Universidad de San Carlos de Guatemala

Dirección General de Investigación

Programa Universitario de Investigación en Estudios de Coyuntura

OFICINA DE ESTUDIOS DE COYUNTURA

LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y EL PROCESO POLÍTICO ELECTORAL 2003

TERCERA PARTE:

VIOLENCIA SOCIAL, PROCESOS ELECTORALES Y TRANSICIÓN POLÍTICA.

Jorge Aragón G.

Investigador

Guatemala, septiembre 2003

Introducción

El ensayo que presentamos en esta oportunidad busca sumarse a las respuestas en cuanto a la violencia como factor determinante en la dinámica política y electoral producida durante la etapa conocida como “transición a la democracia”, iniciada en el plano político-electoral con la fundación del Tribunal Supremo Electoral, la promulgación de una nueva Carta Magna y la convocatoria a elecciones libres.

En profundidad nos interesa averiguar si la violencia, común y política, ha afectado el desarrollo de los eventos electorales practicados en el país a partir de la transición política de los años 80, referente que se toma como el punto de partida de la construcción del Estado de Derecho y la conversión del Estado burocrático autoritario, al democrático participativo.

Desde luego que el ejercicio propuesto no se ha agota en el artículo presente, que esperamos sea un aporte en la investigación de tales temáticas. Advertimos que los datos utilizados en la redacción de este trabajo fueron extraídos de diversas fuentes, como el Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica REMHI, los Informes Anuales Circunstanciados del Procurador de los Derechos Humanos, los Informes de Desarrollo Humano y otros documentos.

Seleccionamos tales materiales en vista de que Guatemala no cuenta con datos estadísticos plenamente confiables sobre hechos de violencia. A ello se suma que muchos de los hechos de violencia nunca son denunciados a las instancias correspondientes, por lo cual recomendamos cautela en la lectura del trabajo presentado.

Más allá de lograr una respuesta definitiva en torno a la relación violencia y procesos electorales, este esfuerzo de investigación nos ha conducido a plantear nuevas cuestiones. Aunque hasta la fecha se han llevado a cabo 11 eventos electorales, este trabajo se centra en las elecciones de 1985, 1990, 1995 y 1999, cuatro procesos que han derivado en cambio de autoridades del ejecutivo y legislativo, además de alcaldes y en años más recientes, en la elección de diputados al Parlamento Centroamericano.

La violencia la asumimos como un cúmulo de prácticas que tienden al alejamiento de las vías negociadas para la resolución de los conflictos entre los seres humanos. Para efectos del presente análisis no hemos hecho distinción entre violencia social y violencia política, dado que nos centramos en el papel jugado por los actos criminales en el comportamiento electoral registrado durante los períodos mencionados.

La Oficina de Estudios de Coyuntura, adscrita a la Dirección General de Investigación, presenta el primer producto de la serie de estudios sobre violencia, derechos humanos y procesos electorales.

Violencia, individuo y sociedad

Antes de entrar al campo de la violencia, nos parece importante reflexionar sobre el nexo que existe entre persona y sociedad. Se trata de dos tipos de estructura, dos realidades ligadas estrechamente, que se condicionan mutuamente. De esa relación, resultan comportamientos y modos de vida, deseos y anhelos, así como frustraciones y miedos.

La cultura, como producto histórico, se construye socialmente de las experiencias y percepciones particulares compartidas, y muy fácilmente del miedo individual se puede pasar al terror colectivo, que puede llegar a ser una categoría histórica, rasgo característico de una sociedad donde el grado de violencia llega a ser epidémico¹.

La acción continuada del terror tiende a la individualización, al aislamiento, y de esa forma la solidaridad social se pierde y los canales sociales de comunicación se rompen. Es parte de la estrategia del terror el aislamiento, que pretende negar al individuo como sujeto sociohistórico, de suerte que los poderes estatales y paraestatales se aseguren para sí la obediencia social, en función de mantener un orden prácticamente absoluto e incuestionable.²

La violencia es ante todo un ejercicio de fuerza y, por ende, una manifestación de poder. Se ejerce como recurso para alcanzar un fin particular o colectivo y normalmente se trata del “último extremo” utilizado por el agresor para la consecución de sus objetivos. Desde esa perspectiva, la violencia puede ser física, moral o psicológica, pero siempre se trata de un fenómeno verificable en la práctica social³, que puede llegar a repercutir en los comportamientos y actitudes que configuran los diferentes espacios de convivencia social.

La violencia en Guatemala es un fenómeno de profundo arraigo en la historia política. A la par de los procesos sociopolíticos y socioculturales, la violencia ha echado raíces en los modos de actuar y pensar de miles de guatemaltecos, por efecto de su misma reiteración. De esa forma, la violencia es discurso y práctica; mentalidad y actitud⁴.

Por consiguiente, la violencia en Guatemala es un fenómeno multicausal. Resulta válido argumentar que en nuestro país el fenómeno responde tanto a causas llamadas -de manera no poco indiscriminada “estructurales”, como a las condiciones socioeconómicas de la población y los factores psicosociales derivados de la guerra interna. Debates amplios, aunque no por ello suficientes, se han vertido desde el punto de vista sociológico, psicológico, político y jurídico.

Así como la violencia tiene causas que la motivan, también hay consecuencias sensibles no únicamente para el objeto de la agresión, sino para la sociedad, que después de todo, se organiza para la convivencia pacífica. En todas las relaciones sociales el conflicto está latente y las divergencias de criterio son inminentes. Pero también existen vías de consenso que pueden llevar a buen término discusiones sobre puntos de vista encontrados.

La violencia surge cuando se han agotado esas vías de solución negociada a una discrepancia y se reitera a medida que se quiera mantener una posición unívoca. De tal suerte que la violencia se produce por la incapacidad de las partes de resolver de manera negociada un conflicto. Por ello la violencia puede ser física, moral o política⁵, dependiendo de sus características, las del agresor y las del receptor.

Fuente: Elaboración propia con base en el informe Guatemala, Nunca Más, Tomo IV P. 504-505

Violencia y transición política

La violencia puede definirse en dos grandes grupos: La violencia organizada o estatal y la violencia común o doméstica⁶. Aunque entre los dos fenómenos hay diferencias importantes, los mismos revelan un alejamiento de la solución de las controversias por la vía negociada. El punto de discusión de la violencia se da cuando las situaciones causadas y el uso reiterado de la fuerza para la consecución de fines particulares o gremiales, hacen germinar una cultura de violencia. Esto se produce de la misma forma en que Sartre aseguraba que “la violencia hace sociedad”⁷.

La transición a la democracia, como “parteaguas” histórico, se entiende como un período caracterizado por la suplantación de la doctrina norteamericana de la seguridad nacional, bajo cuyo amparo se justificó todo tipo de atrocidades contra los “enemigos del Estado”, los “políticamente sospechosos”, categoría que incluyó al ciudadano mismo. Esta doctrina dio lugar a prácticas de represión y terror institucional, que modificaron decisivamente las pautas individuales y colectivas de conducta, y que sigue teniendo efectos negativos en las relaciones sociales. Sobre la solidaridad y fraternidad que caracterizan a toda comunidad, se sembró la desconfianza y el individualismo, piezas clave para asegurar la obediencia al Estado.

El pasado inmediato nos revela un estado autoritario y represor que estructuró un orden político frente a todo lo que atentara contra su integridad institucional, personas e ideologías incluidas. En buena medida, tal proceso resultó del rompimiento de 1954 y la instauración del conservadurismo político. Pero al volver la vista al pasado colonial, se puede constatar un complejo andamiaje autoritario que ha permitido la absorción de la violencia como factor ligado a la cotidianidad y ruptura de los proyectos políticos vigentes o por impulsar. ¡Tan violenta resulta la conquista y colonización de la región latinoamericana, como la fundación de los Estados postcoloniales! Y en Guatemala esa realidad debe ser asumida como criterio de verdad.

Sin embargo, el pasado no justifica de ninguna manera la marginación y exclusión histórica de amplios conglomerados sociales del presente, como tampoco la represión y violencia sufrida por la sociedad guatemalteca. La transición política de los años 80, se supone, permitió reorganizar la vida política y social del país, en función de encontrar vías de convivencia pacífica.

Sobre el modelo de seguridad nacional se intentó, desde los años 80, impulsar el modelo de la seguridad democrática en América Latina, donde el adversario ya no es el ciudadano, sino todo actor que atente contra la “institucionalidad democrática”. Ese panorama quedó completado en Guatemala con la suscripción de los Acuerdos de Paz en 1996⁸.

Dentro del período que ocupa la transición a la democracia en Guatemala, se han llevado a cabo 11 procesos electorales, que comprenden la renovación de autoridades municipales y nacionales. 4 procesos para elección de autoridades del Ejecutivo y Legislativo se han concretado en medio de un clima de desconfianza e incertidumbre que en mucho han contribuido a generar abstención electoral⁹. Así lo revelan los resultados electorales.

Fuente: Boneo, H. y Torres Rivas, E. (2001): ¿Por qué no votan los guatemaltecos? P. 9

Pero la existencia de un régimen democrático, formal si se quiere, no implica la anulación de la violencia. Nuevas formas de violaciones a los derechos humanos se han producido durante los años que ha ocupado la transición política, no completada hasta el momento¹⁰, en su sentido estricto. Tan decisivos fueron los hechos de violencia institucional para determinar el comportamiento electoral durante los regímenes militares y la vida política del país, como los crímenes sin supuestas causales políticas y la violencia común que afecta la cotidianidad de los ciudadanos guatemaltecos. Los linchamientos, los secuestros y los actos de vandalismo, pueden ser tan efectivos en la inhibición cívico-electoral, como las desapariciones forzadas y las muertes extrajudiciales que sufrió este país.

Violencia y elecciones

Oficialmente el período electoral comienza con la convocatoria a elecciones generales de parte de la autoridad correspondiente, el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, es un hecho que el contexto político comienza a configurarse meses atrás, incluso años, desde los medios de comunicación social. Los partidos y las fuerzas políticas dan inicio a la agitación electoral, al menos, desde el año anterior a las elecciones, normalmente desde el Congreso de la República, pero también en las comunidades del interior de la República, ya que a esta dinámica preelectoral se suman los partidos y comités cívicos que actúan en espacios locales, así como otros espacios microfísicos.

A la par de la convocatoria a elecciones, se exasperan los discursos de aquéllos candidatos y partidos políticos que pretenden competir en el terreno electoral. Ya resulta un rasgo distintivo de la realidad política guatemalteca el multipartidismo extremo. Desde el inicio de la transición política se han organizado alrededor de 45 partidos políticos.

Si bien no es posible establecer una relación entre la violencia social y la dinámica intrínseca propia de los procesos electorales, podemos afirma que se han presentado tendencias que han afectado los distintos aspectos del proceso de elecciones: Por una parte, se puede comprobar que a la par del incremento de hechos delictivos se produce un aumento en las propuestas político-partidarias dirigidas a ofrecer la erradicación de la violencia. Por otra, los actos delictivos parecen incrementarse y disminuir de acuerdo al ritmo del proceso electoral. También se ha dado el caso de descensos significativos en los índices de criminalidad durante los primeros meses de gobierno del partido político vencedor en las elecciones (gráficas 1, 3, 4 y 5).

Los datos obtenidos de diferentes fuentes documentales muestran que las elecciones que dieron inicio al período de transición, fueron las más violentas. Vale agregar que la violencia institucional alcanzó su grado más alto de 1979 a 1983, el período previo a la transición política. El informe Guatemala: Nunca Más, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado ODHA, señala que se registraron 10,799 violaciones a los derechos humanos, de un total de 14,291 casos documentados por el proyecto. En otras palabras, en la antesala del inicio de la transición a la democracia se produjo el 75% de violaciones a los derechos humanos.

En el mismo sentido, el documento “Violencia institucional”, presentado en 1999, señala que “el terror llegó a su auge en los primeros meses de 1982, cuando los soldados metódicamente masacraron aldeas enteras. Se empezaba a usar la política de “tierra arrasada” diseñada para despoblar las zonas de actividad guerrillera…lo que poco antes había sido una campaña selectiva en contra de simpatizantes de la insurgencia, se convirtió en una carnicería humana cuyo propósito era eliminar cualquier apoyo o apoyo potencial a los rebeldes. Fue una estrategia que Ríos Montt llamó quitar el agua la pez”.¹¹

Luego de tales antecedentes se puso en marcha en Guatemala el proyecto de transición política. El escenario sociopolítico previo, como se ilustra en la gráfica 1, estuvo fuertemente matizado por la violencia política. En los períodos electorales siguientes, se puede observar un aumento en los hechos de violencia durante el período ocupado por los partidos políticos para realizar la campaña electoral. Como se comprueba, la violencia ha estado presente en la época electoral, y ha disminuido ligeramente una vez instalado en el gobierno el partido vencedor.

Fuente: Elaboración propia con base en el informe Guatemala, Nunca Más, Tomo IV P. 501-502

Procesos electorales y violencia a partir de la transición política

El derecho a la libre participación política resulta imprescindible para la consolidación del régimen democrático. Tras 18 años de transición política en Guatemala, se han adquirido lecciones importantes en cuanto al ejercicio ciudadano, aspecto prácticamente negado durante la mayor parte del siglo XX.

Pese a que la erradicación de la violencia institucional es casi un hecho, persisten condiciones que lesionan el libre juego democrático, algunas de ellas producto de la tradición autoritaria en el ejercicio del poder público, que prevalecen con algunas variantes en la realidad política actual. Y es que la violencia en Guatemala constituye un conjunto de prácticas y códigos de conducta que se revalidan continuamente. Las consecuencias mismas de actos de agresión son generadoras de nuevas situaciones de violencia, en un ciclo que reinicia continuamente. Dentro de esa dinámica la violencia que ha estado presente durante los períodos electorales estudiados ha incidido de manera decisiva en la conducta electoral de los votantes.

El inicio de la transición a la democracia se tradujo en el descenso de los índices de violencia por motivos políticos. Como señalan Ball, Kobrack y Spirer “el nivel de violencia política fue mucho menor a mediados de los ochenta que en los años anteriores. Como en los primeros años de los setenta, la disminución de la violencia ocurrió al mismo tiempo que el surgimiento de un movimiento en derechos humanos. Y al igual que el período anterior, no está claro si la reducción de la violencia se debía a las presiones de un movimiento social (en derechos humanos) o a la poca presencia de los insurgentes”¹²

A pesar de ello, durante 1985 se produjeron diversos hechos de violencia institucional y criminalidad común. Según la investigación realizada por la ODHA, se produjeron 296 hechos de violencia institucional, que van desde amenazas hasta ejecuciones extrajudiciales¹³.

En 1985 se produjo una importante participación ciudadana en el proceso electoral que condujo al primer gobierno civil ya en el período de transición, encabezado por el Lic. Vinicio Cerezo A. de la Democracia Cristiana. En dicho evento 1,908,000 guatemaltecos acudieron a las urnas, expresando la voluntad del 70% de los ciudadanos facultados para ejercer el sufragio, cifra menor en comparación del 78.1% de votantes en la elección de representantes para Asamblea Nacional Constituyente del año anterior. El nuevo gobierno ofreció seguridad y protección a las personas que se encontraban refugiadas y exiliadas en el exterior y ello incidió en un aumento de la participación política. Las organizaciones para la defensa de los derechos humanos, como el Grupo de Apoyo Mutuo, fundado en 1984, lograron sobrevivir a la represión sistemática de esos años

Pero durante el período 1989-1990, la etapa previa a las elecciones generales, la tasa de homicidios creció de nuevo. De 78 casos documentados por el proyecto REMHI en 1989, se pasó a 134, entre desapariciones forzadas, secuestros, torturas, atentados, violaciones y amenazas a instituciones (ver gráfica 3).

En el proceso electoral de 1990 las violaciones institucionales a los derechos humanos disminuyeron sensiblemente, por efecto de las transformaciones políticas recientes, especialmente la conversión de la doctrina estatal de seguridad nacional. Se reportaron 134 hechos de violencia atribuibles al Estado. Sin embargo, los índices de criminalidad aumentaron, según reportes de la relativamente joven Procuraduría de los Derechos Humanos¹⁴. Esto se hizo particularmente relevante en el interior de la República, donde muchos activistas de derechos humanos fueron perseguidos y asesinados.

Aunque los casos documentados de violencia política parecen confundirse con aquéllos provenientes de la delincuencia común, y muy por encima de que la transición había permitido la disminución de los hechos de violencia, se produjeron diversos crímenes de clara derivación política. A tal cometido, las Patrullas de Autodefensa Civil PAC, creadas durante la época más represiva de la guerra interna, jugaron un rol clave. Como apuntan Ball, Kobrack y Spirer “la represión en contra de los activistas de derechos humanos fomentada por el gobierno continuó, especialmente en las áreas rurales. A diferencia de las décadas anteriores, ya no fueron las tropas del ejército las que cometieron la mayoría de los asesinatos y desapariciones, sino patrulleros civiles leales a esta institución, quienes actuaron en contra de sus vecinos que se resistían a la hegemonía del ejército o al control local de las patrullas”.¹⁵

En el período 1994-1995 se registró nuevamente el patrón aumento-descenso en los indicadores de violencia social y política. Según reporta el Informe de Desarrollo Humano de 1998, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, se produjeron unos 22,742 actos de violencia en 1995, entre asesinatos y robos que atañen al flagelo de delincuencia común¹⁶.

Resulta sorprendente observar que entre 1999 y 2000 la violencia haya aumentado considerablemente, rompiendo el patrón de aumento-descenso entre el año electoral y primer año del nuevo gobierno. La Procuraduría de los Derechos Humanos PDH aumentó de 1,016 a 2,004 el número de denuncias recibidas y tramitadas, entre violaciones a los derechos individuales, sociales, socioeconómicos y específicos.

Al referirse al primer año de gobierno de Alfonso Portillo, el Procurador de los Derechos Humanos expresó “hoy asistimos a verdaderos espectáculos en el enfrentamiento entre los poderes del Estado, en donde se aprecia la debilidad del gobernante y sus limitaciones para definir políticas públicas coherentes. Se presenta como un presidente que verbaliza todos los problemas y al hacerlo, manifiesta su incomprensión de la realidad social y política. Preso de sus propios discursos, no atina a la armonización de los diversos poderes fácticos que constituyen su soporte, y así provoca el deterioro creciente de su propio poder”.¹⁷

El cuadro de posguerra presenta algunas variantes en cuanto a la violencia. A la par del descenso en los índices de violencia política, se produjo un aumento de hechos de violencia social, al tiempo que la impunidad ha ayudado a consolidar un poder que actúa fuera del marco legal. De esa forma, se han producido diversos hechos de sangre que se mantienen fuera del alcance de la investigación judicial. Esto se debe en buena parte a la existencia de grupos paralelos de poder relacionados con el conflicto armado, fortalecidos a su vez por la debilidad (y el secuestro en algunos casos) de los procedimientos judiciales. Muchos de los casos parecen tener causales delincuenciales, pero evidentemente presentan consecuencias políticas.

En el período posterior a la guerra interna se ha producido hechos de violencia que ponen en juego la sostenibilidad del proceso de paz iniciado en 1996. La presencia de Naciones Unidas a través de MINUGUA ha sido un factor decisivo en la reducción de los hechos de violencia por motivos políticos. Sin embargo, la violencia social ha ido en aumento. Estadísticas presentadas en el Informe de Desarrollo Humano 2003 dan cuenta de ello (ver gráficas 4 y 5).

Fuente: elaboración propia con base en datos del Informe de Desarrollo Humano 2003

Conclusiones

La situación de los derechos humanos en Guatemala se ha deteriorado considerablemente durante los últimos años. La euforia de 1996 y las expectativas sociales provocadas por la firma de la paz de ese año, se han transformado en desesperanza para millones de guatemaltecos que vieron en los Acuerdos la posibilidad de transformar su realidad inmediata. Al margen de que resulta prácticamente imposible concretar en el mediano plazo las transformaciones históricas que demanda la sociedad guatemalteca, se esperaba que los Acuerdos de Paz posibilitaran nuevas y mejores condiciones de vida para los guatemaltecos.

Por supuesto que lo anterior repercute en la generación de un escepticismo generalizado en torno a la viabilidad de los Acuerdos de Paz. No se cuestiona su validez ni contenido como documentos que posibiliten una transformación histórico-nacional, pero a cambio se pone en duda su aplicabilidad. Se trata de un problema que atañe a la clase política y a las fuerzas sociales, en términos de sus capacidades organizativas y de articulación, en función de transformar la letra de los Acuerdos de Paz en políticas sociales¹⁸. De hecho, las conclusiones emanadas de la última reunión entre el Gobierno de la República, los actores sociales y el Grupo Consultivo para Guatemala, que tuvo lugar en nuestro país en mayo del presente año, hicieron referencia a las dificultades en la construcción de consensos, como condición previa para consolidar el proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Debe recordarse que la suscripción de los Acuerdos de Paz en 1996 puso fin a más de tres décadas de conflicto armado, cuyo saldo mortal se calcula en unas 200,000 víctimas desaparecidas o ejecutadas extrajudicialmente; 1 millón de refugiados; y miles de huérfanos y viudas. En el plano social, la guerra interna modificó decisivamente las pautas de conducta de las comunidades y destruyó la autoridad tradicional al implantar el sistema de patrullas civiles, y evidentemente dejó secuelas psicosociales que en la actualidad se traducen en dificultades para la organización y participación sociopolítica. La guerra lesionó el significado que entraña la participación ciudadana en las decisiones de alta trascendencia política.

Por ello, la transición política de la década de los 80 la entendemos como un reposicionamiento de las fuerzas político-sociales en el contexto nacional, dados los cambios producidos en el orden político mundial. Por supuesto que dicha transición facilitó otro tipo de procesos y actores, cuyos objetivos se dirigieron a la consolidación democrática y la búsqueda de la paz por la vía de la negociación.

Pero a pesar de que la irrupción del modelo democrático de los años 80 fue el primer paso para erradicar la violencia institucional, se han producido variantes peligrosas de violencia social y política. Fenómenos como el de las “maras” (internacional hoy día), los linchamientos, los secuestros por motivos económicos, las ejecuciones extrajudiciales selectivas, son parte de la vida cotidiana de los guatemaltecos. A la par de tales acciones se producen respuestas sociales como la llamada “banalización del mal”¹⁹, donde el ser social acepta como válidos los patrones de conducta violenta, para obtener beneficios particulares. La burocratización de la justicia sólo fortalece el clima de impunidad.

En ese marco, una hipótesis no corroborada que ha acompañado al análisis del comportamiento electoral en Guatemala, vincula el fenómeno de la violencia social con la participación electoral y las preferencias electorales (adhesión ideológica, afiliación y participación). Dicho planteamiento se ha mantenido abierto durante los 4 procesos electorales llevados a cabo dentro del período de la transición, y la duda en cuanto a su validez o invalidez crece en las ciencias sociales del país.

Si bien no puede haber certeza en la asociación entre violencia social o “común” y comportamientos electorales, se ha podido verificar un aumento en tres aspectos:

1. Impunidad estructural

2. Respuesta ciudadana por el mejoramiento en las condiciones de seguridad pública

3. Significado social frente al crimen, por cuanto la ciudadanía le otorga un sentido a los hechos delictivos.

Puede afirmarse que la violencia, al incidir negativamente en el comportamiento electoral, se constituye como un sensible obstáculo para la construcción de la democracia. No puede llevarse a cabo un proceso adecuado de consolidación democrática, cuando prevalecen los conflictos provocados por la desigualdad económica y social; los efectos psicosociales de la guerra interna; así como las estructuras político-institucionales que favorecen dichos procesos y que continúan reproduciendo los patrones y mentalidad autoritaria, al estilo de de la guerra interna.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Informe de Desarrollo Humano 2003

Independientemente de las causas que la motiven, está visto que la violencia tiene consecuencias en la vida política y social de los pueblos. En la actual coyuntura, la violencia ha tomado funesta importancia en el destino político del país. Durante el período electoral 2003 la violencia criminal y política ha aumentado sensiblemente, al extremo de condicionar la participación política de la ciudadanía. En algunos casos es la misma sociedad civil la que ha participado de los hechos violentos, como el caso de Rabinal de mayo pasado. A ello se suman los acontecimientos producidos en la capital guatemalteca el 24 y 25 de julio del presente año, protagonizados por simpatizantes del partido oficial. Son estos, ejemplos del uso de la fuerza con fines políticos, en algunos casos alentados por los miembros de los mismos partidos en pugna electoral.

A tales manifestaciones de violencia se suman los asesinatos a candidatos a cargos de elección popular, postulados por diversos partidos políticos, producidos durante los meses que ha ocupado la campaña electoral. Se han producido varios atentados a partidos y candidatos con fines de intimidación. Asimismo periodistas y defensores de los derechos humanos han sido atacados en su integridad física, especialmente en el interior de la República. Según reportan los medios de comunicación escrita, se han producido unos 20 mil robos en 8 meses, asociados a la delincuencia común²⁰. También han sido asesinados 9 candidatos a cargos de elección popular, en el interior de la República. De acuerdo con las autoridades, se proyecta que para los próximos meses esa cifra vaya en aumento. Ante ello, todo parece indicar que el patrón de aumento-descenso podría repetirse nuevamente.

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