México

Algo grave sucede en Oaxaca

Carlos Beas Torres

02/04/2011

Opinión

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La violación generalizada de los derechos de la población fue durante décadas una práctica de gobierno en Oaxaca. El autoritarismo gubernamental asumió muy variadas maneras y dio vida a una amplia gama de atropellos que agraviaron a muchos oaxaqueños. Es por ello que una de las demandas más sentidas en todos estos años es y ha sido la del respeto a sus derechos, este sentimiento motivo en el pasado grandes movilizaciones ciudadanas algunas de las cuales fueron brutalmente reprimidas. Aún está viva en el imaginario de los oaxaqueños la entrada que hicieron cientos de militares por Calzada Madero, aquel tres de marzo de 1977. Los que vivieron ese hecho recuerdan más que nada el silencio sepulcral roto sólo por el ruido que hacían las botas de los soldados al chocar con el pavimento. Más vivo aún está el recuerdo de la ocupación de la ciudad de Oaxaca por miles de militares vestidos como policías federales preventivos hace poco menos de cinco años, cuando ese estado se convulsionó entero en su lucha por derrocar al tirano Ulises Ruíz.

Este mismo reclamo, el hacer valer sus derechos, fue el que movió a cientos de miles de oaxaqueños para que salieran a votar el pasado 4 de julio por el cambio, es decir en contra del autoritarismo príista. Los resultados de las elecciones del 2010 parecían ser la tumba de ochenta años de gobiernos despóticos, corruptos e ineficientes. Sin embargo ese autoritarismo sigue vivo y ahora que se han cumplido los primeros cien días de la nueva administración, del Gobierno de “la Paz y el Progreso” empieza a percibirse un desencanto en amplios sectores de la población, los cuales sienten que no hay señales de cambio y que incluso están ocurriendo situaciones regresivas muy graves.

Uno de los hechos que de manera preocupante se ha venido repitiendo en estos últimos meses en Oaxaca, es la implementación de operativos militares en regiones que enfrentan graves conflictos sociales. Con el pretexto de la despistolización o del combate a las drogas se han montado numerosos operativos, donde los militares ingresan a los domicilios de manera violenta y realizan detenciones arbitrarias; también se han denunciado golpizas y un sinnúmero de maltratos a la población.

El agente municipal de la comunidad zapoteca de San Juan Jaltepec, en el norte del estado, denunció a principios de diciembre pasado, que una docena de militares en vehículos particulares recorrían la zona de litigio agrario y lo hacían en compañía de ganaderos que han sido denunciados por la estrecha relación que han mantenido con el grupo de Ulises Ruiz y por contar con armas de alto poder para mantener un régimen de terror sobre las comunidades indígenas del Bajo Mixe.

La comunidad de San Juan Lajarcia vivió horas de terror, cuando en el marco de un operativo militar que perseguía a una banda de presuntos secuestradores, fueron golpeados en el mismo palacio municipal, dos regidores y detenidas varias personas entre ellas un excomisariado comunal que se había destacado en su defensa de los recursos naturales de la comunidad, quien por cierto hasta ahora permanece arraigado. Graves violaciones han sido denunciadas en varias comunidades más, por ejemplo en Eloxochitlán de Flores Magón, donde se vive un grave conflicto político se realizó en febrero pasado un operativo militar, en el cual los soldados allanaron los domicilios de los opositores al presidente municipal. Una de las agraviadas, una mujer mazateca narra que cuando le inquirió al soldado por que se metía a su casa de esa manera, el militar le contesto con desenfado: “nos manda Felipe Calderón”

En los últimos tres meses, también han sido allanadas las oficinas de las organizaciones CODEP y CODECI, las cuales formaron parte de la APPO y que se han destacado por su combatividad. En ambos casos, los militares realizaron un cateo de las instalaciones sin orden judicial, dañaron equipo e intimidaron a las personas que se encontraban en ellas, su motivación respondía según dijeron a “denuncias anónimas”.

El incidente más grave ocurrió apenas el 4 de marzo pasado, cuando un contingente integrado por unos sesenta militares, allanó domicilios y agredió a vecinos de la comunidad de Lázaro Cárdenas, Ixtaltepec . La representante indígena Adolfa Jiménez recuerda que los militares entraron casa por casa sin mostrar orden de alguna autoridad, esta actitud prepotente provocó el enojo de los vecinos, algunos de los cuales fueron golpeados con las culatas de los fusiles. Esta situación se agravó cuando los militares detuvieron una camioneta cargada de madera propiedad de comuneros de Santa María Chimalapa; cuando la noticia cundió, decenas de indígenas chimas se movilizaron y junto a vecinos de Lázaro Cárdenas sitiaron a los soldados, los cuales en medio de una balacera fueron rescatados por un centenar de soldados llegados desde la ciudad de Matías Romero.

En diferentes regiones del estado, se levantan ya voces expresando su malestar por los niveles alarmantes de violación a los derechos humanos de la población que implica la actuación de los militares. En la ciudad de Tuxtepec la presidente de un Centro de Derechos Humanos, hizo pública recientemente su preocupación, por el incremento de las denuncias ciudadanas por atropellos cometidos por soldados, las cuales suman ya una treintena en sólo lo que va de este año.

¿Quienes están detrás de estos operativos militares? ¿A quién le interesa generar escenarios de ingobernabilidad y conflicto en Oaxaca? ¡ Quienes son los denunciantes anónimos? Son preguntas que es necesario responder para entender la creciente ingobernabilidad que se vive en el estado. Por un lado es evidente e innegable la responsabilidad que tiene en esta situación el gobierno de Felipe Calderón ya que han sido fuerzas federales las que han orquestado estos operativos. El gobierno federal ha mostrado en Oaxaca su cara represiva, su falta de interés para respetar los derechos de la población y también su falta de sensibilidad, no sólo por la provocación que significó la visita del presidente de la República el pasado 15 de febrero la cual ocasiono graves disturbios en la capital del estado, sino también la agresión que sufriera el profesor Noé López Pinos a manos de miembros del Estado mayor Presidencial el 4 de marzo en el pueblo de Tlacochahuaya.

Pero también hay otros actores que están empeñados por construir escenarios de conflicto y violencia. En diferentes regiones de Oaxaca abierta es la operación de diputados federales y locales del PRI, quienes han sido denunciados en diferentes ocasiones por estar detrás de grupos violentos algunos incluso con características paramilitares. Muchos de los conflictos ocurridos en Oaxaca en estos últimos tiempos han sido diseñados con el fin de obstaculizar la transición democrática en Oaxaca y sus responsables son bien conocidos.

Además de esos actores, el enemigo también está en casa. Muchos de los funcionarios de la nueva administración son dirigentes partidistas y están más abocados en imponer sus intereses particulares que en ser promotores del cambio democrático que reclama a gritos la ciudadanía oaxaqueña. Preciso es recordar también que siguen funcionando los mismos policías, los mismos jueces y los mismos agentes del ministerio público que tanto han agraviado a los oaxaqueños.

Oaxaca estos días está paralizada, por plantones, protestas, reclamos y bloqueos. Oaxaca esta confundida, exasperada y sumida en conflictos de todo tipo y a muchos oaxaqueños les parece que al gobierno de Gabino Cué le está faltando conducción, visión y coraje para dar un mensaje a los oaxaqueños, para hacerles recuperar la confianza y hacerles sentir que existe la voluntad política de un cambio real y no de un cambio cosmético. Un mensaje que muchos oaxaqueños esperarían por ejemplo es el castigo a los responsables de tanto robo y atropello, el fin a la impunidad con la que han contado durante años y que les permitió agraviar a los oaxaqueños y que les permite incluso ahora seguir haciéndolo.

Sin lugar a dudas algo grave está sucediendo, al parecer Oaxaca, toda Oaxaca será un daño colateral más de la Guerra de Calderón y un escenario de conflicto negociable para los políticos que ya se preparan al abordaje que son las elecciones federales del año próximo. ¿O alguien lo duda?

Y desde luego me sumo al clamor de que sea presentado con vida el profesor Carlos René Román Salazar, secuestrado hace unos días en esta tierra del sol, que es Oaxaca.

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