"Cuando se seque el ultimo río, cuando pesquen el último pez, cuando corten el último árbol, entonces ya no existiremos”.

Los pueblos indígenas amazónicos corren grave peligro. Su supervivencia misma está en juego. Estas no son frases alarmistas. Son una constatación fría de la realidad que viven más de 400 pueblos de la cuenca amazónica. En efecto, ellos están expuestos no solo a la pobreza y a las enfermedades, sino a la militarización y al desplazamiento forzado provocado por un “modelo de desarrollo” occidental de corte racista que destruye sus fuentes de vida y atropella todos sus derechos.

Esta problemática fue analizada por los dirigentes de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) que se reunieron en Quito del 26 al 30 de enero de 2004 para abordar temas como territorios y recursos naturales, sostenibilidad humana, sistemas propios y derechos constitucionales, fortalecimiento organizativo y sabidurías ancestrales y formación académica y científica. La COICA agrupa a organizaciones indígenas de Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Surinam, Venezuela, Guyana y Guyana Francesa.

El Plan Colombia, los planes de erradicación forzada de la coca, las actividades de las transnacionales petroleras y mineras, la situación de los indígenas en Ecuador, Brasil y Venezuela, constaron también en la agenda de trabajo de los dirigentes indígenas.

Fumigaciones y desplazamientos

La aplicación del Plan Colombia, que tiene un fuerte financiamiento de Estados Unidos, y la escalada de la guerra en este país agravan la situación de los pueblos amazónicos colombianos, extendiendo sus efectos a las regiones fronterizas de Ecuador, Venezuela y Brasil.

Los pueblos indígenas “se encuentran intervenidos por los actores del conflicto armado interno, los mismos que atentan contra nuestra seguridad territorial y nuestra existencia física y cultural como pueblos indígenas”, señalan la COICA. Más de 30.000 de un total de 700.000 indígenas colombianos han sido afectados en su integridad por hechos violentos adjudicados tanto a las fuerzas paramilitares de derecha, al Estado y las guerrillas, según datos de esta organización.

“Si se acrecienta el conflicto armado, la juventud dejará sus comunidades y pasará a engrosar, por voluntad o presión, las filas de los grupos armados. Como el gobierno colombiano no tiene una política clara de atención, las comunidades pueden ser diezmadas por las epidemias o las enfermedades. Los indígenas van a emigrar a las ciudades o a las regiones fronterizas poniendo en riesgo la supervivencia física y cultural, porque al dispersarse pierden su condición de pueblos y de comunidades”, dice Luis Evelys Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Las políticas que el gobierno colombiano -con apoyo de Estados Unidos- está ejecutando respecto al narcotráfico no son las más indicadas. En particular, la erradicación forzosa de las plantaciones de coca a través de fumigaciones que utilizan el veneno llamado Roundup Ultra —que contiene principalmente glifosato- trae severas consecuencias sobre la salud humana. Muchos niños han muerto, desaparecen la fauna y flora silvestre, los cultivos de subsistencia y los animales domésticos. “Esta propuesta de fumigación va acompañada de un reforzamiento del aparato militar, entonces lo que observamos es que se compran más helicópteros y se destinan más recursos para los mismos que aplican estos planes. Es todo un negocio para algunas empresas y para el mismo gobierno norteamericano”, manifiesta Luis Evelys Andrade.

Las fumigaciones del Plan Colombia también afectan a los indígenas y campesinos de la frontera con Ecuador. El ciento por ciento de los pobladores ecuatorianos ubicados a 5 kilómetros de la frontera con Colombia han sufrido fiebre, diarreas, cefaleas, dermatitis. Un estudio del médico tropicalista Adolfo Maldonado confirma que todas las 47 mujeres estudiadas presentan lesiones genéticas en el 36 por ciento de sus células.

El dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFE- NAIE) José Quenamá, expresa: “También hay desplazamiento de los hermanos colombianos a nuestras comunidades y a las mismas ciudades. En la provincia ecuatoriana de Sucumbíos hemos hecho un recuento de que hay un 40% de ciudadanos colombianos que huyen de la violencia, eso demanda de recursos para atender a la gente, porque esa gente necesita comer, educarse y tener garantías. Yo creo que el gobierno ecuatoriano no debe meterse en problemas ajenos, porque eso involucra a nuestra gente”.

Frente al Plan Colombia, la COICA resolvió apoyar el acta suscrita entre el Gobierno colombiano y la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y respaldar la creación de la Mesa Regional Amazónica para que “analice y genere soluciones viables a las consecuencias sociales y ambienta— les de la implementación del Plan Colombia, como son los desplazamientos masivos, secuestros, reclutamiento forzoso, impactos ambientales por las fumigaciones en territorios indígenas, entre otros”.

Las actividades petroleras generan contaminación del suelo, de los ríos y el aire, deforestación de la selva, pérdida de biodiversidad, deterioro de la calidad de vida, enajenación cultural, enfermedades, división de las comunidades, dependencia económica y muerte. En el Ecuador, los territorios del pueblo Kichwa de Sarayacu, de las nacionalidades Shuar Achuar y de las comunidades Kichwas de Rucullacta, se encuentran amenazados en su integridad física y cultural por la presencia de la Compañía General de Combustibles (bloque 23) y de la compañía Burlington (bloque 24), transnacionales apoyadas por el gobierno ecuatoriano de Lucio Gutiérrez. En Sarayacu, los indígenas se oponen a cualquier tipo de actividad petrolera y han resistido los intentos de penetración a sus territorios. Como represalia, se ha militarizado sus territorios, se ha intentado dividir a las comunidades, se ha apresado y enjuiciado a algunos indígenas e incluso se ha asesinado al defensor de los derechos ambientales Angel Zhingri.

Las organizaciones indígenas solicitan al gobierno de Gutiérrez que deje sin efecto las concesiones a estas dos empresas transnacionales, mismas que deben retirarse de los territorios indígenas. Además plantean que el territorio indígena de Sarayacu sea declarado Zona de Interés Biológico y Patrimonio Cultural.

En el caso peruano, las actividades de las empresas españolas del Consorcio Forestal y de otras dedicadas a la explotación del gas atentan contra la seguridad territorial de los pueblos indígenas y a su existencia misma. Este es el caso del pueblo Ashaninka de la provincia de Atalaya, región de Ucayali. Antes de cualquier concesión, reclaman la necesidad de que se establezcan planes de manejo sostenibles de los territorios indígenas con la consulta y participación de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.

 Acuerdos de libre comercio

Los dirigentes amazónicos expresaron, por otro lado, que si el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) entra en vigencia “nuestros países estarán obligados a concesionar las materias primas y recursos naturales, en violación a la soberanía nacional aumentando la pobreza que de manera especial afectará a los pueblos indígenas”. En respuesta a este proyecto, decidieron involucrarse de manera directa y coordinada en la lucha contra el ALCA y reafirmaron el principio de “libre determinación para vivir con dignidad”.

Con relación a Venezuela, la COICA resolvió “dar un reconocimiento al proceso de cambio estructural que lleva adelante el actual Gobierno del Presidente Hugo Chávez, el mismo que está ejecutando acciones específicas en beneficio de los pueblos indígenas”. Contrastando con esta posición, la COICA manifestó que, en el caso de Brasil, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva carece de una política indígena específica, por lo que pide que rompa con la visión de considerar a los indígenas “relativamente incapaces”, prejuicio que a lo largo del tiempo “ha perjudicado nuestra relación con el Estado en la medida en que establece relaciones de intermediación con actores no indígenas, quitando nuestra voz y nuestros derechos como ciudadanos capaces de presentar propuestas que atiendan a nuestros reales intereses”.

En temas específicos, la COICA pide al gobierno brasileño que garantice la seguridad de las tierras indígenas (especialmente la homologación en área continua de la tierra indígena de Raposa Sierra del Sol en Roraima), el retiro de todos los invasores que se encuentran en tierras indígenas, el juzgamiento de los culpables de los asesinatos de 24 indígenas, la asignación, en el presupuesto nacional, de un rubro específico para atender las necesidades indígenas y la instalación de una Mesa Regional Amazónica para discutir las cuestiones indígenas.

La mayoría de pueblos indígenas amazónicos se encuentran dispersos en la inmensidad de la geografía selvática, viven en grupos de no más de 100 personas. Y eso los hace más vulnerables frente a los agentes externos que llegan a sus territorios en son de guerra, de codicia y de muerte. “Por eso es necesario lanzar un SOS por los pueblos indígenas de la Amazonía, porque están en un alto riesgo, porque si no desarrollamos acciones concretas de parte de las organizaciones, si no hay un compromiso claro y una acción decidida de los gobiernos, de la cooperación internacional, en pocos años, podríamos hablar de que estos pueblos se habrán extinguido y no podemos eludir esa responsabilidad histórica”, señala Luis Evelys Andrade, dirigente de la ONIC.  

Publicado en América Latina en Movimiento # 381 (ALAI), p. 12, 20-02-2004, Quito