Frente a los acontecimientos ocurridos el día 20 de septiembre de 2003, en la Localidad de Warisata, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Bolivia, ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional emite el siguiente comunicado. 1. En casi veinte años de vigencia de la democracia las mayorías del pueblo boliviano, como en las dictaduras, viven en un clima de violación de su fundamental derecho a una vida digna, a la sombra de un modelo económico y un sistema político que han enajenado los recursos estratégicos y energéticos de la nación, sin haber superado la miseria y pobreza de las mayorías nacionales, que motivan la movilización y la protesta de los sectores sociales. 2. La falta de atención del gobierno a las legítimas demandas sociales en forma oportuna y efectiva, así como el incumplimiento de los varios acuerdos entre el Poder Ejecutivo y los sectores sociales movilizados, ha hecho de la protesta y la movilización el mecanismo de atención de las peticiones colectivas, como es el caso del bloqueo de caminos en la vía La Paz-Sorata, que fue suspendido en forma violenta por el operativo policial-militar ejecutado el día sábado 20 de septiembre de 2003. 3. Por los antecedentes hasta ahora conocidos, la decisión del gobierno para efectuar el operativo policial-militar no agotó previamente todos los esfuerzos para lograr el levantamiento concertado del indicado bloqueo y así garantizar el respeto por la integridad física y la vida de las personas varadas y de las personas movilizadas. Esta es obligación y tarea del gobierno, que mal puede exigir a las instituciones de la sociedad civil la realización de funciones que legalmente le competen a las autoridades del Poder Ejecutivo. 4. En su visita del día domingo 21 de septiembre, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Bolivia ha evidenciado la ejecución de una intervención violenta en los predios de la escuela y la Normal de Warisata, protagonizadas, según los compañeros campesinos, por efectivos del Ejército y la Policía Nacional. 5. La intervención policial-militar atentando garantías constitucionales y provocando muertos y decenas de heridos, es una clara muestra de que no se puede terminar la movilización social con la violencia, sino que deben atenderse las demandas del pueblo en torno al gas, la tierra, el ALCA, el empleo, la hoja de coca, el sistema político y la economía nacional, las mismas que se han dejado escuchar en diferentes instancias y eventos organizados por la sociedad civil, incluida la Cumbre Social de agosto del presente año. 6. La APDHB se solidariza con el dolor de las familias de los campesinos muertos por impacto de bala: Primitivo Curaca, Eugenia Condori, Juan Cosme, Ismael Quispe, la niña Marlene Rojas y los conscriptos Carlos Rivas y Sergio Vargas, así como con los bolivianos heridos en los enfrentamientos de Warisata. Exige la investigación para establecer la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de las muertes y de las heridos en el altiplano boliviano. 7. A fin de evitar mayores hechos luctuosos y dolorosos al pueblo boliviano y a efectos de hacer posible la existencia de un clima favorable a la realización de actividades normales de la población, convocamos al Gobierno y a los partidos políticos a propiciar escenarios de solución pacífica de los conflictos, atendiendo las legítimas demandas de un pueblo que durante casi veinte años ha demostrando, a pesar de su pobreza y miseria, su confianza en un régimen político que debería atender la satisfacción de los derechos económicos y sociales de la colectividad nacional con el mismo énfasis y dedicación con que satisface los intereses de la inversión extranjera. 8. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos Bolivia manifiesta su pleno apoyo a las demandas sociales de la población boliviana, las mismas que se encuentran plasmadas en las conclusiones de la Cumbre Social, y pone a disposición de los sectores sociales movilizados los recursos humanos y físicos con los que cuenta para trabajar en la propuesta de salidas viables, efectivas y pacíficas a los problemas nacionales. La Paz, 22 de septiembre 2003 COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL