En lo que va del año han muerto 18 aborígenes a manos de grupos ilegales mientras los planes de protección desde el Gobierno Nacional avanzan con lentitud.

El sábado 12 de noviembre fue asesinado Fabio Domicó Domicó, líder indígena y vicegobernador del Cabildo Mayor de Dabeiba. Su asesinato, ocurrido en zona rural de este municipio del occidente de Antioquia, se suma al de 17 indígenas más que han muerto en el departamento en lo que va de 2011 a manos de grupos al margen de la ley.

“Según informaciones de los líderes de Dabeiba fue asesinado a tiros y luego degollado por gente que identificaron como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Es una pérdida porque es un líder joven y una autoridad del resguardo y del Cabildo Mayor. Esta es una política de amedrentamiento de los grupos ilegales y guerrillas para evitar el ejercicio de la autonomía de las autoridades indígenas”, señaló Carlos Salazar Jaramillo, Gerente Indígena de la Gobernación de Antioquia.

La muerte de Domicó, quien fue candidato al concejo de Dabeiba en las pasadas elecciones, aumenta la preocupación de los líderes indígenas del departamento que observan cómo sus resguardos ancestrales están en lugares de los que quieren adueñarse los grupos ilegales.

Según William Carupia, vocero de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), las zonas que más riesgo representan para las comunidades indígenas son el Occidente y Bajo Cauca del departamento, donde hay disputas por el control de las rentas que deja la minería ilegal. En el Urabá antioqueño los resguardos también están en riesgo por la puja entre grupos ilegales que quieren quedarse con las rentas de los cultivos ilícitos.

“Los territorios indígenas están en las zonas de mayor cobertura boscosa y de corredores estratégicos para los grupos ilegales. Esto pone a las comunidades en gran vulnerabilidad”, añadió Carlos Salazar.

Medidas de protección nacionales aún no se aplican

En 2009 la Corte Constitucional emitió el Auto 004 en el que ordena al Gobierno que proteja los derechos fundamentales de los aborígenes mediante un plan de salvaguardia y un programa de garantías, ambos con el objetivo de asegurar la supervivencia de las comunidades indígenas que están en riesgo de desaparecer por el conflicto armado.

“Todavía no se ha llegado al desarrollo del Auto, apenas estamos en la socialización. Se han incumplido las fechas y el Gobierno dice que no hay recursos. Apenas hace un mes comenzamos a desarrollar algunos puntos del mismo”, enfatizó Carupia quien añadió que, mientras estos mecanismos de salvaguarda se hacen efectivos, es necesaria una acción urgente para proteger la vida de los líderes y la integridad de los resguardos.

Además del Auto de la Corte Constitucional, según Carlos Salazar, existe dentro del Comité Departamental de Derechos Humanos una mesa indígena que cuenta con mesas de trabajo subregionales en el Bajo Cauca y en el Urabá antioqueño. Este espacio busca ayudar en la protección de las comunidades mediante redes de alertas tempranas y un seguimiento constante a la problemática de estas zonas.

“Es importante reconocer que la situación es compleja. No tenemos claridad completa sobre (la causa de) todas las muertes. En todo caso se debe a una acción desmedida de las disputas de grupos ilegales”, concluyó Salazar.

El próximo 23 de noviembre el Comité de Derechos Humanos realizará una reunión extraordinaria con autoridades civiles, militares e indígenas del departamento con el objetivo de analizar la situación de las comunidades aborígenes en Antioquia y tomar medidas para su protección.

 Agencia de Prensa IPC