Finalmente el gobierno se pronunció sobre el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Pasaron casi tres meses desde la entrega del informe, pero el gobierno se dedicó a esquivarlo y posponer opinión. El malestar de múltiples sectores, el persistente interés internacional y la propia postura del secretario general de la ONU, Kofi Annan, parece que finalmente llevaron a que se emita posición. Hay que saludar que se hiciera, y se asumiera, desde el Estado, aceptar responsabilidades y pedir perdón. Pero la debilidad política del gobierno y el aire que tomaron sectores opuestos a ventilar la verdad y las responsabilidades del terrorismo y de las instancias oficiales del Estado, condujo a ambigüedades y temas pasados por agua tibia. Toledo no expresó un carácter vinculante con las conclusiones de la CVR, como prometiera en campaña. Tampoco asumió conclusiones y evidencias presentadas sobre violaciones sistemáticas de los derechos humanos, sustentadas por una concepción autoritaria y racista de la lucha antisubversiva, adoptada –en períodos determinados– como política oficial por determinados sectores del Estado. Achacar atropellos y delitos de lesa humanidad a excesos "individuales" obvia los manuales antisubversivos y operativos que ordenaban no mantener sobrevivientes y propiciaban detención y desaparición de personas, presentados en el programa de Cecilia Valenzuela, o las investigaciones hechas sobre grupos paramilitares. La auténtica reconciliación sólo puede darse a partir de la verdad. Ello exige señalar la responsabilidad del senderismo y el terrorismo, y del propio Estado. Tampoco pueden obviarse las responsabilidades de las fuerzas políticas en la conducción del proceso. El gobierno optó por obviar la verdad. El Plan de Paz y Desarrollo para las zonas más afectadas es positivo, pero no pueden dejarse en el aire las reparaciones individuales a las víctimas de la violencia terrorista y contraterrorista. Las víctimas de crímenes de lesa humanidad son personas con nombre y apellido, su sufrimiento fue individual, y tienen derecho a un desagravio y reparación individual. El mensaje debió ser un claro avance hacia la reconciliación. Pero dejó dudas y disconformidad. Esperamos que las promesas de recursos para las regiones se concreten. Estaremos vigilantes. No claudicaremos en nuestra exigencia por nuevas concepciones en el accionar antisubversivo, por reforma y limpieza de los institutos armados, por reparaciones individuales, y porque la verdad se sepa.