Paraguay

Antecedentes del Juicio Político a Fernando Lugo

India Juliana

28/06/2012

Opinión

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1. Crisis del Poder Judicial

El jueves 12 de abril de 2012, la Cámara de Senadores decidió no confirmar en sus cargos a siete de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia en Paraguay. Con la acción se desconocía también la inamovilidad de los mismos en sus cargos

El Poder Legislativo se otorgó atribuciones que, al decir del Judicial, no le correspondían. Así se inició lo que los medios llamaron La Crisis de Poderes. Estos ministros que debían ser cambiados, según los senadores, se habían autodeclarado inamovibles por lo que fueron cuestionados duramente, no solo por los legisladores sino por el Poder Ejecutivo, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.

Si bien se hicieron críticas a la forma en que los senadores pretendieron remover de sus cargos a los magistrados, no se cuestionó la falta de ética de su permanencia por su autodeclarada inamovilidad.

Cabe resaltar que el Poder Ejecutivo fue el principal cuestionador del accionar de la corte, no solo por la inamovilidad de sus miembros sino por la parcialidad de sus fallos ya que estaba conformado por representantes del Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana), en su mayoría, y del Partido Liberal Radical Auténtico.

Un acuerdo que incluyó al PLRA, el Partido Patria Querida, UNACE, y los senadores oficialistas dejó sin efecto la inamovilidad de siete miembros de la corte: Víctor Núñez, Antonio Fretes, Miguel Oscar Bajac, Sindulfo Blanco, César Garay Zuccolillo, Alicia Pucheta de Correa y José Raúl Torres Kirmser. Cuatro de ellos colorados y tres liberales

El Poder Judicial denunció, junto con la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), un Golpe Institucional y amenazó con una manifestación.

2. Crisis del Poder Legislativo

A inicios de marzo de 2012 se presentaron dos proyectos de ley que aumentaban el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en 215 mil millones de guaraníes (51 millones de dólares).Contemplaba 65.000 millones para la campaña de inscripción de los paraguayos en el exterior al Registro Cívico Permanente, y 150.000 millones para salarios de funcionarios que realicen registros en el padrón oficial, un disfraz obvio para la contratación de operadores para los partidos políticos tradicionales.

El Poder Ejecutivo vetó el aumento. Explicó que lo hacía por la falta de recursos económicos, y, por sobre todo seguía la recomendación del ministro de Hacienda, Dionisio Borda.

El 27 de Mayo de 2012 volvió a sesionar la Cámara de Diputados y aceptó el veto en lo que hace a la inscripción de paraguayos residentes en el extranjero. Sin embargo, aprobó 150.000 millones para los operadores políticos.

Como respuesta a la decisión tomada por los diputados, surgió una manifestación ciudadana convocada a través de redes sociales y respaldadas por medios de comunicación. La protesta se denominó“After Office Revolucionario” y convocó principalmente a sectores de la clase media asuncena. El acto reunió a personas apartadas habitualmente de reivindicaciones sociales. Finalmente y por presión social, la decisión de los diputados fue revertida en la Cámara de Senadores.

En la misma semana la Cámara Alta (Senado) debía decidir sobre un Proyecto de Ley que planteaba la modificación del sistema de elección de los legisladores paraguayos. La convocatoria se repitió y tuvo mucha fuerza. Generó la sensación de que una ciudadanía, harta de los abusos del Congreso, obtendría de nuevo una victoria. Mas no fue así.

A pesar de la presión, el Senado decidió postergar el tratamiento del Proyecto de Ley hasta el año 2015.Tal fue la indignación contra los parlamentarios que tuvieron que huir por la puerta trasera del Congreso de la Nación.

Ante la impotencia, los manifestantes se dirigieron hacia los locales de los partidos políticos tradicionales y causaron destrozos. También atacaron vehículos identificados como propiedad de los parlamentarios.

Con ciudadanía que expresaba no sentirse representada entraba en crisis el Poder Legislativo.

El nudo que desencadena la decisiva voluntad de tumbar al gobierno de Fernando Lugo tuvo su centro en la crisis de representatividad del sistema democrático, plasmada en un Poder Legislativo absolutamente deslegitimado y desprestigiado, al punto de “escapar como ratas” –expresión ampliamente difundida en los días de protesta-.

Los movimientos, campesino y de trabajadores habían hecho amplio uso del derecho a la protesta a lo largo de los últimos 23 años. Con las movilizaciones de los sectores de clase media y media alta, el llamado al “ejercicio de ciudadanía” se vio legitimado e inobjetable para los medios y la sociedad entera. “Estamos aprendiendo a vivir en democracia”, es lo que se repetía en las radios y canales de televisión de Asunción.

3. Masacre en Curuguaty

El viernes 15 de junio murieron en un enfrentamiento, 6 policías y 11 campesinos, en la Estancia Campos Morombi de la Colonia Yvy Pyta, Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyu.

Era difícil discutir el carácter fraudulento en que el político colorado, Blas N. Riquelme detentaba las tierras. Tanto que políticos de partidos tradicionales, de la zona, apoyaban la ocupación campesina. Ya en el año 2004, el gobierno de Nicanor Duarte Frutos había solicitado una mensura judicial para recuperar las tierras públicas.

Era muy improbable que la lucha campesina fracase, como también impensable que un desalojo con características ultra violentas se diera. Sin embargo, los ocupantes recibieron información, durante toda la semana anterior a la masacre, de que serían desalojados y que existía una lista de 7 dirigentes a ser asesinados, por formar parte de la supuesta guerrilla “Ejército del Pueblo Paraguayo”.

Los campesinos se prepararon para resistir. Sucedió tal cual esperaban, con el agregado de que también murieron policías. Algunos, según el informe forense, recibieron disparos de larga distancia, por lo que no se descarta que entre los campesinos haya habido infiltrados. Igualmente, el clima de tensión al que se llega en los desalojos mantiene siempre latente la posibilidad de que se produzcan enfrentamientos violentos.

La Masacre de Curuguaty dejó claras dos cuestiones. Primero: que los sectores políticos buscaron y encontraron en las muertes un motivo de guerra (“casus belli”) para iniciar el Juicio Político; y, segundo: se confirmó que los campesinos no iban a dejarse avasallar por estructuras represivas que respondían descaradamente a una burguesía corrupta y parasitaria; se iban a defender de cualquier forma, como sea.

Con este hecho se cerró el círculo y el Golpe debía ponerse en marcha, a toda velocidad.

Como respuesta a la indignación generalizada, provocada por las muertes en Curuguaty, Fernando Lugo relevó al ministro Carlos Filizola y nombró, en su reemplazo a Rubén Candia Amarilla.

Candia Amarilla, reconocido militante del Partido Colorado, fue fiscal general del Estado del gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Se mostró implacable con sus acciones represivas hacia el campo popular. Antes había sido abogado y juez. En su juventud, militante del Grupo de Acción Anticomunista (GAA). Sus antecedentes van desde defensas a grandes narcotraficantes hasta el blanqueamiento a ex jerarcas del régimen stronista.

Candia parecía ser la respuesta de Lugo al sector agroganadero e industrial que pedía su cabeza. Sin embargo, su jugada hizo que los golpistas armaran el jaque mate.

Los colorados argumentaron un descontrol total y una inseguridad galopante, el Partido UNACE, de Lino César Oviedo, se alineó sin titubeos, mientras que el PLRA alegó una traición de Lugo por no haberlo llamado a resolver la crisis. El conservador y católico Partido Patria Querida cerró el juego con la colaboración del Partido Democrático Progresista (ex luguistas).

Acorralado, Lugo se sometió a un Juicio Político. Se le dio 2 (dos) horas para defenderse Fue destituido en menos de 24 horas y lo condenaron y apartaron del cargo, sin antes aclarar que las acusaciones eran de público conocimiento por lo que no necesitaban ser demostradas.

Asunción, 28 de junio de 2012

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