Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial
PEA2: Interrogante al cuadrado
29/07/2011
- Opinión
El plan del Ministerio de Agricultura de Argentina será lanzado en septiembre. Prevé aumentar la superficie sembrada en un 27 por ciento para el año 2020. Organizaciones de campesinos e indígenas alertan que de no regularizarse la posesión de la tierra, aumentará la conflictividad existente.
Tras dos suspensiones, el Ministerio de Agricultura de Argentina anunció que el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2016/2020(PEA2) será lanzado el 1º de septiembre. El PEA2 es publicitado como el producto final de un proceso que convocó a todos los actores del sector agroalimentario y agroindustrial argentino para su elaboración a partir de una visión compartida de futuro. La cuestión es que, por lógica, no todos comparten la misma visión de futuro.
Información preliminar indica que el PEA2 prevé que en 2020 la producción de granos llegue a 157,5 millones de toneladas, un aumento del 58 por ciento frente a la del año 2010, y un crecimiento en la superficie sembrada del 27 por ciento, llegando a los 42 millones de hectáreas.
Con PEA2 o sin PEA2, las cifras actuales muestran que la producción de granos -principalmente soja-, crece a paso sostenido. Pasó de 70,8 millones de toneladas en la campaña 2002/3 a 100 millones en 2010, una suba de 41 por ciento; la productividad se incrementó en un 25 por ciento, de 2,9 a 3,6 toneladas por hectárea; y la superficie sembrada creció de 27,4 a 33 millones de hectáreas, aumentando en un 20 por ciento.
Más allá de otros cuestionamientos, que tienen que ver con la sustentabilidad del modelo de desarrollo o de la vida misma, el tema que preocupa de manera central a organizaciones campesinas e indígenas es de dónde van a salir los 9 millones de hectáreas previstas para 2020.
En la actualidad, la expansión de la frontera agrícola por el agronegocio viene presionando a sangre y fuego a las comunidades campesinas e indígenas –principalmente en el norte de Argentina- mediante amenazas, desalojos violentos, desmontes, fumigaciones con agrotóxicos y persecuciones judiciales.
Semanas atrás, un centenar de integrantes del Frente Nacional Campesino (FNC) –que apoyan al gobierno de Cristina Fernández- caminaron 1.700 kilómetros desde el norte de Argentina hasta el Congreso Nacional para que se ponga en marcha un nuevo modelo agropecuario y la titularización de las tierras en donde viven. Muchos de ellos salieron del monte y conocieron por primera vez la ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI) integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y La Vía Campesina, denuncia que “continúa la escalada de violencia por parte de empresarios del agronegocio contra las familias campesinas e indígenas que resisten y defienden sus derechos a la tierra, al territorio y a la producción de alimentos sanos”. Diego Montón, del MNCI señaló en una reciente nota en el periódico Página/12 que “Argentina está entrampada en una lógica de desarrollo que se basa en la agricultura industrial, y de esa manera tiene una gran contradicción interna que deberá y deberemos resolver: derechos humanos o agricultura industrial transnacional”.
En un encuentro de organizaciones campesinas e indígenas realizado la semana pasada en la provincia de Chaco, la Unión de Campesinos Poriajhú-CLOC-Vía Campesina señaló que “este escenario está tomando carices dramáticos en el interior profundo de la Argentina, marcando, a modo de ejemplo somero, la situación en las provincias de Río Negro, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
En la provincia de Río Negro se traviesa un escenario de no reconocimiento de los territorios ancestrales de los pueblos originarios y de transnacionalización de los bienes comunes naturales (minerales, petróleo, gas, agua). También se realizó un acuerdo para el proyecto de inversión agroalimenticio suscripto entre la empresa estatal china Heilngjiang Beidahuang State Farm Business Trade Group CO. LTD. y el gobierno de la provincia, mediante el cual se ceden 320 mil hectáreas de valles para la producción agrícola destinada en exclusividad al consumo del país asiático.
En la provincia de Chaco, señalan que el modelo extractivo ha llevado al deterioro ambiental de los ecosistemas del que dependen las comunidades Qom y Wichicondenándolas al hambre, la desnutrición y la enfermedad; el convenio firmado por el gobierno provincial con el Grupo Al-Khorayef de Arabia Saudita -que otorgará 200 mil hectáreas de la zona de El Impenetrable para un proyecto agroalimentario con destino único a ese país- pone en riesgo a 60 mil personas, en su mayoría pueblos originarios y criollos.
En la provincia de Formosa, los pobladores de La Florencia, departamento de Matacos, denuncian que funcionarios locales y provinciales los presionan bajo amenaza de perder el beneficio de la Asignación Universal por Hijo y para embarazadas para firmar un documento de apoyo a la decisión del gobierno provincial de expropiar 30 mil hectáreas de las 90 mil habitadas por sus antiguos pobladores, con la excusa de regularizar su situación, en una maniobra de acorralamiento territorial.
En la provincia de Santiago del Estero, continúa la criminalización de los militantes sociales de organizaciones campesinas que denuncian los desalojos violentos y los ataques armados de los empresarios sojeros; el poder judicial sigue priorizando el derecho de propiedad sobre el derecho posesorio.
Es de esperar que el PEA2 reconozca los derechos adquiridos por campesinos e indígenas sobre la tierra y sus territorios, que contemple la propiedad social y no un mero traspaso de títulos. De lo contrario, además de perderse vidas, asistiremos a la agonía de una cultura, o -como dice el escritor Raj Patel- desaparecerán los saberes acerca de cómo gestionar los recursos de forma sustentable, en donde el cuidado de estos conocimientos puede ser la diferencia histórica entre la sustentabilidad y la extinción.
Por ahora, el PEA2 es un interrogante al cuadrado.
Información preliminar indica que el PEA2 prevé que en 2020 la producción de granos llegue a 157,5 millones de toneladas, un aumento del 58 por ciento frente a la del año 2010, y un crecimiento en la superficie sembrada del 27 por ciento, llegando a los 42 millones de hectáreas.
Con PEA2 o sin PEA2, las cifras actuales muestran que la producción de granos -principalmente soja-, crece a paso sostenido. Pasó de 70,8 millones de toneladas en la campaña 2002/3 a 100 millones en 2010, una suba de 41 por ciento; la productividad se incrementó en un 25 por ciento, de 2,9 a 3,6 toneladas por hectárea; y la superficie sembrada creció de 27,4 a 33 millones de hectáreas, aumentando en un 20 por ciento.
Más allá de otros cuestionamientos, que tienen que ver con la sustentabilidad del modelo de desarrollo o de la vida misma, el tema que preocupa de manera central a organizaciones campesinas e indígenas es de dónde van a salir los 9 millones de hectáreas previstas para 2020.
En la actualidad, la expansión de la frontera agrícola por el agronegocio viene presionando a sangre y fuego a las comunidades campesinas e indígenas –principalmente en el norte de Argentina- mediante amenazas, desalojos violentos, desmontes, fumigaciones con agrotóxicos y persecuciones judiciales.
Semanas atrás, un centenar de integrantes del Frente Nacional Campesino (FNC) –que apoyan al gobierno de Cristina Fernández- caminaron 1.700 kilómetros desde el norte de Argentina hasta el Congreso Nacional para que se ponga en marcha un nuevo modelo agropecuario y la titularización de las tierras en donde viven. Muchos de ellos salieron del monte y conocieron por primera vez la ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI) integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y La Vía Campesina, denuncia que “continúa la escalada de violencia por parte de empresarios del agronegocio contra las familias campesinas e indígenas que resisten y defienden sus derechos a la tierra, al territorio y a la producción de alimentos sanos”. Diego Montón, del MNCI señaló en una reciente nota en el periódico Página/12 que “Argentina está entrampada en una lógica de desarrollo que se basa en la agricultura industrial, y de esa manera tiene una gran contradicción interna que deberá y deberemos resolver: derechos humanos o agricultura industrial transnacional”.
En un encuentro de organizaciones campesinas e indígenas realizado la semana pasada en la provincia de Chaco, la Unión de Campesinos Poriajhú-CLOC-Vía Campesina señaló que “este escenario está tomando carices dramáticos en el interior profundo de la Argentina, marcando, a modo de ejemplo somero, la situación en las provincias de Río Negro, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
En la provincia de Río Negro se traviesa un escenario de no reconocimiento de los territorios ancestrales de los pueblos originarios y de transnacionalización de los bienes comunes naturales (minerales, petróleo, gas, agua). También se realizó un acuerdo para el proyecto de inversión agroalimenticio suscripto entre la empresa estatal china Heilngjiang Beidahuang State Farm Business Trade Group CO. LTD. y el gobierno de la provincia, mediante el cual se ceden 320 mil hectáreas de valles para la producción agrícola destinada en exclusividad al consumo del país asiático.
En la provincia de Chaco, señalan que el modelo extractivo ha llevado al deterioro ambiental de los ecosistemas del que dependen las comunidades Qom y Wichicondenándolas al hambre, la desnutrición y la enfermedad; el convenio firmado por el gobierno provincial con el Grupo Al-Khorayef de Arabia Saudita -que otorgará 200 mil hectáreas de la zona de El Impenetrable para un proyecto agroalimentario con destino único a ese país- pone en riesgo a 60 mil personas, en su mayoría pueblos originarios y criollos.
En la provincia de Formosa, los pobladores de La Florencia, departamento de Matacos, denuncian que funcionarios locales y provinciales los presionan bajo amenaza de perder el beneficio de la Asignación Universal por Hijo y para embarazadas para firmar un documento de apoyo a la decisión del gobierno provincial de expropiar 30 mil hectáreas de las 90 mil habitadas por sus antiguos pobladores, con la excusa de regularizar su situación, en una maniobra de acorralamiento territorial.
En la provincia de Santiago del Estero, continúa la criminalización de los militantes sociales de organizaciones campesinas que denuncian los desalojos violentos y los ataques armados de los empresarios sojeros; el poder judicial sigue priorizando el derecho de propiedad sobre el derecho posesorio.
Es de esperar que el PEA2 reconozca los derechos adquiridos por campesinos e indígenas sobre la tierra y sus territorios, que contemple la propiedad social y no un mero traspaso de títulos. De lo contrario, además de perderse vidas, asistiremos a la agonía de una cultura, o -como dice el escritor Raj Patel- desaparecerán los saberes acerca de cómo gestionar los recursos de forma sustentable, en donde el cuidado de estos conocimientos puede ser la diferencia histórica entre la sustentabilidad y la extinción.
Por ahora, el PEA2 es un interrogante al cuadrado.
- Fernando Glenza | Desde la Redacción de APAS
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