Encontrar la adecuada relación entre el nivel central del Estado colombiano y la diversidad regional es una asignatura pendiente para toda la sociedad colombiana. Históricamente hemos venido 'manejando' el problema, pero sin darle una solución definitiva y por ello reiteradamente aparece en el abanico de los problemas nacionales. A veces como resultado de políticas que van en contravía de la descentralización, como la congelación de regalías por el nivel central, otras por acusaciones de malos manejos de recursos a niveles regionales o locales, en fin, otras asociado a problemas de gobernabilidad y legitimidad de gobiernos regionales. Buena parte de los conflictos armados regionales en la segunda mitad del siglo XIX, conocidos como 'guerras civiles' tuvieron como pretexto la organización territorial del régimen político, expresado en la dupla centralismo-federalismo, aunque en muchas ocasiones lo que realmente mostraban eran tensiones entre elites locales y regionales. El primer intento de zanjar esta controversia se va a realizar de manera autoritaria en el proyecto de la Regeneración, en la cual se da una centralización forzosa, lo cual solamente sirvió para aplazar la resolución del tema. Sin embargo, la concreción real de esta centralización política y administrativa se va a producir con los desarrollos normativos del quinquenio del general Rafael Reyes, que no sólo acaba con los Estados regionales que venían del siglo anterior y crea los Departamentos, sino que los priva de rentas propias y de capacidades administrativas y políticas. En la segunda mitad del siglo XX, emerge de nuevo la contradicción entre regionalización real, ligada a dinámicas socioeconómicas y culturales de largo plazo y una regionalización formal producto de la creación de fronteras político-administrativas entre Departamentos, muchos de ellos producto de razones de orden político-electoral y no de búsqueda de racionalidades en términos del desarrollo. La descentralización, que comienza a impulsarse en los 80s fue una política pública solamente funcional al proceso de modernización del Estado, buscando cada vez una acción más eficiente de éste y no un mecanismo de ampliación de la democracia. La Constitución del 91, sin embargo, abrió la posibilidad para un desarrollo amplio que involucrara la posibilidad de crear regiones, provincias y entidades territoriales indígenas, como formas de racionalizar el manejo territorial del país. Esto debería desarrollarlo la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y ésta sigue aplazada. Ahora bien, el hecho que los debates acerca del federalismo como forma de organización del Estado-Nación esté de nuevo sobre el tapete, que haya movimientos regionales importantes como el de los Gobernadores del Sur del país y el estímulo que han tratado de darle a procesos de regionalización, que a su vez hayan comenzado a expresarse políticamente a través de las Constituyentes Departamentales (Tolima, Nariño, Antioquia), que el propio Presidente Uribe en los compromisos de campaña haya propuesto la idea de la regionalización, nos está indicando que el tema de la organización territorial del Estado-Nación colombiano es una tarea inconclusa a la cual debemos dedicarle los colombianos esfuerzos en los próximos años. Las reformas al Estado-nación deben garantizar una nueva situación de mayor legitimidad y un papel del mismo como garante para todos los asociados de condiciones de convivencia y de desarrollo, en un contexto de creciente interdependencia económica regional y de globalización y grandes retos de futuro. Es probable que la salida a este ciclo de violencia expresado en el conflicto interno armado, conlleve que la sociedad colombiana sea capaz de resolver el problema regional, de tal manera que se fortalezca la unidad nacional dentro de un contexto de suficientes autonomías regionales, acordes con el mosaico diverso que es nuestro país. * Alejo Vargas Velásquez es Profesor de la Universidad Nacional.