Campesinos hondureños indignados ante resolución de la Corte Suprema
21/01/2011
- Opinión
La resolución deja sin efecto el decreto 18-2008, promovido por el Presidente Zelaya.
Tegucigalpa.- Las organizaciones campesinas de Honduras, han reaccionado con indignación y rechazo ante la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia CSJ, que declara inconstitucional el decreto de expropiación de tierras 18-2008, aprobado durante la administración de Manuel Zelaya Rosales.
El pasado mes de noviembre pasado, la Sala Constitucional de la CSJ, determinó que el decreto aprobado por el Congreso Nacional CN, a iniciativa de Zelaya Rosales, es inconstitucional, sin embargo los campesinos se han enterado hasta mediados de la semana, después que algunos medios de comunicación dieran a conocer la noticia.
De acuerdo con los campesinos, “la resolución emitida por la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, expulsa a las y los campesinos de 70 mil manzanas de tierra y los somete a ser desalojados, perseguidos, encarcelados y asesinados por los terratenientes y los grupos paramilitares”.
El decreto en mención, fue aprobado por el Congreso Nacional, para permitir la expropiación de tierras y titularlas a favor de los grupos campesinos, quienes las vienen ocupando desde hace varios años.
Ante la determinación tomada por la Corte, los diferentes grupos de campesinas y campesinos, han acordado llamar a la movilización general a todo el movimiento campesino e indígena del país, en defensa del decreto del decreto 18-2008.
Los campesinos y campesinas del país, exigen al “Congreso Nacional la destitución inmediata de esa honorable Corte Suprema de injusticia” por estar plenamente parcializada con los grupos de poder y emitir sentencias amañadas en contra de las mayorías de nuestro pueblo”.
Consideran que de no hacerlo, el actual congreso es cómplice y a la vez responsable de la grave situación que se está generando en el agro hondureño, con la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto.
Para los campesinos, “la resolución de los magistrados de la Corte Suprema de injusticia es un acto condenable que solo demuestra que ese poder del Estado continua al servicio de los empresarios, terratenientes y sectores dominantes y en contra de los sectores marginados y excluidos como somos las y los campesinos e indígenas y Afrodescendientes”.
Según un informe secreto de la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, los actuales miembros de la CSJ, conspiraron para derrocar al presidente Zelaya del poder, junto con militares, el Congreso Nacional y el Ministerio Público.
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