Concluyó la confrontación sociopolítica en Bolivia del movimiento indígena y popular contra el gobierno del Presidente Gonzalo Sánchez, que lo obligó a renunciar y su reemplazo por el Vicepresidente Carlos Mesa. Sin embargo, este es el último episodio de una serie de confrontaciones sociales que han sacudido a Sudamérica en el último decenio y que plantean grandes interrogantes acerca de la fortaleza de la democracia en la región. El ciclo lo inicia Brasil con la salida forzada, por amplias movilizaciones sociales, contra el Presidente Fernando Collor de Melo en 1992, acusado de corrupción; sigue en 1997 Abdalá Bucaran en Ecuador, declarado mentalmente incompetente para ejercer la Presidencia y con una fuerte presión social en contra obligado a renunciar; en el 2000 el turno es en Perú para Alberto Fujimori, quién abandona en medio de acusaciones de corrupción y abusos en la etapa de la 'guerra sucia' contra la subversión interna; también en el 2000 el movimiento indígena ecuatoriano forza la salida de Jamil Mahuad de la Presidencia después de impresionantes movilizaciones sociales en todo el país, en contra de su política económica y social; en el 2001 el turno es para Fernando de la Rúa en Argentina, que abandona presionado por movilizaciones sociales que cuestionan su incapacidad para dar respuestas a la crisis económica y el abandono de las propuestas socialdemócratas con las cuales fue electo. En cuanto a Colombia, podría considerarse una excepción en ese sentido, al no contar con movimientos populares organizados importantes. Es probable que la persistencia de la violencia con argumentaciones políticas en la historia colombiana haya dificultado la expresión de estos movimientos, que han sido históricamente reprimidos y criminalizados lo cual ha generado una cultura del miedo frente a la protesta social. Pero por otra parte, hay que reconocer una importante estabilidad institucional. Hay otra dimensión para analizar estas explosiones sociales suramericanas: preguntarse si estamos frente a un ciclo de inestabilidad institucional en las democracias de la región, o un proceso inacabado de consolidación democrática. Algunos se preguntan si estas 'destituciones sociales' no han sido una especie de sustituto de los golpes militares que caracterizaron la región entre los 60s y 70s y que coincidencialmente tuvieron también inicio en Brasil en 1964 con el golpe militar liderado por Humberto Castello Branco. Si bien estas movilizaciones de protesta muestran a sectores sociales dispuestos a hacerse presente en la esfera pública, igualmente reflejan la debilidad de las instituciones democráticas. Por un lado, la incapacidad del sistema de partidos para representar adecuadamente la diversidad social; por otra, la ineficacia de los mecanismos institucionales de control político para establecer reales formas de contrapeso a los Presidencialismo que caracterizan a la región. Este, es un punto de reflexión importante, acerca de los riesgos de las 'mayorías electorales transitorias' y los 'unanimismos aparentes', cuando no hay suficientes garantías para los sectores de oposición y los sectores populares que en ocasiones tienden a automarginarse de los certámenes electorales. A esto se añade la profunda crisis social asociada a las políticas económicas neoliberales. Finalmente, el riesgo de los Presidencialismos existentes en la región, que hace difícil mantener el necesario equilibrio entre las ramas del poder, con la tendencia en casi todos los mandatarios a aumentar su poder e intentar subordinar a las demás ramas del poder público, haciendo inocuo el necesario control político que debe garantizar que no se presenten los desbordes incontrolables del poder presidencial. Probablemente la solución pasa por ir hacia regímenes de tipo semi-parlamentario que atenúen el poder presidencial; junto con sistemas de representación política plurales, creíbles y serios, que logren que la diversidad social se exprese políticamente. Acompañado con instituciones sólidas y respetadas. * Alejo Vargas Velásquez. Profesor Universidad Nacional.