El año recién pasado se conoció públicamente de experimentos con seres humanos que Estados Unidos había realizado en Guatemala con la complicidad de algunas autoridades que formaban parte del gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, en el período de 1945 a 1951.

Tales experimentos consistieron en exponer a enfermedades de transmisión sexual a 2,082 guatemaltecos, cual ratones de laboratorio.  Un acto a todas luces criminal, falto de ética y un acto de agravia a todo el pueblo guatemalteco, del cual tienen responsabilidad los funcionarios estatales de Estados Unidos como de Guatemala, a quienes el peso de la ley debiera aplicárseles con rigurosidad.  Pero también son responsables ambos Estados, por concebir, aplicar o permitir la realización de este tipo de prácticas deleznables.

Estos hechos generaron durante el 2011, una investigación sobre la cual ya se rindió informe y donde se demuestran tales hechos.  Han salido a luz pública, asimismo, las presiones para ocultar a responsables que todavía están vivos y que mantienen influencias de poder importantes.  Es, en este caso como el de tantos otros, un círculo vicioso en el que se impone la injusticia y la reproducción del régimen imperante que se ensaña contra el indefenso y deja en la impunidad a los poderosos.

Ante lo evidente e incuestionable de las evidencias, el señor Obama, presidente de Estados Unidos, la señora Hilary Clinton, secretaria de Estado, y Kathleen Sebelius secretaria de salud y servicios sociales del mismo país, hicieron públicas sus disculpas por tales experimentos. Pero como imperio es imperio, auto atribuyéndose y legislándose impunidad para sí, en noticias de la Agencia AP, del martes 10 de enero, se confirma que el presidente de EEUU, Barack Obama, afirmó que las víctimas no pueden demandar a este país, sin importar –así lo afirma– lo vergonzoso que hayan sido los estudios.  Asimismo, desde el Departamento de Justicia de dicho país, se argumenta que la “inmunidad soberana” protege a los funcionarios federales de salud de litigios resultantes del estudio.  Dicho gobierno argumenta que la ley federal de reclamación de daños y perjuicios protege a Estados Unidos de demandas basadas en daños sufridos en el extranjero, aun si los actos que causaron los daños se planearon en Estados Unidos; esto no obstante que se violaron derechos humanos, que se violó la prohibición internacional de la experimentación médica en humanos sin consentimiento, tal y como lo hizo el régimen nazi de Adolfo Hitler.

Más cosas verdes respetados lectores. El imperio debe ser cuestionado y su impunidad debe ser derrotada, y en esto tiene responsabilidad pública el Estado guatemalteco y los altos funcionarios públicos.

Como era de esperarse, la condena moral de muchos guatemaltecos y desde otras partes del mundo no se hizo esperar.  Sí hace falta, en cambio, que el Ministerio Público, actúe de oficio persiguiendo a los responsables vivos e inicie o acompañe la demanda que las víctimas decidan impulsar.

Las declaraciones del presidente Álvaro Colom, quien se sumó a las demandas públicas de compensación a los sobrevivientes y sus descendientes por los posibles daños transmitidos, han sido acertadas pero insuficientes.

Al ser un asunto público, la responsabilidad ha estado tibiamente en manos del actual gobierno, pero la responsabilidad de dar continuidad a esta demanda recae en el gobierno de Otto Pérez Molina, quien deberá demostrar en los hechos y de forma coherentemente para qué fue elegido, sin olvidar su carácter de funcionario público, al servicio de los ciudadanos guatemaltecos y de la soberanía nacional, y no de poderes imperiales.

Mario Sosa
Coordinador de Comunicación y Propaganda del Frente Popular.