Manipulación, brutalidad policial y negación

Álvaro González Susaeta

25/08/2011

Opinión

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Tras la muerte de un adolescente de 16 años, decenas de heridos y la agitación política y ciudadana consecuencia de la jornada de dos días de paro y marchas por las demandas educacionales, el Presidente Piñera cambió la postura de intransigencia y llamó a los dirigentes estudiantiles a dialogar en La Moneda. No obstante, tres días atrás rehusó recibirlos.

Mientras el país vivía una jornada de convulsión en el primer día de paro, el Presidente Piñera almorzaba en La Moneda con los “twiteros influyentes” elegidos por la asesoría digital de Presidencia, bajándole el perfil a la jornada de movilizaciones. El Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, cuestionado por la dura represión de las fuerzas policiales, permanecía, misteriosamente, ausente.

Violencia y brutalidad policial

La gran mayoría del país repudia los actos vandálicos de un sector minoritario de personas que ocasionan destrozos y contribuyen a generar un ambiente de violencia cuyas consecuencias son nefastas: un niño baleado, 53 civiles heridos, bienes y propiedades públicas y privadas con millonarias pérdidas. Sin embargo la violencia se ha manifestado también en el actuar de las fuerzas policiales, con abuso de autoridad y bajo la total impunidad.

Carabineros de Chile pidió, durante el día de hoy, disculpas por lo ocurrido en un sindicato de carteros donde sin provocación alguna un uniformado lanzó un bomba lacrimógena al interior de la sede. El acto fue captado y difundido por Internet y en algunos medios de comunicación. En contraste, la institución niega su participación en la muerte del Manuel Gutiérrez de 16 años baleado en Macul -en la foto- cuyo hermano (testigo del hecho) y familiares aseguran que la muerte del joven fue perpetrada por la policía. Carabineros informó que no realizará la investigación.

A través de las redes sociales se han denunciado una serie de acciones represivas y brutales omitidas por los medios de comunicación. El siguiente video VER AQUÍ muestra a un Carabinero que se lanza sobre un joven con su moto, lo bofetea y arranca, dejándolo en el piso.

En otro episodio de agresión, un diario electrónico de Concepción publicó hoy la imagen de un niño con el pómulo desfigurado producto de una bomba lacrimógena lanzada a su rostro, en las proximidades de la Universidad.

En un comunicado del Canal 3 de TV comunitaria de la población La Victoria, difundido por el diario electrónico “El Ciudadano” se denunció un allanamiento ilegal con uso excesivo de la fuerza, en donde Carabineros golpeó a una mujer de 76 años. VER AQUÍ

Las Juventudes Comunistas de Chile manifestaron hoy, a través de un comunicado, su repudio al accionar de Carbineros, acusándoles de torturar a Cristian Andrade Cárdenas, estudiante de Sociología de la Universidad de Valparaíso y ex presidente de la Federación de Estudiantes de dicha casa de estudios. Según la declaración del estudiante, una vez en el bus policial, lo golpearon con palos en las piernas, torso y cabeza, para luego restregarle limón en las heridas de su cara, entre otras agresiones. Los funcionarios, continúa la declaración, sabían de su pasado como dirigente estudiantil. Más tarde lo obligaron a firmar una declaración donde reconocía no haber sido víctima de violencia innecesaria ni de agredir a Carabineros.

VER EL COMUNICADO

Manipulación de la opinión pública

Un día antes del paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, sectores de la derecha presionaban a TVN por la cobertura hacia las manifestaciones sociales, en un claro intento por entorpecer la labor social de los medios e instalar en la opinión pública la legitimización del uso de la fuerza. El timonel de Renovación Nacional, Carlos Larraín, en declaraciones que publicó el diario “La Segunda” sostuvo que “muchos se preguntan hoy si acaso TVN está desempeñando el papel que le pide la ley, que es ser factor de unidad y punto de encuentro de nuestro país, o si, a la inversa, quiere ser factor de división, o, peor todavía, de amplificación de los puntos de vista de la izquierda”. En esta declaración Larraín no sólo legitimaba intrínsecamente la censura hacia un movimiento amplio con justas demandas, sino también invitaba creer en el resguardo de una "unidad ficticia", desestimando el multitudinario cuestionamiento hacia el sistema educacional, donde el chileno común y corriente es quien sufre sus consecuencias.

Según el periódico español, “El País” el Ministro de Economía, Pablo Longueira, calificó la huelga general de "inútil e innecesaria". Acto seguido admitió que si no pudiera pagar por la educación de sus hijos "también estaría marchando"… declaraciones que sorprendieron por ser uno de los líderes del oficialismo, tanto a La Moneda como a la oposición. Igual declaración sostuvo el Seremi de economía Bío-Bío, Felipe Flores en un seminario de economía en la ciudad de Los Ángeles.

Durante la jornada de paro también se batalló políticamente por el dominio de la opinión pública. El Gobierno insistió en que se mantuvo una situación de “normalidad” a pesar que Santiago amaneció con una serie de barricadas, el comercio tuvo una baja de 49% en sus ventas, el tráfico notoriamente disminuido y una mayor parte de los servicios públicos estuvieron paralizados. Las cifras de adhesión al paro convocado por la Central Unitaria de Trabajadores: un 9% la oficial, un 80% según la organización sindical. Los medios de comunicación se limitaban a difundir los números sin ahondar en el procedimiento real u objetivo para constatar el resultado.

El Ministro de Salud, Jaime Mañalich, en otra polémica mediática, y aludiendo a su calidad de Médico, descartó que 3 de los 4 jóvenes de Buín realizaran efectivamente la huelga de hambre de más de 30 días. Sin embargo el Dr. Juan Manuel Tosso, Director del Servicio de Salud Metropolitano no solo admitió una posible falta de rigurosidad en el control de peso de los huelguistas, sino también manifestó la imposibilidad de verificar la efectividad de ésta.

Hasta antes de la víctima fatal (y probablemente evaluando el costo político de los hechos registrados) el Gobierno optó por enfocar el problema hacia las consecuencias materiales e incluso las “incomodidades” que ocasionó el paro, como la limitaciones para movilizarse para cumplir con el deber de trabajar –como señaló su vocero Andrés Chadwick el día jueves- y sobre todo, a los daños materiales ocasionados en el ámbito público y privado y sus costos: el Estado como defensor legítimo del orden público. Sin embargo, ¿no es deber de un Gobierno democrático ser representativo y garante de las necesidades reales y el sentir ciudadano? ¿O estamos frente a una clase política autoritaria y aislada de las legítimas demandas que reacciona cuando no ve otra salida?

Viernes, 26 de Agosto de 2011 23:53

- Álvaro González Susaeta, Red Prisma

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