YPF: entre intervención y expropiación

Emilio Meynet

08/04/2012

Opinión

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La decisión del gobierno de tomar el mando de la empresa petrolera no tiene vuelta atrás. Un proyecto de declaración de los hidrocarburos como “de interés público” es el paso necesario. Dos posibles vías hacia la toma del control es el dilema que el gobierno debe resolver.

Que el gobierno nacional, encabezado por la presidenta Cristina Fernández, ha decidido tomar el control de la empresa petrolera YPF es un hecho real e irreversible. Así lo aseguraron las voces del oficialismo y fueron precisos en justificar la decisión: el modelo de negocios de la empresa no cierra con las necesidades energéticas del país.

Esta aseveración encuentra correlato en reclamos que se hicieron vox-populi en las últimas semanas luego que el gobierno nacional y ejecutivos provinciales requirieran a la empresa y sus principales accionistas explicaciones respecto del grado de cumplimiento de contratos y los planes de explotación.

Para empezar, conviene recordar lo fundamental: en un país que aspira a un desarrollo industrial propicio para consolidarse como cabeza de una región, en camino a ser un actor de peso en el nuevo esquema de multipolarismo global, necesita determinado nivel de inversiones para aumentar la oferta de hidrocarburos y para asegurarse que no haya caídas constantes en el nivel de reservas.

Lo cierto es que con las inversiones realizadas por la gestión actual, no se estaba cumpliendo con los objetivos propuestos por el gobierno de Cristina Fernández. Tampoco fue de mucha ayuda el intento de “argentinizar” la empresa, con la entrada del empresario argetnino Sebastián Eskenazi como CEO de la empresa durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando la situación económica del país era más frágil que en la actualidad.

Este primer problema trajo con el tiempo un segundo problema aparejado, que es que el Estado tiene que gastar cada vez más para cubrir las importaciones de energía. La perspectiva, de acuerdo con el comportamiento que ha tenido Repsol desde que asumió el mando de YPF, es que el problema se irá agravando año tras año de seguir en esta situación.

Ahora hay una definición que tomar entre al menos dos caminos posibles. El gobierno, con la voluntad de tomar el mando de la empresa, se encuentra ante una bifurcación de caminos con distintos riesgos, tiempos y gradualidades en el cambio que representan: la expropiación; o la intervención, con compra de una porción de las acciones. En ambos casos, deberá contar con previa aprobación en el Congreso de una ley que declare de interés público la producción de petróleo y gas.

Este último punto ya comenzó a diagramarse a través del secretario de Programación Económica, Axel Kicillof. Se prepara desde esa instancia el envío al Congreso de un proyecto que especifique la declaración mencionada, y así armar un paraguas legal frente a futuros –y muy probables– juicios, para no pagar por las acciones a valores de mercado y para evitar que el dinero abonado en pesos salga del país transformado en dólares.

Ante los caminos posibles de intervención o expropiación, el escenario más cercano sería el primero. Consistiría en comprar una porción de las acciones –no está claro cómo se salvaría el obstáculo del estatuto de YPF, que obliga a quien quiera comprar más del 14,9 por ciento de las acciones a ir por el total de la firma– y nombrar un director estatal.

Vale recordar que en ambos casos se contempla desplazar a Repsol y a Eskenazi del manejo diario de la empresa y poner en su lugar a directivos nombrados por el Gobierno. En el ejemplo dado, Eskenazi perdería una parte o la totalidad de sus acciones y Repsol mantendría la mayoría accionaria, pero sin manejar la empresa.

Por otro lado, siempre vigente, la opción de expropiar. El principal argumento por el cual sostienen esa línea de acción es el rédito político que conllevaría, en la línea del pago con reservas al FMI o la estatización de las AFJP.

Aseguran también que sería un gesto simbólico muy importante de fortaleza estatal. Puertas adentro la denominan como la salida “más peronista” a la situación.

El diario Página 12 en una nota publicada el 31 de marzo, afirma que el gobierno nacional se debate entre dos esquemas de gestión petrolera en América del Sur: el de Brasil y Colombia, por un lado; y el de Venezuela y Bolivia, por otro. Todas son compañías controladas por el Estado, pero Petrobras y Ecopetrol tienen protocolos de administración más afines con el sector privado, sin las reglas que deben cumplir otras empresas públicas. PDVSA e YPFB son más al estilo de la otrora YPF argentina estatal.

Una de las razones por la cual la inclinación iría más para el lado de Petrobras, tiene que ver con la afinidad con los sectores privados. La expropiación siempre trae aparejado un alto costo en reputación internacional para el país, por la tensión que provocaría con España, pero también con México y Estados Unidos, con inversiones en la empresa.

Pero con todas las monedas contadas, y la necesidad de la coyuntura política de tomar decisiones a contra reloj, sobre todo cuando ya existen posicionamientos de los gremios petroleros, de las calculadoras de riesgo (Standard & Poors) y las acciones de la empresa caen 26,17 por ciento en un año; llegó el tiempo de las apuestas.

Contar bien las monedas antes de apostar

Repsol es una multinacional cuyo directorio está dominado por distintos grupos financieros -La Caixa, Sacyr Vallehermoso, PEMEX, BBVA, Santander, BlackRock-, por lo cual debe entenderse a dicha empresa en la lógica del capital financiero -supeditar la producción a la valorización del capital existente más allá de cuál sea el proceso de producción-. No importa producir petróleo sino obtener ganancias, así sea exprimiendo una empresa estratégica para el desarrollo nacional del país periférico que sea.

Mientras la economía argentina incrementó un 96 por ciento su PBI entre 2002 y 2011, Repsol pasó a producir un tercio menos. A causa de esto, durante 2011 se tuvo que comprar energía al exterior por 9000 millones de dólares. Con las ganancias obtenidas en Argentina, Repsol se expandió en otros lugares -sobre todo en África- no “regulados” y sin control de precios, o directamente las absorbió -a las ganancias- como ganancias financieras.

El control de precios, las presiones del estado y las importantes retenciones que se le cobran a la exportación de petróleo crudo, sirvieron en su momento para regular la actividad, mantener bajo el precio de la energía y re-distribuir socialmente la renta extraordinaria del petróleo, pero hoy se sienten los límites de no poseer una petrolera propia.

La introducción del Grupo Petersen de la familia Eskenazi al control de una parte accionaria de YPF -25,46 por ciento- y a su gerenciamiento local tampoco generó buenos resultados. La “argentinización” en áreas estratégicas de la economía, lo cual puede ser visto en términos relativos como positivo ante el proceso de extranjerización, no provee una solución de fondo.

En un país con una estructura económica semi-colonial, como el nuestro -más allá de los grandes avances-, el único actor que puede cumplir el rol de “burguesía” estratégica nacional, es el propio Estado.

Por otra parte, el esquema de argentinización contenía en sí mismo una contradicción que hoy sale a la luz: los Eskenazi entraron a la compañía sin poner un solo centavo de su bolsillo. El acuerdo de pagar el paquete accionario del 25,46 por ciento a Repsol mediante las ganancias obtenidas tiene como consecuencia lógica que los beneficios no serán reinvertidos para mejorar la producción -o aunque sea mantenerla-.

Se observa la necesidad de que el gobierno nacional profundice su política de soberanía energética, ya que sin ella no existe ninguna posibilidad de desarrollo autónomo con justicia social.

Por esta razón es que se plantea como necesidad que el Estado nacional y los Estados provinciales accedan a la mayoría accionaria en un esquema mixto y pasen a ejercer el efectivo control de nuestros recursos naturales. Pensando en experiencias argentinas, se habla del “modelo Estenssoro”, cuando el Estado nacional tenía el 20 por ciento de las acciones y las provincias el 19 -aunque en aquel caso el “management” era privado y ahora sería estatal).

Una pregunta bien concreta para hacerse es: ¿Puede el control por parte del capital financiero de la principal petrolera del país, garantizar una política de seguridad energética, en donde además los costos energéticos para la industria y para el consumo sean costos nacionales y no en función de precios internacionales?

La historia argentina parece responder negativamente a esto. Por eso pueden existir planteos de una apropiación por parte del Estado de la empresa en términos graduales, sin descuidar la opinión internacional, y con el intento de caer en una transferencia del paquete accionario, costosísima para el Estado y que impida orientar el esfuerzo fiscal a la ampliación de las inversiones en exploración que permitan expandir la capacidad de producción, que es lo que realmente hace falta. Es decir, estatizar solo por lo que la consigna en sí nos significa.

Pero si se plantea desde el punto de vista de la necesidad de profundizar el proyecto nacional, basándose en los tres pilares que son Estado, Producción y Trabajo; el fin inevitablemente es la estatización. Pero primero se necesitan determinadas condiciones de la economía nacional que permitan hacerlo asegurando dos cuestiones esenciales.

En primer lugar, mantener las condiciones de trabajo para que los trabajadores petroleros no paguen los costos de una posible estatización -de ahí el reclamo de Guillermo Pereyra, referente del gremio de trabajadores del área petrolera, que suponen el peligro de pérdidas de puestos de trabajo que contraiga una reconfiguración apresurada-.

En segundo lugar, planteando la necesidad de participación de los trabajadores en el control y en las decisiones de la compañía, que por su historia e involucramiento con los destinos del país van a cumplir un rol esencial de contralor para evitar desmanejos, así como también para trazar los objetivos estratégicos de la política energética para la realización nacional.

Fuente: http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=5482

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Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.

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