El pasado mes de noviembre, y a petición del gobierno español, treinta representantes de las mayores empresas españolas eran convocados en la Moncloa para evaluar la situación de crisis y adoptar compromisos de actuación a futuro. Los empresarios exigieron [1] entonces a Zapatero que no le temblara el pulso a la hora de acometer y profundizar las reformas económicas en materia de pensiones, cajas de ahorro y sistema energético.

 

Resulta, como poco, paradójico que sean los intereses de las multinacionales, y entre ellas las del sector financiero, las que guíen la política económica estatal, siendo ellas las principales causantes de la crisis. Sin embargo, incluso en la coyuntura actual se sigue considerando que las empresas multinacionales son imprescindibles para el desarrollo.

 

 

Durante la última visita de la ministra española de Asuntos Exteriores y Cooperación Trinidad Jiménez a Bolivia, el titular de uno de los principales diarios del Estado rezaba: “España lleva la `diplomacia económica’ al eje bolivariano” [2]. Efectivamente, Trinidad Jiménez trasladaba al gobierno de Morales la preocupación de las multinacionales españolas por la inseguridad jurídica que, según ellas, afecta a sus inversiones tras los cambios impulsados por el gobierno boliviano para recuperar la soberanía económica del país. La ministra, de este modo, estaba ejerciendo de portavoz de las multinacionales españolas y con ello expresaba el apoyo incondicional del gobierno español a estas compañías. Y es que, dentro de la lógica del modelo de desarrollo actual, los intereses privados de las empresas transnacionales se identifican con el interés público. De este modo, las demandas de estas compañías son defendidas por los gobiernos donde están establecidas sus sedes matrices, tanto fuera como dentro de las fronteras del país de origen.

 

Uno de los argumentos utilizados para justificar esta identificación es la promoción al desarrollo que aportan las multinacionales. Dicha afirmación se difunde como algo incuestionable desde las escuelas neoliberales, los gobiernos e instituciones internacionales. Tanto es así, que las nuevas directrices de la cooperación al desarrollo están incluyendo al sector privado, específicamente a las compañías transnacionales, como un actor importante. En cambio, tras más de veinte años de políticas que favorecen la expansión de las multinacionales en las economías de América Latina no se han reducido los indicadores de desigualdad social, es más, han aumentado. Como también ha incrementado la destrucción ambiental de zonas con un gran valor ecológico en el avance de la industria extractiva. Por estas razones, el Observatorio de Multinacionales en América Latina, de la Asociación Paz con Dignidad, considera indispensable aportar estudios que cuestionen a las multinacionales en su papel de agentes de desarrollo. Con este leit motiv se impulsó la investigación sobre la historia del neoliberalismo y las multinacionales en Bolivia, un país que fue modélico en la aplicación de políticas que favorecían la actividad de estas compañías y donde también ha sido modélica la respuesta de la población en defensa de sus derechos fundamentales y de su soberanía. Esta investigación se recoge en el libro “Las multinacionales en Bolivia, de la desnacionalización al proceso de cambio”, en cuya autoría ha participado el Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad, el Centro de Documentación e información Bolivia y la Universidad del País Vasco.

 

 

La crisis de la deuda externa de principios de los ochenta acorraló a Bolivia, así como al resto de países de la región. Los préstamos provenientes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (BM) condicionarían durante las siguientes décadas la política económica del país que debía obedecer las directrices de estas instituciones financieras. En esa misma década de los ochenta se liberalizó la explotación de recursos naturales y se debilitaron los derechos laborales, con estas medidas se fueron a la calle 20.000 mineros. Se inició lo que Pablo Villegas denomina en el libro la desnacionalización, es decir, la transformación del Estado boliviano para servir a los intereses de las compañías transnacionales, sacrificando para ello el desarrollo del país. Ya en la década de los noventa, culminó la desnacionalización con el llamado proceso de “capitalización”, eufemismo que escondía la privatización de las empresas estratégicas para la soberanía económica del país. Los hidrocarburos, el sector eléctrico, la gestión del agua, los sistemas de pensiones, las telecomunicaciones y el sector del transporte pasaron a ser totalmente controlados por compañías multinacionales a las que nadie supervisaba. Consecuentemente, desde el mismo inicio, la gestión privada estaba salpicada de irregularidades. Ejemplos como la venta de las empresas a un precio menor de su valor y la presencia de familiares de los gobernantes en las empresas adjudicatarias se repitieron en varios casos.

 

Tal y como afirma Gustavo Rodríguez Cáceres en el libro, “la mayoría de los capitales extranjeros que asistieron al proceso eran capitales cuasi-especulativos, cuyo objetivo no era desarrollar un negocio y hacerse cargo de él duraderamente (...) si no la búsqueda del lucro fácil y rápido. Por ello, en vez de ampliar y acrecentar, las empresas redujeron los costes de operación al punto de bordear la ineficiencia.” Esta “reducción de los costes de operación” se traduce en el uso de procedimientos fraudulentos a la hora de adjudicarse las concesiones y contratos, en la falta de inversión en infraestructuras y en la explotación laboral de las trabajadoras y trabajadores a través de recortes de personal y la precarización del empleo. Esto, obviamente, no repercutió en una mejora de la calidad de vida de la población boliviana. Y lo cierto es que las multinacionales españolas participaron activamente en este proceso.

 

 

Las compañías transnacionales españolas han estado presentes en sectores muy importantes de la economía boliviana. Ya en 1999 se encontraban en Bolivia: Repsol YPF, Iberdrola, Unión Fenosa, Abertis, Aena, Abengoa, BBVA, Banco Santander, Mapfre y Prisa. De hecho, el Estado español, en términos de capital acumulado, es el tercer país inversor por detrás de los EEUU y Brasil [3]. Actualmente, la mayor presencia del Estado en la economía, el incremento de los impuestos a las compañías y el establecimiento de leyes más estrictas al sector privado por parte del Gobierno del MAS, ha determinado que algunas multinacionales hayan salido del país en los últimos años. Sin embargo, la riqueza de Bolivia en hidrocarburos continúa siendo estratégica para Repsol YPF.

 

En 1999, a través de la compra de YPF, Repsol se convirtió en propietaria de Andina, una de las empresas que surgió de la privatización de la petrolera boliviana YPFB. A partir de ahí la presencia de la multinacional española ha ido creciendo y actualmente produce y comercializa el 45% del gas licuado de petróleo del país. El principal negocio de Repsol en Bolivia es la exportación de gas, por lo que ha sido, y es, un actor decisivo en el desabastecimiento crónico de energía que sufre la población boliviana. El daño que ha hecho Repsol YPF y otras multinacionales del petróleo a los bolivianos y bolivianas y a sus territorios se canalizó de manera abrupta en la Guerra del Gas de 2003. Precisamente, en esta Guerra se expulsó al entonces presidente Sánchez de Lozada como responsable político de la situación y en las elecciones generales de 2005 exigidas por la población, votaron mayoritariamente al actual gobierno del MAS, que fue reelegido en 2009, con el mandato social de llevar a cabo la nacionalización del gas.

 

La reacción de las transnacionales del petróleo, como Repsol, ante este proceso iniciado con el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos en 2006 ha sido el rechazo y la puesta en marcha de la maquinaría mediática, política y diplomática que tienen a su disposición. En este sentido, Juan Hernández Zubizarreta señala en el libro “el interés general (las expropiaciones de tierras) se aplicó a favor de Repsol y no del pueblo boliviano; la “retroactividad” (el 18% de los ingresos para el Estado y el 82% para Repsol) se mantuvo por presión de la empresa multinacional durante las distintas reformas normativas anteriores al gobierno de Evo Morales, mientras que en la fase de renegociación fue la “irretroactividad” la que se exigió en todo lo referente a los delitos fiscales, fraudes y apropiación de las reservas.

 

La multinacional vasca Iberdrola está presente en Bolivia a través de dos filiales: Electropaz y Elfeo. La primera tiene la concesión de la distribución eléctrica en el departamento más poblado de Bolivia, La Paz, y la segunda tiene la misma actividad en el departamento de Oruro. Nada más iniciar su gestión, Iberdrola llevó a cabo un proceso de reestructuración que conllevaba la división de la empresa en varias unidades, el despido de personal, y la subcontratación de determinadas áreas de trabajo. La división de las empresas tuvo como consecuencia la pérdida de control público sobre las condiciones laborales, la discriminación por actividad sindical y el aumento de la desigualdad salarial.

 

Una de las últimas empresas que ha negociado su salida de Bolivia ha sido el BBVA ya que tenía como filial a Previsión BBVA, una de las empresas que gestionaban el sistema de pensiones privado. La salida, negociada por la propia ministra Trinidad Jiménez en su última visita, responde a la nueva ley de pensiones promulgada el 10 de diciembre del pasado año y en ella se contempla la creación de una empresa estatal para la gestión pública de las jubilaciones. Razones no le faltan al Estado boliviano para tal medida, la gestión privada de las pensiones no le supuso ningún alivio, debido a que tenía que seguir pagando las pensiones anteriores a la privatización, pero sin los ingresos de las antiguas empresas estatales. Por otro lado, la actividad del BBVA no ha evitado la ausencia de protección social para grandes segmentos de la población, más bien al contrario, deja desprotegida a gran parte de la población activa que trabaja en el sector informal y que en 2007 llegó al 60%.

 

Se han señalado aquí algunos ejemplos del modo de actuar de las empresas transnacionales españolas en Bolivia, estos casos y otros correspondientes a compañías como Prisa y su editorial Santillana y Abengoa están más desarrollados en el libro “Las multinacionales en Bolivia, de la desnacionalización al proceso de cambio”. Además, también se hace una revisión de cómo fue organizándose el movimiento sindical, vecinal, campesino e indígena para oponerse a las políticas neoliberales y a los impactos que generaban las multinacionales. El libro pretende, en su último capítulo, plantear los debates actuales en el país, enumerar los avances conseguidos con la nacionalización de algunas compañías, con la salida de Bolivia de tribunales de arbitraje como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del BM, la nueva Constitución... pero también las tensiones que se generan en las negociaciones con las todavía poderosas transnacionales.

 

 

Artículo publicado en la revista Hika nº 222, marzo de 2011.

 

NOTAS:

 

[1] “Los empresarios exigen a Zapatero que no le tiemble el pulso”, El País, 27 de noviembre de 2010.

[2] “España lleva la `diplomacia económica’ al eje bolivariano”, El País, 9 de noviembre de 2010.

[3] Datos del Banco Central de Bolivia disponibles en su web.