Hay en Guatemala temas realmente repugnantes, entre ellos, las adopciones ilegales y el tráfico de niños, que han sido denunciadas por defensores de la niñez y provocan reacciones de rechazo por parte de la sociedad y de la comunidad internacional. Este ilícito, que desnaturaliza la noble institución civil de la adopción, además de corromper a profesionales que, en un aras de una ambición desmedida, olvidan principios éticos, juramentos y códigos, ha desatado polémica que no ha sido asumida con profundidad en el seno de los gremios que involucra. Los procedimientos utilizados para realizar estas adopciones van desde compras o secuestros de bebés, promoción comercial, casas cunas clandestinas, declaraciones y papelería falsa, sobornos, presiones, aun cuando formalmente se amparan en la fe pública y en actos formalmente lícitos. Bruces Harris, Director Regional para América Latina de los Programas de Casa Alianza, una institución que trabaja con los llamados "niños de la calle", ha librado una batalla durante varios años para combatir esa práctica, que ha convertido a los niños en mercancías y a los profesionales involucrados en nuevos ricos. El 11 de septiembre de 1997 Harris ofreció una conferencia de prensa, junto al titular de la Procuraduría General de la Nación, institución con la cual estableció un convenio para la investigación de anomalías en los procesos de adopciones, para dar a conocer los resultados de ese trabajo. El activista por los derechos de la niñez aseguró que ha presentado reiteradas denuncias contra profesionales del derecho que participan en una red que comercia y exporta niños guatemaltecos y mexicanos. Una de las criticadas por esta práctica es la Notaria Susana Luarca de Umaña, entonces esposa de un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual, Harris considera que se valía a presiones y tráfico de influencias para realizar los trámites. Es importante tomar en cuenta que, según informaciones proporcionadas, Guatemala es el país que ocupa el primer lugar en la cantidad de niños "exportados" per capita, en el mundo, Los nombres de algunos Notarios especializados en la materia que se dedican a este "negocio" son conocidos en el medio. A pesar de numerosos intentos, no se ha logrado una regulación de las adopciones internacionales y Harris aseguró que la Fiscalía no procedió a las investigaciones del caso. La situación controversial se generó porque la Notaria llevó a Harris a un tribunal penal por difamación, con el argumento que el honor es un bien jurídico tutelado por la ley y que el acusado la ha difamado. Pero por otro lado la libre expresión del pensamiento también es una garantía constitucional y no es un derecho exclusivo de los periodistas, es un derecho social, se ejerce socialmente. Este criterio, sustentado por Harris no fue compartido por la Corte de Constitucionalidad que negó la pretensión de que el caso se ventilara en un Tribunal de Imprenta, contemplado en la Ley de Emisión del Pensamiento, y ordenó que el caso debe dilucidarse en un tribunal ordinario penal. El juicio por difamación contra Harris llamó la atención por los dos aspectos que involucra: uno de carácter nacional y una garantía constitucional. Hay en medio de este diferendo un derecho que ha sido históricamente mancillado: la libertad de emisión del pensamiento. Por ejercerlo murieron cientos de personas en Guatemala y para coartarlo se recurre a todos los medios de censura y autocensura posibles. Entonces, por un lado, la defensa de un bien jurídico tutelado "el honor de una persona" a quien se acusa falsamente de un delito, o se le hacen imputaciones que dañan su honor. Por otro, el riesgo de coartar la libertad de pensamiento. Harris fue absuelto por unanimidad en primera instancia por el Tribunal de Sentencia Penal, de los cargos de difamación, calumnia e injuria, debido a que, según los juzgadores, las pruebas aportadas por la querellante no fueron suficientes para probar la comisión de los delitos imputados, ya que sus declaraciones correspondían a una denuncia en conjunto con la Procuraduría General de la Nación. Esta es una buena oportunidad para reflexionar sobre los derechos ciudadanos en relación con la libertad de emisión del pensamiento sin previa censura, pero también sobre sus límites y los derechos de informar y estar informados, sin olvidar las debidas protecciones a los otras garantías constitucionales.