Cuatro años de gobierno eferregista La gestión del FRG ha colocado a Guatemala en la crisis actual, que a su vez es producto de la forma en que ha sido conducida la transición a partir de 1985. Luego de casi cuatro años de gobierno eferregista, los problemas socioeconómicos y políticos que aquejan a nuestra sociedad se han agravado. Los ciudadanos guatemaltecos vivimos en un clima de violencia e indefensión generalizada, producto del incremento de la delincuencia común y el crimen organizado; y vemos el colapso de los ya precarios servicios de salud, el deterioro notable en la educación pública y un manifiesto desinterés por resolver los preocupantes problemas de vivienda y seguridad alimentaria que enfrenta la mayoría de la población. En el 2001, el gasto social -con relación al PIB- alcanzó el 2.8%, un nivel bajo y muy cercano al 2.4% de 1985. La manera en que muchos funcionarios públicos se han desempeñado y –sobre todo- la forma en que han manejado los fondos estatales ha exacerbado los comunes niveles de corrupción, hasta convertirse en escándalos públicos que han trascendido los medios de comunicación nacionales. La gestión pública desarrollada por este gobierno se ha hecho a espaldas de los grupos más golpeados y empobrecidos, negándoseles oportunidades reales de cambio. El discurso anti-oligárquico, que repetidamente se dirige a la ciudadanía, se contradice claramente con el conservadurismo político, económico y social que mantienen las instituciones gubernamentales. Para citar una de las situaciones más urgentes, este gobierno ha minimizado la crisis de vida o muerte que enfrentan miles de familias campesinas, producto de la baja de los precios del café. Sumando lógicas burocráticas a su ineptitud, ha provocado -en no pocos casos- el agravamiento de la crítica situación que viven la niñez y las mujeres rurales. En el período 2001-2002 se han perdido 373 mil empleos. Las víctimas del conflicto armado interno no han sido resarcidas. Tardíamente y ya en las postrimerías del período gubernamental, en el mes de mayo de 2003 se creó formalmente el Programa Nacional de Resarcimiento. En contraste, las redes contrainsurgentes se han reactivado en toda su extensión. Los grupos paramilitares así como las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) se han revitalizado. El nombramiento de líderes contrainsurgentes en cargos civiles en espacios comunitarios, regionales y nacionales, así como la incorporación de un número considerable de militares de alto rango en el sistema de partidos políticos, tienen una estrecha conexión con el reacomodo del poder oculto. Éste está constituido por una compleja e intrincada red de nuevos capitales y grupos: crimen organizado, narcotráfico, grupos paramilitares contrainsurgentes, funcionarios públicos y empresarios. Estas fuerzas, que se caracterizaron por reprimir brutalmente a las organizaciones populares, campesinas e indígenas en décadas pasadas, en complicidad o co-participación con el gobierno, han hecho del Estado un instrumento al servicio de sus intereses corporativos y de grupo. Ahora han incrementado su poder y autonomía, operando abierta y cotidianamente. Acechan e intimidan a líderes sociales, activistas de derechos humanos y periodistas. Por lo mismo, la impunidad persiste, al igual que la tendencia creciente a la militarización, el uso del terror, la violencia y manipulación constante del Estado de Derecho. En estos últimos cuatro años ha sido evidente cómo organismos estatales han utilizado las grandes necesidades de las personas pobres como una forma de manipulación, y han afirmado la mentalidad militarizada, conservadora y autoritaria forjada durante el conflicto armado interno. Trayecto de una transición agotada La transición tutelada por la oligarquía, el empresariado y el Ejército ha llegado a su punto de agotamiento. Se ha hecho fracasar al Estado a cambio de la prevalencia del mercado y se han absolutizado las libertades individuales y privadas en detrimento del bien común(1) . El resultado es una sociedad que cada vez más corre el peligro de sumirse en la desesperanza. Tras casi dos décadas, hoy nos encontramos ante una crisis social que se extiende a los ámbitos económico, político, electoral, constitucional y jurídico. La institucionalidad, construida en las administraciones civiles a partir de 1985, ha sido formalmente democrática, pero en su impacto profundo ha favorecido a los sectores dominantes y actuado contra las mayorías, agravando las desigualdades, fomentando la impunidad y la corrupción y afianzando intereses corporativos (empresarial, narcomilitar y paramilitar contrainsurgente). Hoy se vive una crisis que lleva el sello del FRG, pero que tiene su origen en lo que se construyó y dejó de construir en los últimos veinte años. ¿Qué fuerzas se mueven para impedir que este país sea conducido por una senda de transformaciones que, como los Acuerdos de Paz, incluyan cambios económicos y sociales, el fortalecimiento del poder civil, la modernización y democratización de la justicia, el reconocimiento de las mujeres y los pueblos indígenas y de la historia reciente del país? Primera década de gobiernos civiles La etapa de 1985 a 1995 se caracterizó por la persistencia del conflicto armado interno, que determinó claramente la dinámica del ejercicio del poder. Fue un período convulso, de reacomodo de fuerzas, en el que prevaleció el pensamiento contrainsurgente. El primer gobierno civil de esta etapa, el presidido por Vinicio Cerezo y los demócrata cristianos, tuvo la oportunidad de hacer valer el sentir de la población que anhelaba un cambio real en el país y que lo hizo manifiesto mediante una importante participación electoral de casi 70%. Este era el momento oportuno para sentar las bases de una nueva forma de hacer gobierno, para convertir la correlación de fuerzas a favor de los amplios sectores desposeídos e impulsar una agenda política encaminada hacia la construcción democrática, mediante una institucionalidad sólida y justa. En contraste, la gestión de Cerezo cerró las puertas al movimiento social que, luego de un período de brutal represión y persecución, se esforzaba por retomar la lucha por la defensa de los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de la transición hacia la democracia. Operó, en definitiva, a favor de los intereses de sectores económicos tradicionales y de ciertas corrientes dentro del Ejército. Debilitó, aún más, los canales de participación de los sectores sociales, dejando en la población un sentimiento de decepción al ver que sus expectativas de cambio eran frustradas. Este sentimiento se reflejó en la elevada abstención del 44% en las elecciones de 1990, cuando ganó Jorge Serrano. El corto período del gobierno de Serrano acentuó el proceso de desprestigio del Organismo Ejecutivo y evidenció que la incipiente institucionalidad democrática seguía atada a los poderes económicos y militares, y que la corrupción imperaba en la misma. Finalmente, su gestión terminó con el rompimiento de la institucionalidad que, en aquel momento, apenas rebasaba el primer lustro de vigencia. La recuperación del orden constitucional se hizo llevando a Ramiro de León Carpio a la presidencia y en el marco de un movimiento ciudadano en el que la presencia de los capitales tradicionales fue evidente, como lo fue también la de un sector del Ejército. Cabe la pregunta sobre qué es lo que se recuperó en ese momento. ¿Qué fue esto que tan rápida y efectivamente movió a actuar a sectores que no suelen coincidir con las agendas del movimiento social? Fundamentalmente, recuperar un orden que respondía a los intereses de esos sectores o que, al menos, no representaba una amenaza a su perspectiva de país. Dicho de otra manera, se resolvió la crisis asegurando que la transición continuara siendo tutelada por las mismas fuerzas que, así, se iban ajustando a una coexistencia incómoda, pero en la que continuaron llevando el control del poder. La beligerancia del Ejército y del capital fue evidente en todo este período. El primero, moviéndose todavía con las posibilidades reales de golpes de Estado y fortalecido por su supremacía militar frente a la insurgencia; y el segundo, gestando las alianzas que fueran necesarias, participando del pensamiento y la acción contrainsurgente y evitando a toda costa cualquier política fiscal y tributaria que significara aumentar su contribución al erario público. Estos gobiernos civiles, en todos los casos, se acomodaron con algún sector del Ejército y con alguna expresión del capital y fue regla común su falta de compromiso para responder al clamor popular por transformaciones profundas. Dos gobiernos y los Acuerdos de Paz Un nuevo momento se abrió a partir de 1996. Con la firma de la Paz, se establecía la posibilidad de romper el pensamiento y práctica contrainsurgentes, así como de establecer una gestión pública que cambiara los enfoques excluyente y discriminatorio del Estado guatemalteco. Tras culminar el breve período de gobierno de Ramiro de León, un nuevo proceso electoral, marcado por una abstención del 53%, dio la victoria a Álvaro Arzú, líder y candidato presidencial del PAN, partido que se proyectó como representante del pensamiento de un empresariado diferente, joven y modernizante. Durante el primer año de su gobierno se firmaron los Acuerdos de Paz, que daban fin a 36 años de enfrentamiento armado interno y que brindaban una invaluable segunda oportunidad en el camino de una transición hacia la democracia. En su contenido profundo, los Acuerdos de Paz constituían una agenda política que brindaba los marcos generales para la transformación de la institucionalidad del país en dirección de cambiar las condiciones de vida de las grandes mayorías. Además, el proceso de paz promovió la participación y movilización de organizaciones de la sociedad civil (con excepción de las empresariales), que hicieron aportes significativos al contenido de dichos compromisos, a pesar de dificultades internas, y una herencia de terror y represión. Con todo, se pudo constatar que las organizaciones sociales y sectores progresistas tuvieron voluntad de diálogo, capacidad propositiva y espíritu de caminar hacia la democracia, la justicia, la paz y la equidad. Arzú manifestó desinterés y falta de compromiso para ejecutar los Acuerdos de Paz. Congruente con ello, no defendió su contenido ni siquiera al interior de su propio partido. El sentido profundo de los mismos fue trivializado y se perdió en una maraña de cronogramas y plazos, que ahogaron lo que pudo ser el inicio de una relación diferente entre Estado y sociedad, y de un rompimiento definitivo con el pensamiento y la práctica contrainsurgentes. Su gobierno impulsó una agenda política y económica neoliberal, que culminó con la venta de las empresas y activos más importantes del Estado, favoreciendo a ciertos grupos del poder económico tradicional y a sus allegados. Así, se fue afianzando una doble agenda: el discurso de los Acuerdos de Paz, por una parte, y la política económica neoliberal definida desde las instancias multilaterales, por otra. No sin batallas internas, el capital modernizante participó de la privatización y el Ejército apoyó la firma de los Acuerdos de Paz. Ambos apostaron a que no sería imperativo el cumplimiento de lo pactado y disintieron del espíritu de fondo de los mismos. La alianza histórica entre Ejército, oligarquía y empresarios, sus coincidencias y la complicidad que mantuvieron durante el conflicto armado interno, se vieron proyectadas en su cuestionamiento al carácter de Estado de los Acuerdos. Estos sectores coincidieron en su negativa a colaborar y reconocer el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), en los obstáculos y desinterés puestos para iniciar procesos judiciales contra los violadores de los derechos humanos, así como en su oposición a cambios mínimos que garantizaran una mejor distribución de los recursos, que a su vez se tradujeran en mejoras para las mayorías. La falta de voluntad política del PAN para impulsar a fondo los Acuerdos de Paz de manera que se convirtieran en una opción irreversible, contribuyó indudablemente a que militares contrainsurgentes y nuevos capitales, de oscura procedencia, es decir, los poderes ocultos, fortalecieran la alianza que a través del FRG ganó las elecciones de 1999, de nuevo marcadas por un alto abstencionismo del 46%. El FRG también ha mantenido una doble agenda durante su gestión al retomar el discurso de los Acuerdos de Paz, incluso enfatizando los temas de la desigualdad, y no impulsar al mismo tiempo las políticas mínimas que le dieran consistencia; por el contrario, la gestión del FRG se ha caracterizado en este campo por la dispersión y la ineptitud. Ninguno de los dos gobiernos posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz buscó romper con el pensamiento y la práctica contrainsurgentes, pues no impulsaron una relación Estado-sociedad distinta y abierta, capaz de ver a las organizaciones sociales como sujetos válidos y no como posibles peligros. La oportunidad de pensar el desarrollo se sustituyó por una práctica de construcción de obras y otorgamiento de apoyos con un sentido de medida precautoria o de seguridad. En lugar de romper, ambos alentaron el reacomodo de grupos militares (necesariamente de práctica contrainsurgente) en las estructuras del Estado. Es revelador que después de la firma de los Acuerdos de Paz no se haya revertido la tendencia abstencionista en las elecciones. En la actual contienda política, los discursos electorales de los partidos de derecha quieren convencer a la población de que existen dos proyectos históricamente antagónicos en disputa; que se trata de actores no relacionados entre sí defendiendo diferentes posturas. Así, pretenden ganarse el favor de una población dolida y empobrecida, la cual constituye tierra fértil para aceptar las promesas y la distribución de migajas, y preservar una institucionalidad que en vez de perfeccionarse constantemente a la luz de las graves desigualdades del país, opera a espaldas de las mismas. En Guatemala, el 10% más rico de la población obtiene el 40% del ingreso nacional y el 40% más pobre obtiene el 13%. Ver esta crisis como oportunidad Las diferentes maniobras ilegales e inescrupulosas del FRG por inscribir como candidato presidencial a Ríos Montt, revivieron en amplios sectores la capacidad de indignación que parecía perdida. Es esperanzador que personas y organizaciones repudien su inscripción, pues con ella se legitima el genocidio ampliamente documentado por la CEH, y se pierde toda posibilidad de construir un Estado de Derecho. En la misma línea, la defensa de los mecanismos de la democracia electoral es esperanzadora, porque podría indicar que la ciudadanía está dispuesta a defender los elementos fundamentales de la democracia más allá del voto. La conmoción de la coyuntura nos abre una ventana hacia los temas de fondo y de largo plazo. Permite además recuperar nuestra mirada hacia las reivindicaciones planteadas por los distintos movimientos sociales en el marco de la transición a la democracia y las negociaciones de la paz. Una crisis es el resultado de procesos complejos y de la intervención de actores concretos. Es también un momento en el que se hacen visibles aspectos de la realidad que en situaciones normales se invisibilizan y, por tanto, es la oportunidad para el discernimiento, imaginar posibles futuros y establecer por cuál se opta y qué senda caminar. En este sentido, es una oportunidad para que diferentes sectores repiensen las decisiones y estrategias de trabajo y participación. Esta crisis es una oportunidad para que Guatemala opte por romper con la perspectiva contrainsurgente y caminar hacia una sociedad de paz, justicia y equidad. Nos corresponde como movimiento social impulsar, beligerante y sostenidamente, una agenda dentro de este horizonte (pasando de la indignación a la acción); al empresariado, comprometerse genuinamente con el país; y al partido ganador, colocar los Acuerdos de Paz en el centro de su mandato hasta desmantelar el entramado del poder oculto. Algunos senderos de cambio La situación exige una seria reflexión sobre por qué las lógicas de lo inmediato atrapan nuestras acciones e impiden visualizar la construcción de un proyecto político amplio, plural y progresista, encaminado a la solución de los críticos problemas que aquejan a nuestra sociedad. Consideramos que la crisis nos conducirá a un sendero de cambio, si el país sale de la misma con claridad sobre: – la necesidad de subordinar al Ejército al poder civil y abolir su ingerencia en las instituciones del Estado. Esto implica recuperar la agenda de los Derechos Humanos y tomar conciencia de la profunda militarización de nuestra sociedad, así como la necesidad de diseñar estrategias de largo aliento que hagan factible la construcción de un imaginario social democrático; – la urgencia del desmantelamiento de las mafias, que se han filtrado en todos los niveles de la sociedad; – la necesidad de una revisión del papel de los grupos económicamente dominantes, quienes han antepuesto sus intereses corporativos a los objetivos nacionales e impiden la discusión de distintas propuestas de desarrollo; – la necesidad de afianzar la capacidad del país para asimilar los impactos de la integración comercial internacional, actuando en las negociaciones sobre la base de ese análisis y no de presiones externas, – la importancia de reconstruir el tejido social a partir de renovadas formas de lucha y movilización, para que puedan emerger articuladamente un pensamiento y proyecto nacional basados en la justicia, la equidad, la solidaridad y el respeto. Es imperativo alentar la construcción de movimientos sociales fuertes que puedan impulsar y sostener cambios profundos. ***** El Poder Oculto "una red o estructura de relaciones de poder que, siendo subrepticia a la estructura estatal en un determinado ámbito (local, regional, sectorial o nacional), subterráneamente coopta e inmoviliza o coarta el poder formal en dicho espacio, logrando la oculta organización fáctica convertirse en detentadora real del poder desde la sombra y en desmedro del imperio de la ley, según sus intereses (…) este fenómeno está conformado a veces sólo por funcionarios públicos (ciertas autoridades políticas, militares, policías, jueces, fiscales, etc.), otras veces por una concatenación de estos y privados (con empresarios, narcotraficantes, etc.), o una combinación de ellos; pero todos los comprometidos en el fenómeno cumplen un rol en el funcionamiento de la red soterrada (…) unos la dirigen, otros apoyan o ejecutan, otros encubren (…) pero todos se benefician". Jaime Robles Montoya. El poder oculto. en: Ensayos sobre los poderes ocultos. Guatemala. GT. Fundación Myrna Mack. Septiembre 2002. Los militares en Guatemala y en otras sociedades latinoamericanas, concluyeron sus proyectos político-militares con la organización de una Constituyente, seguida por elecciones formales. En estos casos se establecieron fórmulas institucionales y constitucionales para formalizar pactos a fin de garantizar la presencia prolongada de los militares en el poder. En una trayectoria de diez hasta quince años, el resultado ha sido, en unos casos, la reducción gradual de co gobiernos cívico-militares, y en otros, de presencia militar acentuada. Bernardo Arévalo de León (comp.), Hacia una política de seguridad para la democracia, la reforma al sector seguridad en democracias precarias, FLACSO, WSP-Internacional, IGEDEP, Magna Tierra, Guatemala, 2002. La impenitente permanencia de los militares. Poca influencia tendrá cualquier programa político de candidatos demócratas en Guatemala si no agarra por los cuernos este toro y no logra doblegarlo. No olvidemos que el ejército guatemalteco no ha sido depurado como lo fue el salvadoreño. Y tampoco olvidemos que no hemos escuchado de los altos jefes del ejército un reconocimiento de culpa y una petición de perdón como el que ya hicieron hace años en Argentina y han hecho este año en Chile. El poder y la conciencia actual del ejército son incompatibles con una Guatemala democrática y, por consiguiente, con la democracia no sólo política sino también social, es decir con una población que comience a reducir su miseria y su pobreza proverbiales. *** La región más desigual del hemisferio. El PNUD acaba de señalar en su último informe que Guatemala y, en general, Centroamérica son, en América Latina y el Caribe, el país y la región de mayor desigualdad. Ningún candidato de ningún partido político que quiera ser presidente democrático de Guatemala podrá llegar a serlo, aunque sea electo, si no presenta un programa, pequeño, incluso mínimo, de 3 o 4 puntos cuando más, porque si no, no será factible ni creíble en los breves 4 años de su periodo, para empezar a reducir la miseria y la pobreza, es decir la enorme desigualdad de formas de vivir, de bien vivir y de mal vivir, que tenemos en este país. ¿El general si tiene quién lo inscriba? Juan Hernández Pico S.J. Revista Envío de la Universidad Centroamericana (UCA). Managua, Nicaragua. Agosto 2003. Nota: (1) Gerardo Guinea Diez (Diálogo Nueva Época, año II, extraordinario, FLACSO, abril de 2002)