Perú

Un presupuesto más inclusivo

Javier Diez Canseco

21/11/2011

Opinión

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El presupuesto materializa las prioridades y mecanismos para avanzar en un crecimiento económico con inclusión social en el Perú. El del 2012 debe tener como eje la inclusión, aunque no se ha llevado adelante una reforma tributaria que haga que pague más el que gana más. Urge que más peruanos sientan que el Estado no solo se preocupa del crecimiento económico sino también de la redistribución de la riqueza y su bienestar.

El presupuesto de apertura 2012 asciende a S/.95,535 millones, 77% por encima del 2006 y 8% encima del 2011 (S/. 88,460). Los ingresos del gobierno también han ido en aumento: las proyecciones para el 2012 ascienden a S/.106,689 millones, aunque la presión tributaria sigue en apenas 15% del PBI, mientras en Brasil es de 35%, Argentina 30% y Bolivia 20%. Así, habría casi 11,000 millones no presupuestados, ¿cuáles serán los criterios en la asignación del gasto de estos?

El 2012 se destina al gobierno nacional el 68.5% del presupuesto, a las regiones un 15.4% y a las municipalidades un 16.5%. Si bien la participación en partidas han ido en aumento para los gobiernos subnacionales, el verdadero impacto de la descentralización en el gasto se puede hacer realidad si se invierte en desarrollar capacidad de gestión y aumenta el porcentaje de participación en el gasto de la inversión pública; el 2012, el gobierno mantendrá el 50% de la inversión. El 94% de la inversión del gobierno lo tendrán Transportes con S/. 5,348 millones (52.4%); Educación S/. 2 370 millones (23.2%) y Salud S/. 493 millones (4.8%); entre otros.

El 2012, la inercia de seguir con los mismos parámetros de gasto ha primado, a pesar de algunos cambios. El tema discapacidad, no considerado originalmente, se ha introducido por un acuerdo del MEF con el Congreso. Se implementará un programa presupuestal para permitir una Encuesta Nacional y lograr resultados: matrícula de niños en educación inclusiva y especial, intervención temprana, salud y rehabilitación, e inserción laboral de las personas con discapacidad. También se autoriza a los municipios a usar el 0.5% de su presupuesto para eliminar barreras arquitectónicas en las ciudades. También se ha incluido más de 500 millones para cubrir deuda social y un fondo para atender localidades más pobres. Son avances, pero por otra parte, se intenta poner a Petroperú bajo la tutela de Fonafe y frenar su potenciación, y Salud y Educación exigen más recursos.

La inclusión exige mejores salarios para miles de trabajadores mal pagados y sin derechos. Trabajadores públicos mejor pagados y mejor capacitados contribuirán al logro de los objetivos del Estado, debiéndose avanzar en terminar con los CAS y services abusivos. Mayor capacidad en las regiones y sectores implica mejor servicio público, ejecutar las inversiones y mejor calidad de gasto. Aquí se avanza poco. Pero el proyecto presupuestal destina S/. 171 millones para que el aparato estatal cuente con sistemas de incentivos comunes entre sí. Se busca abrir camino para que no exista más una burocracia dorada privilegiada y se estimule la carrera pública. No se aprobó la propuesta de reconocer el derecho de los trabajadores públicos a negociar mejores escalas salariales, consagrado en el art. 28 de la Constitución. El MEF apoya decretos para altos funcionarios, pero olvida niveles inferiores. En el Pleno, esto debiera corregirse.

La inclusión también implica cerrar heridas abiertas por la guerra interna que vivimos décadas atrás. La reparación a víctimas de la violencia política es un compromiso del gobierno. El Premier propuso como meta al 2016 la reparación integral del 50% del total de víctimas. Para ello pidió pasar de S/. 40 millones al año a S/.221, para atender 6,700 víctimas al año en lugar de 2,000. Así –en 5 años– reparar al 50% de los registrados. Las reparaciones ayudan a que víctimas y familiares puedan reconstruir sus proyectos de vida y su ciudadanía. Pero no se ha incorporado la propuesta del Premier. El MEF la ha llevado a consulta al gabinete.

No se tomaron medidas frente a la crítica situación de EsSalud, como hacer que municipios deudores y entidades públicas paguen. Se avanza, pero lentamente, a ser un país más igualitario.

Diario La República, 21 de noviembre de 2011

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