Antes del desmantelamiento de la Unión Soviética a finales de los años ochenta del siglo pasado, los pueblos centroamericanos vivieron inmersos en las trágicas guerras contrainsurgentes.  EE.UU en su lucha contra la URSS para hegemonizar el dominio del mundo, imponía a los gobiernos de los Estados centroamericanos (su “patio trasero”), dictaduras represivas favorables a los intereses imperiales y contrarios al bienestar de los pobres.  Había que evitar a toda costa la influencia comunista en la región.

 

Los respectivos gobiernos de la Zona, ejecutaron varios programas militares y policiales controlados por Norteamérica, tales como: la política de “seguridad nacional” contra los sectores populares y democráticos; la estrategia de “tierra arrasada” extirpando vidas de personas, animales domésticos, ganados y cosechas; así como la impune “militarización de la sociedad” donde todos los pueblos, salvo los ricos, vivían en estado de sitio permanente.

 

No es de extrañar que a consecuencia de tan grave represión, algunos sectores populares y estudiantiles se levantasen en armas, formando las llamadas guerrillas insurgentes (¿equivocados…?), con el objetivo de lograr democracias populares donde se respetasen los derechos humanos y se mejorasen las condiciones de vida de los trabajadores.

 

En esa época Honduras fue país ocupado por varios ejércitos: el Norteamericano, la Contra Nicaragüense, efectivos de El Salvador, estrategas israelíes, los paramilitares y las propias Fuerzas Armadas Hondureñas.

 

Con las guerras contrainsurgentes se ejecutaron horribles genocidios entre las poblaciones; las víctimas fueron: en Guatemala 250.000, en El Salvador, 85.000, en Nicaragua unos 50.000 y en Honduras alrededor de 20.000.  La represión, aunque en menor medida, se extendió a Costa Rica y a Panamá.

 

Una vez acabada la Guerra Fría, en América Latina se fueron firmando acuerdos de paz conforme a los intereses de Estados Unidos e implantando democracias oligárquicas, vigiladas por las Fuerzas Armadas de cada país y supervisadas por el Pentágono y la CIA.

 

El bienestar y los derechos humanos sólo se han reconocido en el papel de las constituciones democráticas, pues en la práctica las diferencias entre ricos y pobres aumentan. No ha habido en los países centroamericanos, ninguna reforma, ni agrícola, ni industrial, ni educativa.

 

Aunque ya no hay que temer las guerras contrainsurgentes, sin embargo han surgido y crecido otros males igualmente perjudiciales para los pueblos centroamericanos.   Los sectores políticos, los poderes del Estado, la oligarquía y gran empresa, junto con las multinacionales, se afanan en la corrupción, la impunidad, la explotación popular, el saqueo de las riquezas del país, la contaminación ambiental, la evasión de impuestos, la inversión de sus riquezas en paraísos fiscales e industrias de las grandes potencias.

 

Se está obligando a nuestros pequeños pueblos a pagar la deuda externa privada y pública, en ascenso, mientras se beneficia a las clases privilegiadas.  Estamos hartos de que el FMI y el BM al servicio del gran capital trasnacional, impongan en nuestros pequeños países los llamados “ajustes estructurales”, que consisten en: desregular las inversiones y transacciones; anular impuestos a la inversión extranjera y a la oligárquica; reducir el gasto social (salarios, educación, medicinas) para pagar a los acreedores del poder financiero de Estados Unidos y la Unión Europea.

 

En el sistema capitalista, actualmente global y neoliberal, la máxima ganancia es el gran Dios que domina los corazones de las clases dominantes de los pueblos.  A este ídolo de la modernidad global, han de sacrificarse las vidas y el bienestar de los pueblos.  Para ello, se unen impunemente los poderes económicos legales (financieros e industriales) con los delictivos (narcotráfico y crimen organizado).  Los efectos son demoledores  para los pueblos.

 

En ese gran negocio de la explotación popular, también quieren su parte del “pastel”, ciertos mandos de las Fuerzas Armadas y jefes policiales.  Así tenemos que los encargados de la defensa nacional y seguridad ciudadana, se dedican a extorsionar, junto con las bandas de delincuentes, a humildes familias y trabajadores de Centroamérica.  Por ello la inseguridad, los asesinatos, los secuestros, las desapariciones, los encarcelamientos de inocentes, incluso las torturas, aumentan sin cesar.  El tráfico de estupefacientes, armas y personas se ha convertido en grandes negocios macabros de los que se benefician sectores delincuenciales, empresariales y financieros. Las promesas de los respectivos gobiernos de la región para reducir la agobiante inseguridad, son pura demagogia y falsedad.

 

Los poderosos nunca darán a los pueblos sus derechos, serán los sectores populares los que han de luchar pacíficamente por ellos.  “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, dice el poeta Machado.  Cuando los trabajadores hagamos nuestra la utopía de Jesús, “no se puede servir a Dios y al dinero”, aspiremos a una sociedad justa con la unidad y la solidaridad, entonces seremos capaces de cambiar las estructuras de la opresión y explotación por las nuevas estructuras de liberación y fraternidad. ¡Adelante!