A once meses de mandato, el presidente Jamil Mahuad ha superado todas las marcas del gobierno más antipopular, aunque Bucaram le ganó en ser expulsado más rápidamente de la presidencia de la República. La razón: Mahuad ha sido el mandatario que ha impuesto las medidas de ajuste más dramáticas en veinte años de aplicación del neoliberalismo. En efecto, ningún otro gobierno ha llegado a elevar tanto el precio de los combustibles, del gas y de la electricidad; ningún otro ha pagado tanto y tan puntualmente la deuda externa, ningún otro ha sido tan subordinado a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. Y a consecuencia de la dureza de sus medidas, cuando no termina el primer año de gestión, Mahuad bate el récord de menor aceptación, que según las encuestas es inferior al 10%. Igualmente es quien ha enfrentado mayor cantidad de paros en menos tiempos y al inicio de su mandato, pues lleva tres paros nacionales a su haber. Lo grave de esta intemperancia gubernamental es que en esta ocasión Mahuad estuvo a poca distancia de ser cesado, pues la paralización que debió enfrentar duró trece días, cuyo nivel de movilización y beligerancia, sobre todo durante la segunda semana, dejó el gravísimo saldo de 20 heridos, 3 muertos y 400 presos que estaban siendo enjuiciados por tribunales militares. Protesta social y crisis política El fuerte incremento de los precios de los combustibles, de más del 25%, que se sumó a la extensión del cobro del IVA a compras de 10 mil sucres en adelante, provocó la reacción de los propietarios privados de taxis, quienes iniciaron inmediatamente una paralización indefinida que bloqueó la circulación en todas las ciudades del país. Acto seguido reaccionaron las organizaciones del campo que, a través de la Confederación Unica Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (CONFEUNASSC) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), convocaron a un levantamiento campesino-indígena y popular, el mismo que fue tomando cuerpo hasta extenderse a todo el sector rural de todas las provincias del pais. En el marco de esta medida de fuerza, se implementaron diversas acciones para incrementar la presión, como la ocupación de las antenas de comunicación de Radio y TV, la ocupación de la Iglesia de la Merced en Esmeraldas, la afectación del sistema de distribución de agua potable, caminatas desde las zonas rurales hasta las cabeceras provinciales (como el caso de Loja y Manabí que fueron el preludio de la "Toma de Quito"). Otras organizaciones como la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), la Federación de Trabajadores Petroleros, la Coordinadora Popular de Quito, la Confederación de Comerciantes Minoristas del Ecuador, además de movimientos espontáneos de pobladores, convergieron en la movilización y se incorporaron a la protesta. Así, para inicios de la segunda semana, el país entero estaba completamente paralizado, y la crisis social devenía en una fuerte crisis política. La conducción política de la movilización había planteado la consigna de que Mahuad debería rectificar o renunciar. En vista de que de ella quisieron aprovecharse las voces golpistas de derecha, como el Partido Social Cristiano, y de ultraizquierda, como el Movimiento Popular Democrático, la CMS y la CONAIE hicieron pública una propuesta en el sentido de que la rectificación debía ser de fondo; es decir, respecto al modelo económico fundamentalista neoliberal que el régimen venía aplicando. La propuesta contempla varias medidas y siete temas para arribar a un Programa de Salvación Nacional. Estos son: deuda externa, Carta de intención con el FMI, reforma del Estado, privatizaciones, seguridad social, política tributaria, reactivación de la producción y saneamiento del sistema financiero. Este pronunciamiento impidió que los propósitos golpistas tomen cuerpo, que de prosperar podrían haber llevado al pais al desenlace de un nuevo gobierno de derecha, pero reencauchado. No al liberalismo Frente a la posibilidad real de la intentona golpista y ante la intensidad que adquiría la movilización -en varias provincias diversas autoridades locales del ejecutivo habían sido desconocidas, como en Manabi donde incluso tal decisión afectó al propio gobernador-, Mahuad tuvo que retroceder, y en cadena nacional de TV la noche del miércoles 14 declaró la suspensión del alza y el congelamiento de los precios de los combustibles, la elevación de la base para la facturación a 100.000 sucres (10 dólares), el financiamiento para la conformación de un fondo de desarrollo indígena, el llamamiento a un diálogo nacional sobre la reforma del Estado, privatizaciones y seguridad social. Sin embargo, las concesiones anunciadas no fueron suficientes, por lo que se mantuvo la movilización, aunque empezaba a declinar. Un elemento gravitante, sin embargo, fue la marcha de más de 10.000 indígenas sobre la ciudad de Quito, quienes llegaron el día jueves por la noche, venciendo la obstaculización de policías y ejército que con alambradas, gases y aún con bala intentaron impedir que llegue la marcha iniciada tres días antes. La presión de esta formidable presencia indígena obligó al gobierno, así como al congreso, a más concesiones. El congreso aprobó, por unanimidad, un decreto de amnistía para todas las personas detenidas por razones políticas durante las movilizaciones y el ejecutivo firmó con la dirigencia de la movilización un histórico acuerdo tras una maratónica reunión que comenzando el viernes por la noche terminó al amanecer del día sábado. El acuerdo consta de 9 puntos que contempla: 1 El congelamiento de los combustibles y el gas por un año. 2 El incremento del número de kilovatios/hora a ser subsidiado. 3 El descongelamiento de las cuentas en los bancos a razón del 10% cada quincena. 4 La suspensión de la facturación para feriantes libres y vendedores de mercados hasta llegar a un acuerdo. 5 La concretización de la creación del Fondo Indigena. 6 La inmediata libertad de los detenidos amnistiados. 7 Indemnización para los heridos y los casos de muertos. 8 El levantamiento del estado de Emergencia. 9 La creación de una comisión para dialogar sobre temas nacionales como: deuda externa, saneamiento del sistema financiero, seguridad social, reforma del Estado y privatizaciones, reforma tributaria, deuda de los pequeños productores con el Banco de Fomento. * Fernando Buendía, Dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales