Nada nuevo bajo el sol
Ley de medios en Ecuador
13/05/2012
- Opinión
En el país andino se produce un fuerte debate sobre los medios de comunicación, tal como pasó en Argentina en el año 2009. El proyecto de ley presenta una fuerte resistencia ya que reduciría el espacio del sector privado.
En Ecuador se debate un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Comunicación. Fue establecido por la Constitución de 2008, pero sucesivas demoras impidieron cumplir ese mandato, por lo que el presidente Rafael Correa volvió a impulsar la cuestión mediante un referendo popular aprobado el 7 de mayo de 2011.
Según la versión digital del diario matutino de Quito Hoy la propuesta establece una nueva repartición de frecuencias que reduciría sustancialmente el espacio del sector privador.
El proyecto también prevé otras cuestiones como la regulación o prohibición de contenidos violentos, discriminatorios o explícitamente sexuales; y la obligación para las estaciones de radio y televisión de difundir productos nacionales.
De esta manera, se produce un fuerte debate entre quienes impulsan la propuesta y los que la resisten. Los que la apoyan son los miembros de la oficialista Alianza PAIS, quienes establecen que esta ley es positiva para la defensa de los derechos.
De acuerdo al diario El Universo, de Guayaquil, el presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Fernando Cordero (PAIS), dio referencias en torno a que el proyecto desarrolla los derechos de información y los derechos de libertad consagrados en la Constitución; y que la ley se sustenta no sólo en el derecho constitucional a la libertad de expresión, sino en el derecho de los ecuatorianos a recibir, difundir información, y de crear medios de comunicación.
Los principales opositores son los grupos monopólicos de Ecuador, que ven peligrar sus intereses; y los grupos políticos opositores al gobierno. Consideran que el proyecto atenta contra la libertad de expresión y la denominan “ley mordaza”.
César Montúfar, asambleísta por la Concertación Nacional, se opone al proyecto de ley. Sostuvo, en el diario Hoy, que “es necesario un nuevo proyecto, uno más democrático”. Montúfar explicó que “el proyecto sobre el cual se debatirá no tiene posibilidad de ser reformado, en perspectiva de evitar que esta ley sea la más grave amenaza a la libertad de expresión de los ecuatorianos”. Cree que “no cabe otra alternativa que iniciar un nuevo proyecto de ley de comunicación, una ley que", según él, "sea verdaderamente democrática y coherente con la Constitución y los instrumentos internacionales.”
Se pueden comparar estos debates con los ocurridos en Argentina mientras se debatía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue promulgada el 10 de octubre del 2009 por la presidenta Cristina Fernández. La nueva norma reemplazó a la ley de Radiodifusión 22.285, instaurada en 1980 por la dictadura cívico-militar. Es una ley que establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos.
Quienes se oponían al proyecto eran los principales opositores al gobierno argentino: La Unión Cívica Radical, Unión Pro, la Coalición Cívica, y el denominado peronismo disidente. Estos partidos representan la oposición al gobierno actual, algunos de ellos -como el PRO-, representan a la derecha liberal del país.
También se le oponía los grandes multimedios y los propietarios de los medios hegemónicos con capitales nacionales e internacionales. La llamaban “ley de medios K”, “ley para controlar los medios”, “ley mordaza” y “ley contra los medios”.
Se calificó la propuesta, según el Diario Clarín, como “un proyecto restrictivo y excesivo en lo intervencionista”, también denunciaron que el tratamiento parlamentario fue un debate “express”.
El diputado Francisco de Narváez, del peronismo disidente y uno de los accionistas de América TV -junto a Grupo Uno, empresa multimedios liderada por Daniel Vila- manifestó al diario La Nación, su rechazo a que el proyecto tenga “un tratamiento express” y agregó que "una ley fundamental para la República no se puede tratar a las apuradas”.
En el mismo artículo, el senador nacional Ernesto Sanz de la Unión Cívica Radical, cuestionó el proyecto argumentando que “con esto el Gobierno intenta apropiarse de la información y la libertad de expresión en el país”.
Pero la oposición se centró en el artículo 161 que es, según Infobae.com, el que apunta a la “desinversión” de los grupos empresariales propietarios de medios de comunicación. En realizdad, este artículo es el que establece el plazo de un año para ajustarse a las disposiciones de la norma, por lo que las empresas deberían desprenderse de aquellos medios que excedan lo que permite la ley.
El profesor Omar Gais , titular de la cátedra Teoría de la Comunicación II que se cursa en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo comentó APAS que “la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina está en vigencia salvo el artículo 161 que es el de “desinversión”. La ley autoriza a tener un total de 24 licencias y Clarín tiene alrededor de 200. Digo Clarín como el multimedio más confrontado con el gobierno. Es el factor más fuerte quizás al que se oponen”.
El profesor agregó que ese artículo no está en vigencia por medidas cautelares que han impuesto jueces en dos provincias: en Mendoza y Salta. Concluye diciendo que ahí se hace visible el motivo de resistencia ya que es una ley “anti monopólica”.
Antonio Pasquali, comunicador social venezolano, en su libro “Comprender la Comunicación” denuncia que “se está consolidando una tendencia en el plano de la investigación comunicacional que camina en dirección opuesta a lo que debe ser el principio de la comunicación y rechazando la reducción del fenómeno de la comunicación al fenómeno medios de comunicación”.
Los debates son importantes pero muchas veces se desorientan en defensa de sus propios intereses, en este caso de los medios concentrados, en vez de atender a la comunicación en en un sentido más amplio. Gais afirmó que eso es muy común cuando se debate una ley de medios, que por eso es tan dura la pelea. el docente explicó que “no es sólo por el dinero sino también por la capacidad ideológica, el control de los discursos, en el sentido llegar a la gente con un discurso que los sostengan ellos”.
Según la versión digital del diario matutino de Quito Hoy la propuesta establece una nueva repartición de frecuencias que reduciría sustancialmente el espacio del sector privador.
El proyecto también prevé otras cuestiones como la regulación o prohibición de contenidos violentos, discriminatorios o explícitamente sexuales; y la obligación para las estaciones de radio y televisión de difundir productos nacionales.
De esta manera, se produce un fuerte debate entre quienes impulsan la propuesta y los que la resisten. Los que la apoyan son los miembros de la oficialista Alianza PAIS, quienes establecen que esta ley es positiva para la defensa de los derechos.
De acuerdo al diario El Universo, de Guayaquil, el presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Fernando Cordero (PAIS), dio referencias en torno a que el proyecto desarrolla los derechos de información y los derechos de libertad consagrados en la Constitución; y que la ley se sustenta no sólo en el derecho constitucional a la libertad de expresión, sino en el derecho de los ecuatorianos a recibir, difundir información, y de crear medios de comunicación.
Los principales opositores son los grupos monopólicos de Ecuador, que ven peligrar sus intereses; y los grupos políticos opositores al gobierno. Consideran que el proyecto atenta contra la libertad de expresión y la denominan “ley mordaza”.
César Montúfar, asambleísta por la Concertación Nacional, se opone al proyecto de ley. Sostuvo, en el diario Hoy, que “es necesario un nuevo proyecto, uno más democrático”. Montúfar explicó que “el proyecto sobre el cual se debatirá no tiene posibilidad de ser reformado, en perspectiva de evitar que esta ley sea la más grave amenaza a la libertad de expresión de los ecuatorianos”. Cree que “no cabe otra alternativa que iniciar un nuevo proyecto de ley de comunicación, una ley que", según él, "sea verdaderamente democrática y coherente con la Constitución y los instrumentos internacionales.”
Se pueden comparar estos debates con los ocurridos en Argentina mientras se debatía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue promulgada el 10 de octubre del 2009 por la presidenta Cristina Fernández. La nueva norma reemplazó a la ley de Radiodifusión 22.285, instaurada en 1980 por la dictadura cívico-militar. Es una ley que establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos.
Quienes se oponían al proyecto eran los principales opositores al gobierno argentino: La Unión Cívica Radical, Unión Pro, la Coalición Cívica, y el denominado peronismo disidente. Estos partidos representan la oposición al gobierno actual, algunos de ellos -como el PRO-, representan a la derecha liberal del país.
También se le oponía los grandes multimedios y los propietarios de los medios hegemónicos con capitales nacionales e internacionales. La llamaban “ley de medios K”, “ley para controlar los medios”, “ley mordaza” y “ley contra los medios”.
Se calificó la propuesta, según el Diario Clarín, como “un proyecto restrictivo y excesivo en lo intervencionista”, también denunciaron que el tratamiento parlamentario fue un debate “express”.
El diputado Francisco de Narváez, del peronismo disidente y uno de los accionistas de América TV -junto a Grupo Uno, empresa multimedios liderada por Daniel Vila- manifestó al diario La Nación, su rechazo a que el proyecto tenga “un tratamiento express” y agregó que "una ley fundamental para la República no se puede tratar a las apuradas”.
En el mismo artículo, el senador nacional Ernesto Sanz de la Unión Cívica Radical, cuestionó el proyecto argumentando que “con esto el Gobierno intenta apropiarse de la información y la libertad de expresión en el país”.
Pero la oposición se centró en el artículo 161 que es, según Infobae.com, el que apunta a la “desinversión” de los grupos empresariales propietarios de medios de comunicación. En realizdad, este artículo es el que establece el plazo de un año para ajustarse a las disposiciones de la norma, por lo que las empresas deberían desprenderse de aquellos medios que excedan lo que permite la ley.
El profesor Omar Gais , titular de la cátedra Teoría de la Comunicación II que se cursa en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo comentó APAS que “la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina está en vigencia salvo el artículo 161 que es el de “desinversión”. La ley autoriza a tener un total de 24 licencias y Clarín tiene alrededor de 200. Digo Clarín como el multimedio más confrontado con el gobierno. Es el factor más fuerte quizás al que se oponen”.
El profesor agregó que ese artículo no está en vigencia por medidas cautelares que han impuesto jueces en dos provincias: en Mendoza y Salta. Concluye diciendo que ahí se hace visible el motivo de resistencia ya que es una ley “anti monopólica”.
Antonio Pasquali, comunicador social venezolano, en su libro “Comprender la Comunicación” denuncia que “se está consolidando una tendencia en el plano de la investigación comunicacional que camina en dirección opuesta a lo que debe ser el principio de la comunicación y rechazando la reducción del fenómeno de la comunicación al fenómeno medios de comunicación”.
Los debates son importantes pero muchas veces se desorientan en defensa de sus propios intereses, en este caso de los medios concentrados, en vez de atender a la comunicación en en un sentido más amplio. Gais afirmó que eso es muy común cuando se debate una ley de medios, que por eso es tan dura la pelea. el docente explicó que “no es sólo por el dinero sino también por la capacidad ideológica, el control de los discursos, en el sentido llegar a la gente con un discurso que los sostengan ellos”.
APAS | Agencia Periodística de América del Sur | www.prensamercosur.com.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.
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