamentabilidad, formas de gobierno de las multitudes. En esta perspectiva es imprescindible la orientación del modelo económico hacia un modelo productivo que tenga como uno de los ejes primordiales la soberanía alimentaria.

Entre las tareas del Pacto de Unidad se encuentra la de garantizar la conducción del proceso hacia los cauces definidos y configurados por la Constitución Política del Estado, buscando sobre todo la participación de la sociedad, de las naciones y pueblos, de las comunidades y de las organizaciones, en la materialización de las transformaciones estructurales. En este contexto es importante evitar que se cometan errores, desviaciones, restauraciones, permanencia de viejas prácticas, y sobre todo que se tomen medidas que recaigan en los cuerpos del pueblo.

En este sentido el Pacto de Unidad puede tomar la iniciativa de preparar una cumbre plurinacional para discutir los temas fundamentales del proceso y las transformaciones institucionales, económicas, políticas, sociales y culturales que requiere una verdadera fundación del Estado Plurinacional comunitario y autonómico, así como las líneas rojas en políticas sociales y económicas que el Estado no debería traspasar nunca.

Conclusiones

Una primera conclusión tiene que ver con la urgente tarea de la reconducción del proceso por parte de los movimientos sociales. Son el contenido histórico, el poder constituyente, los protagonistas y actores del proceso, y por lo tanto son los encargados de reconducir el proceso y profundizarlo, enlazando consecuentemente la Constitución con la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico.

Una segunda conclusión tiene que ver con la necesidad de las transformaciones institucionales, económicas, políticas, sociales y culturales, en el marco de la democracia participativa, que comprende el ejercicio plural de la democracia, es decir, de la democracia directa, representativa y comunitaria. Esto implica también la plasmación inmediata de la participación y el control social en la construcción de la decisión política, de las leyes y la gestión pública.

Una tercera conclusión tiene que ver con la transición del modelo económico actual hacia una economía plural, articulada y complementaria, que profundice en la economía social y comunitaria. En este contexto, urge pasar del modelo extractivista al modelo productivo, combinando industrialización, con la soberanía alimentaria y la armonía con la Madre Tierra.

Una cuarta conclusión tiene que ver con la necesidad de encarar una política energética que haga realidad el cambio de la matriz energética, pasando por una transición de avances exploratorios, incremento de las reservas, plantas de separación, plantas industriales, que sustenten el paso a una combinación con el uso de energías alternativas y ecológicas.

Una quinta conclusión, que engloba a las anteriores, es que se debe trabajar colectivamente en la planificación integral y participativa, con enfoque territorial, encaminada a una economía social comunitaria y al modelo civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y la modernidad del Vivir Bien.

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