Con la reciente firma del TLC entre los gobiernos de Chile y Estados Unidos, que entrará en vigencia a comienzos de 2004, se ha desencadenado en nuestro país una desenfrenada y mentirosa campaña comunicacional que nos hace aparecer como grandes ganadores y entrando a gozar de todas las "maravillas" del primer mundo, solo a condición de hablar inglés. El Ministro de Hacienda llegó a prometer un punto anual de crecimiento de la economía, y en una década, llegar al 12%. Para el Presidente Lagos, "pese a las renuncias que se debió hacer, el acuerdo será favorable para el país". La verdad es que los chilenos somos los grandes perdedores, en primer lugar Chile como país y como Estado nacional, su independencia y soberanía, y los trabajadores y la mayoría del pueblo, incluyendo a importantes sectores de propietarios, pequeños y medianos, industriales y agrícolas. Los únicos que ganan son el gobierno norteamericano, las compañías transnacionales de ese país y los sectores minoritarios locales en Chile asociados al capital transnacional y a los intereses norteamericanos. Estados Unidos ha obtenido un gran logro político: colocar a Chile en una línea de intereses contrapuestos a los de América Latina, haciendo jugar al gobierno de Chile, una vez más, su rol de aliado incondicional de la política exterior norteamericana y, en este caso particular, de punta de lanza para la imposición del ALCA en el continente. Bajo el gobierno de Lagos la subordinación y dependencia de la política exterior chilena se ha intensificado, en todos los planos. Baste recordar el reciente pronunciamiento del Presidente Lagos de apoyo a la petición de elecciones en Venezuela de parte de los sectores golpistas y de Estados Unidos, y antes el apoyo al golpe de estado en ese país; el respaldo a la política militar norteamericana entregado en la Conferencia de Ministros de Defensa de América realizada en Chile; por mencionar solo un par de ejemplos. Hace mucho tiempo que los gobiernos de Chile venían esforzándose denodadamente por un tratado de libre comercio con Estados Unidos, bilateral ahora, y antes intentando incorporarse al NAFTA. Nuestro Instituto en Abril de 1995 realizó un Seminario Internacional "NAFTA, Ganadores y Perdedores", con amplia participación nacional y de economistas de la UNAM de México y de Canadá. Ellos entregaron ya en ese momento su testimonio de lo ocurrido en sus países, en los que había aumentado la pobreza, el desempleo, se había producido el cierre y traslado de empresas, el corte de servicios a la población por parte del Estado, las privatizaciones. También eran características de ese momento el secretismo y la falta de información y participación popular, la adhesión más o menos entusiasta de los grandes empresarios, la derecha y la Concertación. Ya en ese momento decíamos que no habrían novedades en caso de tratado pues ya se había producido un gran proceso de liberalización y apertura de la economía chilena. Nuestro país integra ahora el grupo de 4 países del mundo: Canadá, México, Israel y Jordania, con los cuales Estados Unidos tiene TLC. Un somero análisis de algunas declaraciones de personeros norteamericanos muestra la satisfacción de Estados Unidos con este tratado. Según afirma Katheen Barclay, Presidenta de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, el TLC significa consolidar a Chile en un lugar de liderazgo en el continente, con un impacto que va mucho más allá de lo puramente comercial. El tratado con Chile, señala explícitamente, es geopolítico y comercial. Por otra parte, el representante comercial del país del norte, Robert Zoellick, declara que: "la importancia de este acuerdo se extiende más allá... es un avance en las conversaciones del continente". Antes, en Abril del año pasado, había dicho que el tratado sería "un modelo para la región y todo el mundo" que ayudará a impulsar la apertura económica a nivel hemisférico a través del Are! a de Libre Comercio de las Américas y también en el seno de la Organización Mundial de Comercio. El embajador norteamericano William Brownfield expresó:"esperamos con anticipación la posibilidad de más colaboración entre USA y Chile en asuntos de comercio, en un sentido más hemisférico y regional como el ALCA". "Si el tratado entre ambos países resulta exitoso - había manifestado por su parte en Agosto del año pasado el ex embajador norteamericano en Chile, John O'Leary- esto le abre posibilidades a Estados Unidos de alcanzar tratados con el resto de América Latina". En lo económico, el TLC representa seguridad y confianza para las compañías norteamericanas, que van a estar más interesadas en establecerse en Chile como plataforma para sus negocios en la región, basado en las garantías y formas de protección que se pueden dar. Ahora bien, ¿por qué el ALCA es importante para EE.UU.? Hace 11 años, la administración Bush proclamó la "Iniciativa para las Américas", proyecto que contemplaba la creación de una Zona Hemisférica de Libre Comercio que se extendería "desde el Puerto de Anchorage hasta Tierra del Fuego", concretando la vieja idea del panamericanismo y la doctrina Monroe: "América para los americanos", que para ellos quiere decir América para los norteamericanos. El ALCA contempla la liberalización progresiva de aranceles a partir de 2005, la eliminación de todas las barreras proteccionistas, asegurar el libre flujo de los productos y capitales norteamericanos en todo el continente, la privatización de los servicios como la educación y la salud, la exclusión expresa de revertir las privatizaciones ya realizadas. Esto permitiría a las empresas, como ya ha ocurrido en Canadá y México, contar con las mismas exenciones y privilegios que los organismos públicos que los prestan. El ALCA es componente central en la estrategia norteamericana de dominación sobre América Latina y el Caribe, y tiene presente al menos cuatro factores estructurales tradicionales: 1. La voluntad de excluir la influencia y/o presencia de cualquier competidor global que pudiera poner en peligro la primacía de los Estados Unidos como potencia preponderante en el Hemisferio Occidental tanto en lo económico como en lo político y militar. 2. La conquista de posiciones preferenciales para el comercio de los Estados Unidos con la región y para las inversiones de corporaciones multinacionales norteamericanas y, en consecuencia, el rechazo de cualquier proyecto que, como la Revolución Cubana o el proceso actual venezolano, intente liberar a algún país del pesado fardo de la dependencia económica. 3. El profundo menosprecio por la identidad cultural y nacional latinoamericana y caribeña. El Profesor Lars Schoultz, de la Universidad de Carolina del Norte, ha demostrado fehacientemente, mediante el amplio uso de documentos diplomáticos confidenciales en archivos norteamericanos, que la creencia en la "inferioridad latinoamericana constituye el núcleo esencial de la política de los Estados Unidos porque determina los pasos precisos que los Estados Unidos dan para proteger sus intereses en la región." 4. El uso unilateral de la coerción y la fuerza como instrumentos preferidos de política para el logro de sus fines. Paralelamente al ALCA, Estados Unidos ha puesto en marcha el Plan Colombia y el Plan Puebla Panamá, que con el pretexto de la "lucha contra el narcotráfico" implican militarizar el continente para hacer frente al avance de las FARC en Colombia, al proceso encabezado por Hugo Chávez en Venezuela, y en general a los avances de las luchas de los pueblos de América Latina. Antecedente del ALCA fue el Plan Brady, anunciado en Marzo de 1989, sobre cuya base se erigió el llamado "Consenso de Washington" adoptado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a instancias de los Estados Unidos, como criterio estricto para el otorgamiento de nuevos préstamos a países endeudados, bajo el eufemismo de "ajuste estructural". El Consenso, formulado por John Williamson, Presidente del Banco, consistía en tres grupos de recetas: a. Reducir y revisar el papel económico del Estado disminuyendo ante todo los gastos sociales y desregulando las economías nacionales para permitir el libre juego de las fuerzas del mercado. b. Apoyar al sector privado mediante la eliminación de subsidios, la liberalización del régimen de inversión de capitales foráneos y la privatización de las empresas públicas. c. Revisar la política comercial, eliminando todo tipo de tarifas o barreras para las importaciones. En el nuevo contexto de recesión global, que alcanza también a Estados Unidos, el proyecto ALCA aparece como un mecanismo de dominación de esa potencia en carrera contra el tiempo, que busca asegurar su retaguardia estratégica latinoamericana, anexarla cuanto antes frente a las crecientes turbulencias económicas y políticas que atraviesan la región, producto del agotamiento de los modelos neoliberales. Ha cambiado la época, ya no se trata de la extensión "natural" del imperialismo triunfante sino del manotazo de un Imperio cuya periferia amenaza salir del sistema. El proyecto ALCA, de concretarse, significaría no la entrada libre y ascendente de mercancías latinoamericanas en el mercado norteamericano deprimido, donde la deflación avanza al ritmo del estancamiento y luego caída del consumo, sino por el contrario una nueva avalancha de productos provenientes de Estados Unidos que arrasarán lo poco que todavía queda en pié de los tejidos productivos regionales. La miseria latinoamericana contribuirá a paliar la crisis imperialista. El TLC no es un tratado comercial, sino fundamentalmente de garantías para la libre circulación y protección de los capitales e inversiones norteamericanos. Sin necesidad de este tratado, ya el comercio se realizaba libremente pues Chile es una de las economías más abiertas del mundo. El arancel promedio pagado por los productos chilenos al ingresar a Estados Unidos ya es muy bajo, cercano al 6,3% promedio, y hay algunos productos que tienen arancel 0. Por eso es altamente dudoso que el comercio crezca sustancialmente, se estima que a lo más nuestras exportaciones crecerían en unos 500 millones de dólares. La razón de fondo del TLC es la seguridad y protección para las inversiones norteamericanas en Chile, que fue una de las principales exigencias de Estados Unidos. Orlando Caputo, al comparar inversiones y exportaciones norteamericanas en Chile, demuestra que estas últimas son una quinta parte (unos 3000 millones de dólares) de las inversiones (unos 15.000 millones de dólares). Además, las empresas norteamericanas que tienen inversiones en Chile, controlan la mayoría de las importaciones que Chile hace desde Estados Unidos y también gran parte de las exportaciones chilenas a Estados Unidos. Reafirma este criterio de análisis el documento referido al ALCA de la Conferencia Episcopal de Canadá llamado "Vendiendo a Futuro", publicado con el patrocinio de CELAM y de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, que parte de la experiencia del NAFTA porque el ALCA será la extensión de ese tratado a toda América. Ellos advierten en ese documento que el principal peligro del ALCA es que reivindica para las inversiones una protección indiscriminada, despojando a los Estados de su capacidad de intervenir en defensa de los intereses públicos y del medio ambiente. Denuncian que se pretende aplicar el Capítulo 11 del NAFTA, que establece mecanismos supranacionales secretos de arbitraje para dirimir las controversias, que pasan por encima de las legislaciones nacionales de cada país, y que fue el elemento rechazado del Acuerdo Multilateral de Inversiones, AMI. Eso significa que las compañías pueden demandar a los Estados en caso que consideren que están perdiendo ganancias. Estos reclamos afectan la soberanía de los Estados, la capacidad de proteger legalmente el medio ambiente y la participación democrática del pueblo en un futuro gobierno. El documento cita casos de demandas exitosas de multinacionales contra los gobiernos de Canadá y México que han tenido lugar al amparo del Capítulo 11 del NAFTA. Según se desprende de las declaraciones de Gustavo Rojas, gerente de Desarrollo de la SNA, estos paneles de arbitraje están compuestos de 3 personas: 1 chileno, 1 norteamericano y 1 persona de común acuerdo de ambas partes. En 2 o 3 meses debe decidir, y si no hay conformidad de alguna de las partes, se puede acudir a la OMC, que como se sabe ya ha dado suficientes ejemplos de inclinarse a favor de los intereses de las empresas norteamericanas en situaciones de este tipo. El artículo 1110 del capítulo 11 del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte obliga a los estados suscriptores a compensar a los inversionistas extranjeros en caso que decisiones soberanas de las autoridades nacionales sean consideradas expropiaciones. El artículo proporciona a los inversionistas atribuciones de sujetos de derecho internacional, reservados antes del Tratado exclusivamente a los Estados. Es muy probable que los negociadores americanos hayan exigido para el TLC con Chile una cláusula idéntica a la contenida en el capítulo11 de Nafta. De hecho, el artículo G10 del TLC entre Chile y Canadá es un clon del Capítulo 11. Pero no solo son afectados canadienses y mexicanos, sino también norteamericanos, como acontece con los estados de California y Alabama, que enfrentan en la actualidad demandas judiciales de empresarios canadienses que suman más de un billón de dólares, y ésto sólo por el hecho que una legislatura (en el caso de California) y una judicatura (en el caso de Alabama) hayan intentado proteger los legítimos intereses de sus habitantes. En el caso de California, la empresa canadiense es Methanex, una de cuya plantas opera en Punta Arenas. En Canadá, Paul Hellyer, prominente político canadiense, ministro de Estado y también viceprimer ministro en administraciones pasadas, escribe que "la firma del Nafta ha sido, en verdad, la rendición de Canadá. Hicimos entrega a los inversionistas americanos y mexicanos de más derechos que los que poseen los propios ciudadanos canadienses". "Según el Capítulo 11, cuando alguna rama del gobierno federal, provincial o municipal, promulgue o modifique una ley que afecte las ganancias actuales, futuras o potenciales de un inversionista foráneo, tal inversionista puede demandar por daños al Estado canadiense". "El de Ethyl Corp. es el primer caso, y también el más conocido. Vale la pena citarlo, pues ilustra en forma dramática lo que ha sido nuestra pérdida de soberanía. El Parlamento promulgó una ley prohibiendo la importación, y también la distribución dentro de Canadá, del producto MMT, un aditivo para la gasolina. Ethyl Corp. fundamentó su demanda en una pérdida de sus ganancias y un daño a su reputación corporativa. Cuando nuestros abogados hicieron ver el monto de la compensación exigida, el gobierno decidió resolver este caso extra- judicialmente". "Para cubrir los costos legales fue necesario pagar 13 millones de dólares. Peor fue que el Parlamento debió abrogar la ley. ?Qué clase de democracia es ésta en que una corporación foránea puede dictarle leyes al Parlamento de Canadá? Y aún peor es, a mi parecer, el hecho que dos ministros del gabinete hayan sido forzados a declarar ante el Parlamento que MMT no representaba un daño para el medio ambiente y la salud de los canadienses, al mismo tiempo que la evidencia científica indicaba que ese producto constituía un daño para la salud, especialmente la de los niños. Se podría decir entonces que una corporación foránea exigió que el gobierno de Canadá emitiera declaraciones engañosas", agrega. En el tratado con Chile, la eliminación del "encaje" fue una de las principales exigencias norteamericanas para la firma del TLC, lo cual significa que no habrá controles para las idas y venidas del capital norteamericano, particularmente del capital financiero de corto plazo, los llamados capitales golondrinas, que podrán circular sin ningún tipo de cortapisas. El gobierno se amarró las manos, pues sólo podrá intervenir a través de las llamadas "cláusulas de desastre", lo que no resiste ningún análisis, pues la única posibilidad de calificar de "desastroso" un evento es cuando este ya ha tenido ocurrencia, y no se entiende como podrían controlar una fuga de capitales ya ocurrida. Con la eliminación del encaje, se crean todas las condiciones para que en cualquier momento se desaten fuertes inestabilidades, de diferente signo dependiendo de la dirección que adopten los movimientos de capitales, los cuales ya con su fuerte ingreso en los años 1996 y 1997 en la realidad chilena, se constituyeron por los desequilibrios originados en una de las causas principales de la recesión iniciada al año siguiente. Obviamente, el efecto desestabilizador es aún más fuerte cuando los capitales salen. "La lección que dejan estas experiencias - escribieron Ricardo French-Davis y el secretario ejecutivo de la Cepal, José Antonio Ocampo, en su artículo "Globalización de la volatilidad financiera: desafíos para las economías emergentes" - es que durante un ajuste estructural, con cuentas de capital abiertas (especialmente cuando el financiamiento internacional es abundante ) los flujos de capital pueden incrementarse muy rápidamente y producir efectos macroeconómicos y sectoriales desestabilizadores". "Consecuentemente - añaden -, no resulta prudente abrir la cuenta de capital en forma indiscriminada, sobre todo a la luz de la importancia crucial que tiene la estabilidad macroeconómica y en vista de la desproporción que existe entre el volumen de los mercados de capitales internacionales comparados con las pequeñas economías emergentes". Por otra parte, se crean los mecanismos "legales" para blanquear y reforzar el despojo de nuestros yacimientos mineros, que comenzó en 1983 con la legislación minera de la dictadura que entregó los yacimientos en "concesión plena", que no es otra cosa que la propiedad de ellos. Ello abarca los yacimientos actualmente en explotación, y los que surjan a través del llamado "Tratado Minero Chileno Argentino", que pone a disposición de las transnacionales, protegidas en su propiedad a todo evento, el 90 % de las riquezas mineras del país. Esto les permitirá a las empresas extranjeras, arrendar, vender, destruir, hacer lo que quieran. Los sectores frutícola, industrial, bancario y farmacéutico son los grandes ganadores del TLC. Los automóviles, artículos informáticos, celulares, y algunos alimentos serán las importaciones de consumo masivo más beneficiadas con el acuerdo, pero el efecto real no será muy relevante como ya lo hemos dicho. Las empresas norteamericanas accederán al negocio de los seguros, y se prevé también que ingresen a sectores como el agrícola. Los rubros agroindustriales, lechero y de cultivos tradicionales como trigo y azúcar, son los menos beneficiados. En el sector lechero se autorizó 3.500 toneladas anuales de exportación a Estados Unidos y no las 15.000 que pedía el sector. Está previsto que en 12 años se perderán por completo las bandas de precios, a pesar de que el gobierno se había comprometido a defenderlas. Las PYMES serán gravemente afectadas, se acelerará la quiebra de las medianas y pequeñas empresas y la desindustrialización del país. Attac calcula que en México 28.000 Pymes tuvieron que cerrar después de la irrupción del NAFTA. La eliminación de las barreras arancelarias, la prohibición de cualquier política estatal destinada a favorecer el uso de bienes nacionales (compre nacional) o privilegiar de cualquier forma el desarrollo local o sectorial, la obligación de abrir las compras o contrataciones del estado en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal) que superen un monto mínimo, entre otras cuestiones, amenazan con condenar a la desaparición a las ya golpeadas medianas y pequeñas empresas así como profundizar la desindustrialización de la economía. Juan Claro, Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, ha declarado que las PYMES y la agricultura deben reconvertirse, y no se les debe entregar subsidios. Respecto del derecho de propiedad intelectual y patentes, se estima que Estados Unidos aplicará las reglas del NAFTA sobre el monopolio de las patentes, particularmente importantes en el sector farmacéutico, así como legalizará los organismos genéticamente modificados, con sus consecuencias sobre el precio de los medicamentos y la salud de la población, y mantendrá su monopolio sobre las tecnologías de punta. Iniciativas como la de Brasil, de producción de medicamentos genéricos contra el SIDA más baratos y con mayor posibilidad de acceso para los sectores más empobrecidos, supondrían un incumplimiento del ALCA y le obligarían a indemnizar a las multinacionales propietarias de las patentes. El derecho de propiedad intelectual y patentes también supondrá todo un negocio para las multinacionales de la biotecnología quienes verán aprobados sus productos transgénicos y garantizado su monopolio en la producción y distribución de las semillas, fertiliza! ntes e insecticidas. Los productos transgénicos no producen su propia semilla, los campesinos deben adquirirla para cada cosecha a la multinacional productora propietaria de la patente. Pero la cuestión de fondo es que se reafirma un intercambio comercial de carácter desigual, Es un tipo de tratado absolutamente desigual, en que Estados Unidos tiene todas las de ganar, pues su PIB es de US $9,37 billones de dólares -134 veces más grande que el de Chile -, y posee un desarrollo científico y tecnológico y niveles de productividad considerablemente mayores. Nuestros productos primarios que exportamos, con valor decreciente aunque crezca la producción y exportación (el ejemplo más claro es el cobre), contra bienes importados con alto valor agregado y elevado precio. Los principales bienes que exportamos a USA son: el cobre refinado (447.2 millones de dólares), filetes de salmón (238,6 millones de dólares), madera de pino insigne (139,3 m.d.) y otros productos madereros (138,4 m.d.). Codelco recibió 241 m.d. por sus envíos a ese país, Methanex 112,6 m.d. y Disputada de Las Condes 80,6. Las exportaciones suman 3441,2 m.d., lo que representa el 18% del total. Mientras tanto, EE.UU. prepotentemente insiste en mantener sus particulares normas antidumping, que constituyen un abierto mecanismo proteccionista. Robert Zoellick, en su visita al país "aconsejó" al gobierno chileno, no plantear la supresión del mecanismo estadounidense de dumping ya que ello dificultaría alcanzar un acuerdo. El TLC firmado entre Chile y Estados Unidos, y el probable ALCA, son esencialmente una traslación y ampliación a todo el continente americano del NAFTA, acuerdo de libre comercio suscrito por EEUU, Canadá y México en 1994. Durante estos años de vigencia, el NAFTA ya ha probado las consecuencias que trae para los trabajadores, la sociedad y el medio ambiente. Citemos sólo algunos datos de esta situación. Desde la vigencia del NAFTA, un millón de mexicanas más ganan menos que el salario mínimo y 8 millones de familias han sido sumergidas en la pobreza. Por otra parte, en la zona de las maquiladoras, a lo largo de la frontera entre EEUU y México, el crecimiento de la polución y los desechos químicos, resultado de la supremacía de los intereses comerciales sancionada en el NAFTA, han incrementado dramáticamente las tasas de hepatitis y los defectos de nacimiento. La experiencia del NAFTA ha demostrado cómo los derechos laborales más básicos y los intereses de las trabajadoras han sido erosionados por estos acuerdos de libre comercio. Las trabajadoras de las maquilas en México tienen salarios por debajo del mínimo, jornadas laborales de más de 12 horas, ausencia de amparo legal, limitación de la acción gremial, condiciones insalubres de trabajo, trabajo infantil. El documento de los obispos canadienses denuncia que en México después del NAFTA el poder adquisitivo del salario mínimo disminuyó en 50%. En Canadá, el 20% más rico de la población aumentó su ingreso desde el 41% al 45%, y el 20% más pobre lo disminuyó desde 3,8% a 3,1%. En Estados Unidos se produjo una pérdida de 760.000 puestos de trabajo. En cuanto a los trabajadores, el principio que se aplica es la aplicación nacional de la ley nacional, lo que significa que se mantiene la anacrónica y lesiva legislación antilaboral chilena. Más aún desde el momento en que Estados Unidos no ha firmado casi ninguno de los convenios internacionales de la OIT. Pero al rechazar la concepción de integración que está detrás del ALCA, se está levantando al mismo tiempo una concepción de integración alternativa, justa y solidaria, entre países con economías relativamente iguales, basada en la cooperación, que potencie nuestra inserción en la economía internacional como frente común de países latinoamericanos. Esta concepción de integración significa romper con el modelo y con las políticas neoliberales, y su aplicación debe realizarse de conjunto con otras políticas, como parte de un proyecto nacional de desarrollo que reindustrialice nuestros países, desarrolle la investigación científica y tecnológica incorporando sus resultados en la producción, garantice la seguridad alimentaria, amplíe el papel del Estado. En esa dirección, tratados como el Mercosur, la ALADI, el Pacto Andino, son mucho mejor referencia que los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Las posibilidades de utilizar a fondo las ventajas de un mercado común regional y de un arancel externo único con respecto a terceros países deben desplegarse y extenderse a otras medidas comunes como la reglamentación de las inversiones extranjeras, la fijación de normas laborales y medioambientales justas, la protección de los pequeños empresarios y la formación de un solo frente en el orden comercial, financiero, científico- técnico, cultural frente a otros bloques mundiales. Perspectivas fructíferas como estas, que el Mercosur y otros tratados como los ya mencionados entre países latinoamericanos y del Caribe pueden traer a nuestros pueblos, pueden diluirse si nuestros países son arrastrados tras la estrategia norteamericana con el ALCA. El cientista social Helio Jaguaribe, decano del Instituto de Estudios Políticos y Sociales de Brasil, señala que el ALCA y el Mercosur son dos proyectos absolutamente incompatibles. El Mercosur persigue crear, más que una zona de libre comercio, una unidad aduanera con miras a una integración económica plena que conduzca, a largo plazo, a una moneda única. Con la eliminación de las barreras aduaneras entre los miembros del ALCA, el arancel externo común desaparece. Y este AEC es clave para que el Mercosur mantenga sus objetivos específicos. No se conoce mucho, ni se conocerá con precisión la letra pequeña del Tratado. Todo ha sido conducido en secreto. Hay un gran engaño comunicacional. Por ello debe exigirse al gobierno que informe acerca del tratado. Desarrollar nosotros una gran campaña de información, desde la base. Debe denunciarse la ilegalidad e inconstitucionalidad del tratado. Debemos llamar en nuestro país al debate y la movilización. Las organizaciones sindicales nacionales y regionales, entre ellos los sindicatos norteamericanos, los grupos ecologistas y de derechos civiles, los movimientos campesinos, indígenas y de mujeres del continente se han pronunciado contra el ALCA, desarrollando en algunos países amplias jornadas de plebiscito. Hagamos nosotros lo propio. * Oscar Azócar es Director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz