En los últimos 20 años, Perú se ha convertido en un destino privilegiado de las inversiones extractivas. El extractivismo minero se ha expandido exponencialmente hasta constituirse en uno de los sectores más importantes de su comercio internacional. Al mismo tiempo, la resistencia a la minería se ha extendido a nivel nacional y el cuestionamiento a su rol en el desarrollo son cada vez más crecientes.

 

El escenario futuro son mayores tensiones entre gobierno y comunidades alrededor de proyectos mineros, donde, desde lo central, se pretende fortalecer el modelo extractivista y desde lo local se buscar romper la visión centralista del desarrollo. Sin embargo, ¿será factible a partir de una resistencia focalizada construir una posibilidad de cambio en el modelo de desarrollo que hasta ahora es fundamentalmente extractivista?

 

 

Debemos reconocer que la actividad minera ha formado parte de la historia del país, pero es desde hace dos décadas que ha venido adquiriendo importancia económica y política.

 

En los primeros años de la década de los noventa se creó un marco favorable (jurídico e institucional) para atraer la participación de los inversionistas privados en el desarrollo extractivista. El nuevo marco eminentemente liberal facilitó el desarrollo extractivo, expresándose en el incremento de áreas concesionadas para la minería y de las inversiones en exploración, la entrada en operación de grandes proyectos mineros (Yanacocha, Antamina, Pierina, entre otros) y el crecimiento de la participación del sector en las exportaciones.

 

Estas características se mantienen constantes en la actualidad.

 

Las concesiones mineras tituladas superan las 17 millones de hectáreas, pero si añadimos las que se encuentran en trámite, la cifra supera los 23.1 millones de hectáreas (a agosto de 2011). Las cinco regiones (Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac) con el mayor número de comunidades andinas, concentran el 31% del total de hectáreas concesionadas.

 

La minería se ha convertido en el principal sector exportador y destino importante de las inversiones extranjeras. En los últimos cuatro años (2007-2010) las exportaciones mineras en promedio han representado el 60% del total de exportaciones. En el 2010 las mineras exportaron por US$ 21,723 millones. Por otro lado, las inversiones mineras en el 2010 alcanzaron la cifra de US$ 4,026 millones, 42% más que lo registrado en el 2009. La tendencia es creciente en los últimos 4 años. 

 

A julio del 2011, existían en cartera 43 principales proyectos mineros con una inversión esperada de US$ 42,451 millones para los próximos años[1]. El 65.20% de las inversiones mineras se concentra en cuatro regiones: Cajamarca, Apurímac, Moquegua y Arequipa.  Todos los proyectos mineros se ubican en los Andes y sobre territorios de comunidades, así el 27.76% de las inversiones se concentra en cinco regiones con mayor número de comunidades reconocidas.

 

 

 

Desde inicios de la década de los noventa el extractivismo se intensificó sobre los Andes y las comunidades se vieron sorprendidas por la presencia de empresas en sus territorios. Es lógico que, considerando la importancia de sus tierras para su subsistencia, muchas comunidades denunciaran los impactos ambientales y sociales de la minería y en algunos casos no otorgaran consentimiento a los proyectos.

 

En este contexto, surgió –en 1999- la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI)[2], un esfuerzo de articulación de las propias comunidades que se convirtió en uno de los actores emblemáticos.

 

En Espinar (Cusco), San Marcos (Ancash), Cajamarca y otras zonas se denunciaban el desplazamiento de comunidades de sus tierras para dar paso a la expansión minera. En La Oroya, San Mateo de Huanchor, Choropampa, Callao y Cerro de Pasco, se demostró los impactos mineros en la salud y la vida de los pobladores.

 

Al año 2006 varios proyectos mineros fueron cancelados (Tambogrande y Cerro Quillish) o se encontraban estancados (Quellaveco, Río Blanco) por no contar con el consentimiento de las comunidades y poblaciones locales.

 

En la actualidad, algunos de los principales proyectos mineros tienen resistencia de las comunidades: Quellaveco (Moquegua), Tía María (Arequipa), Minas Conga (Cajamarca), Río Blanco (Piura), Santa Ana (Puno) y Pucamarca (Tacna). La inversión estimada para estos proyectos sumaría más de 10 mil millones de dólares.

 

La Defensoría del Pueblo reportó (enero, 2012) un total de 228 conflictos sociales, el 56.6% (129 casos) son del tipo socioambiental que incluyen disputas por el control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. La solución a un total de 101 conflictos socioambientales está en manos del gobierno central. 

 

De este escenario de constantes tensiones entre comunidades y gobierno han emergido algunos temas que han marcado el debate político nacional.

 

Las comunidades consideran que la minería afecta sus territorios, el ambiente y los recursos hídricos y pone en riesgo sus medios de subsistencia tradicional. Los riesgos de la minería en la disponibilidad y calidad del agua es uno de los temas más recurrentes en las demandas de las comunidades. Otro asunto importante son los riesgos para la salud humana de las actividades mineras.

 

En varios casos comunidades y poblaciones más que oponerse a proyectos mineros han reafirmado un modelo de desarrollo propio, basado principalmente en la agricultura y ganadería tradicional.

 

La reafirmación por el modelo de desarrollo local de  las comunidades ha llevado incluso a la realización de consultas vecinales para decidir la inclusión de la minería en sus planes de desarrollo (Tambogrande, 2002; Ayabaca y Huancabamba, 2007; Islay, 2009).

 

Si bien estos procesos son en muchos casos más locales, están cuestionando la visión centralista del desarrollo. Por ejemplo, si los gobernantes quieren a la vez el agua y el oro[3], para las comunidades no parece haber dilemas. Desde el modo de vida rural está claro que el agua es fuente de vida. 

 

 

En los casos donde las comunidades no consienten la minería, se puede suponer que existe una suerte de incompatibilidad de la vocación del territorio con las actividades extractivas (ver recuadro).  En estos casos hay territorios que ambiental y económicamente pueden ser incompatibles con el desarrollo de actividades extractivas.

 

Entonces la minería no siempre puede encajar en la construcción del desarrollo local y regional. Por tanto, si la minería no obtiene el consentimiento de las comunidades no debe leerse como una “posición ideológica” sino que son expresiones de estas incompatibilidades.

 

Las posibilidades de resolver estas incompatibilidades se encontrarían en el ordenamiento territorial. Este debería de hecho reconocer las incompatibilidades y la vocación del territorio de las comunidades. Definir qué se hace en un territorio y qué concurrencias son ambientalmente posibles.

 

El problema es quién y cómo se ordena el territorio. Si lo hace el gobierno nacional el reto es como superar la visión centralista y extractivista del desarrollo. Hay experiencias a nivel regional y local pero es todavía muy temprano para valorar si este instrumento podría resolver un problema estructural.

 

Finalmente, volviendo a nuestra pregunta inicial, dos décadas después de intenso extractivismo podemos identificar señales que cuestionan y plantean reformas al modelo extractivista. Sin embargo, es todavía lejana la posibilidad de discutir una transición con el poder central, pero se están gestando procesos locales y una incipiente articulación política que a largo plazo podría llevarnos a este escenario. Por ahora el ordenamiento territorial podría ponerle límites a la minería.

 

 

 

El proyecto “Quellaveco” (Moquegua), de propiedad de Anglo American[4] pretende extraer cobre de un yacimiento que se ubica sobre el lecho del río Asana y la empresa planea desviar el curso del río, así como utilizar aguas reservadas para un proyecto agrícola. Desde hace más de una década 28 comunidades aymaras de la zona andina y agricultores del valle costeño se oponen al proyecto minero por considerar que su ejecución podría limitar la disponibilidad de agua para las actividades agrícolas.

 

“Rio Blanco” (Piura), es otro proyecto de cobre ubicado sobre una concesión de 6,475 hectáreas de propiedad de la empresa china Xiamen Zijin Tongguan[5]. El proyecto se ubica sobre una zona de “bosques de neblina” que constituye un ecosistema andino con alta biodiversidad y una de las principales fuentes de agua para la región. Las comunidades de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, así como agricultores de los valles de Piura, se han movilizado en oposición al proyecto desde el año 2004. En el 2007 realizaron consultas vecinales en las provincias altas donde las comunidades rechazaron las actividades mineras en la zona[6].

 

El proyecto “Tía María”[7] de Southern Copper (Grupo México) ubicado en la provincia de Islay (Arequipa) extraería cobre a través de dos tajos abiertos. Inicialmente la empresa planteó usar aguas subterráneas y luego agua desalinizada de mar. Sin embargo, agricultores del Valle del Tambo se oponen al proyecto y han realizado una consulta vecinal donde la mayoría se pronunció en contra de la minería (septiembre, 2009). Tras las protestas, el gobierno canceló el proyecto (abril, 2011)[8], pero la empresa anunció que insistirá con el proyecto minero (febrero, 2012)[9].

 

Entre mayo y junio del 2011, el proyecto “Santa Ana”, de propiedad de Bear Creek Mining Corporation[10] y ubicado en Puno, movilizó a las comunidades aymaras demandando declarar la región libre de minería. Tras varias semanas de protestas el gobierno tuvo que revocar la autorización a la empresa y aprobar la aplicación de un procedimiento de consulta previa a las comunidades[11].

 

Recientemente, entre noviembre y diciembre del 2011, las comunidades de Cajamarca se movilizaron demandando la cancelación del proyecto minero Minas Conga[12] de propiedad de Minera Yanacocha. El proyecto se ubica sobre una cabecera de cuenca, su ejecución implicaría la desaparición de lagunas naturales y afectaría las cuencas de tres provincias.

 Tras un fallido intento de diálogo, el gobierno central implementó un “peritaje” sobre el estudio de impacto ambiental cuyos resultados pretenden justificar la viabilidad del proyecto.

 

Luis Vittores es economista peruano, asesor de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

 

Este texto es parte de la revista “América Latina en Movimiento”, No 473, correspondiente a marzo 2012 y que trata sobre "Extractivismo: contradicciones y conflictividad” - http://alainet.org/publica/473.phtml.

 

---