Para todos es evidente que la impunidad se ha convertido en una creciente amenaza para la democracia, la estabilidad política, la paz y el desarrollo. Es una amenaza de tal magnitud, que incluso atrofia nuestras posibilidades de desarrollo y de reactivación económica. En ese sentido, la impunidad no es un problema que competa exclusivamente a quienes tratamos de dilucidar y castigar un conflicto o un hecho criminal ante los tribunales. Compete a todos los sectores nacionales, porque cuando la administración de justicia está evidentemente sojuzgada por la arbitrariedad, el abuso y el poder criminal, nuestros derechos y libertades están en situación de vulnerabilidad y en riesgo constante de ser violados. Si no hay acceso a la justicia, si no hay respeto por el principio de legalidad, todo el orden nacional -político, económico y social- sufre las consecuencias. No hay libertad, ni crecimiento económico; los espacios políticos y sociales son débiles e inciertos; la vida y la integridad física, así como la propiedad privada, están sujetas a la fuerza del criminal que quiera decidir sobre ellas. La institucionalidad política no funciona y nuestra convivencia social se torna difícil, conflictiva y barbárica. Por supuesto, el fenómeno de la impunidad no es algo nuevo. La negación de justicia, la falta de sanción a quien comete delitos y vulnera el orden legal de la comunidad guatemalteca, ha estado presente desde los primeros albores de esta República, y mucho antes de eso. Su existencia se fundamenta en: el poder que sobre los órganos de justicia ejercen personas, grupos o fuerzas de diversa índole; la debilidad de las instituciones, la extendida corrupción, el temor, el miedo y las argucias de quienes con habilidad retuercen y desnaturalizan las garantías constitucionales. Estos últimos cuatro años han sido devastadores para la paz, la democracia y la justicia. Los poderes ocultos y sus tentáculos criminales han cobrado gran influencia en la definición de los asuntos de Estado; y han penetrado las estructuras políticas más importantes del país. Por eso, un factor que hace atípico este proceso electoral es la lucha que libran los poderes ocultos por mantenerse en las esferas del poder público, donde se toman las decisiones de Estado y se define el rumbo de la Nación. Más allá de la disputa por los cargos públicos al Congreso, al Ejecutivo y a los gobiernos municipales, hay una lucha subyacente por conservar el ámbito de influencia alcanzado gracias al gobierno del FRG y del presidente Portillo. Las células intelectuales del crimen organizado, la violencia política, la corrupción y de los conceptos autoritarios y militares contrainsurgentes se han incrustado convenientemente en todos o en casi todos los partidos políticos. Su afán es asegurar espacios en los distintos ámbitos de poder público. Su motivación general es consolidar poderes políticos y económicos, de carácter emergente, que tengan capacidad de disputar al poder tradicional el predominio en la sociedad y en los asuntos del Estado; quieren ser capaces de consolidar su posición como regentes del flujo de poder en Guatemala, con todo lo que ello implica: control de la institucionalidad política, conducción del Estado y florecimiento de una riqueza producto del crimen organizado, la narcoactividad y la corrupción. No debemos sorprendernos por el hecho de que haya agentes de este poder oculto en las diferentes nóminas de candidatos al Ejecutivo, al Congreso y a las alcaldías; que se hayan ubicado en puestos de dirección nacional o departamental en las organizaciones políticas o que ostenten cargos de influencia en los círculos más cercanos a los candidatos. No es fácil, entonces, decidir el voto. Los escenarios electorales no son fáciles y hay muchos matices respecto de cada una de las opciones electorales. Lejos de perder la esperanza o de optar por la indiferencia, la sociedad guatemalteca debe exigir a los candidatos la adopción de compromisos fundamentales en materia de lucha contra la impunidad, acceso a la justicia, democratización, fortalecimiento de la institucionalidad política y combate frontal al crimen organizado. Esos compromisos fundamentales deben tener como arraigo central dos ejes: 1) Voluntad política para cambiar el estado de las cosas; y 2) Plena vigencia del Estado de Derecho. En ese sentido, me permito mencionar algunas medidas impostergables para avanzar en la ruta hacia el Estado de Derecho y el acceso a la justicia. 1. Vigencia del principio de legalidad, a través del fortalecimiento de la institucionalidad política del país, el ejercicio efectivo de controles democráticos y el respeto a la independencia de poderes. Debe tener especial énfasis la transformación de los aparatos de seguridad y de inteligencia, el apoyo a la reforma judicial y un profundo respeto por la independencia de los jueces y la autonomía de los fiscales. 2. Una política de Estado orientada a garantizar la independencia del poder judicial y la autonomía de instituciones como el Ministerio Público y el Instituto de la Defensa Pública Penal. 3. Elección de funcionarios del sistema de administración de justicia con base en criterios de excelencia profesional, experiencia y perfiles de idoneidad, a efecto de desterrar los procesos influenciados por intereses sectoriales, personales y político partidarios. En especial, deben elegir a personas que tengan el coraje suficiente para sostener los principios y los valores democráticos por encima de cualquier presión política, económica o militar. 4. Asignación de un presupuesto sectorial adecuado. En el caso del Organismo Judicial, el aporte que determina la Constitución debe ser considerado un mínimo y no un máximo. 5. Estimular en el Organismo Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública Penal su incorporación al Sistema Integrado de Administración Financiera y la adopción de mecanismos que impriman transparencia a la ejecución presupuestaria, a la vez que se fomenta el gasto eficiente. 6. Decisión de Estado de investigar el patrón de amenazas, atentados, intimidación y hostigamiento que afecta a los operadores de justicia, a los abogados y a otras personas vinculadas a la administración de justicia; defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, académicos y miembros de otros sectores sociales. 7. Instruir a las autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil para que fijen como prioridad el desmantelamiento de los cuerpos clandestinos de seguridad y estructuras paralelas que entorpecen la administración de justicia; y asumir el compromiso de crear la Comisión Investigadora de los Cuerpos Ilegales y los Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). 8. Creación del Instituto de Ciencias Forenses, como un ente científico autónomo al servicio de la justicia. 9. Apoyar la administración de justicia, en el ámbito que corresponda, particularmente en los casos de alto impacto social, violación de derechos humanos, corrupción y del crimen organizado, mediante una colaboración cierta, libre acceso a la información y eliminación de acciones de encubrimiento y de obstrucción. 10. En el ámbito que corresponda al Ejecutivo y al Legislativo, ejecución de las recomendaciones de la de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Jueces y Abogados; cumplir el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos; así como dar continuidad y fortalecer el Programa Nacional de Resarcimiento. Estas propuestas resumen, en gran medida, los planteamientos que desde hace mucho tiempo hacen organizaciones en lo particular y a través de instancias como el Movimiento de Derechos Humanos, el Movimiento Pro Justicia, el Foro Guatemala, el Grupo Barómetro y el Frente Cívico por la Democracia, sólo para mencionar algunos. No hay que hacer nuevas invenciones. Las propuestas ya existen y son técnicas, serias y profesionales. Ahora lo que corresponde es generar voluntad política y procesos dinámicos orientados a concretar la lucha frontal contra la impunidad, el crimen organizado y el poder oculto.