Tegucigalpa.- Después de diecisiete años de dictadura militar, Honduras retornó, a principios de la década del ochenta, a los gobiernos civiles. Se dijo entonces que en nuestro país se estaban sentando las bases de una democracia calificada entonces de "incipiente". Hoy, casi dos décadas después, esa democracia parece no madurar lo suficiente. Lo cierto es que, parapetados detrás de los gobiernos civiles, los militares mantuvieron una alta dosis de poder a lo largo de los ochenta. La aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, con un costo de ciento ochenta y cuatro desaparecidos y la sistemática violación de los derechos humanos, cercenó los alcances de la ya por sí "incipiente" democracia hondureña. Por eso, lo que los hondureños tuvimos en la década pasada fue, más bien, una democracia militarizada. Aparte de la violación a los derechos humanos el aspecto que más caracterizó a esta democracia fue el deterioro de la soberanía nacional, entregada a manos llenas a los gobiernos liberales de entonces. ?Desmilitarización? En la década de los noventa se producen dos fenómenos importantes: la relativa desmilitarización del país y los programas de ajuste económico. El primer fenómeno tiene que ver con los radicales cambios que se dan en el planeta y en la región centroamericana. No cabe duda que el fin de la guerra fría trajo , entre otras consecuencias, una cierta crisis al interior de los ejércitos. Estos habían sido concebido desde siempre como la punta de lanza contra el "comunismo internacional". Al desaparecer gran parte del llamado campo socialista se encontraron, de pronto, sin enemigo y casi sin razón de existir. En los últimos años se han dado pasos importantes en Honduras en materia de desmilitarización. Entre los más significativos podemos mencionar el paso del servicio militar obligatorio, al servicio militar voluntario, la pérdida de control castrense sobre una serie de instituciones (Marina Mercante, Hondutel, Instituto Geodésico Nacional, etc.) y la organización de la Policía Nacional. Es de hacer notar que durante más de treinta años, desde que se produjo el golpe de Estado del 3 de octubre de 1963, la policía había sido una de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas. Con el incremento de la inseguridad ciudadana era un reclamo a gritos el tener una policía civil, altamente tecnificada y, sobre todo, respetuosa de los derechos humanos. Ahora, que el Congreso Nacional ha aprobado la Ley Orgánica de la Policía Civil, existen muchas expectativas en cuanto a los beneficios que esta institución puede brindar en materia de seguridad. A corto plazo se eliminará el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo que será un paso importante en el camino de desmilitarizar a la sociedad hondureña. Ajuste y pobreza A la par de todo esto se han venido aplicando en Honduras, desde marzo de 1990, los llamados programas de ajuste económico enmarcado en los parámetros del neoliberalismo. Pese a los declarados objetivos de estabilidad económica con que han sido presentados a la población dichos programas, lo cierto es que los mismos sólo han traído un sustancial incremento de la pobreza, tanto es así que en 1990 este fenómeno abarca el 60% de los hondureños y ahora cubre el 82%. Paralelamente a los programas de ajuste económico, y como consecuencia de los mismos, ha ido creciendo la deuda externa, que en estos momentos asciende a más de 4.500 millones de dólares. Aproximadamente el 33% del presupuesto nacional se destina al pago del servicio de la deuda externa, lo que constituye una carga demasiado pesada para el pueblo hondureño. Como se ve, los avances democratizadores no tienen el correlato que deberían tener en el campo económico, donde la brecha entre los ricos y los pobres se vuelve cada día más abismal. Finalmente, el sistema político tiene que democratizarse mucho más. La existencia de un fuerte bipartidismo -reforzado por una Ley Electoral altamente restrictiva-, el clientelismo, la imposición de dinero en los procesos electorales, son, entre otros fenómenos, serias restricciones a una participación más abierta del pueblo en las grandes decisiones nacionales. Con todo lo anterior, pese a algunos avances, parecería que la democracia hondureña sigue siendo - y a saber por cuanto tiempo más- de baja intensidad. MATÍAS FUNES ES DIPUTADO AL CONGRESO NACIONAL POR EL PARTIDO UNIFICACIÓN DEMOCRÁTICA. -277