Perú

Maraña burocrática favorece tala ilegal

Cecilia Remón

26/04/2012

Opinión

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“Con un árbol legal se pueden lavar tres árboles ilegales”, afirmó Julia Urrunaga, asesora de Políticas de Bosques y Cambio Climático de la organización ambientalista estadunidense Environmental Investigation Agency (EIA).

Urrunaga se refería a la maraña burocrática que legaliza, a través de documentos que las autoridades nunca verifican, la comercialización de madera extraída de áreas no autorizadas en la Amazonia peruana.

Un informe de la EIA titulado “La máquina lavadora: Cómo el fraude y la corrupción en el sistema de concesiones están destruyendo el futuro de los bosques del Perú”, presentado en Lima el 10 de abril, revela el sistema utilizado.

“El mecanismo que la industria ha encontrado es simple de describir: los concesionarios presentan listados de árboles a extraer que no existen en el mundo real, y las autoridades autorizan la extracción de volúmenes de madera que no existen en la concesión. Respaldados por estos volúmenes, los permisos correspondientes (Guías de Transporte Forestal o GTF) son vendidos en el mercado negro y utilizados para lavar madera extraída ilegalmente de cualquier otra parte del país —áreas protegidas, territorios indígenas, otras tierras estatales. Ningún control posterior va a detectar la ilegalidad, a menos que se vuelva a la concesión a verificar cómo se realizó el aprovechamiento forestal. Pero incluso si se regresa al bosque y se verifica el fraude, esto no es suficiente para detener la ilegalidad. A pesar de que las supervisiones de OSINFOR [Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre] han detectado múltiples ilegalidades, la mayor parte de las concesiones en falta sigue operando y exportando”, dice el informe.

El OSINFOR es una entidad perteneciente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encargada “de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque otorgados por el Estado a través de diversas modalidades de aprovechamiento”.

La madre del cordero

Urrunaga precisó que la clave para entender este complicado mecanismo son los GTF —otorgados por las autoridades ambientales regionales o por las Administraciones Técnicas de Control Forestal y Fauna Silvestre (ATFFS), dependientes de la Dirección General Forestal y Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, donde esa función no haya sido transferida a los gobiernos regionales— sin los cuales la madera ilegal no puede ser lavada.

“El sistema funciona de la siguiente manera: Primero se otorga el título habilitante para las concesiones, aunque los pueblos indígenas pueden obtener permisos especiales para exportar madera. Luego, la empresa a cargo de la concesión presenta el Plan General de Manejo Forestal, que es un censo o inventario de especies en el terreno. En tercer lugar el concesionario presenta [a la ATFFS] su Plan Operativo Anual (POA), en el que especifica la cantidad de especies a talar y el volumen que obtendrá. Antes de autorizar el POA, la autoridad debe realizar una verificación ocular en caso que aparezcan caoba o cedro entre las especies a talar. Finalmente, se otorga la resolución administrativa que aprueba el volumen”, señaló.

Sin embargo, el problema es que el inventario se hace en las oficinas. “Se realizan inventarios falsos o parcialmente falsos, se aprueban volúmenes de árboles que no existen, se obtienen guías en el mercado negro para sacar madera de otro lado, porque cuando se emite una guía ya no se entra al bosque a verificar”, agrega Urrunaga.

El informe de la EIA presentó 14 casos que ayudan a demostrar las modalidades que hay detrás de la tala ilegal. Estos casos incluyen inventar los POA sin ningún trabajo de campo, presentar POA falsos, árboles inventariados que no existen, árboles que son talados varias veces, concesión sin árboles pero de donde se extrae madera, extracción de madera sin tocar los árboles, entre otros.

“Intencionalmente o por negligencia, cada uno de los actores y de las instancias involucrados en este sistema trabajan como piezas bien aceitadas de una maquinaria que está arrasando con los bosques peruanos y con los derechos y el modo de vida de los pueblos que dependen de ellos”, dice el informe.

Por el lado de las empresas, si bien hay algunas, muy pocas, que intentan trabajar de manera legal y sostenible, en la mayoría la corrupción es la norma. Al menos 35% de la madera que se exportó hacia EEUU entre enero del 2008 y mayo del 2010 tuvo origen ilegal. De los 305 permisos otorgados en ese periodo, 112 declaran lugares donde no había madera o el OSINFOR encontró graves ilegalidades.

El informe sostiene que al menos 100 permisos otorgados bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) para exportar caoba y cedro a EEUU incluyeron madera declarada como proveniente de concesiones fuertemente cuestionadas por OSINFOR, “ya sea por haber inventado hasta el 100% de sus censos forestales, haber utilizado sus permisos para lavar madera extraída ilegalmente, estar realizando tala ilegal en sus propias concesiones o por una combinación de estas razones”.

Madereras sospechosas

Maderera Bozovich, la principal empresa del país en este rubro, tiene el mayor número de embarques con madera de origen cuestionado. Aunque posee certificaciones del Forest Stewardship Council (FSC) —que garantiza la legalidad y sostenibilidad de la madera que comercializan las empresas—, la investigación encontró serios problemas respecto al origen legal de algunos de sus productos. Sus propietarios y altos funcionarios están muy bien conectados en los círculos de la industria y la política, lo cual le ha permitido operar libremente.

En el 2005, inspectores gubernamentales reportaron que una de sus concesiones estaba extrayendo más volumen del autorizado, pero la empresa logró que se archivase la denuncia.

En un comunicado publicado el 12 de abril, Maderera Bozovich negó haber exportado madera ilegal y calificó el informe de la EIA como “inexacto, incompleto y tendencioso”.

Una investigación del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL), titulado “Termitas”, publicada el 10 de abril, ha puesto énfasis en cómo las mafias madereras se aprovechan de las comunidades indígenas y las estafan.

El antropólogo Alberto Chirif, citado por el IDL, afirma que “los madereros ofrecen a los indígenas bienes sobrevaluados que ellos deben pagar con madera subvaluada. Cuando la agotan en una comunidad, se marchan a otra. A veces les pagan poco, otras veces nada. Algunas veces les pagan en víveres, otras en trago. No son caucheros: son madereros, taladores inclementes. No son termitas, pero cómo se les parecen. Ellos prefieren llamarse empresarios”.

“Aquí las empresas más que empresas son bandas”, opina Chirif. “No existen los empresarios forestales: hay asaltantes forestales o no sé cómo se les puede llamar. No hay siquiera una noción de capitalismo. La idea es dónde se puede robar más rápido, hasta que el recurso se acabe. Un verdadero empresario trataría de cuidar su recurso y estaría interesado en el desarrollo a largo plazo. Sacan madera con la misma mentalidad con la que sacan cobre”.

El Banco Mundial (BM) también ha puesto la mira en este negocio ilícito al señalar que “la explotación de madera ilegal en algunos países constituye hasta el 90% de toda la explotación maderera y genera aproximadamente entre US$10 millardos y $15 millardos de beneficios ilícitos”. El BM coincide con la EIA y el IDL en que en el Perú el 80% —el 98% en algunos departamentos amazónicos, como Loreto— de la explotación maderera es ilegal y tiene relación con la corrupción en los más altos niveles de gobierno.

“A pesar de los datos que demuestran que la explotación maderera ilegal es una epidemia mundial, la mayoría de los delitos forestales no se detectan, no se denuncian o se ignoran”, dice el estudio del BM titulado “Justicia para los bosques: Mejora de las iniciativas de justicia penal para combatir la explotación maderera ilegal”, publicado el 20 de marzo. “Además, las estimaciones de los beneficios ilícitos generados por los delitos forestales no consideran sus enormes costos ambientales, económicos y sociales: amenazas contra la biodiversidad, aumento de las emisiones de carbono y menoscabo de los medios de vida de la población rural”.

Ex funcionarios ambientales consideran que urge una reforma del sector forestal.

El biólogo Sandro Chávez, ex jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), opina que “el modelo de adjudicación de concesiones, los sistemas para conceder permisos de aprovechamiento, los mecanismos de control y monitoreo, así como los procedimientos para emitir documentos de exportación (incluyendo permisos CITES) no están funcionando para enfrentar las grandes cantidades de madera ilegal que está siendo aprovechada y comercializada tanto nacional como internacionalmente”.

El informe de la EIA, agrega Chávez, “pone sobre la mesa la necesidad de una gran reforma del sector forestal. De hecho, será muy importante que las autoridades competentes como la Contraloría, la Fiscalía, inicien acciones contra aquellos que resulten responsables penal, civil y administrativamente de estas actividades ilícitas que vienen operando de manera organizada tanto dentro como fuera del Estado”.

La PCM, en un comunicado publicado dos días después de la presentación del informe de la EIA, admitió que “actualmente existe un aprovechamiento inadecuado del recurso forestal, malas prácticas forestales (deforestación), extracción y comercio ilegal, excesiva y dispersa legislación forestal y de fauna silvestre” y anunció que se pondrán en práctica una serie de medidas para detener la tala ilegal, incluyendo la evaluación del sistema de concesiones forestales en el país y la creación de un tribunal fiscal forestal.

—Noticias Aliadas.

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