Violencia y muerte para mujeres que luchan por la vida
02/02/2011
- Opinión
Mujeres que suspiran, mujeres que cantan
Que transitan entre cactus y mezquites
Danzan con matachines y toros de 11
Evocan el cuarto viernes y
El 23 de julio.
¡Libertad, Libertad… Libertad… ¡
Ah mujeres que caminan los miércoles
Entre puestos que no venderán
Mujeres que amamantan
Ávidas, ávidas
De ver sus renuevos que algún día…
Algún día no se irán.
Bety Cariño (1973-2010)
Dime, con qué pasión se ensordeció
Dándole corporeidad a lo que me hace renegar de la muerte,
Pero, pobre la muerte.
Cuando escucha de ti solloza en un temblor,
Porque has dejado preñada a la eternidad de tu existencia.
Susana Chávez (1974-2011)
El 27 de abril de 2010, hace nueve meses, una Caravana humanitaria conformada por periodistas, profesor@s de la Sección XXII de la CNTE y defensor@s de Derechos Humanos, salían rumbo a la región triqui del Estado de Oaxaca, con la finalidad de recoger los testimonios sobre la situación, que desde meses atrás, las autoridades del Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC) denunciaban sobre el cerco paramilitar que la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui- Partido Unidad Popular (MULT-PUP) tendían a mujeres y hombres, niñ@s, joven@s, ancian@s integrantes del MASJC. A escasos kilómetros para llegar a su destino, en la comunidad La Sabana, la Caravana fue emboscada, en medio de una lluvia de balas de alto calibre, algunos de los integrantes del convoy humanitario lograron escapar, otros permanecieron heridos y escondidos en el monte por más de 72 horas, lamentablemente dos jóvenes defensores de Derechos Humanos Jyri Antero Jaakola y Bety Cariño Trujillo perdieron la vida. Esta noticia no sólo desgarró los corazones de sus familias, amigos y compañeros de lucha, marcó también un terrible precedente en la historia de nuestro país, al ser emboscada una Caravana pacífica que proporcionaría ayuda humanitaria a las aproximadamente 700 personas que desde hacía cinco meses se encontraban bajo el acecho de las balas, sin alimentos, asistencia médica, educación, libre tránsito, seguridad.
Ocho meses después, el 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo Ortíz, madre de una joven ultimada por su pareja, fue asesinada frente al palacio de gobierno de Chihuahua, cuando colocaba una manta exigiendo justicia en el homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre. Marisela luchó incansablemente por que el asesino confeso fuera castigado.
Al comenzar el 2011, el asesinato en contra de otra defensora de Derechos Humanos cimbró nuestros corazones: Susana Chávez, incansable luchadora en contra de los feminicidios en Ciudad Juárez, es ultimada. “Ni una muerta más” fue la consigna que gritó por calles y plazas.
En este país desde hace muchos años, pero sobre todo durante el gobierno de Felipe Calderón, las mujeres y en específico las activistas, defensoras de Derechos Humanos, locutoras, periodistas, estudiantes, trabajadoras del campo y la ciudad, mujeres que levantan la voz y exigen respeto a los Derechos Humanos, a expresarse, a la justicia; son señaladas, amenazadas, víctimas de desplazamientos forzados, de violencia sexual, torturas, desapariciones, asesinatos.
En el México de hoy, defender la vida es una tarea que pone en grave riesgo la vida misma e integridad de esas mujeres aguerridas, que con el corazón en la mano luchan por construir un mundo con justicia y dignidad.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, ha registrado que en los últimos tres años se han cometido dos mil 50 asesinatos de mujeres y niñas, en 18 estados del país. Lamentablemente Los asesinatos de Bety, Marisela, Susana y muchas otras mujeres en este país, se dan en un contexto de inseguridad y violencia generalizadas, pero sobre todo de impunidad, lo que significa que el Estado es corresponsable de la violencia que quebranta la vida de las mujeres, en tanto que no cumple con su obligación de proteger los derechos de l@s ciudadan@s, y el de investigar y castigar los crímenes. Esta impunidad, generalizada en el sistema judicial mexicano, es alarmante, pues se dejan impunes graves violaciones a los derechos humanos.
Hablar de impunidad en el caso de las activistas asesinadas, no significa señalar al Estado mexicano sólo por omisión, por que no hace nada por acabar con esta situación y castigar a los culpables, sino de una acción directa por parte del mismo Estado ya que obstaculiza la justicia, discrimina los casos de las mujeres defensoras, negando su trabajo y desechando de antemano que su asesinato se deba a su trabajo humanitario. Peor aún su acción va más allá, al no realizar las averiguaciones correspondientes, a desechar o desaparecer pruebas o al manipular los datos.
La situación de violencia e impunidad que se vive hoy en nuestro país, posiblemente no tenga precedentes, por lo que nos toca impulsar, soñar y construir con muchas más fuerzas la esperanza por un México donde ser mujer, ser joven y defender la vida no sea nunca más motivo de muerte. Que estas mujeres sigan siendo semillas de vida, que multipliquen la esperanza.
¡Ni una más!
¡En la medida que ellos sigan apostando por la muerte, nosotr@s seguiremos apostando por la vida!
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