Una profesora, en una escuela pública para niños marginales en Estados Unidos, pidió a sus alumnos que le dijeran los derechos que tenían en la democracia americana, la del sueño, sí esa, la de la libertad. Los niños la miraban como si hablara en otro idioma, hasta que un niño de 8 años, que pocos minutos antes había dicho que de grande quería tener todas las armas del mundo porque eran “cool”, levantó la mano. La maestra feliz de que alguien rompiera el silencio le dio la palabra, el niño con voz fuerte dijo: “yo tengo derecho a permanecer callado”

 

Como para este niño ciudadano de una potencia económica mundial, para gran parte de la sociedad ecuatoriana, la palabra derechos aún suena a una realidad extraña. Si bien la aprobación de la Constitución 2008 por la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas fue una demostración de esperanza de cambio, está claro que las transformaciones no dependen solamente de un texto constitucional, como lo dice Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente 2008:

 

Toda Constitución sintetiza un momento histórico. En toda Constitución se cristalizan procesos sociales acumulados. Y en toda Constitución se plasma una determinada forma de entender la vida. Una Constitución, sin embargo, no hace a una sociedad. Es la sociedad la que elabora la Constitución y la adopta casi como una hoja de ruta

 

La apropiación de la Constitución ha sido una tarea difícil, más aún la sensibilización sobre conceptos como el Buen Vivir o Sumak Kawsay tomados de la cosmovisión indígena, que representan un cambio de modelo y exigen repensar las necesidades sobre los derechos consagrados, entre ellos, un nuevo derecho y que casi se nos olvida que lo es: el Derecho a la Comunicación.

 

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