Perú

Los juicios a García

Javier Diez Canseco

14/08/2011

Opinión

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Envuelto en la sombra y quizás en la depresión, Alan García dejó el estrado y los reflectores de Palacio. Los aprovechó hasta el final: inauguró obras inconclusas, gastó decenas de millones en publicidad de autobombo, y, con una arrogancia de su talla, se fue sin entregar la banda presidencial en el Congreso.

Pero, deprimido o no, dejó petardos encendidos al nuevo gobierno horas antes de irse: nombramientos y contratos masivos en ministerios, dispositivos para pagar más de 1.000 millones en bonos de deuda agraria, exoneraciones tributarias por casi 400 millones para ciertas universidades privadas, un bono de S/. 2.000 para unos 12.000 trabajadores de cinco ministerios marginando al resto. ¿Objetivo? Secar la caja fiscal, abrir frentes de conflicto y dificultar los compromisos de crecimiento con inclusión y los programas ofrecidos por Humala.

Debió reaparecer citado a dar testimonio en el caso BTR, que abrió el cofre de los faenones. Pero se corrió de Ponce Feijóo, el amigo de su vice Giampietri, cuya empresa operó en los más diversos espacios del Estado, desde el Congreso y la Contraloría, hasta el municipio del Callao y ministerios. El “testigo” sabe que el escándalo envuelve a varios estrechos colaboradores y ministros. Solo se conoce una pequeña parte de las comunicaciones intervenidas (¿dónde está el archivo completo?) y que varias habrían sido sustraídas. Ponce ha dicho que aportará nuevos elementos pues hasta hoy los que pidieron la interceptación están en la sombra. ¿Manipulará y se librará de ese torbellino?

Pero tiene muchos otros asuntos por los cuales responder. Y amenazó con liderar la oposición si lo procesaban. García emitió 374 DU entre agosto 2006 y julio 2011. Estos solo deben darse ante situaciones extraordinarias e imprevisibles cuyo riesgo inminente de que se extiendan constituye un peligro para la economía nacional. Deben ser excepcionales, necesarios, transitorios, y exigen generalidad y conexidad. Así lo dicen el Reglamento del Congreso y fallos del TC. Pero García los usó para entregar obras públicas, concesiones y adquisiciones, licitaciones sin controles o concursos a dedo que, para muchos especialistas, no solo no eran situaciones extraordinarias e imprevisibles, sino que resultaron onerosas, ineficientes e injustificadas, y evadieron elementales mecanismos de control y fiscalización como los de la Contraloría, dando mano libre a Proinversión. Violentó la Constitución y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, implicando altísimo costo al país y beneficios para algunas empresas. Una mayoría aprofujimorista en el Congreso y su Comisión de Constitución facilitó la operación anulando su función de control.

¿Imprevisible y extraordinaria la remodelación del Estadio Nacional (con millones de gastos adicionales), el Teatro Nacional o los llamados colegios emblemáticos? ¿La concesión de puertos (Paita y Callao), irrigaciones como Olmos o las carreteras interoceánicas (con serias denuncias de sobrevaluación), el tren eléctrico, el tratamiento de aguas residuales en Taboada con denuncias de sobornos? Y qué decir del manejo del aeropuerto de Collique, de Sedapal y el Programa de Agua para Todos con costos muy superiores a los promedios internacionales, así como el manejo de Essalud, casos ajenos a los DU. Agreguemos el abuso de los DL –99 gracias a facultades legislativas otorgadas por el anterior Congreso para adecuarnos al TLC con EEUU– que fueron usados para agredir derechos, entregar concesiones y cometer abusos que llevaron a sangrientos desenlaces como Bagua. Ninguna autoridad central resultó responsable política o penalmente.

¿Los indultos “humanitarios” a Crousillat o a quien traficó con recursos para las víctimas del terremoto del sur chico, fueron gratis y únicos? Esto debe verse, más allá del récord de muertos en conflictos sociales que ostenta García, con más de un centenar.

García y su gobierno no pueden evadir una investigación seria y firme e inaugurar el ofrecimiento de una investigación congresal o juicio de residencia que Ollanta Humala planteó al país como forma de control ciudadano.

Diario La República, 15 de agosto de 2011

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