Como un triunfo de las organizaciones ciudadanas y ecologistas fue calificado el retiro de Alumysa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Noranda Inc. se desistió de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) cuyo proceso fue iniciado en agosto de 2001, luego del anuncio de autoridades de gobierno de que "se debería estudiar la relocalización de la planta". La trasnacional canadiense decidió "suspender temporalmente" el proyecto, a la espera de mejores tiempos, aunque no es su última palabra. La "suspensión temporal" del proyecto es un intento de presión para que se cambien las reglas del proceso de evaluación de impacto ambiental. Noranda debía presentar informes y responder observaciones del Consejo regional de Medio Ambiente (Corema), arriesgando el rechazo del proyecto. Existe cierta preocupación por las declaraciones de autoridades en el sentido de que Alumysa debiera emplazarse "en otro lugar". Su traslado es un "nuevo proyecto", por lo que debiera ser sometido a nuevas evaluaciones. Según Rodrigo Pizarro, de Fundación Terram, "se abortó temporalmente un proyecto cuyos impactos ambientales superaban todo lo visto hasta el momento en Chile". Agrega: "Los efectos ambientales eran lapidarios, puesto que la refinación de aluminio es una de las peores faenas metalúrgicas desde el punto de vista ambiental. De hecho, los países más consumidores de aluminio, los industrializados, evitan que se procese en sus territorios. Por esta razón eligen instalar sus plantas en lugares como Chile, donde la energía y la mano de obra son radicalmente más económicas. Las declaraciones de Lagos apuntan en el sentido correcto, cuando afirma que es necesario un orden para que las actividades productivas se desarrollen en sintonía con una visión general, es decir, pensar al país y a cada región desde una visión a futuro con distintas actividades desarrolladas. Sin embargo, el caso de Alumysa es excepcional porque su magnitud supera toda visión que intente acotarlo y sus efectos ambientales superan, con largueza, los parámetros con que la feble institucionalidad ambiental chilena puede operar. Ojalá Alumysa no vuelva, pero si lo hace, el país tiene la obligación de ocupar este tiempo para ponderar con más complejidad estos proyectos que, en el envoltorio, se promocionan como un premio para nuestro desarrollo económico, pero la realidad enmarca la semilla de la pobreza, el subdesarrollo y la degradación ambiental". Última palabra "El retiro de Alumysa es una rendición", expresó Fernando Dougnac abogado de la Alianza Aysén Reserva de Vida y Presidente de la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), además de reciente galardonado con el Premio Nacional de Medio Ambiente. "La decisión de Noranda, de retirar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un reconocimiento implícito del rechazo que sufriría Alumysa al seguir en el proceso de evaluación ambiental, por cuanto las autoridades nacionales ya han dejado de manifiesto la incompatibilidad existente entre el proyecto y la estrategia de desarrollo regional acordada para esta zona de la Patagonia donde se pretendió instalar la planta de aluminio", agregó. "Estamos muy satisfechos por todo el trabajo desplegado por el Comité Ciudadano por la Defensa de Aysén Reserva de Vida y el Comité Cívico por el Desarrollo Sustentable de Aysén y sus alrededores. Ellos son los protagonistas de este triunfo al movilizar a la ciudadanía de Aysén y Coyhaique para que detuviera el megaproyecto que amenazaba con causar impactos irreparables en el patrimonio natural y cultural de la región". Según el diputado Alejandro Navarro (PS) Alumysa busca dar la señal de que habrían presiones políticas "que los obligaron a desistir". Alumysa y las autoridades de gobierno no han dicho aún la última palabra. Si Alumysa es emplazado en otro lugar las organizaciones medioambientales han señalado que recurrirán al Acuerdo de Cooperación Ambiental Chile-Canadá, para impedir su construcción. Los efectos Daños irreparables como cáncer, ceguera, osteoporosis y alzaheimer, son algunos de los efectos que tendría Alumysa en la salud humana. También se extinguirían cientos de especies de flora y fauna en la región más frágil de Chile. La XI Región es una de las tres zonas menos contaminadas del planeta, y ha sido declarada por sus habitantes como "Reserva de Vida". Alumysa, además, no es compatible con la salmonicultura, que encabeza las actividades productivas y que también tiene efectos contaminantes. En 1991, los propios gestores de Alumysa advirtieron que se cambiaría "en forma violenta la región". De acuerdo a las 22 obras y subproyectos se contemplados se requeriría la construcción de centrales hidroeléctricas y la inundación de 10.200 hectáreas, haciendo desaparecer flora y fauna, y alterando o extinguiendo vida acuática y bosques; el puerto provocaría la contaminación del agua y un alto riesgo de accidentes de barcos de gran tonelaje con tóxicos; se emitirían miles de toneladas de gases fluorados, hidrocarburos y anhídridos, entre otros que agravarían aún más el "efecto invernadero"; a lo que debe agregarse la contaminación "electromagnética" y las miles de toneladas de desechos de aluminio y otros que deberían acumularse. Noranda Inc. es una de más importantes transnacionales en la minería y metalurgia, y está catalogada como el segundo consorcio "más contaminante del mundo". En el propio Canadá, ha sido multada por al menos 87 violaciones "intencionales". En Estados Unidos, ha debido cancelar más de 1,9 millones de dólares por "emisiones de contaminantes". Una de las mayores productoras de zinc y níquel, extrae además aluminio, cobre, oro, plata y ácido sulfúrico, posee negocios en el gas, petróleo y empresas forestales. Según Council on Economic Prirorities de Nueva York, en 1990 emitió 476.372,34 toneladas de tóxicos al medioambiente. La conexión DC En 1988, el megaproyecto fue elaborado por Ignacio Walker Concha, padre de los parlamentarios democratacristianos Patricio e Ignacio Walker. Su idea original era "aprovechar el potencial hidroeléctrico de la zona". El holding Proyectos de Aysén adquirió a bajísimo precio más de 16.000 hectáreas fiscales -compradas a Bienes Nacionales-, luego de asumir la presidencia Patricio Aylwin. Finalmente, la transnacional canadiense Noranda Inc. adquirió el proyecto. Según el ecologista Peter Hartmann, "los cambios en el contrato original y las compras de terrenos han sido completamente irregulares". Lo mismo sucedió con los derechos de agua, otorgados gratuitamente. La familia Velasco, vinculada a la DC, también se encuentra involucrada. Alumysa contrató a Extend, empresa de comunicaciones y publicidad, de propiedad de una de las hijas del ex subsecretario de Interior Belisario Velasco. El "congelamiento" del proyecto es una victoria temporal para los ecologistas. Surtió efecto el lobby desplegado por las salmoneras. El propio presidente de la DC, senador Adolfo Zaldívar, le quitó su apoyo a Alumysa, mientras Lagos señalaba que no podía levantarse en la bahía de Chacabuco, pues "entraba en pugna con la industria salmonera". El ministro DC Jorge Rodríguez Grossi que había dicho en noviembre de 2001: "¿Para qué sirve tener la zona más descontaminada del mundo si no hay nadie? ¿Para qué quiero un lugar vacío de gente, por mantener determinada naturaleza?", debió plantear: "lo mejor para Noranda es estudiar una relocalización". En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Noranda se detectaron unas 500 anomalías, que debían ser solucionadas antes de noviembre. El Presidente de la República, Ricardo Lagos y el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, buscan dar más tiempo a Noranda y no exponerla a un eventual rechazo. El retiro de Noranda es más una presión que una realidad. Las organizaciones ciudadanas y ecologistas han asegurado que seguirán trabajando para que el proyecto sea definitivamente anulado. * Arnaldo Pérez Guerra es Lic. en Historia por la Universidad de Chile.