Colombia

Otro alto al todo vale

José Hilario López Rincón

29/05/2011

Opinión

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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia acaba de concluir que las “pruebas” tomadas de los computadores de “Raúl Reyes”, abatido en marzo de 2008 por las fuerzas militares colombianas en territorio ecuatoriano, fueron recogidas de manera ilícita. El pronunciamiento se produjo en desarrollo de la investigación que cursó en contra del ex representante a la Cámara, Wilson Borja Díaz, por presuntos vínculos con las FARC.

Más tardó en conocerse la decisión de la Corte Suprema que en aullar, ahora le llaman trinar, los testarudos difamadores de la justicia colombiana. El jefe de la prófuga María del Pilar Hurtado fue de los primeros; por supuesto, sin argumentos jurídicos como debe ser en este caso: “la presión mediática tiene valor probatorio, pero no así los computadores de los terroristas".

El presidente Juan Manuel Santos Calderón, ministro de Defensa de la época, también siguió el ejemplo de su antecesor de descalificar los fallos de la justicia e irrespetar a los jueces. Santos Calderón afirmó que el procedimiento seguido con los computadores de “Raúl Reyes” fue el correcto, que se realizó en debida forma y se respetó la cadena de custodia: “En el caso de los computadores de ‘Raúl Reyes’, yo sí quisiera comentar, porque yo estaba de Ministro de Defensa en ese momento, que tuvimos especial cuidado, especial cuidado para que se respetara la cadena de custodia y que las pruebas fueran recogidas en forma debida (…) “Tuvimos inclusive con el general Naranjo el cuidado adicional de traer, ni más ni menos, a la Interpol para que verificara que ese procedimiento fue el correcto, y así lo hizo la Interpol en forma pública”.

La determinación de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es de relevancia y total claridad. No logran entenderlo así los detractores de la Corte, o no les conviene entenderlo, a pesar de la elemental simpleza de la providencia judicial: “desatendieron el ‘debido proceso’ que gobierna la producción de pruebas en el exterior, traspasaron las fronteras y de facto, las recogieron, lo que determinó que la Sala declarara que el contenido demostrativo de esos elementos es ilegal”.

Por más Interpol que hayan traído para tratar de legalizar el exabrupto cometido, el procedimiento fue ilegal. No indebido, ni incorrecto, ni equivocado. Fue ilegal. El pronunciamiento de Interpol es irrelevante e inoficioso, más cuando el mismo fue realizado a solicitud del gobierno colombiano de la época.

Santos Calderón no tiene autoridad moral alguna para invalidar el fallo de la Corte, por haber sido uno de los determinadores del acto ilegal cometido y por haber utilizado la supuesta información recaudada en los supuestos computadores para acusar a Ecuador y Venezuela de tener nexos con las FARC. Cables de Wikileaks conocidos en estos días indican que el entonces ministro Santos Calderón filtró de manera maliciosa, parte del contenido de los computadores.

La decisión de la Corte no llegó a analizar los supuestos correos hallados en los computadores de “Raúl Reyes” en atención a que primero debía establecer si tales pruebas fueron aportadas al proceso en debida forma. La Corte no analizó si el Ministro de Defensa Santos Calderón y el Director de la Policía, General Oscar Naranjo tuvieron “especial cuidado para que se respetara la cadena de custodia” porque primero debía establecer, como así lo hizo, sobre la legalidad de la forma en que se recaudaron y se adjuntaron a la investigación los presuntos correos.

Y es que los llamados “correos de Raúl Reyes” tampoco son tales. Son apenas burdos documentos en formato Word, copiados y clasificados con una clara orientación difamatoria. Para que pudieran tenerse como correos electrónicos debían encontrarse en un navegador de internet, es decir en un programa que permitiera ver páginas web y que posibilitara vincular una dirección o usuario de origen con una dirección o usuario de destino.

Así como se estableció, por ejemplo, con los correos electrónicos que encontró la jefe de investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación, Alexandra Valencia, en los computadores del DAS, dentro de las averiguaciones por los seguimientos e interceptaciones ilegales cometidos por el anterior desgobierno desde esa entidad.

"Martha es necesario saber quién es Francisco Villalba, miembro de las AUC quien se encuentra detenido en Itagüí y al parecer tiene algo que compromete al jefe. Será que los amigos de la reunión saben algo de él y lo que tiene. Me avisas con info a la sra directora"[1].

Para tranquilidad del jefe, Francisco Enrique Villalba Hernández, uno de los autores de la masacre de El Aro, fue asesinado días después de que le otorgaran prisión domiciliaria, en abril de 2009, a pesar de haber sido condenado a 33 años y 4 meses de prisión.

Lo que la Corte reafirma es la existencia de un Estado de Derecho concebido en la Constitución Política y que por encima del “todo vale” está el respeto por la legalidad y el debido proceso.

A pesar de que los pronunciamientos de la Corte son de carácter jurídico, no lo han sido las críticas infundadas y los ataques desmedidos provenientes especialmente de los denominados uribistas, situación que ha obligado a la Corte a expedir un comunicado en el cual exige respeto por sus decisiones y “deplora y rechaza las expresiones degradantes de algunos comentaristas”.(Ver comunicado)

La sentencia tiene otras consecuencias. Si bien es cierto que la medida de la Corte Suprema afecta exclusivamente el proceso en contra de Wilson Borja Díaz, la misma tendrá repercusiones en los demás procesos que han tenido como base probatoria los famosos y socorridos “correos de Raúl Reyes”.

La providencia judicial de la Sala Penal de la Corte nos revela que poco ha cambiado en materia de respeto por los jueces. Que del arrogante y locuaz desgobierno anterior, al de ahora, no hay mayor diferencia.

- José Hilario López Rincón es Abogado de la Asociación Jurídica Dignidad Humana

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 256, Semana del 27de Mayo al 2 de Junio de 2011. Corporación Viva la Ciudadanía.

[1] Correo enviado por Fernando Tabares, ex director de inteligencia del DAS, a Martha Leal, ex subdirectora de operaciones del DAS y María del Pilar Hurtado el 23 de abril de 2008 a las 6:30 de la tarde.

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