Puerto Rico

Ante un panorama de recesión social y económica:

Métodos asertivos para la creación de empleos y las nuevas tendencias laborales en un mundo globalizado

Alejandro Torres Rivera

01/05/2012

Opinión

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Buenos días a los(as) organizadores(as) de esta actividad, al estudiantado de la Universidad de Puerto Rico y al público asistente en ocasión de las actividades para conmemorar el Sexagésimo Segundo Aniversario de la creación del Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico. Nos honra participar en esta actividad, particularmente cuando el tema que nos convoca surge de la iniciativa de un egresado de este Instituto que hoy continúa sus estudios de Maestría en Relaciones Laborales en otra institución universitaria, y que preocupado por la situación del país, nos sugirió hace ya dos meses presentar este mismo tema en la institución en la cual cursa estudios. Es así, desde aquellas trincheras donde nos ubiquemos, como se contribuye a la forja de un mejor país y una mejor patria.

El tema que nos convoca, tal como dirían nuestros hermanos dominicanos, “no está fácil”. Ciertamente no es fácil hablar de creación de empleos en medio de una recesión económica, mucho menos en una sociedad donde a nivel de la formulación de la política pública, nos encontramos desde hace décadas sin un plan articulado de desarrollo económico que parta de potenciar nuestras capacidades productivas en lugar de fomentar la dependencia económica.

Aldo Ferrer, en un ensayo publicado por la Revisa de la CEPAL en agosto de 2010 bajo el título Raúl Prebish y el dilema del desarrollo en el mundo global, nos dice que todo desarrollo “siempre tiene lugar en un espacio nacional”. Más adelante indica, lo siguiente: “El desarrollo no se importa. No hay ningún caso en la historia económica del mundo en que un país haya sido desarrollado desde afuera. El desarrollo es siempre un proceso que se da en un espacio nacional o no se da.”

Nos parece que parte del problema que hoy nos golpea y da en la cara en Puerto Rico, tiene que ver precisamente con el colapso del un modelo de desarrollo que fue introducido desde afuera, a partir de la satisfacción de las necesidades económicas del capital externo, donde Puerto Rico fue una mera plataforma para la acumulación de ganancias. Es precisamente esa acumulación la que crea la gran contradicción en un país donde, a la vez que el pueblo sigue hundiéndose en la desesperanza, el desempleo y la crisis social, las grandes empresas multinacionales establecidas en nuestra patria, continúan devengando rendimientos de capital que superan los $30 mil millones anuales. Solamente entre 1999 y 2008, para referirnos a una década previa a la llegada de la actual administración política, los beneficios que devengaron estas empresas multinacionales le permitieron acumular ganancias netas ascendentes a $292,544.3 millones. De hecho, de lo que hablamos es que estas empresas, en ese mismo periodo, crearon un producto nacional bruto de $496,840.7 millones, mientras que el total de sus aportaciones en contribuciones sobre ingresos al país apenas llegaron a la cifra de $17,660.9 millones.

Permítanme, a riesgo de cansarles, ofrecerles algunos datos que reflejan esa crisis económica y social descrita en el tema que nos convoca.

En 1950, en los años que precedieron a creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la tasa de participación de la fuerza de trabajo en Puerto Rico, es decir, el porciento de personas que estaban aptas para trabajar y lo hacían, era 55.0%. Para el año 1955, ya creado el ELA, la tasa de participación era de 49.0%. Esa tasa, con diferentes alzas y bajas, se colocó en un 48.0% entre los años 1970 y 2005. Sin embargo, a partir de este último año, la caída ha sido constante, reduciéndose en seis años a 40.5%, que es la tasa vigente. Es decir, hoy día el 40.5% de las personas que podrían trabajar, son las que participan de la fuerza de trabajo activa. Seis de cada diez personas que podrían estar trabajando no trabajan.

En estos últimos cinco años (2006 a 2011), en Puerto Rico hemos perdido más de 189 mil empleos, reduciéndose el empleo desde 1.263 millones a 1.077 millones. Si examinamos los últimos tres años, de 2009 a 2011, la impresión del golpe puede ser mayor al constatar que se han perdido 53 mil empleos.

Si examinamos la tendencia en el desempleo, el cuadro no más agradable. Entre los años 2008 y 2011 el desempleo en Puerto Rico ha ascendido de 10.9% (158 mil desempleados) a 15.7% (200 mil desempleados). Recordemos que cuando nos referimos a “desempleo”, no hablamos de la totalidad de la gente que no tiene trabajo; se limita a aquellos que activamente están procurando un empleo; es decir, no incluye a aquellos que sencillamente dejaron, por las razones que sean, de buscar un trabajo.

En Puerto Rico vivimos un cuadro trágico de distribución de la riqueza. Mientras el 20% más rico de los hogares recibió el 55.3% de todos los ingresos generados en el país; el 20% más pobre recibió apenas el 1.7% de todo el ingreso del país. Esto tomando en consideración las transferencias federales en efectivo como parte del ingreso. Si no, el cuadro sería peor. El 20% más pobre en Puerto Rico tiene en promedio un ingreso anual de apenas $2,455.00, lo que equivale a $6.73 diarios.

Mientras en Estados Unidos el ingreso promedio del 20% más rico es equivalente a 15 veces el ingreso del quintil más pobre, el ingreso promedio del 20% más rico en Puerto Rico, que es de $78,679.00, es 32 veces el ingreso promedio del quintil más pobre.

Se indica por algunos profesionales, economistas y planificadores, que si aspiráramos a recuperar los empleos perdidos desde 2006, nuestra economía tendría que crecer a un ritmo positivo sostenido, lo que no se anticipa dentro de una economía que lleva ya varios años con un crecimiento negativo. Mientras para los años1960 a 1970 nuestra economía llegó a tener un crecimiento anual de 6.7%, entre los años 2000 y 2009 descendió a un (negativo) 0.2%. De hecho, tendría que haber un crecimiento sostenido en el Producto Nacional Bruto de 2% para que la economía recuperara los empleos perdidos en el año 2031; de 3% para que la economía recuperara los empleos perdidos en el año 2024; de un 4% para que la economía recuperara los empleos perdidos en el año 2021; y de 5% para que la economía recuperara los empleos perdidos en el año 2019.

Si bien es cierto que escuchamos noticias donde se nos comunica que ha habido incremento en los empleos en los pasados meses, se trata de comparaciones que toman en consideración un mes contra otro en años distintos y no periodos de duración más largos. De otro lado, la estadística no nos dice si se trata de empleos perdidos bien remunerados frente a empleos precarios, a razón de salario mínimo; o si se trata de empleos permanentes contra empleos temporales; o si se trata de empleos en el sector productivo frente a empleos en el sector de los servicios. La realidad es que hoy en Puerto Rico, mientras el 28.9 % de la población trabaja, el 71.1% no lo hace.

Sergio Marxuach, Director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía, en un reciente escrito publicado en el semanario Claridad, de fecha 26 de abril a 2 de mayo de 2012, titulado La recuperación keynesiana de Puerto Rico, que a pesar del corte neoliberal de la presente administración en Puerto Rico y de su rechazo a la intervención el Estado en los procesos económicos, sus propios datos reflejan que el alegado reinicio de un despunte económico no proviene de tales medidas neoliberales en la economía, sino precisamente del modelo keynesiano del papel del Estado en los procesos económicos. Indica Marxuach lo siguiente:

“… De acuerdo a la Junta de Planificación de Puerto Rico, el gasto en la construcción del sector público, a precios corrientes, creció en 11% durante el año fiscal 2011, y se pronostica que aumente en 16.8% y en un impresionante 22% durante los años fiscales 2012 y 2013, respectivamente. Por otro lado, el gasto de construcción privado, también a precios corrientes, disminuyó en 1.6% durante el años fiscal 2011, y se espera que se reduzca otro 1.1% durante el año fiscal 2012, antes de aumentar por un mínimo .9% durante el año 2013.

Más aún, de acuerdo a datos hechos públicos hoy (20 de abril de 2012) por el Negociado de Estadísticas Laborales, el empleo asalariado total en la isla disminuyó de 921,400 en marzo de 2011 a 917,500 en marzo de 2012, una reducción de 3,900 empleos, o 0.4%. El empleo en el sector privado también registró una merma de 662,900 a 650,800, una reducción de 12,100 empleos, o 1.8%. El empleo en el gobierno, sin embargo, aumentó de 258,500 a 266,700, un incremento de 8,200 empleos, o un 3.2% durante el mismo periodo.”

La precarización de la población puertorriqueña en los pasados años la encontramos también reflejada en otros datos. Entre el año 2008 y 2009 se registró en Puerto Rico un incremento de 92,689 personas recibiendo beneficios del Programa de Asistencia Nutricional. De acuerdo con un estudio de la Cámara de Comercio y de la Industria de Distribución de Alimentos (MIDA), en Puerto Rico el 52% de las familias son de bajos ingresos, donde la mujer es el segmento poblacional más pobre de la sociedad, el peor educado y con las familias más numerosas. La Junta de Planificación nos indica que el 61.3% de los hogares reciben menos de $25,000 al año; 1,750, 559 personas viven bajo el nivel de pobreza, lo que equivale al 44.8% de la población; en el 55% de los municipios la pobreza está por encima del 50% de su población y 350,392 personas carecen de un plan médico.

En la seguridad pública, en Puerto Rico ocurren 32 asesinatos por cada 100 mil habitantes teniendo Puerto Rico, conforme a la Oficina de Drogas y Crímenes de las Naciones Unidas el puesto 32 a escala mundial.

Otro índice de cómo el país está en franca caída en picada nos lo ofrece el incremento en la deuda pública. Mientras en el año 2007 la deuda pública representaba el 77.59% del Producto Nacional Bruto de Puerto Rico ($57,893 millones) en 2009 había incrementado al 97.04% del PNB para $63,800 millones. Al día de hoy, se indica, hemos llegado al límite donde el PNB y la deuda pública se cancelan mutuamente. En breve, el país no generará lo suficiente para con su PNB respaldar el pago de su deuda pública.

Vivimos no solo en un país en crisis, sino que dormimos sobre un polvorín que en algún momento puede explotar. La búsqueda de soluciones requiere repensarnos colectivamente; buscar en conjunto como pueblo, con el bienestar de país y de sus clases trabajadoras en mente, alternativas. En ese sentido, la invitación que nos fuera cursada para presentar nuestros puntos de vista relacionados con la búsqueda de métodos asertivos para la creación de empleos, permite un espacio de reflexión en esa dirección.

Soy de los que está convencido del hecho de que en ese esfuerzo, el Estado, o el gobierno si se prefiere así decirlo, tiene una función esencial. No soy de los que creen que el Estado debe alejarse de los procesos económicos, ni respaldo la idea de que cuando único se justifica su intervención es para facilitar la actividad privada.

El decaimiento de la economía de Puerto Rico a partir de la década de 1970 está en alguna forma vinculado con el inicio en Puerto Rico de estudios por parte del gobierno de Puerto Rico a través del entonces llamado Consejo Asesor Laboral del Gobernador sobre Política Laboral. En aquellos se evaluaron, entre otros, los niveles de sindicación y organización gremial de la fuerza de trabajo en el sector privado y público, la composición de la fuerza de trabajo en las corporaciones públicas, gobierno central y los municipios, se llevaron a cabo análisis estadísticos y se propusieron cambios a la legislación laboral vigente.

Durante la década de 1980, específicamente en 1988, se creó el Consejo de Planificación Estratégica del Sector Privado. Este produjo durante los años 1988(septiembre) y 1989 (mayo) dos estudios sobre la privatización de los servicios públicos: (a) Privatización de los Servicios Públicos (Fase I); y (b) Estudio de Privatización (fase II), Informe Final. En ellos se trazó la hoja de ruta a los futuros procesos de privatización que se llevarían a cabo a partir de la década de 1990.

En junio de 1989, el Consejo Asesor Económico del Gobernador publicó un Informe que tituló “Estrategia para el desarrollo económico de Puerto Rico: hacia la segunda transformación económica.” En él se propone la transferencia al sector privado de actividades y servicios que en esos momentos el gobierno venía llevando a cabo y la incorporación a las operaciones que retuviera el gobierno de la “lógica del funcionamiento de la empresa privada.”

En los estudios antes mencionados se analizaron los procesos de privatización, sus modalidades y cuáles de ellas deberían ser aplicadas en Puerto Rico; las dificultades en su implantación; y la ruta concreta a seguir en la implantación del nuevo modelo. A lo anterior se sumaron ya en la década de 1990 importantes modificaciones en las leyes laborales vigentes relacionadas con los procesos de trabajo, dirigidas a desmantelar la legislación protectora del trabajo como una de las ramas de la legislación social.

De acuerdo con Vicente Géigel Polanco, en la edición de su libro titulado Legislación Social en Puerto Rico, editado por el Departamento del Trabajo de Puerto Rico en 1944, la legislación social es “un nuevo derecho, eminentemente tutelar, de cimero contenido ético, fundado en principios de justicia social, encaminado a procurar el mayor bienestar colectivo y postulado sobre la base de la intervención del Estado en la economía mundial.” Tal intervención del Estado en los procesos económicos y sociales supuso la reglamentación de áreas como el contrato de trabajo, la organización sindical, la definición de derechos y libertades ciudadanas, la jornada de trabajo y salario mínimo, la protección de la salud, seguridad y la vida de los trabajadores en los centros de trabajo, la legislación de precios, el desarrollo del modelo cooperativo, la legislación sobre la tenencia de tierras y los derechos de expropiación del Estado, la protección de la pequeña propiedad; la construcción de viviendas y la eliminación de arrabales; la reglamentación de alquileres y fijación de precios a los inquilinos; la reglamentación de los procesos de desahucio; la promoción del interés social y económico; el fomento de la cultura e instrucción pública; y finalmente, la planificación y el fomento industrial.

Todas y cada una de esas áreas han sido golpeadas con el paso de los años de la mano de la implantación de un modelo opuesto, el modelo neoliberal, el cual como indicamos, ha ido de la mano con el deterioro de nuestra economía, de nuestra sociedad y de nuestras condiciones materiales de vida.

Ese modelo neoliberal, es aquel que como indica Roberto Regalado en su libro América Latina entre siglos: dominación, crisis, lucha social y alternativas políticas (2006), es una “doctrina encargada de conducir el proceso de concentración de la riqueza y legitimar el aumento sin precedente de la desigualdad, la polarización y la exclusión social.” Según Héctor J. Figueroa, en El modelo neoliberal y su impacto en las relaciones industriales en Estados Unidos (1995), se trata del “conjunto de políticas económicas cuya premisa es que la intervención del Estado en la economía debe limitarse a facilitar la acumulación de la propiedad privada, mantener la estabilidad económica (por ejemplo, contener la inflación) y promover la libre competencia.” De acuerdo con Figueroa, el neoliberalismo se vale de la intervención estatal para obtener resultados económicos que no son posibles de alcanzar mediante el ‘mercado libre’, (por ejemplo, el control de la actividad sindical o la atracción de la inversión privada).”

De acuerdo con uno de sus principales teóricos, Milton Friedman en su libro Capitalismo y Libertad (1962), las premisas del neoliberalismo son: (1) Los gobiernos deben abolir toda reglamentación que se interponga en el camino de la acumulación de ganancias; (2) El Estado debe vender todos sus activos corporativos de manera que las empresas funcionen con fines de lucro; (3) En gobierno deber cortar dramáticamente su inversión en programas sociales; (4) Los porcientos de impuestos para los ricos deben ser iguales a los de los pobres; (5) Las corporaciones deben ser libres para vender sus productos donde lo deseen sin que los gobiernos puedan imponerles medidas arancelarias para proteger su producción nacional; (6) Los precios de las mercancías, incluyendo la fuerza de trabajo, debe ser determinado por el mercado sin que exista un salario mínimo.

Como pueden apreciar, entre la visión que postula la legislación social y aquella que postula el neoliberalismo existe un gran abismo. ¿Cómo se traduce lo anterior en el mercado de empleo? Se traduce en una intervención directa del gobierno en la creación de nuevas y variadas fuentes de empleo dirigidas, por ejemplo, como ocurrió en Puerto Rico en un momento dado, a reforzar y mejorar su infraestructura. Se crearon embalses para acaparar el recurso agua, necesario para el riego en la agricultura, el abastecimiento de los sistemas de acueductos, enfriamiento de importantes turbinas de generación de electricidad, lo que de paso llevó también a la construcción de nuevos sistemas de alcantarillado, represas en lagos y generación de energía eléctrica; se promovió el desarrollo industrial, pasando de industrias de manufactura básica ligera a grandes complejos de producción petroquímico, electrónico y farmacéuticos. Para atender la demanda de empleo en este nuevo tipo de industrias, se redimensionó el proceso educativo a los fines de promover en Puerto Rico la preparación de los cuadros técnicos y profesionales necesarios para la operación de este tipo de industrias. Se construyeron nuevas y más modernas vías de comunicación; se ampliaron las facilidades portuarias y de transportación aérea. Se construyeron facilidades educativas y se desarrolló todo un sistema integral de salud; etc.

Todo lo anterior, con sus limitaciones e insuficiencias que mencionaremos más adelante, se dio de la mano con un proceso en el cual se reglamentaron aspectos importantes de la vida del país como son los precios, los salarios, otros términos y condiciones de empleo como son las licencias, la protección de la seguridad y la salud en el trabajo, la protección contra el despido injustificado o discriminatorio la reglamentación del trabajo de los menores; la reglamentación del pago de salarios; los derechos de organización sindical; bonificaciones; se reglamentó la inversión de capital extranjero en el establecimiento de industrias, condicionando las exenciones contributivas a la creación de empleos; y así, el Estado se planteó la intervención directa en múltiples y diversas funciones del proceso productivo procurando una más justa distribución de la riqueza sin crear un menoscabo al capital.

Ciertamente, en el proceso surgieron múltiples desajustes en la aplicación del modelo, lo que propició en no pocas ocasiones serias críticas en su implantación. Pero la propuesta estaba ahí. De lo que se trataba no era de desmantelarla, sino corregirla y ajustarla a sus propósitos y objetivos. Es bajo tal propuesta, la del modelo descrito por Géigel Polanco, que observamos un incremento en el crecimiento del PNB de Puerto Rico entre 1950 y 1970 de un 4.9% a un 6.7%; mientras que ya, a partir de la década de 1970 a 1990, con el modelo neoliberal, observamos una caída hasta un 1.9%, para desde allí llegar en los pasados 20 años al punto en que actualmente nos encontramos, que como indicáramos es de (negativo) 0.2%.

Cuando durante la década de 1990, en cierta medida de manera tardía, arrecia en Puerto Rico la ola privatizadora neoliberal, lo que no significa que antes en Puerto Rico no se hubieran privatizado activos del gobierno, sino que lo que significamos es que no se había adoptado aún como política pública por parte del Estado la privatización de los servicios públicos, se plantearon diversas justificaciones para ello. Tales justificaciones aún están presentes en el discurso público en Puerto Rico, aquel que observamos en la manera en que se nos presenta la ya famosa frase de la “medicina amarga”. En las razones que entonces se nos dijeron se encuentran: a) permite liberar recursos en el sector gubernamental de forma que estén disponibles para nueva actividades económicas; b) promueve que mejore la calidad de los servicios; c) promueve el desarrollo de la actividad empresarial; y d) reduce las distorsiones en el uso global de los recursos. Entonces se nos dijo que con la privatización de los servicios públicos, enfrentaríamos con recursos propios los efectos en las reducciones en tasa de transferencias federales a Puerto Rico; reduciríamos la deuda pública; el gobierno se sobrepondría a sus limitaciones en obtener un aumento sustancial en los recaudos; podríamos mejorar y ampliar nuestra infraestructura; alcanzaríamos un mayor nivel en la formación del capital humano y técnico educativo de la fuerza de trabajo y lograríamos atender los reclamos de mayores recursos por parte de los gobiernos municipales. Al cabo de más de 20 años de experimentaciones neoliberales en Puerto Rico, el país está sumado en mayor deterioro que en la década que precedió a los años noventa del pasado siglo.

En la ruta de la privatización han sido impactadas la educación, la salud, los sistemas de acueductos y alcantarillados, las comunicaciones telefónicas, la generación y operación de la energía eléctrica, la transportación y carga marítima; la producción de azúcar y mieles, la vivienda pública, los sistemas de transportación pública, puentes y peajes; facilidades carcelarias, recogido de desperdicios sólidos, funciones en la prestación de servicios en las agencias públicas, actividades productivas como los programas de cosecha de piñas y elaboración de jugos, así como múltiples actividades agrícolas, por solo mencionar algunas.

Posiblemente, el proceso más reciente y de mayor impacto ha sido la decisión del gobierno, en plena crisis económica, de lanzar a la calle miles de empleados públicos, los cuales a su vez, con sus despidos no solo han incrementado el grado de dependencia de la población en las ayudas del Estado, sino que han inducido a la pérdida de empleos de miles de trabajadores en el sector privado cuyas posibilidades de empleo estaban íntimamente relacionadas con las operaciones del gobierno y la plantilla de empleados que empleaba. Por eso sostenemos que la visión neoliberal y privatizadora en Puerto Rico ha llevado al país a un mayor deterioro en su vida colectiva.

Si lo antes indicado no es suficiente, le preguntamos a los aquí asistentes cómo consideran que se encuentra el país si lo comparamos con cinco años atrás, con una década o varias décadas. Es posible que alguien, a título personal, pueda decir que se encuentra mejor. Es natural dado que alguien tiene que beneficiarse de la implantación del modelo neoliberal, la pregunta es ¿cuál es el sentir mayoritario, la opinión mayoritaria de aquellos y aquellas que nos encontramos en esta sala?

Ante la respuesta que demos cabe formularnos la interrogante de ¿qué podemos hacer?

Nos parece que la tarea es reconocer el colapso de nuestro modelo económico. Históricamente el modelo de desarrollo de nuestra economía se ha orientado hacia la atracción del capital extranjero para la inversión a base de incentivos económicos. Sin embargo, extraídas las ganancias, más allá de la poca o ninguna tributación o beneficios que dejan al país o los sueldos que distribuyen entre quienes emplean, las ganancias de van fuera y no permanecen en Puerto Rico. Es por esto que el enfoque de cualquier modelo económico futuro que nos propongamos establecer, debe estar orientado hacia la productividad y la inversión en el país: inversión en fuentes de empleo, inversión en la producción de infraestructura esencial; inversión en la investigación científica y desarrollo de nuevos productos y patentes; inversión en la educación; inversión en la prestación de servicios eficientes.

El país que aspiremos a construir debe procurar un desarrollo integral planificado en el cual se tome en consideración la necesidad de crecimiento económico, social y ambiental. Para ello es necesario fomentar y facilitar el desarrollo de capital nacional invirtiendo nuestras capacidades productivas en el país y no fuera de él. La inversión extranjera debemos verla no solo a base de cuántos empleos se creen sino si la misma se produce en condiciones generales favorables para Puerto Rico. En ese sentido, las industrias que se establezcan en Puerto Rico tienen que asumir la responsabilidad primaria en que sus operaciones no afecten nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales. Es necesario crear y potenciar el desarrollo de industrias nacionales en diversos sectores que en lo posible, sustituyan importaciones que en estos momentos hacemos, contribuyendo así al desarrollo de un mercado nacional interno de sus productos.

El país necesita, además, mejorar sus recaudos. Sin embargo, el objetivo principal de tales ingresos no debe ser el trabajador, sino las ganancias de las empresas que aquí operen. En ese sentido, creemos en la imposición de una contribución, no temporal ni disminuida anualmente como al presente se ha hecho a las corporaciones establecidas en Puerto Rico. Dicho impuesto, incluso superior al 5% que en un momento dado se estableció, debe ir dirigido a fomentar la creación de actividades productivas que a su vez generen valor en nuestra economía, reduzcan el desempleo y la dependencia y aumenten significativamente la tasa de participación de la fuerza de trabajo.

Es necesario, además, invertir en la erradicación de la pobreza con proyectos especiales que a la vez que generan empleos, mejoran la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Entre los proyectos que pueden contribuir a este propósito se encuentran la inversión en la actividad agrícola con la utilización de técnicas de cultivo y producción modernas y mecanizadas que permitan un mayor rendimiento en sus resultados, en lo posible combinando el uso de las nuevas tecnologías con actividades sostenibles de bajo impacto ecológico.

Esta propuesta, sin embargo, tiene necesariamente que ir de la mano con la aprobación de un plan integral a escala nacional de uso de terrenos. El Censo Agrícola de 2007 indica que ha habido una reducción en fincas agrícolas entre 2002 y 2007 donde de 17,659 se redujeron a 15,745, es decir, una pérdida de 11%. Si lo medimos en los terrenos de las fincas, la pérdida que se nos muestra es mayor, reduciéndose de 690,687 cuerdas en 2002 a 557,530 en 2007 para una reducción de un 19%. Si tomáramos en consideración los criterios elaborados por la FAO, a la luz de nuestra población actual, sería necesario reservar para la producción agrícola entre 700 mil a 5 millones de cuerdas de terreno. Esa posibilidad en Puerto Rico ya no la tenemos. Aún así, todavía estamos a tiempo de adoptar políticas firmes que nos permitan conservar, al menos, alrededor de 800 mil cuerdas de terreno agrícola que todavía tenemos disponibles. Se trata de otro esfuerzo que desde diferentes aproximaciones no solo generaría nuevos puestos de trabajo, sino que en definitiva, contribuiría a un mejor país y a un mejor futuro para todos.

La reconstrucción de nuestro país supone, además, la inversión por parte del Estado en el fomento, financiamiento y desarrollo del empresarismo nacional. Para ello visualizamos, además de la participación activa del Estado en este esfuerzo, dentro de la diversidad de acción económica más amplia, la incorporación del modelo cooperativo y la cogestión como pilares en alcanzar esta meta.

Nuestra propuesta va también de la mano con esfuerzos del gobierno dirigidos a lograr atraer al país esa inmensa cantidad de talento profesional, técnico, intelectual y científico que ha emigrado durante los pasados años por falta de oportunidades de empleo en Puerto Rico y a detener la actual fuga de talentos y cerebros. Para ello es necesario, entre otras cosas, el fortalecimiento de nuestra investigación nacional y conforme a estos objetivos, legislar una ley de patentes nacional que permita proteger nuestro capital intelectual. En el esfuerzo que se lleve a cabo, el gobierno tiene que formular un cambio radical hacia la educación pública gratuita, viendo la misma no como un gasto más sino como una inversión en el futuro del país. Hay que mejorar no solo la calidad de la enseñanza, la preparación profesional de quienes enseñan, sino también mejorar sus condiciones de trabajo a la par que fomentar una aproximación distinta hacia la necesidad de elevar el nivel de la preparación académica de los futuros técnicos y profesionales que necesita el país.

Otro aspecto que seguro permitiría la generación de nuevos empleos en Puerto Rico sería la eliminación de las leyes de cabotaje. Si bien pudiera indicarse su efecto negativo en determinado sector de la fuerza de trabajo, principalmente en los trabajadores de empresas de transportación marítima y carga terrestre en Puerto Rico, la reducción de entre $700 a $1,000 millones que cuesta al país la transportación de la carga en buques estadounidenses, redundaría en una mayor cantidad de dinero disponible, circulando en nuestra economía y en consecuencia, un mayor estímulo económico para el país.

Como abogado laboral dedicado a la representación de obreros y organizaciones sindicales, no puedo concluir mi presentación si referirme al tema de la pérdida de derechos laborales de los trabajadores en Puerto Rico. La estabilidad de empleo, salarios adecuados, incentivos salariales adicionales a partir de la productividad de los trabajadores medibles por industria o ramo de la misma y beneficios marginales, son elementos que bien enfocados, mejoran la capacidad productiva del trabajador, y en consecuencia, de la industria y del país.

Ciertamente nos preocupa el efecto causado a los sectores laborales el desmantelamiento de importantes áreas de la legislación protectora del trabajo iniciada a mediados de la década de 1990 para el sector privado como parte de la implantación en Puerto Rico del modelo neoliberal. Lo mismo señalamos en torno a aquellas medidas adoptadas por el gobierno de Puerto Rico a partir de la aprobación de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009 y su impacto en el sistema de relaciones laborales en el sector público que me parece todos conocemos. Nos preocupa, además, el conjunto de propuestas presentadas por el Consejo Asesor para la Reconstrucción Económica y Fiscal de Puerto Rico (CAREF), que impactan los derechos adquiridos de los trabajadores del sector público y privado, como también aquellas recomendaciones presentadas por sectores empresariales como son las propuestas de la Coalición del Sector Privado.

Un examen de los fundamentos en los cuales descansan las “nuevas propuestas” refleja que no son sino un refrito de aquellos argumentos señalados por los Informes de 1988 y 1989 y las enmiendas a la legislación protectora del trabajo a los cuales hiciéramos referencia al comienzo de nuestra intervención. En síntesis, se trata de la profundización de la implantación de políticas neoliberales en Puerto Rico siempre bajo el argumento de que Puerto Rico será más competitivo en la economía global.

Puerto Rico debe ser un país competitivo. Pero para que Puerto Rico sea competitivo, entre otras cosas importantes, es necesaria una clase obrera educada; una sociedad que viva en armonía; que tenga un proyecto de país; que estimule el trabajo y no la dependencia; que viva una cultura de paz y no de violencia; que apueste a la solución conjunta de los problemas existentes y no a la cancelación recíproca de las propuestas bajo consideraciones político partidistas que nos niegan la oportunidad de construir un nuevo y posible país para todos; pero sobre todo, requiere la voluntad y los poderes políticos necesarios para acometer esta tarea.

Debemos ser un país competitivo a escala global pero en la formulación de propuestas, debemos plantearnos aquellas que contribuyan al desarrollo de opciones de futuro para el país. Nos parece que el examen de las propuestas debe partir de diferentes aproximaciones. Veamos algunas que nos parecen medulares:

a. Si existe al presente un problema de insuficiencia fiscal que conlleva el deterioro de servicios públicos tales como la salud y la educación, la seguridad pública, por solo mencionar algunos de los más importantes, es evidente que tal insuficiencia solo se resuelve con mayores recaudos. Si esto es así, tiene que estar dentro del radar de nuestras propuestas, la imposición de nuevas y más efectivas medidas de recaudo de ingresos. Pero al hacerlo, debe ser buscando el dinero donde dinero se encuentra; no en el bolsillo de los trabajadores. Esas mismas industrias multinacionales que se llevan en ganancias decenas de miles de millones de dólares anuales de las cuales ya hablamos, pueden aportar al erario público mayores contribuciones que las que hoy aportan. Más aún, la Asamblea Legislativa debería nombrar una Comisión Especial con la encomienda de revisar las obligaciones asumidas por estas compañías al ser beneficiarias de las exenciones concedidas por el Estado, particularmente si hubo algún compromiso con la creación de empleos y exigir su cumplimiento o revocar las exenciones. La Asamblea Legislativa debe legislar, además, un mecanismo permanente fiscalizador y revisor del cumplimiento de los decretos de exención contributiva o subsidios a estas industrias que le brinden al Estado los instrumentos necesarios para proceder en su contra en caso de incumplimiento.

b. En lo concerniente a la búsqueda de recursos fiscales, se debe actuar de manera proactiva, sin mayores dilaciones, en la recuperación de cientos de millones de dólares correspondientes al pago del IVU que hoy no están llegando a la arcas del Estado. Lo mismo puede indicarse con relación a los evasores contributivos que están hoy plenamente identificados y sobre los cuales el Estado nada ha hecho para recuperar el dinero adeudado. Mediante legislación especial, se debe crear un fondo permanente, a base de un porciento de las sumas recuperadas por esta vía, para la promoción de empleos en las comunidades y para el desarrollo de proyectos de auto gestión comunitaria.

c. La Legislatura debe legislar para una utilización más eficiente de los activos que tiene el movimiento cooperativo en Puerto Rico, que sobrepasa los $9 mil millones, en el desarrollo de empresas manufactureras que generen empleos en los municipios más deprimidos económicamente en Puerto Rico. La venta de la producción de estas empresas cooperativas debe ser asegurada por el propio gobierno a base de la adquisición de productos que el propio Estado utiliza como parte de la prestación de los servicios al pueblo, o a los propios departamentos o agencias de las tres ramas políticas y los municipios.

d. En el caso de las corporaciones públicas, se deben legislar mecanismos de fiscalización y control en los procesos de subastas; desincentivar los procesos de privatización de los servicios públicos, y promover una política pública que postule que sean los propios empleados de las corporaciones públicas y agencias los que lleven a cabo las funciones en éstas.

e. Nos parece que el Gobierno de Puerto Rico debe auscultar la posibilidad de canalizar fondos que al presente utiliza en una serie de programas de trabajo en actividades no productivas, para utilizarlos en el desarrollo de actividades productivas que generen valor como actividad económica.

f. Debe promoverse el desarrollo del conocimiento, viendo en la educación universitaria pública una inversión del Estado y no un gasto social.

g. Debe promoverse el desarrollo de escuelas vocacionales y técnicas que preparen la fuerza de trabajo para acometer nuevas tareas en el proceso productivo.

h. Debe promoverse legislación que atienda, en todas las instancias de trabajo, mecanismos efectivos de consulta y participación de los trabajadores en el desarrollo de propuestas que mejoren la productividad, la eficiencia en la prestación de los servicios y en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo.

i. Nos parece que la Asamblea Legislativa debe prestar atención al problema que nos plantea la ausencia de seguridad alimentaria en estos momentos. El desarrollo de la agricultura, abandonada por sucesivos gobiernos en Puerto Rico, no solo es una fuente extraordinaria para la generación de empleos, sino un polo de desarrollo que permitiría contribuir, en definitiva, al sostenimiento alimentario de nuestra población. Un punto de partida necesario, es la creación de una Comisión Especial o de un grupo de expertos, que a partir del análisis de nuestros suelos, identifique los renglones agrícolas productivos idóneos y en correspondencia a los mismos, recomiende la preservación de los suelos agrícolas necesarios para la explotación económica de éstos.

j. El Estado debe promover en nuestro currículo escolar en todos los niveles, el fomento de una cultura de trabajo, viendo el mismo como un derecho humano universal, como un deber y responsabilidad del ciudadano, como parte de una obligación ética de cada individuo con la sociedad, desincentivando todo elemento que promueva una cultura de dependencia y ocio no productivo.

Al presente, las propuestas relacionadas con modificaciones en la legislación laboral vigente, o aquellas que de una manera u otra afectan derechos establecidos en las leyes laborales que reglamentan las relaciones laborales o las relaciones obrero patronales, ha estado sujeta a proyectos específicos sectoriales, donde el enfoque es cómo un sector le impone a otro su particular visión o cómo un sector le elimina a otro lo que ya tiene. En ese esfuerzo, el Estado se convierte en una ficha que se mueve según los deseos de un sector en particular al margen de cualquier esfuerzo consensuado con la otra parte.

Reconocemos que el Estado no es un ente aparte y diferenciado de las clases sociales, de la misma manera que asumimos que en nuestro contexto actual, los partidos políticos impulsan en sus programas visiones y propuestas que responden, en última instancia, a las diferentes visiones de las clases sociales que les dirigen. Sin embargo, más allá del debate natural de la lucha entre clases sociales, en estados capitalistas donde prevalece la democracia representativa; es decir, estados donde se guarda la apariencia democrática como elemento legitimador, ése Estado viene llamado a cumplir la responsabilidad de ser regulador entre intereses en conflicto. En una sociedad como la nuestra, asumir lo contrario bajo la premisa de que toda esfuerzo conciliatorio tan sólo conduce a la entrega de posiciones por parte de la clase trabajadora, es sintomático de un alejamiento peligroso de la realidad. Después de todo, si nos abstenemos de empujar esta opción, los sectores empresariales continuarán empujando la imposición de sus propuestas neoliberales, que es lo que hasta ahora han hecho.

En lo que otros mecanismos produzcan un cambio político, social y económico hacia una dirección distinta, se impone la búsqueda de espacios de discusión y concertación entre diferentes proyectos de clase, entre diferentes visiones de cómo deben regularse las relaciones sociales, políticas y económicas en una sociedad determinada.

En la mayoría de los estados soberanos, particularmente en aquellos avanzados y desarrollados, se ha implantado un modelo inexistente en Puerto Rico. Mediante el mismo, se aspira a que los cambios fundamentales en las relaciones laborales y obrero patronales se lleven a cabo agotando esfuerzos conciliatorios, basados en el diálogo y en la discusión de las propuestas cuyo propósito, al menos teórico, es la búsqueda de consensos sociales, previo a la implantación de éstas. Lo mismo ocurre con relación a la formulación de otro tipo de modificaciones en el estado normativo vigente en el campo laboral. Ese mecanismo, reconocido por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) como “organismos tripartitas” u “organismos trisectoriales”, no existe en Puerto Rico. La ausencia en Puerto Rico de plenos poderes políticos soberanos no debe ser excusa para no asumir la viabilidad de esta propuesta.

En nuestro país no hay un foro permanente, salvo esfuerzos coyunturales como el que aquí se realiza, donde puedan converger, en una mesa de diálogo, intereses distintos en la formulación de ideas y propuestas aplicables a las relaciones obrero patronales, que permitan, en un proceso inteligente, fundado y razonado de decantación, atendiendo los mejores intereses del pueblo puertorriqueño, atemperar leyes o formular modelos en nuestro desarrollo político, económico y social desde una aproximación laboral.

Esta propuesta, tan elemental y natural, hubiera evitado muchos conflictos a lo largo de las pasadas décadas permitiendo hacer aquellos ajustes necesarios, consensuados, sin alterar una propuesta sencilla de modelo de intervención del Estado en los procesos económicos. La legislación social a la que hizo referencia el modelo que se ha propuesto destruir el modelo neoliberal, como dijera Vicente Géigel Polanco en su libro citado, no es otro que aquel que:

“Respondiendo a un objetivo específico de mejoramiento colectivo, propone un orden social de más justicieros alcances, normas de más alta calidad de vida y de trabajo, seguridad económica, aprovechamiento de la industria y de los recursos naturales para llenar las necesidades humanas, equitativa distribución de los beneficios de la riqueza, democrático disfrute de todos los bienes de la civilización, igualdad de oportunidades, goce de las libertades esenciales.”

Depende de nosotros cuál ha de ser la respuesta que impulsaremos al salir de este recinto entre nuestro pueblo a la luz de las interrogantes que nos convoca este importante foro de discusión.

Muchas gracias.

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