¿Seguridad Ciudadana o Estado Policial?
27/09/2003
- Opinión
La "agenda antidelincuencia" del gobierno plantea reponer la "detención
por sospecha" con otro nombre, "ampliando los plazos de detención" y
verificando la "identidad de sospechosos". A eso se une la modificación
del sistema penal para rebajar la imputabilidad legal a los 14 años. Es
parte de la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico -se dice-,
pero las medidas van mucho más allá. La creación de la Coordinación de
Seguridad y un posible ministerio de Seguridad, sumado a la inminente
aprobación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) completan el
cuadro de la nueva estrategia represiva donde los perjudicados serán
aquellos que se oponen a los dictámenes del poder y el modelo.
Diputados concertacionistas patrocinan un proyecto que significará, en la
práctica, la reposición de la detención por sospecha y que aumentará las
horas que una persona puede permanecer retenida en un cuartel policial.
Jorge Burgos (DC) es el autor de la iniciativa que cuenta con el apoyo de
Patricio Walker, Eduardo Saffirio, Edgardo Riveros, Antonio Leal, Zarko
Luksic, Pedro Araya, Francisco Encina y Patricio Hales. Según Burgos, "la
propuesta sólo busca aumentar el rigor y las facultades de la policía
para combatir con mayor eficiencia y rapidez la delincuencia". En virtud
de esta disposición, las policías podrán allanar "sin orden previa". Del
mismo modo, se discute rebajar la responsabilidad penal, creando un
"sistema especial" para "jóvenes delincuentes" entre 14 y 18 años. Se
pondrá fin al "discernimiento", lo que hará plenamente responsables a
menores. Se establecerán sanciones -privativas o no de libertad-
aplicadas en instituciones colaboradoras del Servicio Nacional de Menores
(Sename) o en "recintos", verdaderas prisiones, administrados por ésta.
Desde hace unos meses, el Senado venía solicitando al gobierno por
unanimidad "medidas antidelincuencia" como una agenda legislativa de
seguridad ciudadana, coordinación entre los ministerios y unificar la
institucionalidad sobre seguridad. Algunos de los proyectos modifican
procedimientos del Código Penal y Procesal Penal, dando legalidad a algo
ya habitual: que las policías puedan intervenir y allanar domicilios
cuando exista "evidencia de delitos".
Represión y Estado Policial.
La derecha es la principal impulsora de la agenda antidelincuencia, que
cuenta como aliados a sectores del Partido Por la Democracia (PPD) y el
Partido Socialista (PS), además de prácticamente la totalidad de la
Democracia Cristiana (DC). Según el diputado Leal, "la detención por
sospecha no sirve para combatir la delincuencia, que requiere de una
focalización de los esfuerzos". Una de las propuestas de la
ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI) es precisamente
focalizar la lucha contra la "delincuencia" en poblaciones, creando
"zonas de emergencia policial", incluso se ha llegado a hablar de "toques
de queda" o "colocar fotografías de delincuentes" en sitios públicos,
además de aumentar las penas y construir "cárceles privadas".
La derecha y el gobierno se escudan en encuestas y estadísticas que
señalan un aumento peligroso de la delincuencia, los índices de
"inseguridad" y las "denuncias". Cifras de la UDI indican que durante la
Concertación se han cometido "4 millones de asaltos", ya que las
autoridades priorizan "garantizar los derechos de procesados y detenidos,
rebajar penas e incluso indultar a delincuentes". Sembrar el miedo es la
estrategia del poder para implementar un "Estado policial" dirigido a
terminar no con la delincuencia, sino con cualquier intento de
desestabilización del modelo, y con las crecientes movilizaciones
mapuches, sindicales y estudiantiles. Con éxito mediático se instala la
idea de que el gobierno ha fracasado en su lucha contra el delito, y que
la "seguridad ciudadana" es la principal preocupación de la ciudadanía.
En la jugada, el gobierno intenta aprobar que retorne el control de
Carabineros e Investigaciones al ministerio de Interior. Otros proyectos
-de interés tanto para el gobierno como para la derecha- son "aumentar
las penas por narcotráfico, rebajar la responsabilidad penal juvenil,
tipificar el lavado de dinero, creación de la ANI, creación de
secretarías regionales de seguridad ciudadana, y aumentar las penas para
quienes atenten contra policías". En este marco de proyectos y supuestas
"democratizaciones" no se incluye para nada modificar las atribuciones de
las Fiscalías Militares para juzgar a civiles bajo leyes especiales.
Aprovechando el impulso, el diputado Aníbal Pérez presentó un proyecto
"antipiratería", para combatir el robo intelectual y la evasión
tributaria, pero a través de "agentes encubiertos", "informantes pagados"
y "entregas vigiladas". No es todo. El gobierno intenta modificar la ley
de Control de Armas y Explosivos para elevar las penas, lo que también
está contemplado en la "agenda de seguridad". La ley Antiterrorista hoy
se aplica a mapuches y estudiantes. El propio ministro de Interior, José
Miguel Insulza, señaló, "hoy el problema no es que sean los grupos
políticos o extremistas los que tengan muchas armas, sino que
fundamentalmente son los delincuentes". En los últimos meses han quedado
en evidencia "montajes policiales" y detenciones de ex presos políticos -
Manuel Saavedra, Marcelo Dote López y Juan Aliste Vega-, acusados en
virtud de esas leyes bajo cargos completamente falsos. Lo propio ocurrió
con tres estudiantes y un dirigente sindical, acusados de portar una
bomba, y que luego de 5 y 13 días detenidos fueron puestos en libertad.
Dotar de más poder a las policías sólo implicará más represión, no
precisamente para delincuentes o narcotraficantes. El "Estado policial"
ya se instaló en el sur del país y es aplicado contra los mapuches.
Represión a mapuches.
Más de 400 mapuches se encuentran procesados por tribunales civiles y
Fiscalías Militares por su participación en movilizaciones en las
comunidades en conflicto. A esa cifra, se suman órdenes de detención y
presos políticos en la VIII y IX regiones. Más de diez (10) ministros
especiales y cuatro (4) Fiscalías Militares se han encargado de
investigar "hechos de violencia" -desde fines de 1997- producidos en el
sur del país en el marco del conflicto que enfrenta a mapuches con
empresas forestales y las fuerzas de ocupación policial.
Decenas de dirigentes y comuneros mapuches se encuentran sometidos a
proceso, en la mayoría de los casos juzgados por la ley 12.927 de
Seguridad Interior del Estado y la ley 18.314 o Antiterrorista. Por las
cárceles, han pasado más de un centenar de mapuches que han debido
enfrentar el nuevo Sistema Procesal Penal.
La represión directa se ha expresado no sólo en procesamientos,
encarcelamientos, asesinatos y persecución: a ello se suma el control y
hostigamiento de las policías en las zonas de conflicto: "a través de
allanamientos, controles en caminos y sobrevuelos. En la actualidad, las
comunidades enfrentan una represión directa destinada a amedrentar,
hostigar y desmovilizar. (...) personas, familias y comunidades
permanentemente vigiladas y controladas por la policía civil y
uniformada, situación derivada de las investigaciones que llevan a cabo
los servicios de inteligencia chilenos", señala un informe de la Comisión
de Derechos Humanos Mapuche.
"Extraños robos a sedes mapuches, seguimientos a sus dirigentes,
interceptaciones telefónicas ilegales, misteriosos civiles realizando
interrogatorios extrajudiciales e incluso un caso de doble secuestro se
han registrado al interior de territorio mapuche", lo que ha sido
denunciado por organizaciones mapuches, eclesiásticas e incluso
académicas, como el Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de
La Frontera (UFRO).
¿Seguridad pública?.
El gobierno plantea que la Coordinación de Seguridad (Comité
Interministerial), que ejercerá el ministro de Interior, debe derivar en
la creación de un Ministerio de Seguridad Pública y Ciudadana. "Se
buscará implementar el concepto de solidaridad: dar más en los lugares
donde se tiene menos, vale decir, reforzar la flota de vehículos
policiales o autorizar el uso de helicópteros en los barrios más
conflictivos. Ello requiere necesariamente tener atribución para
solicitar evaluaciones más precisas; concentrar datos y procesar la
información para proponer estrategias que permitan mejorar la eficacia de
las acciones policiales", señala el oficialista diario La Nación.
El Comité Interministerial de Seguridad Ciudadana, desarrollará la
"agenda antidelincuencia". De esta forma, se instala en la opinión
pública la "seguridad ciudadana" como el problema de mayor preocupación
en la población, por sobre la cesantía o la democratización de la
sociedad. Según cifras del propio gobierno, aumentan los delitos de "alta
connotación social" aunque en realidad lo que aumenta son las cifras de
"denuncias" y la "percepción de temor". Paz Ciudadana -organismo dirigido
por Agustín Edwards y la UDI- señala que el 61,6% de la población cree
que "aumenta la delincuencia", y un 58% afirma que "seguirá aumentando",
percepción alimentada por los medios de comunicación, la derecha y las
propias políticas de alcaldes y las policías.
José Miguel Insulza anunció algunas medidas prioritarias: "definir en la
ley de Presupuesto mayores recursos para aumentar la dotación policial",
"acelerar el trámite de la ley de responsabilidad penal de menores, de
control de armas y de drogas", "consolidar una institucionalidad en
materias de seguridad, a través de un ministerio o subsecretaría"; que
buscan controlar aun más a la población con la excusa de la "seguridad
ciudadana".
La creación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) completará el
cuadro: "un organismo público centralizado, de carácter técnico y
especializado, dependiente del ministerio de Interior", cuyo objetivo
será "producir inteligencia... para la toma de decisiones y
principalmente ejercer las atribuciones correspondientes, en materia de
terrorismo, criminalidad transnacional organizada y contrainteligencia".
La ANI "elaborará informes periódicos, de carácter secreto... además
requerirá de los estamentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas
(FF.AA.) y Seguridad Pública, así como de Gendarmería, la información del
ámbito de la entidad y la residual que tuvieran conocimiento".
Su creación fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, lo que
fue destacado por el ministro Insulza como una muestra de "unidad
nacional". Podrá emplear las fuerzas de Carabineros e Investigaciones,
"en el marco de las leyes como las que combaten el terrorismo y el
narcotráfico... dentro de los procedimientos para obtener información:
intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y
de correspondencia y de sistemas y redes informáticos; la escucha y
grabación electrónica, y la obtención de antecedentes sujetos a reserva o
secreto bancario", entre otras.
Asilo político en Inglaterra para ex Carabinero.
El 13 de agosto, la Corte de Inmigración de Londres, Inglaterra, acogió
una petición de "asilo político" a favor de un ex carabinero chileno que
ha sido declarado "desertor", quien denuncia actos de corrupción y
torturas en contra de mapuches.
El ex cabo Julio Pino Ubilla podría enfrentar una condena de 20 años de
regresar a Chile y ser juzgado por una Corte Marcial. "La medida deja en
evidencia una situación que se mantiene inalterable desde la dictadura al
interior de los cuarteles policiales chilenos, como es la práctica de la
tortura en contra de miembros de agrupaciones políticas y de
resistencia", señala el periodista Pedro Cayuqueo, director de Kolectivo
Lientur.
Julio Pino "desertó" a fines de 2002, viajando a Inglaterra con visa de
turista. Huyó por temor a ser asesinado, ya que recibió "amenazas de
muerte" por parte de sus superiores, quienes lo trataron de "comunista"
por oponerse a malos tratos y violencia innecesaria que ejercían
oficiales -con conocimiento de sus mandos- tanto hacia las tropas como a
los civiles detenidos, entre ellos comuneros mapuches.
En su presentación a la Corte de Inmigración de Londres, el ex policía
relata una serie de abusos a los que son sometidos la suboficialidad, y
malos tratos y torturas, conductas contrarias a los tratados de derechos
humanos firmados por Chile, en que incurren normalmente miembros de la
institución en contra de jóvenes de bajos ingresos, minorías sexuales,
inmigrantes y comuneros mapuches. El ex cabo denuncia la nula voluntad de
las autoridades para frenar estas irregularidades: "No están dispuestos o
son incapaces de proporcionar protección a las víctimas de violaciones a
los derechos humanos que se siguen realizando en democracia". Sostiene
que al manifestar su oposición a los malos tratos que presenció o tuvo
conocimiento, fue sometido por sus superiores a "hostigamientos y
abusos", incluida "tortura sicológica y reiteradas amenazas de muerte".
Según el Alto Mando de Carabineros: "Ninguno de los ex funcionarios
denunció en instancia alguna del país, como tampoco en Carabineros, los
hechos que ahora habrían expuesto ante organismos de inmigración de
Inglaterra para obtener la calidad de asilados y la visa de residencia en
ese país". La justicia de inmigración inglesa tiene en sus manos la
petición de "asilo político" efectuada por Myriam Solís Fernández,
cónyuge del ex carabinero y que también se desempeñaba como funcionaria
de la institución.
La resolución de la Corte inglesa sostiene que la policía chilena puede
ser categorizada como "agente de la persecución", y que no existe
"protección legal para quienes son víctimas de abusos a los derechos
humanos practicados por la policía". Agrega: "No hay buena voluntad para
detectar, procesar y castigar", "la policía tiene impunidad" para cometer
este tipo de abusos, afirmación que se complemente con informes del
Relator de Naciones Unidas contra la Tortura (1995), de Amnistía
Internacional (2002, 2003), e incluso un Informe de Derechos Humanos del
Departamento de Estado de los EE.UU. (2001): "Observo del informe del
Departamento de Estado de los EE.UU. que en 1995 y 1996 la Corporación de
Asistencia Judicial recibió 195 acusaciones de maltrato por parte de
policías al momento de la detención. En 1997, eran 400; 815, en 1998;
1.179, en 1999; y 1.074, el 2000. Las causas por violencia policial
fueron generalmente archivadas o enviadas a una corte militar", añade el
texto.
El ex carabinero denuncia en 38 páginas abusos cometidos por efectivos
policiales en contra de grupos sociales, homosexuales, jóvenes de bajos
recursos y principalmente mapuches. Relata en detalle las técnicas de
tortura que aplica hoy la policía uniformada. Sobre los malos tratos a
mapuches, señala: "por lo general son policías que llevan de Santiago al
sur, porque los policías del sector se oponen a castigar a los mapuches
ya que ellos mismos viven en el lugar y comparten con ellos. Además, la
gran mayoría es discriminada por oficiales racistas y, muchas veces,
trasladados lejos del hogar".
El texto presentado a la Corte recuerda un caso emblemático: "Un día
escuché cómo comentaban de la tortura que sufrieron 7 mapuches de Truf
Truf, comuna de Padre Las Casas. Habían viajado desde Santiago
exclusivamente para hacer ese trabajo. Era un grupo de 12 funcionarios,
entre ellos varios oficiales, los cuales se presentaron en los domicilios
de Juan Coliñir, Alberto y Ruperto Coliñir Painemil, Bernardino Parra
Nela, Manuel Parra Catrilaf, Juan y Aurelio Catrilaf Parra. La excusa era
ejecutar una orden judicial, la cual era sólo para 3 personas y no 7.
Ingresaron violentamente a los hogares de estas personas, sacándolas
prácticamente desnudas, los golpearon a la vista de sus mujeres e hijos".
El caso de los comuneros torturados de Truf Truf fue ampliamente
difundido en 1999. Se trataba de uno de los primeros casos que dejaba en
evidencia el uso de instalaciones policiales para aplicar la tortura en
contra de militantes mapuches. Varios de ellos, denunciaron haber sido
sometidos de manera sistemática a sesiones de tortura. Los dirigentes de
las comunidades afectadas por los allanamientos presentaron ante la
Fiscalía Militar de Temuco una querella por los delitos de "robo,
violencia innecesaria, tortura y otros tratos crueles y degradantes".
Hasta la fecha, ningún policía ha sido puesto a disposición de la
justicia.
* Arnaldo Pérez Guerra, Ex preso político. Licenciado en Historia por la
Universidad de Chile. Redactor de los medios chilenos Punto final y El SigloColaborador de La insignia (España) y Prensa Latina. Editor de Presos Políticos-Chile solidaridadchile@yahoo.com
aperezguerra@yahoo.es
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