Cambio de Constitución ¿Cambio de civilización?
20/12/2011
- Opinión
El gobierno del MAS perdió la oportunidad histórica de iniciar el camino hacia un cambio de civilización en bien de todos y por la vida.
Introducción
Las propuestas elevadas por los pueblos indígenas originarios[1] a la Asamblea Constituyente en agosto de 2006 presentan las ideas básicas para organizar nuestro país de acuerdo a un nuevo modelo de civilización. En este capítulo examinamos las propuestas de organización del Estado plurinacional (plurinacional de verdad y no de discurso), tal cual fueron originalmente planteadas y en qué forma fueron no solo manipuladas y modificadas ilegalmente por el Parlamento en octubre de 2008 sino también distorsionadas en su aplicación por el gobierno del MAS.
Los indígenas no propusieron un cambio brusco y radical que les pudiera llevar a un enfrentamiento directo con quienes aún tienen el poder suficiente para oprimirnos y hacernos sufrir mucho daño. Tampoco propusieron una utopía irrealizable.
La propuesta indígena originaria del Pacto de Unidad (no la del MAS) es realista y al mismo tiempo tiene elementos suficientes como para iniciar ese camino hacia una nueva civilización que nos aleje del capitalismo depredador. Ese capitalismo depredador domina hoy todo el planeta y, pese al dominio casi total que ejerce, hay muchos elementos que no solo muestran su inviabilidad, sino su próxima, muy próxima declinación catastrófica (lo cual no significa aún su destrucción).
Existen muchos elementos que nos muestran que ese sistema depredador ha entrado en su fase de declinación destructiva. Para evitar que esa autodestrucción nos arrastre en una colosal tragedia para la vida en el planeta, incluida por supuesto la vida humana, es urgente desarrollar una alternativa viable. La alternativa indígena es parte de esa búsqueda, es un elemento de la realidad actual, y tiene elementos notablemente adecuados para sacarnos de la miseria que nos amenaza. El caso del TIPNIS es una demostración de que hay alternativa y de que esa alternativa puede tener el apoyo de una numerosa población urbana.
En este capítulo rescatamos los rasgos básicos de la propuesta indígena de cambio y cómo el gobierno del MAS no solo la ha ignorado, sino que se opone frontalmente a la misma.
En la sección que viene a continuación hacemos un análisis de aquellos principios de organización democrática del Estado Plurinacional incluidos en el texto constitucional, que son una base programática para orientar la construcción de una mejor forma de convivencia, hacia una nueva civilización humana. Esos principios lo que hacen es reconocer una realidad actual, la de las instituciones de autogobierno con las cuales los propios pueblos indígenas y originarios se rigen en la vida cotidiana y manejan sus formas de convivencia. No la inventan, la reconocen.
Esas formas de convivencia existen pese a sufrir la continua presión y a veces también agresión del Estado boliviano a través de sus diferentes administraciones y gobiernos y al continuo ataque que viene de las multinacionales, oligarquías terratenientes, sectores racistas de la sociedad y al desconocimiento por parte de las instituciones académicas. Aún contra todo eso, las formas de convivencia indígena originaria campesina se mantienen vivas y constituyen una alternativa para todos los que buscamos solución a la crisis provocada por el capitalismo depredador, para evitar la catástrofe humana que ya parece inminente.
La Constitución Política del Estado aprobada por Referéndum de enero 2009
La Constitución vigente contiene 144 modificaciones ilegales efectuadas en el Parlamento (sin que tenga ninguna competencia legal para ello) en octubre de 2008. Esas modificaciones ilegales e ilegítimas son resultado del Pacto acordado entre el gobierno del MAS y los prefectos representantes de la “media luna” en sus negociaciones de Cochabamba. Negociaciones que fueron avaladas por todos los partidos políticos del sistema parlamentario.
Pese a que ese Pacto con la Derecha introdujo importantes arreglos muy favorables a los intereses capitalistas depredadores y contrarios al movimiento indígena y popular, manipulando indecentemente la voluntad de quienes ingenuamente apoyaban al MAS, aún se han salvado ciertos principios fundamentales que vienen de la propuesta original del Pacto de Unidad. Esos principios fueron respetados en el texto aprobado en la sesión final de la Asamblea Constituyente del 9 de diciembre de 2007. Esos aportes están planteados en el Capítulo primero de la Primera parte de la Constitución (Bases fundamentales del Estado).
Pasamos a analizar el actual texto constitucional en las partes que señalan lo que debería ser el camino hacia un Estado Plurinacional, para luego explicar en qué consisten los arreglos indecentes introducidos por el Pacto del MAS con la Derecha.
El artículo 1º vigente de la CPE discutido y aprobado en plenaria final y luego por el Parlamento y refrendado por el Referéndum, dice:
“Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.”
Este artículo parecería reunir diferentes doctrinas y diferentes concepciones del estado, a veces contrapuestas, que luego van a ir tomando forma con el complemento de otros artículos. La propuesta del Pacto de Unidad plantea que el estado boliviano es a la vez Unitario y es Plurinacional. Desde otras propuestas se han añadido términos como el de “Social de Derecho” que proviene del derecho constitucional alemán. La idea de que es descentralizado y con autonomías cualifica el término “Plurinacional”. Es que Plurinacional implica autogobiernos coasociados en una empresa común, “descentralizado” implica un estado que deja caer unas monedas a los niveles bajos de gobierno. Nada que ver lo uno con lo otro.
El núcleo de la propuesta indígena originaria para hablar de Estado Plurinacional es que propone un estado refundado, en cuya refundación ya no participarían solamente los descendientes criollos del colonizador, sino que están todas las naciones y pueblos que conforman el pueblo boliviano en la actualidad. Eso no ocurrió y las razones para que no ocurra las damos en la subsiguiente sección de este capítulo.
Un estado plurinacional ya no se trataría de aquel estado colonial aún vigente creado por la etnia castellana, que impone su modelo cultural y a la vez establece una estructura política uniforme donde solo existe una identidad con una sola cultura general. En cambio un Estado Plurinacional –aun por construir- reconoce la existencia actual de varias naciones y pueblos que vienen desde antes de la Colonia y de la República y que mantienen control sobre sus territorios a través de sus propias instituciones. Eso se explicita aún más en el artículo 2 vigente (vigente, pero no respetado por el gobierno del MAS):
“Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.”
Este artículo de la Constitución es absolutamente categórico. “SE GARANTIZA SU LIBRE DETERMINACION EN EL MARCO DE LA UNIDAD DEL ESTADO… que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, etc.”
El texto del artículo mencionado no deja duda, sumando a lo que dice el texto del artículo 1º, sobre el estado “de Derecho Plurinacional”, que se funda en el pluralismo político, económico, jurídico, etc. Esto implica que existen hoy las naciones y pueblos (no necesariamente reducidas al ámbito rural) que tienen su propia institucionalidad política y jurídica, su sistema económico, sus sistemas legales y de autoridad los cuales deben ser respetados, en el marco de la consolidación de sus entidades territoriales.
El pluralismo jurídico, al cual se refieren los artículos primero y segundo, son detallados más adelante en el capítulo IV de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (artículos 190 a 192). El pluralismo jurídico es la expresión de la existencia de una institucionalidad política y jurídica propia y separada de cada uno de los pueblos y naciones originarias.
El pluralismo jurídico implica que existen diversos sistemas legales, los cuales son amparados por la presente Constitución. Esto no se refiere simplemente a formas de arreglos internos sobre delitos menores. Se refiere a que en los territorios indígenas existe un ordenamiento jurídico y una institucionalidad política diferente y separada de aquella del estado, y que se refiere a todos los órdenes de la vida humana, su reproducción, y a la relación entre la vida humana y la naturaleza, es decir, a la actividad productiva.
Según el texto constitucional hoy vigente, ya no tiene existencia legal (o ya no debería existir) un solo sistema judicial, una sola armazón jurídica bajo la cual están todos los ciudadanos. Pues hasta ahora la normativa constitucional solo reconocía como actores políticos a los ciudadanos y a los partidos políticos que los representan. Hoy la Constitución reconoce personería política con derecho al ejercicio de jurisdicción y legislación propia a los pueblos y naciones que conforman Bolivia. Esos sujetos colectivos que son los pueblos y naciones indígena originario campesinos tienen derecho a la libre determinación, y cada uno de los ellos es reconocido con su propio sistema de autoridad política, jurídica y sus propias instituciones.
Esto no significa que el estado boliviano deja de ser unitario. El sentido que le quiso dar el movimiento indígena originario al término “unitario” es que preserva la unidad del estado boliviano. Unidad no significa “homogeneidad”, no significa que a todos se nos educa en la misma escuela, pasamos por el mismo cuartel, vemos el mismo canal de tv, desfilamos con las mismas fiestas o por los mismos motivos. Podemos ser diferentes y estar unidos, interactuar, como se supone hace cualquier matrimonio (con gusto o sin gusto).
La puesta en marcha de este sistema de libre determinación a los pueblos permite la existencia de una plena democracia en diálogo. Ya no se puede imponer un criterio dominante desde el gobierno central del estado sobre las partes. Cada una de las partes tiene derecho a su libre determinación y a tomar parte en el diálogo para definir las políticas comunes. Eso sería el caso de un Estado de Derecho Plurinacional.
Ahora bien, cómo se ha puesto en marcha el “estado plurinacional”? El sistema actual trata más bien de una “asamblea plurinacional” elegida por voto universal y secreto. Ninguno de los representantes es elegido por usos y costumbres, y todos han debido formar parte de listas o planchas presentadas por partidos políticos ante la Corte o “poder” electoral.
El sistema de voto universal y secreto es la clave de un sistema de democracia liberal y neocolonial dominado por el monopolio de representación que ejercen los partidos políticos. Es el sistema que permite desintegrar la sociedad en individuos que solo son responsables ante si mismos de su voto, todos dejamos de “pertenecer”, ya sea a una clase, a una comunidad, a un barrio, a una nación oprimida. Es el sistema que la burguesía logró perfeccionar para representar al “pueblo” de forma homogenizante y hegemónica con éxito durante el último siglo.
Este sistema de representación, en el cual el pueblo pierde el derecho de soberanía que pasa a ser depositado en los mecanismos de representación del Estado, es clave para el sistema de dominación colonial global en el cual sigue inserto y sometido Bolivia.
En cambio, en un Estado Plurinacional como el que propone la Constitución se declara muerto y extinguido el monopolio de los partidos políticos, cosa que obviamente no ha resultado ser ni la práctica ni la estrategia desplegada por el MAS en el gobierno, ni es lo que ocurre en la Asamblea “plurinacional”.
No hay ninguna nación, ni pueblo, ni organización representada en dicha Asamblea. Solo están ahí los partidos políticos que representan “la ciudadanía”, homogénea e indiferenciada de una “población”. Cuando los diputados indígenas pretenden separarse del MAS y organizar su propio bloque, son amenazados de que les aplicarán la ley del “transfugio”. La organización actual de la Asamblea Plurinacional desconoce olímpicamente el sentido fundamental de la Constitución y lo viola a través de la utilización de artículos y resoluciones secundarias, oscuras, reglamentarias.
El texto constitucional declara roto el monopolio de los partidos políticos sobre la representación y relativiza el voto universal y secreto como única expresión de la voluntad del pueblo, pues asume que el pueblo ejercerá soberanía en forma directa, asamblearia, tal cual dice la actual Constitución en el artículo 7º:
Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.
El ejercicio directo de la soberanía por el pueblo es el principio revolucionario establecido en este artículo y que por supuesto el gobierno del MAS no cumple y no tiene ningún interés en ello. El ejercicio directo de soberanía implica que cuando el pueblo, el barrio, o la comunidad elijen una autoridad le están dando un mandato explícito que cumplir, no le dan una carta firmada en blanco como sucede en el actual sistema “representativo” y con duración fija de cargos. Cuando la asamblea del pueblo, el barrio, la comunidad o la ciudad entera ven que el mandato no se está cumpliendo, lisa y llanamente eso da lugar a la Revocatoria del Mandato, la autoridad es destituida y se la cambia. Esa es la democracia directa, completamente viable en la medida que el pueblo está movilizado.
El gobierno del MAS se burla de la Constitución al impedir el ejercicio directo de la soberanía por el pueblo. Viola la constitución en forma directa al desconocer la libre determinación de naciones y pueblos indígenas.
Las leyes aprobadas por la mayoría abrumadora de dos tercios que dispone el MAS en la “Asamblea plurinacional” impiden la puesta en marcha del principio de ejercicio directo de la soberanía por el pueblo y el principio de libre determinación. Impiden en particular el ejercicio de la representación directa de los pueblos indígenas a través de sus propias instituciones políticas, en el ejercicio del pluralismo político y jurídico. Ese es el resultado del pacto nacional logrado entre el gobierno del MAS y los prefectos de la media luna, con el aval y bajo la presión del gobierno brasileño que utilizó la cobertura del UNASUR (Unión de Naciones de América del Sur) en octubre de 2008. El Pacto con la Derecha, un pacto exigido por el Brasil para asegurarse la provisión del gas barato necesario para su industria, es un pacto de gobernabilidad. Gobernabilidad significa hacer lo que sea necesario para gobernar, no importa cómo, y como dijo Gramsci, si no funciona el consenso entonces se gobierna a través de la corrupción.
El resultado de ese Pacto con la Derecha, es que los principios fundamentales de la Constitución fueron vulnerados a través de múltiples modificaciones introducidas en las partes secundarias y reglamentarias que se añadieron en la Constitución, en la letra menuda. El pacto entre el gobierno del MAS con la Derecha en Octubre de 2008 hizo que los fundamentos de la Constitución se vuelvan letra muerta[2].
Las leyes transitoria Electoral, del Poder Electoral, de la Descentralización y autonomías y la ley de Deslinde jurisdiccional desconocen totalmente esos nuevos principios constitucionales e impiden que se elijan las representaciones indígenas y originarias campesinas por medio de sus usos y costumbres y que las instituciones políticas indígena originarias tengan sus propias competencias. Impiden la organización de jurisdicciones electorales en los territorios indígenas (ahora denominados TIOC) y reduce el número de jurisdicciones electorales a una completa irrelevancia.
Pero hay más
El texto modificado ilegalmente mete gato por liebre de la manera más descarada, es una burla grotesca a los movimientos sociales y en particular al movimiento campesino, como vamos a ver sobre todo en el caso concreto de los artículos 146 inciso VII, 315, 399 y 409. Esto es parte del giro que Evo Morales autoritariamente hizo dar al Instrumento Político a partir de 1997 para dejar de luchar por la Tierra y el Territorio y cambiarlo por un discurso antiimperialista.
La CSTUCB formó en 1995 su Instrumento Político con el fin de luchar por la Tierra y el Territorio y le dio mandato para participar en el terreno electoral con el fin de dar una batalla táctica contra los partidos políticos de los patrones, los latifundistas, y los gobiernos neoliberales que expresaban los intereses del capitalismo depredador y que ignoraban los derechos territoriales de los pueblos indígenas y originarios.
¿Qué ocurrió con el MAS cuando Evo Morales aprovechó una disputa dirigencial ante las elecciones de 1999 para imponer un cambio programático en el Instrumento Político, utilizando para ello una sigla electoral que le cedió gentilmente un sector de la Falange Socialista Boliviana? A partir de allí se comenzó a dejar de lado la propuesta estratégica de Tierra Territorio, cambiándola por un programa de lenguaje nacionalista, con una retórica antiyanqui y de defensa de la hoja de coca. Podremos ver luego que esa retórica antiyanqui termina en una práctica de subordinación a las empresas extractivas multinacionales que alimentan (y se alimentan de) el expansionismo brasileño.
Qué dicen esos artículos modificados? El inciso VII agregado al artículo 146 dice:
“VII. Las circunscripciones especiales indígena originario campesinas, se regirán por el principio de densidad poblacional en cada departamento. No deberán trascender los límites departamentales. Se establecerán solamente en el área rural, y en aquellos departamentos en los que estos pueblos y naciones indígena originario campesinos constituyan una minoría poblacional. El Órgano Electoral determinará las circunscripciones especiales. Estas circunscripciones forman parte del número total de diputados.”
De esta manera, si quedaba alguna duda de la violación del principio de devolución de la soberanía al pueblo, aquí queda despejada. Las limitaciones para que se establezcan circunscripciones “especiales” indígenas son tales que, en los departamentos donde hay mayoría indígena, es decir todos los departamentos de la región andina, no está permitido la elección de representantes por usos y costumbres. Aún allí donde los pueblos indígenas son minoritarios, es decir en las tierras bajas, la ley electoral también ha impedido que la elección de representantes sea por usos y costumbres y ha impuesto la elección a través de partidos políticos y por voto universal y secreto, impidiendo el ejercicio de las instituciones políticas propias indígenas. A esto se agrega el hecho de que se impide la constitución de circunscripciones indígenas que trasciendan los límites departamentales. Las disposiciones de carácter reglamentario de este inciso agregado ilegalmente vulneran los artículos fundamentales 1º, 2º, 7º, 276, 296 y otros.
El artículo 315, un artículo agregado de contrabando dentro del capítulo de Organización económica del Estado, es una burla aún más grotesca del mandato constitucional. Dice lo siguiente:
Artículo 315, de la propiedad de la tierra por personas jurídicas
I. El Estado reconoce la propiedad de tierra a todas aquellas personas jurídicas legalmente constituidas en territorio nacional siempre y cuando sea utilizada para el cumplimiento del objeto de la creación del agente económico, la generación de empleos y la producción y comercialización de bienes y/o servicios.
II. Las personas jurídicas señaladas en el parágrafo anterior que se constituyan con posterioridad a la presente Constitución tendrán una estructura societaria con un número de socios no menor a la división de la superficie total entre cinco mil hectáreas, redondeando el resultado hacia el inmediato número entero superior.
Este artículo invalida los efectos prácticos del Referéndum dirimitorio de enero de 2009 en el cual se estableció que el límite máximo de la propiedad rural era de 5.000 hectáreas. Lo que se está diciendo aquí, en un lenguaje incomprensible para los no iniciados, es que una sociedad anónima puede tener tantas veces 5000 hectáreas como socios tiene esa sociedad. Viola la prohibición de latifundio contenida en la Constitución y los artículos 397 y 398. El artículo 399 completa la burla estableciendo que el límite de 5000 hectáreas solo se aplica a las propiedades adquiridas con posterioridad a la puesta en vigencia de la Constitución.
Con lo cual las modificaciones ilegales realizadas a esta Constitución en virtud del Pacto de la Casa Campestre de octubre de 2008 con la Media Luna terminan por legalizar el latifundio en Bolivia.
¿Qué mas? A la legalización del latifundio se le agrega la legalización constitucional de los transgénicos
El artículo 408 fue modificado en forma totalmente contraria a lo que establecía el artículo original. Qué decía el artículo original? Lo siguiente: “Se prohíbe la producción, importación y comercialización de transgénicos”. En cambio, el artículo aprobado por el Parlamento establece lo siguiente:
Art. 408
La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley.
La ley 144 del 26 de junio de 2011, de la Revolución productiva agropecuaria, aprobada por la Asamblea Plurinacional confirma la legalización de los transgénicos y protege la obtención de patentes sobre semillas, sean nativas o no, a favor de las multinacionales, violando el derecho de las comunidades a proteger sus semillas propias resultado de un trabajo y un conocimiento en la selección de variedades que duró siglos de experimentación.
Estas modificaciones ilegales son el resultado del Pacto con la Derecha, entre el gobierno del MAS y los prefectos de la media luna, un pacto que está al servicio de los intereses del latifundio, y que fue convalidado por el conjunto de los partidos políticos. En las reuniones y acuerdos secretos del Pacto no pudo participar oficialmente ningun representante de las organizaciones campesinas indígenas originarias, aunque sospechamos que algunos dirigentes si estaban muy comprometidos en el asunto. Se admitió la presencia de un técnico (Adolfo Mendoza) que había acompañado la redacción del proyecto de Constitución elaborado por el Pacto de Unidad. Ese técnico recibió en premio a los servicios que prestó a dicho Pacto con la Derecha firmado por el MAS al servicio del latifundio, el cargo de Senador por Cochabamba en las elecciones siguientes.
En síntesis, ¿cuál es el avance, como se plantea la propuesta hacia una nueva civilización?
Existen en la Constitución varias provisiones que se refieren a la buena vida en convivencia con la Madre Tierra, a los principios del Ama sua, ama qhilla, ama llulla. Sin embargo, no son estas referencias líricas las que pueden garantizar llegar a una buena vida. Es a través de una organización política, de una autoridad propia y democráticamente controlada la que se puede hacer cargo de la transformación de una vida que ahora está sometida a las necesidades de un capitalismo depredador y, en cambio, poder construir una sociedad más armónica.
Es el Estado nacional-colonial que conocemos el que puede asumir esa tarea? Es ese Estado apoyado en la fuerza de coerción, en los aparatos de represión de la Policía y el Ejército, de los jueces corruptos y de los alcaldes peor aún? No es esa la idea de los pueblos reunidos en el Pacto de Unidad.
La idea es que podremos transformar la vida a través del autogobierno, del control territorial por la propia gente que vive allí, con la recuperación del ejercicio directo de la soberanía por el pueblo. La reconstrucción de la comunidad es posible ahí donde la gente misma puede ejercer su autogobierno. Es simplemente imposible esperar un cambio si son las empresas las que financian a los partidos políticos y son estos los que tienen el monopolio de la representación política.
Hay otras formas de organización y de campaña política. Cuando el MAS o, para ser más exactos, la ASP-IPSP inició su primera campaña electoral municipal en diciembre de 1995, no tenía absolutamente ningún recurso. Lo hizo simplemente con la fuerza de la organización campesina y comunal. Y sorprendió ganando en un número importante de municipios. No hacía falta la propaganda política porque la gente sabía a quien votaba, habían elegido a sus candidatos en sus propias Asambleas de subcentrales y centrales campesinas, en sus Congresos provinciales. Cuando los dirigentes se pelearon, y agarraron la “manija”, recibieron financiamiento de la Corte electoral y apareció el MAS como representando al IPSP, ya los candidatos que se elegían en las Asambleas no aparecían en la lista aprobada por la Corte electoral, y en cambio aparecían otros puestos a dedo. Eso es resultado de que alguien maneja la plata y eso le permite controlar y corromper. Es la misma situación en las alcaldías que ganó el MAS. El poder tiene que salir de abajo y no de la plata.
El cambio viene de la propia gente, de su movilización, de su autogobierno, de su lucha. En eso consiste el núcleo de la propuesta campesina, indígena originaria. Ese es el tema que se debate en la cuestión de la carretera por el TIPNIS: Es el gobierno el que va a garantizar una buena vida a los habitantes del Tipnis con una carretera? O que va a permitir el desarrollo de Cochabamba y el Beni y mejorar nuestras vidas? O son las comunidades indígenas del TIPNIS las que pueden manejar bien su territorio y vivir de forma acorde a su cultura, si las dejan en libertad de hacerlo, sin la intrusión del narcotráfico, de las empresas petroleras, mineras y forestales. Lo que se aplica al TIPNIS también se puede aplicar a El Alto, también se puede aplicar a Kara Kara o a Jayhuayco. En eso el pueblo boliviano tiene suficiente experiencia.
El gobierno central y el Estado tienen que dejar de existir? No es así. El gobierno del Estado tiene la función de administrar los bienes comunes del conjunto del país, y una cosa es administrar y atender el bien común y otra cosa es tener todo el poder de decisión reunido en unas cuantas personas. La administración del estado, incluso la administración de los recursos estratégicos como el petróleo, la energía en todas sus formas, el comercio exterior, las finanzas se pueden racionalizar de acuerdo a las políticas que resultan de la participación de las diferentes estructuras políticas de autogobierno, una vez que cada una de las cuales tiene suficiente capacidad y autosuficiencia como para no depender de la estructura central de gobierno.
Una estructura basada en autonomías y autogobierno tiende a desarrollar sistemas productivos que armonicen con ese espacio social que se autogobierna. No hay duda que en este momento hay un desarrollo desigual muy marcado, una distancia cada vez mayor entre campo y ciudad y entre regiones. Ese es resultado de ese desarrollo desequilibrado, centrado en promover un desarrollo urbano exagerado e irracional basado en la continua expoliación de los recursos naturales y en la subordinación del campo a las necesidades de la ciudad. Es el resultado de la libertad que dispone el capital financiero para manejar los recursos sociales en su provecho. Es el resultado de promover una agroindustria con fines de exportación en vez de promover la seguridad y soberanía alimentaria del país. Es el resultado de ceder constantemente ante las presiones de las multinacionales petroleras, mineras, semilleristas, agroalimentarias y montar un modelo puramente extractivista y depredador. Desmontar ese sistema de acumulación de capital en manos privadas basado en la depredación de los recursos naturales parece una tarea descomunal. No es una cosa tan difícil de resolver si hay un pueblo movilizado y que sabe lo que quiere. El pueblo boliviano sabe lo que quiere.
Es difícil de resolver si las organizaciones dejan gobernar a unos cuantos, se le delegan los poderes a una camarilla que solo sirve a los intereses de los poderosos y a los suyos propios y trata de concentrar los recursos en un centro hegemónico. La tal hegemonía de la que se ufana García Linera no es real, no hay hegemonía, lo que sucede es que se cumple lo que decía Gramsci: “Hay tres formas de gobierno: por la violencia, por el consenso, o por la corrupción”. Y ahí está el asunto.
Difícil se ha vuelto la actual situación, porque organizaciones muy importantes que representaban a una mayoría de los pueblos originarios, indígena campesinos como es la CSUTCB, han decidido abandonar su camino independiente como representantes de naciones y pueblos indígenas y como parte de la clase trabajadora. Han decidido fusionarse con un estado colonial que no ha sido transformado, aunque ahora se llame Estado Plurinacional, y han perdido su carácter de autoridad propia de las comunidades indígenas que tienen control de su territorio ancestral. En cambio, han facilitado la expansión de la autoridad de ese estado colonial, aunque ahora tenga una administración cuya cabeza reclama ser indígena. Esas organizaciones, que una vez lucharon por un instrumento político Tierra-Territorio, hoy están posibilitando que se amenace a las comunidades indígenas que siguen ejerciendo control territorial, y que se use para ello la fuerza y la violencia por parte de la actual administración del estado colonial boliviano. Una administración gubernativa que en realidad no tiene poder, y solo puede seguir gobernando por medio de la corrupción. Que por no tener ningún poder, gobierna ahora para las multinacionales, como es evidente en el caso del TIPNIS[3]. Ya lo anticipó el Ministro de Minas José Pimentel en su carta del 5 de octubre de 2010 dirigida al CONAMAQ con referencia al conflicto por la mina de cobre en Corocoro y donde dice:
“…el Estado Plurinacional no reconoce el autogobierno ni mucho menos la autodeterminación de los pueblos indígenas.”
Cuando Pimentel escribe en su carta las palabras “Estado Plurinacional”, obviamente se está refiriendo a la actual administración gubernativa del MAS dentro de un estado colonial construido históricamente al servicio de las empresas mineras transnacionales a las cuales él no tiene ningún inconveniente en servir personalmente.
Está claro que, limpiando la Constitución de las indecencias que le incorporó el Pacto con la Derecha de octubre de 2008, hay bases legales para reiniciar el camino que el pueblo boliviano puede seguir recorriendo. Es el mismo camino cuyos hitos son el año 2000, el año 2003, el año 2005, luchas triunfantes bajo la inspiración de los pueblos indígenas y originarios. El cambio no lo realizará ninguna administración pública que esté a cargo del actual Estado Colonial que hoy subsiste plenamente en Bolivia, sea la actual o una futura, sea quien sea el líder que encabece esa administración estatal colonial. El cambio lo realiza la gente. Es necesario retomar el camino de la organización independiente, del autogobierno y de la movilización amparada plenamente en los principios fundamentales de nuestra nueva Constitución, para salir en defensa del proyecto de una nueva civilización posible.
[1] Todas los Pueblos y Naciones Originarias y sus organizaciones, incluida la CSUTCB, Bartolinas, CIDOB, CONAMAQ, y regionales de Guaraníes, Afrobolivianos, etc. reunidos en el Pacto de Unidad donde NO estaban representados los cocaleros, presentaron una propuesta AL MARGEN del MAS o de cualquier otro partido político en Agosto de 2006. Para elaborar esa propuesta se comenzaron a reunir desde fines del año 2003 (ver “El Pacto de Unidad y el Proceso de Construcción de una Propuesta de Constitución Política del Estado” La Paz, 2010, publicación sistematizada por Fernando Garces con el apoyo de varias instituciones que formaban parte del equipo técnico del Pacto de Unidad,).
[2] El presidente de la cámara de diputados “plurinacionales” Hector Arce, en un discurso pronunciado en el seminario sobre gobernabilidad organizado por Naciones Unidas el 8 y 9 de diciembre de 2011 elogió ese pacto entre el gobierno del MAS y la derecha, diciendo que gracias a ese Pacto se había garantizado la unidad nacional y el sistema democrático.
[3] Hay muchísimos casos más, de los cuales mencionaremos solamente el de las represas sobre el Rio Madeira, el del avasallamiento del territorio de los Lipez por la empresa minera San Cristóbal, el del avasallamiento de los derechos de agua de Coro Coro por la empresa minera del cobre, el avasallamiento de las comunidades guaraníes, mosetenes, tacanas, etc por las empresas petroleras transnacionales, etc. etc.
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