Al consagrarse en la nueva Constitución de 2008 que Ecuador es un Estado intercultural y plurinacional, bajo la premisa de avanzar en la construcción de “una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”, el país se convierte en uno de los pioneros en asumir un horizonte alternativo al paradigma de desarrollo capitalista y, por tanto, a la propia crisis civilizatoria en curso.

 

Esta Carta Magna, que recoge el anhelo de la refundación del país sobre nuevos pilares, fue producto de un espacio y momento caracterizados por la participación y el diálogo en los cuales se catalizaron demandas históricas y profundas de una multiplicidad de fuerzas sociales comprometidas con un cambio radical.  Pero el vértigo que posteriormente impone la contingencia política-electoral, entre otros factores, da coletazos que afectan a esa dinámica favorable al debate necesario para procesar y aterrizar tales planteamientos en los marcos legales y políticas públicas.  Es más, también da lugar a que se generen desmembramientos en el bloque de la “revolución ciudadana” liderada por el movimiento PAIS, que con el tiempo se traducen en rupturas.

 

Los sectores de izquierda y sociales desafectos con la gestión del presidente Rafael Correa, no desconocen que el mandatario acierta al considerar primordial y urgente la recuperación del rol rector y regulador del Estado, pero sí cuestionan lo que consideran un giro hacia una gestión económica más pragmática que programática, con lo cual la transición va cediendo cada vez más espacio al continuismo, particularmente en lo que respecta a la extracción de recursos naturales.

 

Por iniciativa de estos sectores, aglutinados en la Coordinadora Plurinacional, el 8 de marzo se inició al sur-oriente del país la “Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos” para exigir al gobierno un “cambio de modelo de desarrollo, para construir un modelo de soberanía alimentaria, que es la base de un verdadero Estado Intercultural y Plurinacional”, según expresan en el respectivo “Mandato”.

 

Con tal propósito, éste contiene una plataforma de 19 puntos que indistintamente recoge reivindicaciones coyunturales y cuestionamientos a la orientación de las políticas.  Esto como recurso para atender demandas específicas de estos diversos sectores cuya coincidencia primaria es el haber roto con Correa, a lo que se añade actores que más allá de tal plataforma en su agenda lo que importa es preparar condiciones favorables para la próxima contienda electoral.  Y en este plano se ubica también la respuesta oficial.  Convertida la Marcha en un mecanismo de medición de fuerzas, el margen para que pueda generar un debate de fondo se torna cada vez más reducido (1).

 

De acuerdo al “Mandato” de la Marcha, “El gobierno de Alianza País se caracterizó en un inicio por una propuesta contra-neoliberal asumiendo el discurso y las propuestas que conformaron la plataforma de lucha del movimiento indígena y de los movimientos sociales.  Ya en el ejercicio de su mandato, el gobierno se caracteriza por impulsar una gran reforma capitalista que, según el Plan Nacional para el Buen Vivir, plantea un cambio del eje de acumulación cuya estrategia de desarrollo endógeno permitiría transitar de un esquema extractivo, primario exportador y especulativo a uno basado en la mercantilización y aprovechamiento privado de la biodiversidad para beneficio de las transnacionales.  Sin embargo, las políticas del gobierno dan continuidad y amplían el modelo extractivista y contaminante”.

 

 

Para conocer la posición del gobierno sobre este tema, ALAI entrevistó a Ana María Larrea, subsecretaria general de planificación para el Buen Vivir, de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), quien reconoce que el buen vivir implica un cambio en la concepción sobre el desarrollo, en la concepción de la interrelación de los seres humanos entre sí y con la naturaleza y con el cosmos, pero que es un objetivo a alcanzar -no un punto de partida- para el cual hay que generar una serie de condiciones.

 

Si Ecuador, durante toda su historia republicana ha generado su forma de acumulación a base de sus productos primarios, entonces "lo que nos preguntamos en el gobierno nacional es cómo dejar ese modelo a futuro", señala Larrea.  "Implica un cambio en la matriz productiva de todo el país, y esto no es algo que lo hacemos de un día para otro".  Para avanzar hacia este cambio, se está invirtiendo en un proceso de generación de capacidades y de transferencia tecnológica.  "Pero eso es un proceso que nos va a tomar 10, 15 o 20 años, incluso más, de manera que podamos ir modificando la matriz productiva.  Nosotros queremos pasar a ser una economía basada sobre todo en servicios, donde tenga un componente muy fuerte el tema del turismo y del bio-conocimiento.  Estamos trabajando en esa dirección; pero mientras tanto tenemos que dar de comer a los ecuatorianos, y por eso no se ha parado las prácticas extractivas, porque no lo podemos hacer", afirma Larrea.

 

Para ilustrar la necesidad de recursos, la subsecretaria de la SENPLADES cita un estudio muy amplio que este organismo presentó hace poco al Presidente de la República, donde se estima que costaría al país cerca de 40 mil millones de dólares solamente para dotar a toda la población del mínimo necesario de infraestructura básica, servicios públicos y garantía básica de derechos (salud, educación, saneamiento, electricidad, etc.) como condición básica del buen vivir.  Este monto es casi 10 veces el presupuesto actual de inversión anual en infraestructura de todo tipo.

 

Toda vez, ante la observación de que una cosa es no parar el extractivismo y otra es abrir una nueva ventana, como la minería a gran escala, que el país acaba de inaugurar, Larrea lo justifica porque las reservas petroleras se están agotando; "si vemos una planificación a largo plazo, es necesario generar una serie de recursos justamente para alcanzar ese buen vivir".

 

 

Justamente, el pasado 5 de marzo, el gobierno de Rafael Correa firmó el primer contrato de minería a gran escala y a cielo abierto en el país, con la empresa minera Ecuacorriente (ECSA), de capital chino.  Se trata del campo de cobre Mirador, en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en el sur-oriente del país, con reservas recuperables estimadas en más de 5000 millones de libras de cobre.  La inversión prevista es de $ 1400 millones en los próximos cinco años.  El contrato establece una participación para el Estado no inferior al 52%, que según el gobierno, significaría que Ecuador encabezaría las rentas mineras en el mundo (en términos porcentuales).  Se prevé que los recursos se inviertan primero en el desarrollo social de las mismas parroquias de Zamora Chinchipe.  Además, el gobierno afirma que se utilizará una tecnología que minimizaría la contaminación y el impacto ambiental.  Se prevé implementar también otros proyectos similares.

 

La iniciativa ha provocado expresiones de fuerte rechazo de ciertos sectores, indígenas y ambientalistas entre otros, que consideran que es una opción contraria a la vocación del buen vivir que establece la Constitución.

 

A tales críticas, la subsecretaria de la SENPLADES argumenta que no es cierto que Ecuador comience ahora a ser un país minero.  Considera que el mayor daño ambiental es el que ha provocado la minería ilegal, que opera no solo de manera artesanal, sino con grandes y costosas maquinarias, provocando enorme contaminación y destrucción.  En cambio, afirma, los contratos de minería a gran escala permitirán establecer garantías jurídicas y controles, además de regalías que beneficien al país y a la población local.

 

Al respecto, reconoce que las economías del Sur en general están viviendo un proceso de reprimarización, relacionado con la demanda y los altos precios de los productos primarios y el rol de China en el mercado internacional, que ha significado "una bonanza… una serie de ingresos que antes ni lo soñábamos; y esto está haciendo que dejemos lo otro: poder dar valor agregado a nuestros productos y pensar en nuestras economías más allá de la coyuntura".  No obstante, opina que Ecuador es uno de los países que está enfrentando el problema plenamente consciente, y que "justamente ha planteado esta estrategia para poder usar esos recursos en la transformación de la matriz productiva".

 

Por su parte, desde la oposición, Alberto Acosta -ex ministro de energía del gobierno Correa y primer presidente de la Asamblea Constituyente de 2008- considera que “una economía extractivista, es decir prioritariamente primario-exportadora, tremendamente violenta con la Madre Tierra y sumisa frente al mercado mundial, no tiene posibilidades de conducirnos al desarrollo.  Se pueden vivir épocas de bonanza económica, pero difícilmente caminaremos al desarrollo.  Mucho menos esta modalidad de acumulación será la base para construir el Buen Vivir en tanto alternativa al desarrollo.  En conclusión es imperiosa la necesidad de superar esta dependencia de los recursos primarios” (2).

 

Acosta opina que la explotación de minerales a gran escala no es una fatalidad, sino una elección, la cual "debe ser asumida en forma democrática y responsable".  Ello implicaría "un amplio debate con una activa participación ciudadana, ratificada con una consulta popular".  Y en caso de que la decisión de la sociedad sea favorable a la megaminería, "la misma sociedad debería ser la que establezca las bases para su cristalización sin poner en riesgo la vida", bases que ya están plasmadas en la Constitución de Montecristi.  Y añade: "lo mínimo que se podría hacer es prohibir la megaminería y la minería en general en las fuentes de agua -ríos, lagunas, páramos, aguas freáticas y humedales-, en las zonas de alta biodiversidad, en regiones en donde la vida de las comunidades esté en riesgo, en parajes con vestigios patrimoniales arqueológicos…".  Por lo tanto, afirma, "no estamos exclusivamente frente a una discusión técnica y económica, como pretende el lobby minero-gubernamental.  Siendo muy importante, tampoco se agota la discusión en lo ambiental.  Esta es una discusión política de fondo…”.

 

Sin embargo, entre las urgencias oficiales y los desplantes de sectores críticos, con un ambiente electoral que comienza tempranamente a recalentarse, el espacio para que prospere una discusión política de fondo más bien parece que tiende a estrecharse.  En estas circunstancias resultan significativas las declaraciones del Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en el sentido de que “nosotros  sí tenemos buena fe en los diálogos, en los diálogos que se pueda construir en función del país”, siendo que las relaciones de esta colectividad con el ejecutivo se mantienen tensas desde un buen tiempo atrás, entre otros factores porque cerca de 200 de sus compañeros se encuentran procesados por protestas sociales.

 

A propósito, en el diálogo con Ana María Larrea le preguntamos cómo entender la confrontación con organizaciones indígenas, cuando la transición hacia el buen vivir requiere, no solo de nuevas visiones, sino también de la construcción o impulso de actores sociales que se empoderen y luchen por tales cambios.  Nos respondió que "no es con las organizaciones indígenas que hay problemas: es con una organización indígena", desencuentro que –según ella- vendría desde el primer proceso electoral encabezado por Correa, cuando Pachakutik optó por no terciar junto con PAIS.  "Yo creo que con la CONAIE particularmente, con los movimientos sociales en general, más es lo que nos une que lo que nos distancia.  Casi todos los planteamientos programáticos fuertes de los movimientos sociales han sido canalizados por el gobierno actual.  Y sí, creemos en el protagonismo social y en la importancia de contar con actores sociales fuertes –de hecho la Constitución ecuatoriana actual… es la más participativa que hay en América Latina-".

 

Notas:

(1) Los medios de comunicación, en abierta confrontación con el presidente Correa, han abierto sus espacios para cubrir la marcha destacando puntos que podrían desgastar al gobierno.  Como sea, por las circunstancias se han visto forzados a abordar temas que en otras circunstancias habrían pasado por encima, como es el tema minero.  Pero de ahí a que busquen contribuir a que se mantenga y amplíe el debate resulta impensable, a menos que la presión social no les deje otra opción.

 

(2) “Frente a las sinrazones de la megaminería”, prologo del libro 15 mitos y realidades de la minería transnacional: Guía para desmontar el imaginario prominero, Editorial Abya Yala, 2012.

 

* Este texto es parte de la revista “América Latina en Movimiento”, No 473, correspondiente a marzo 2012 y que trata sobre "Extractivismo: contradicciones y conflictividad” - http://alainet.org/publica/473.phtml.