El sueño bolivariano no reposa plácidamente sobre nuestro continente si consideramos la actual situación por la que atraviesan las relaciones diplomáticas entre algunos vecinos andinos: Bolivia, Perú y Chile. Al contrario, todo parece indicar que los conflictos continuaran profundizándose en los próximos meses. Bolivia anunció recientemente que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para resolver tanto su reivindicación de soberanía sobre el Océano Pacifico, como sus derechos sobre las aguas del Río Lauca y el manantial del Silala.

 

En efecto, el diferendo limítrofe entre Chile y Bolivia ha adquirido un nuevo tono ante las últimas declaraciones del presidente Evo Morales quien afirmó en una Conferencia en la ciudad de Potosí, durante las conmemoraciones del “Día del Mar”, que Chile le tendió una trampa al entusiasmarlo con una futura solución para la salida al mar de Bolivia: “En los cinco años de diálogo me he dado cuenta que Chile sólo quiere hacer perder el tiempo”, y que al final de cuentas el gobierno chileno no tiene ninguna intención de resolver la cuestión limítrofe. Ante este escenario, el gobierno de La Paz sostiene que se ha visto obligado a recurrir a instancias internacionales con el objetivo de recuperar su soberanía sobre un vasto territorio y, preferencialmente, lograr una respuesta definitiva a sus legítimos derechos sobre las aguas del Pacifico.

 

Como era de esperar, el anuncio del Presidente Evo Morales de recurrir a la Corte Internacional de Justicia para obtener un dictamen favorable a la demanda boliviana, ha exacerbado los ánimos entre los sectores más nacionalistas de Chile y el propio Presidente Piñera -haciéndose eco de muchas declaraciones contrarias a abrir siquiera un debate sobre el asunto- ha señalado que la actitud boliviana representa un serio obstáculo para el éxito de la agenda de negociaciones de 13 puntos que mantienen ambos Estados desde el año 2006.[1]

 

Aunque la demanda marítima boliviana es totalmente pertinente, jurídicamente la situación es en principio bastante más desfavorable debido al hecho de que Bolivia ratificó en la firma del Tratado de 1904, el artículo 2 del Pacto de Tregua de 1884 (posterior a la Guerra del Pacífico) que le reconocía a Chile el dominio absoluto y a perpetuidad de los territorios ocupados. En este Tratado de 1904 también se indicaba que en compensación por tales territorios, Chile debía facilitar el libre tránsito de personas y mercaderías desde territorio boliviano hasta la costa del Pacífico. El argumento que el escrito boliviano llevará a la Corte Internacional se basa precisamente en el hecho de que Chile no habría cumplido su parte en el acuerdo, obstruyendo o dificultando la libre circulación de los ciudadanos y productos del vecino país. Con la tesis de “Tratado incumplido”, Bolivia solicitaría una anulación y la revisión histórica del acuerdo, que supone el reconocimiento de su soberanía sobre aquel territorio que le fue desapropiado durante la guerra.

 

A nivel de discurso, los sucesivos gobiernos democráticos que asumieron a partir de la década del noventa, han expresado su “profundo interés” en dar una solución a la demanda boliviana por una salida al mar. Sin embargo, en los hechos los cuatro gobiernos de la Concertación fueron postergando su tramitación para un futuro incierto, dejando para la siguiente administración la responsabilidad de cargar con el peso de una decisión histórica que pudiera tener un enorme impacto político y, en el corto plazo, importantes repercusiones sobre las preferencias del electorado.[2]

 

En todo este periodo, un expediente que se ha barajado insistentemente es la idea de una ruta que conecte a Bolivia con el litoral. Incluso, esta es una propuesta que ya había sido colocada en la mesa de negociación por Pinochet y Bánzer en el llamado “abrazo de Charana”, en que ambos dictadores plantearon la creación de un corredor que llegase hasta el mar a través de la línea de la Concordia (que divide los territorios de Chile y Perú). Esta propuesta fue rechazada por Perú argumentando que ello infringía los tratados internacionales vigentes, sepultando automáticamente la posibilidad de alcanzar un acuerdo tripartito.

 

Frente a este escenario, se analizó también la factibilidad de establecer un corredor al norte de la quebrada de Camarones (al sur de Arica), pero eso significaba la ruptura de la continuidad territorial de Chile. Si bien, las encuestas indican que los chilenos están cada vez más predispuestos a facilitar una salida al mar del país altiplánico[3], una eventual “renuncia” a la soberanía sobre el territorio nacional es ampliamente rechazada.

 

Entre los proyectos más bizarros que se han pensado para permitir el acceso al mar de Bolivia sin tener que ceder territorio, se encuentra uno idealizado por 3 arquitectos chilenos, que consiste en la construcción de un túnel de 150 kilómetros en la frontera entre Perú y Chile hasta llegar a un puerto en el pacifico desde donde Bolivia pueda exportar sus productos. El propio canciller boliviano, David Choquehuanca, descartó dicha propuesta en su momento, tildándola de “imaginativa y descabellada”. Perú también se opuso, alegando que el proyecto además de inviable económicamente, representaba una violación a la soberanía peruana sobre ese segmento de su territorio.

 

Aparte de reparaciones ambiciosas y faraónicas, lo que se necesita –y puede ser por cierto más factible- es lograr un acuerdo por vía diplomática. El problema es pensar en los plazos. En efecto, difícilmente será un proceso de corto plazo, considerando que Chile se encuentra en este momento con un complejo litigio trabado con Perú –también en la Corte Internacional de Justicia-, pues dicho país reivindica 70 mil kilómetros cuadrados de territorio marítimo en la frontera con Chile.

 

Además, la demanda peruana se ha visto exacerbada por los ímpetus nacionalistas generados en ese país en el marco de la segunda vuelta electoral fijada para el próximo 5 de junio. Tanto Ollanta Humala como Keiko Fujimori vienen declarando que Chile le debe explicaciones a Perú por algunos casos de espionajes denunciados en los últimos años y por la venta de armas a Ecuador, durante el conflicto bélico -Guerra del Cenepa- que enfrentó a este país con Perú a mediados de la década del noventa. En un pronunciamiento un tanto sorprendente, el candidato Humala llegó inclusive a solicitar que el actual gobierno chileno le pida disculpas a su país por los destrozos causados en tiempos de la Guerra del Pacifico (1879 - 1883).

 

Aún con todas estas restricciones y evidentes dificultades, creemos que un acuerdo diplomático sigue siendo el camino más plausible para resolver este conjunto de conflictos limítrofes. Desde una perspectiva estratégica, una solución negociada de un corredor que implique la cesión de una parte de territorio entre las fronteras de Chile y Perú no debe descartarse de plano, a pesar de los arrebatos nacionalistas existentes en cada país. El futuro Corredor Bioceánico y la interconexión regional, la construcción de una matriz energética articulada, los acuerdos de cooperación económica y cultural, los intercambios científico-tecnológicos, etc., se presentan como grandes oportunidades para reforzar los lazos de amistad, confianza y unidad entre naciones que tienen un destino común.

 

Si los gobiernos nacionalistas y autoritarios de Pinochet y Bánzer estaban abiertos a dicha posibilidad, porque no es posible aspirar con mayor razón que gobiernos democráticos y estables, puedan concretizar un acuerdo que -por lo menos en el discurso- anhelan hace muchos años, logrando un entendimiento que les permita crear las bases de un nuevo ciclo de intercambio y reciprocidad.

 

En 1812 en un mensaje dirigido a los pueblos libres de América, el Manifiesto de Cartagena, Bolívar convocaba a la “unión de toda América del Sur en un mismo cuerpo político.” Buscando los caminos para esta unidad, desde hace más de cuatro décadas los países de la región Andina se dispusieron a estrechar los lazos comerciales y culturales a través de la creación de la Comunidad Andina de Naciones (hasta 1996 se llamaba Pacto Andino). El desprecio por la integración regional sustentada por el régimen militar y los Chicago boys influyó para que Chile abandonara el bloque en 1977. Paradojalmente, la salida de Venezuela anunciada en 2006 y oficializada en estos días, representa un traspié en este esfuerzo de unidad de los países andinos.

 

Sin embargo, otras iniciativas han surgido en los últimos años en la región en una especie de dialéctica de integración/desintegración. La Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) busca consolidarse como el gran marco que permita aumentar la coordinación política, económica y social, contemplando un importante foro de resolución de conflictos territoriales. Por su parte, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) también busca unificar al conjunto de países en torno a temas como el respeto a los derechos humanos y la cooperación. En suma, a pesar de todos los nacionalismos y desencuentros, existe un consenso de que para enfrentar los grandes desafíos globales, la región tiene el imperativo de seguir apostando en la búsqueda de nuevos caminos de entendimiento para resolver sus disputas y nuevas oportunidades de relacionamiento para construir una mayor integración en un proceso permanente de pérdidas y beneficios, de avances y retrocesos.

 

 

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