Ginebra.- Si los países pobres quieren desarrollarse, tienen un solo camino: integrarse a la globalización neoliberal y aceptar las reglas del "libre mercado". No hay otra vía. Aún más, si desean recibir la ayuda de Estados Unidos deberán someterse a los nuevos parámetros elaborados por la administración de George W. Bush. Estos son algunos de los planteamientos en el Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo que se reunió en Ginebra del 3 al 14 de febrero del 2002.

 Al abrir las deliberaciones, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Sergio Vieira de Mello, señaló que este grupo de trabajo, creado en 1998 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para "supervisar y examinar los progresos realizados en la promoción y el ejercicio del derecho al desarrollo", es, actualmente, el único foro mundial oficial sobre derechos humanos y desarrollo, en el cual participan cada año los estados, las agencias internacionales, las instituciones financieras y las ONGs.

“Hacer cumplir el derecho al desarrollo es importante para los hambrientos, los excluidos/as, los sin voz, los/as marginados/as y los perseguidos/as. Avanzar en este grupo de trabajo es importante porque ahora, 17 años después de la adopción de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, existen más de 1000 millones de personas que apenas sobreviven con menos de un dólar al día, negándoles la dignidad, la seguridad humana y la igualdad humana; ciento trece millones de niños no van a la escuela; dos tercios de los analfabetos en el mundo son mujeres y una de cada 48 mujeres en los países en desarrollo muere durante el parto; once millones de niños mueren cada año antes de cumplir los cinco años, principalmente por enfermedades que se pueden prevenir; casi mil millones de personas no tienen acceso al agua potable y el doble no tiene acceso al saneamiento básico, mientras 40 millones viven con el VIH/SIDA”, agregó el brasileño Sergio Vieira.

Si se miran estas impactantes estadísticas, la conclusión ética es que hay que actuar con urgencia para atacar la pobreza, el hambre y la enfermedad en el mundo. Pero esta premura no parece ser compartida por la mayoría de dirigentes de los gobiernos del Norte. Para Estados Unidos ahora la prioridad es su seguridad y la lucha contra el terrorismo. Para la Unión Europea, Japón -y por supuesto también para Estados Unidos- es el comercio mundial, los intereses de sus empresas transnacionales y la incorporación de todos los países a la globalización neoliberal.

Globalización y desarrollo

 Voceros de la Unión Europea reconocieron que no todos los países se han beneficiado de la globalización, que existen importantes desequilibrios y que la liberalización no es suficiente para combatir la pobreza. Sin embargo, señalaron que la herramienta para conseguir el desarrollo es el comercio. Para la Unión Europea es importante definir marcos regulatorios y políticas adecuadas, que, entre otras cosas, fomenten la inversión extranjera directa, mejoren el crecimiento y distribución de la renta, empoderen a las mujeres, protejan los derechos laborales, la protección del medio ambiente y promuevan la comunicación y la información, la lucha contra la corrupción y la buena gobernanza.

Respecto a la propuesta de crear un fondo voluntario formulada por el experto hindú Arjun Sengupta para financiar los pactos de desarrollo, los voceros europeos dijeron que "no consideran que sea una respuesta adecuada para el problema, más fondos no son la solución, la apertura de mercados y la eliminación de barreras comerciales, según el Fondo Monetario Internacional, generan más recursos y los países en desarrollo se beneficiarán más del doble de nivel de vida que lo que tienen actualmente". La Unión Europea focaliza su atención en los 49 países más pobres, situados principalmente en África y Asia, para los cuales ofrece asistencia técnica y libre acceso al mercado europeo.

Los representantes europeos hicieron así mismo una evaluación muy positiva de las negociaciones posteriores a los Acuerdos de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio tomados en noviembre de 2001 en Doha. Entre los supuestos logros están las negociaciones en torno a los acuerdos sobre propiedad intelectual (TRIPs, por sus siglas en inglés) y la salud, el tratamiento diferenciado y especial para determinados países pobres y el mejoramiento en el acceso a los mercados. La representación de Argelia no compartió el tono optimista de Europa pues, señaló, las exportaciones de los países en desarrollo están limitadas a uno o dos productos y en la OMC hay un estancamiento evidente en torno a la negociación sobre los acuerdos de propiedad intelectual y la salud pública. Como se recordará, el pasado 16 de diciembre Estados Unidos vetó en la OMC una resolución que permitía a los países pobres importar medicamentos genéricos a precios accesibles sin tener que pagar altos costos por el uso de las patentes a las transnacionales farmacéuticas. Estados Unidos y Suiza, para proteger los intereses de estas últimas, presionaron para que la lista de medicamentos se limite exclusivamente al SIDA, la tuberculosis y la malaria, mientras los países del Sur aspiraban a tener soberanía en la definición de sus prioridades en salud.

¿Libre competencia entre desiguales?

El Centro Europa Tercer Mundo (CETIM) manifestó que hay incompatibilidad entre el derecho al desarrollo y la globalización neoliberal y los acuerdos de la OMC. Puso como ejemplo los acuerdos sobre la agricultura que son profundamente inocuos para los países del Sur, principalmente en las definiciones del dumping y de las subvenciones autorizadas o sujetas a reducción. Los objetivos de la Ronda de Doha de extender fuertemente la liberalización del comercio deniegan aún más el derecho de los países del Sur al desarrollo, porque la razón de ser de la OMC es el libre comercio. La pregunta que se debe hacer es, ¿a quién beneficia el libre comercio? Porque no puede existir "libre comercio" entre el pobre y el rico, entre el poderoso y el débil. Los dos son, por definición, desiguales y no disponen de los mismos medios ni de las mismas capacidades.

La situación social ha empeorado con la globalización neoliberal en curso, porque esta última deja poco margen de maniobra, por no decir ninguno, a los pueblos para decidir sobre sus políticas de desarrollo. El peso de la deuda externa, los programas de ajuste estructural las políticas de las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial, OMC) y la falta de una auténtica cooperación internacional tienen una incidencia directa sobre el derecho al desarrollo. Negar estas evidencias equivale a negar a centenares de millones de seres humanos en el planeta a los derechos más elementales. En efecto, ¿cómo asegurar a centenares de millones de personas una vida digna cuando el 20 por ciento de los países más ricos se apropia del 86 por ciento del PIB mundial, mientras el 20 por ciento de los más pobres detentan apenas el 1 por ciento; cuando las ganancias de las 200 más grandes fortunas sobrepasan los 1000 millones de dólares y la cifra de negocios de las 6 mayores transnacionales es superior al PIB del conjunto de los 100 países más pobres?, preguntó el CETIM.

Los países del Norte y sus transnacionales controlan el 82 por ciento del comercio mundial, mientras los 49 países más pobres solo participan con el 0.5 por ciento. "Una enorme hipocresía gobierna las relaciones entre las potencias dominantes de la OMC y los países más necesitados. Los acuerdos que estos últimos son obligados a suscribir les imponen de hecho un "desarme económico unilateral". Sometidos a una liberalización forzada de su economía, estos países deben prácticamente abrir su territorio a la instalación de fábricas extranjeras y a la importación de bienes de capitales y de patentes (...). Para que una industria naciente pueda vivir y desarrollarse, el país que la alberga debe tener el derecho de protegerla por medio de derechos de aduana recaudados en las fronteras sobre los productos industriales de la competencia, fijación de cupos, restricciones en la distribución, etc. Pero la OMC lo prohíbe", escribe el relator especial sobre el derecho a la alimentación, el suizo Jean Ziegler, en su último libro "Los nuevos amos del mundo".

La inmensa mayoría de los países pobres son países agrícolas. El hemisferio Sur alberga al 87% de los campesinos del mundo. Los países del Norte, con un elevado poder de compra, cierran sus mercados a los productos agrícolas y agroalimentarios del Sur. Simultáneamente, los países dominantes en la OMC subvencionan masivamente la producción y las exportaciones de sus propios bienes agrícolas. Los excedentes de su producción inundan el Tercer Mundo y provocan la destrucción de las frágiles estructuras agrícolas autóctonas.

El desarrollo ¿tarea de todos?

Europa y el Japón cuestionaron la competencia del Grupo de Trabajo para emprender un análisis de fondo sobre las repercusiones del comercio mundial y las políticas de los organismos financieros sobre el disfrute de los derechos humanos. "El Grupo de Trabajo no puede ser el espacio para sustituir las negociaciones multilaterales en áreas donde otras organizaciones internacionales tienen la responsabilidad", indicó la Unión Europea. Junto a este intento de bajarle el perfil a las tareas del Grupo de Trabajo, varios representantes de países industrializados argumentaron que la realización del derecho al desarrollo es un asunto que compete sobre todo a los estados nacionales, subestimando el aporte que puede dar la comunidad internacional.

Al respecto, el delegado de Cuba, Jorge Ferrer Rodríguez, argumentó que para la realización de los derechos humanos y en particular de los derechos económicos, sociales y culturales, se requiere tanto de medios financieros como materiales. Por razones históricas, la mayoría sino la totalidad de los países en desarrollo necesitan de capitales externos y son dependientes de su comercio exterior para poder financiar los presupuestos nacionales, que les permiten adquirir bienes concretos como alimentos, medicinas, equipos médicos, agrícolas e industriales, y de esta manera poder garantizar los derechos al empleo, a la educación y a la salud. En otras palabras, aunque haya voluntad política no es factible en términos prácticos alcanzar la realización de todos los derechos humanos por razones humanas objetivas. Se debe reconocer la noción de las obligaciones internacionales respecto al desarrollo y no se puede considerar a los Estados individuales como los únicos que tienen el deber de respetar los derechos humanos. El derecho al desarrollo deber ser perseguido a escala nacional, regional e internacional, se advirtió.

Otros delegados de países del Sur dijeron que no se debe desvalorizar el derecho al desarrollo con relación a otros derechos. La Conferencia mundial sobre derechos humanos en Viena de 1993 lo colocó en igualdad de condiciones con otros derechos humanos, anotando la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos. Tampoco se puede aislar el respeto a los derechos humanos con relación al crecimiento económico sustentable.

Las nuevas condiciones de Bush

Un asunto que pasó casi desapercibido en el Grupo de Trabajo pero que tendrá una indudable repercusión internacional es la estrategia de la administración del presidente George W. Bush de ligar la ayuda al desarrollo a sus objetivos internos de seguridad nacional y a la exportación del modelo neoliberal.

Dentro de los países desarrollados, Estados Unidos es el que menos ayuda al desarrollo dedica con relación a su Producto Interno Bruto (PIB). Mientras en el año 2000, países como Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y Suecia asignaban más del 0.8% de su PIB a la ayuda al desarrollo, Estados Unidos dedicaba a este objetivo el 0,1 % de su PIB. La novedad ahora es que esta ayuda será distribuida de acuerdo a los criterios de la iniciativa denominada The Millennium Challenge Account (MCA), anunciada por Bush en marzo del 2002 y cuya legislación debe ser presentada al Congreso de Estados Unidos en febrero de este año.

El Consejo de Seguridad Nacional dirige el diseño de la estrategia de la MCA. De hecho la MCA forma parte de la Estrategia de Seguridad Nacional adoptada en septiembre de 2002, que es conocida por contemplar la acción militar preventiva para luchar contra el terrorismo y el llamado eje del mal. Los fondos estarán destinados a dotar de servicios de agua potable, salud y educación por medio de asociados privados o públicos. Pero la ayuda no necesariamente irá a los más desposeídos sino a los países que demuestren la voluntad de aplicar las políticas diseñadas en Washington.

Para distribuir los fondos de la MCA se establece una corporación federal que tomará en cuenta "16 indicadores de desempeño" de los países, agrupados en tres categorías: gobierno justo, inversión en la gente y libertad económica. Entre estos indicadores, elaborados por el Banco Mundial, el FMI y los institutos de estudios ligados al Partido Republicano como la Heritage Foundation, constan aspectos como tasas de inflación, política comercial, política regulatoria, número de días para comenzar un negocio, el ranking de crédito del país, libertades civiles, etc. Según Bush la MCA debería revolucionar los principios del financiamiento y de las operaciones del G8 (los ocho países más ricos del mundo), el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo. La ayuda no se entregaría directamente a los gobiernos sino que se canalizaría a través de entes privados (empresas transnacionales y ONGs internacionales) que deberían buscar contrapartes locales.

El monto total de la ayuda al desarrollo prometida por Bush alcanzara los 10.000 millones de dólares en el 2004 y 15.000 millones en el 2006. Comparado con el gasto militar de Estados Unidos esta cantidad es como una gota de agua en el desierto. El presupuesto militar del 2003 del Pentágono supera los 355 mil 400 millones de dólares, el más alto de los últimos 20 años.

La oficina de presupuesto del Congreso de Estados Unidos calcula que el costo adicional del desplazamiento de las fuerzas militares de este país para atacar a Irak estaría entre los 9.000 y 13.000 millones de dólares. Cada mes de combates costaría entre 6.000 y 9.000 millones. Luego de las hostilidades, los costos de retorno de las fuerzas militares a sus bases de origen se situarían entre 5.000 y 7.000 millones de dólares.

La ocupación de Irak, acompañada de operaciones de combate, podría costar entre 1000 y 4000 millones de dólares al mes. Para la guerra, a Bush, al parecer, le sobra el dinero... para el desarrollo las contribuciones son cada vez más escasas... y fuertemente condicionadas. Son las reglas de la dictadura del mercado.

Publicado en América Latina en Movimiento # 365 (ALAI), p. 9, 25-02-2003, Quito