Se inició el paro regional indefinido en el departamento de Cajamarca con expresiones de solidaridad en los 13 departamentos del país. Convocado por el Comando Unitario de Lucha, exige a Ollanta Humala que pronuncie la inviabilidad del proyecto minero Conga. El emprendimiento arrasaría con lagunas, vertientes y humedales que constituyen cabeceras de cuenca de 4 ríos cajamarquinos. Se esperan días de tensión. Entre policías y militares 7.000 efectivos custodian la zona. Hoy se concentrarán decenas de miles de manifestantes en la plaza de armas de Cajamarca y las lagunas Perol, Chailhuagón, Mamacocha y Azul.

 

Por otra parte, el escenario nacional profundiza la relevancia de la lucha cajamarquina. La represión estatal en El Espinar arrojó un saldo de 4 muertos y más de 70 heridos. Los manifestantes protestaban con la actividad megaminera. El gobierno dictaminó el Estado de emergencia, encarceló a luchadores y acusó de instigadores a referentes cajamarquinos. Ayer, el aeropuerto de Lima interrumpió sus actividades ante el hallazgo de un posible atentado terrorista: tres bombas molotov en un equipaje anónimo. Una sombra de inverosimilitud cubrió el hecho. Por estos días el confeso fujimorista y ahora primer ministro ollantista, Oscar Valdés, advirtió que se defenderá al Estado de Derecho de las formas que sean necesarias.

 

 

Conga es un emprendimiento a cargo de Minera Yanacocha S.A. Sus primeros pasos fueron sigilosos: en el 2004 se inició la exploración del área, 2007 se desarrollaron los estudios de base ambiental, a partir del 2008 se diseñó la ingeniería del proyecto y el Ministerio de Energía y Minas aprobó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) incompleto. En marzo de 2010 se dio a conocer la versión definitiva del EIA y se presentó en sociedad: Minas Conga se realizaría a cielo abierto y estaría ubicada en el centro geográfico de 25 lagunas. Se estima que la actividad de la mina se extenderá por veinte años. En este lapso, según consta en el EIA, utilizará 4 lagunas para tareas de lavado y acumulación de residuos mineros. Conga afectaría a tres provincias y el impacto ambiental se estima en 20 mil hectáreas de territorio cajamarquino. 210 son las comunidades campesinas que habitan la zona. A mediados de 2010 la población se movilizó en contra del proyecto. Alan García, con el costo político de la masacre de Bagua a cuestas, debió congelar la iniciativa. Durante la campaña presidencial de 2011, Ollanta Humala visitó el departamento. En diferentes actos proselitistas instó a los cajabambinos a defender la vida y luchar contra las empresas abusivas. Su consigna: agua sí, oro no. El 5 de mayo de 2012 asumió la presidencia de la Nación. Luego de meses de incertidumbre el primer mandatario anunció la imposibilidad de romper acuerdos establecidos con Yanacocha S.A. En Diciembre, un arco amplio de organizaciones sociales y sindicatos paralizó por 15 días la región. La respuesta del Gobierno Nacional no se hizo esperar: estableció el Estado de emergencia y militarizó la zona, especialmente las áreas donde se parapetaban maquinarias de la minera. El descontento con la decisión gubernamental cobró visibilidad en los medios masivos de comunicación y la resistencia popular contra Conga se expandió por todo el territorio nacional. La Marcha Nacional del Agua, organizada en Febrero de 2012, obligó al Ejecutivo a descartar la vía represiva. La revisión del EIA y la búsqueda de alternativas para el suministro de agua, expresaron el cambio de estrategia gubernamental. La resistencia popular, expresada orgánicamente en el Comando Unitario de Lucha, desestimó la primera iniciativa: la empresa contratada para controlar la rigurosidad del EIA fue elegida unilateralmente por el Gobierno, los parámetros de la investigación nunca fueron explicitados, las rectificaciones efectuadas y estudios ambientales encargados por el Comando Unitario presentaron diferencias significativas. En cuanto a la segunda, Yanacocha S.A. ofreció remplazar las lagunas por reservorios de agua artificiales. En 2010, ante un conflicto similar, la minera construyó el reservorio San José. En los últimos meses circularon videos y fotografías que lo ilustraban completamente seco. Procesamientos a líderes sociales, rectificaciones de promesas electorales y un sinfín de acciones dilatorias actualizan el escenario hasta nuestros días.

 

 

 “El perro del hortelano” fue la tesis desarrollada por Alan García entre 2006 y 2011. En ella le endilgaba al pueblo peruano el mal “del que no come ni deja comer”. La metáfora se dirigía a las resistencias populares contra la depredación de los bienes comunes. El modelo de desarrollo político-económico de la gestión aprista, al igual que el de su antecesor Toledo, consolidó la reforma neoliberal instaurada por el fujimorismo en los noventa. Estableció Tratados de Libre Comercio con Chile y Estados Unidos, concesionó el suelo y mar peruano, avanzó en la ingeniería necesaria para judicializar y criminalizar la protesta social. La mayor parte del voto popular para Ollanta Humala reclamaba la ruptura con la política institucional continuista de los últimos 30 años. A pocos días de cumplirse el primer año de su mandato, en el balance de su gestión figuran la purga las vertientes progresistas del aparato estatal, el fortalecimiento de la estructura económica extranjerizante y el asesinato de 18 luchadores sociales

 

 

Tiene como principales accionistas a Newmont Mining Corporation y al grupo Buenaventura. El primero radica en Denver (EE.UU.), posee minas en Australia, Indonesia, Ghana y Nueva Zelandia. El segundo forma parte del empresariado nacional forjado al calor de 30 años de neoliberalismo. Su mentor es Jorge Buenaventura, quien entre sus laureles más preciados cuenta con la distinción de haber tocado en dos oportunidades la campana de la Bolsa de Valores de Nueva York. Diversificó sus inversiones en ramas ligadas a la minería, desarrolla emprendimientos en el sur, centro y norte del país e incursiona en el escenario político a través de la ONG Reflexión Democrática.

 

Ambos usufructúan en Cajamarca tres minas a cielo abierto. Yanacocha, una de las minas de oro más grande del mundo, desde principios de los noventa. Este emprendimiento incluyó la desaparición de la laguna homónima. Durante el 2010 explotó 1.5 millones de onzas de oro. Según especialistas sólo Buenaventura facturó entre 2004 y 2010 235 millones de ganancia neta, por lo que aportó al estado un exiguo 0,29 por ciento.

 

La convivencia del pueblo cajamarquino con Yanacocha no ha sido fácil. En 1993 la empresa fue denunciada por usurpación de tierras campesinas. Después de un breve litigio, reconoció el delito e indemnizó a los afectados. En Junio de 2000 un camión cisterna volcó en cercanías de Choropampa. El mercurio que trasportaba se esparció Jequetepeque abajo. Un rumor se expandió por el pueblo choropampino: lo que brilla en el río es oro. Decenas de pobladores recogieron mercurio de las aguas guardándolo celosamente en sus casas. Hoy engrosan la lista de muertos y enfermos crónicos que causó el derrame. En 2006 sicarios vinculados a la empresa asesinaron al dirigente Edmundo Becerra. Ya en 2012, está sindicada como la principal financista de Salvemos Cajamarca: un espacio que defiende la instalación del proyecto Conga y reúne a ex alcaldes, ex congresistas y la Cámara de Comerciantes Cajamarquinos.

 

 

El Comando Unitario de Lucha de Cajamarca constituye el saldo organizativo de la lucha contra la minería saqueadora y contaminante en la región. En él confluyen los Frentes de Defensas Provinciales, las rondas campesinas, delegaciones del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), organizaciones y activistas de áreas urbanas. En este mosaico, las rondas y el SUTEP son quienes aportan mayor porcentaje de pueblo organizado. Las primeras nuclean aproximadamente a 400.000 campesinos del departamento. Algo más del treinta por ciento de la población. Los segundos constituyen un gremio presente en todos los distritos cajamarquinos, expresión de sindicalismo clasista a nivel nacional y un actor preponderante en la articulación campo-ciudad. Por mandato de asamblea se plegaron masivamente al paro indefinido de hoy. Además, complementan al Comando organizaciones y ONG´s ambientalistas, líderes sociales, fracciones franciscanas de la Iglesia.

 

 

Con 1.455.201 habitantes Cajamarca es el cuarto departamento más poblado de Perú. El 67 por ciento de su Población Económicamente Activa trabaja en el campo. La raíz de su tradición agrícola-ganadera debe buscarse más allá del Tahuantinsuyo. La producción incluye papa, yuca, camote, rocoto, cacao, café, ganado vacuno y ovino, queso, leche, manteca. Además, sus ríos y lagunas son ricos en truchas, lifes, cashcas, charcocas, lluscas y cascafes. La diversidad geográfica de las provincias cajamarquinas conjuga sierras, valles y yungas.

 

La minería en la región data de épocas coloniales. Hasta fines de siglo XX las explotaciones asumían al socavón como tecnología imperante y su gravitación económica era relativa. Las minas Hualgayoc y Paredones son expresiones de este modo de producción. Sus pasivos mineros aún contaminan el río Arascorgue y amenazan la cuenca del Jequetepeque. Sin embargo, en las postrimerías de milenio el valor estratégico de la actividad cotizó en alza. La flexibilización de leyes ambientales, facilidades impositivas, fragilidad del campo popular producto de los desaciertos de las organizaciones armadas y más de una década de terrorismo de Estado a escala masiva; propiciaron el terreno fértil para la expansión de la minería a cielo abierto en manos de capitales transnacionales. En la actualidad más del 42% del territorio regional se encuentra concesionado a mineras. Las movilizaciones contra la explotación del cerro Quilish (de donde proviene el 80 por ciento del agua que consume Cajamarca) durante el 2002 y la resistencia de Bambamarca a la instalación de la mina Tantahuatay en 2007, forman parte de una la larga lista de experiencias de organización popular que combatieron el saqueo y contaminación de los bienes comunes cajamarquinos. Entonces, el clamor popular contra el proyecto Conga es la expresión de un denso proceso de concientización, de acumulación política.

 

Inversamente proporcional al incremento de la minería, los índices sociodemográficos de Cajamarca son alarmantes. Pican en punta las estadísticas de mortalidad infantil y pobreza.

 

 

Además de Conga, cinco megaproyectos mineros esperan luz verde en suelo cajamarquino. En el plano nacional, según la Defensoría del Pueblo, existen 70 conflictos sociales latentes. El 80 por ciento guarda relación con problemáticas ambientales. La gravitación de la lucha cajamarquina estriba no sólo en la fuerza para resistir al obstáculo coyuntural que representa Conga, si no por su vocación de ir más allá. El impulso de leyes como la prohibición de mercurio en explotaciones mineras, la protección de cabeceras de cuencas ante cualquier actividad contaminante} así como la potestad de las comunidades para organizar la zonificación productiva de sus territorios; son síntoma de una maduración política en proceso.

 

Cajamarca, y con él gran parte del Perú, se alista para iniciar la segunda fase de su lucha en defensa de la Madre Tierra, mientras incentiva el debate en torno a un modelo político-económico al servicio de los pueblos.

 

- Cristian Ariel Peña / Marcha

 

 

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