Puerto Rico

Documentos ocultos a la vista de todos

Jesús Dávila

23/03/2011

Opinión

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San Juan, Puerto Rico (NCM) – Una fotografía que demuestra la presencia de la Policía nacional durante un motín reciente en la Universidad de Puerto Rico y una certificación oficial de la Junta de Síndicos con información aparentemente falsa han surgido como las más recientes piezas de evidencia que ponen en duda las versiones oficiales sobre las causas y manejos del alzamiento estudiantil.

Se trata, sin embargo, de documentos pasados por alto en el debate público sobre los sucesos mientras los bandos avanzan en sus posiciones preparatorias para las confrontaciones en ciernes por el diferendo que ya lleva casi un año y que se ha convertido en el principal foco de tensión social y política en esta nación isleña del noreste del Caribe, con el saldo hasta ahora de decenas de lesionados y cientos de arrestados.

La fotografía de referencia muestra la presencia de un oficial de alta gradación de la Policía nacional, con su uniforme azul y sus relucientes insignias doradas, ubicado a poca distancia de la rectora del Recinto de Río Piedras, Ana Guadalupe, en momentos en que se desarrollaba un motín en la Escuela de Arquitectura, donde la funcionaria sufrió vejaciones. Tras la revisión del documento fotográfico, NCM Noticias acudió al lugar de la escena, tomó medidas y se pudo determinar que el oficial se encontraba en un punto que le permitía observar sin obstrucciones los sucesos violentos.

Hasta ahora se había documentado la presencia policial de la unidad motorizada en el lugar de los hechos y un memorando en que se alegó que agentes encubiertos de inteligencia participaron en el motín hasta el punto en que cometieron acciones de agresión contra guardias universitarios, por las que se ha acusado por lo menos a un estudiante. Sin embargo, la nueva fotografía es la primera prueba de que la oficialidad policial pudo haber tomado parte o supervisado la operación.

El segundo documento incide sobre el espinoso tema del tesoro de la Universidad, que se supone se nutre de los caudales sin herederos acumulados durante los pasados ochenta años, cuyo inventario es reclamado por una coalición compuesta por el Comité de Representación Estudiantil, el Consejo de Estudiantes, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la Confederación de Asociaciones de Profesores Universitarios, la Hermandad de Empleados Exentos no docentes y el sindicato de mantenimiento y limpieza.

Se trata de la “Certificación 131” del 16 de junio de 2010, en la que la Junta de Síndicos de la UPR afirmó haber entregado al Comité Negociador Nacional –que representaba entonces a los estudiantes en huelga de los 11 recintos- el “registro actualizado de las propiedades de la Universidad de Puerto Rico y sus valores de mercado según tasaciones recientes”.

Consultados sobre la referida certificación, los miembros del CNN se mostraron sorprendidos de que el Gobierno hubiera hecho tal aseveración en un documento oficial cuando la realidad fue que siempre se les negó el pedido y le dieron excusas múltiples para no proveer el documento, necesario para conducir una evaluación realista de las finanzas del sistema universitario. La gravedad de determinar si fue o no una certificación falsa tiene que ver con que el Código Penal, artículos 207 y 208, tipifica como delitos que conllevan penas de cárcel la preparación de certificaciones falsas y el archivo de tales certificaciones así falsificadas.

Luego de que la coalición universitaria reclamó los inventarios, la representación legal del grupo informó haber comenzado a recibir informaciones preocupantes, como la provista por un ex funcionario de alto nivel en el sistema universitario que indicó haber visto, entre el 2000 y el 2001, un inventario con cientos de propiedades dispersas por todos los municipios de Puerto Rico. De igual forma, NCM Noticias logró localizar propiedades de la UPR en lugares tan distantes como una en Bloomfield Hills, en Michigan, en la zona de los Grandes Lagos de EEUU que fue objeto de un proceso de venta que comenzó en 1999, según consta en la certificación 120 de 2003-04.

El Código Civil de Puerto Rico hace de la UPR la depositaria universal de los caudales sin herederos para que pueda mantener un fondo permanente, tesoro que no se limita a las propiedades inmuebles sino también a todos los muebles –desde vehículos y maquinarias hasta joyas y colecciones artísticas o los instrumentos de inversión- con respecto a los cuales el Gobernador está obligado a firmar un acta caso por caso.

La respuesta oficial, una y otra vez, es que en ese tesoro hay muy poco, pero cuando un medio de prensa nacional pidió también el inventario, lo que obtuvo fue una negativa de parte de la jefatura de la UPR.

Mientras tanto, el Gobierno y sus aliados han optado por difundir que el alzamiento de los estudiantes es obra de pequeños grupos violentos que violan los derechos de la mujer y ponen en peligro la existencia misma de la universidad pública. En ese contexto, a diario los tribunales atienden casos de estudiantes arrestados, aunque hasta ahora ninguno ha resultado en culpabilidad.

En ese marco, la Policía nacional continúa ocupando el campus de Río Piedras y se prepara una reforma universitaria por parte de una comisión de alto nivel, de la cual al menos uno de sus miembros ha dicho que se debe sacar del sistema influencias izquierdistas que promueven cosas tales como la presunción de inocencia de los acusados en casos criminales.

Los estudiantes alzados, por su parte, se concentran en reorganizarse, reconstruir sus bases de apoyo y gestiones de cabildeo, tanto en Puerto Rico como mediante el envío de delegaciones a Estados Unidos, México y otros puntos. En ese marco, el congresista Luis Gutiérrez (D-Illinois), quien se encuentra de visita en Puerto Rico, hizo un apasionado llamado a los estudiantes a continuar su lucha por la educación y los derechos civiles y les invitó a una reunión para que le orienten sobre cosas que consideren él puede hacer por ellos en el Congreso de Washington.

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