El pasado día 1º el Presidente Mesa comunicó a la nación su Plan Económico, que inme­diatamente fue objeto de las reacciones más diversas, desde el ingenuo aplauso cerrado hasta el prejuicioso rechazo terminante. Intentemos un análisis lo más objetivo posible. El punto de partida Para valorar el Plan presidencial es importante tener en cuenta, en primer lugar, que se trata de la presentación de un plan económico, y que por tanto no tenía por qué referirse a temas políticos (como algunos han lamentado). En segundo lugar conviene tener claro que cualquier plan económico debería responder a la crítica situación que afecta a la mayor parte de las familias bolivianas y que tiene su raíz última en el modelo neoliberal (con elementos agravantes como la corrupción y el despilfarro de los dineros públicos). En cuanto al modelo neoliberal, éste presenta dos contenidos básicos: el más importante es la sistemática enajenación de nuestros recursos naturales (que ha llegado a su máxima expresión con la capitalización de las empresas nacionales); el segundo es el principio del libre comercio (establecido con el D.S. 21060). Es sobre este horizonte que se debe analizar el Plan Mesa. Lo más positivo del Plan: un golpe al libre comercio El mensaje presidencial ofrece varios elementos positivos, pero el que merece destacarse en primer lugar, por afectar directamente la estructura misma del modelo neoliberal, es el decreto que establece la obligación estatal de adquirir productos bolivianos y de contratar preferentemente empresas bolivianas. Es un decreto que entra en directa contradicción con los principios del ALCA (y del libre comercio en general), según los cuales el estado debería licitar cualquier adquisición o contratación en igualdad de condiciones ("igual trato") para todas las empresas del continente. Este decreto –si se lo toma en serio podría incentivar seriamente la producción interna, e incluso empezar a revertir algunas de las nefastas consecuencias que tuvo en la economía nacional el D.S. 21060, que llevó a la quiebra a cientos de industrias y a miles de familias campesinas. Lo curioso del caso es que el propio Presidente no parece haberse percatado del alcance de su decreto, ya que en el mismo mensaje asegura que seguirá "trabajando por el libre comercio". ¿Es concebible que don Carlos Mesa no sepa que la firma de cualquier tratado de libre comercio –y peor si es con los Estados Unidos anularía automáticamente esta medida? De todas maneras, ahí está el decreto que puede convertirse en bandera nacional… Las bondades simbólicas del Plan A continuación hay otra serie de elementos positivos y destacables, pero que no tienen una incidencia en la estructura misma del modelo y que por tanto pueden calificarse de simbólicos. El primero es la abrogación del odiado decreto 24806 (por el que Sánchez de Lozada decretaba que los hidrocarburos sólo son propiedad del estado mientras están guardados bajo tierra, pero dejan de serlo en cuanto salen a la superficie de los pozos; una barbaridad inconstitucional que sin embargo el Tribunal Constitucional había declarado válida). Era necesaria esta abrogación, pero por sí misma no disminuye la enajenación legal y fáctica de nuestros hidrocarburos. Igualmente plausible es el decreto de "Austeridad" cuyo contenido fundamental es la supresión de los "pluses" o bonificaciones a los salarios de ministros, viceministros y directores nacionales, "pluses" que superaban el monto del salario oficial y que constituían un soborno permanente de las autoridades (fue instaurado por Paz Estensoro al comienzo del modelo cosa que Mesa no quiso mencionar con dineros que proporcionaba el Banco Mundial y que ahora todos tenemos que pagar); cierto que la medida es incompleta (por ejemplo no alcanza a los parlamentarios oficialistas) y que el déficit fiscal causado por la misma durante 18 años lo seguiremos pagando todos, en lugar de los beneficiados. Cierto también que la disminución del 5 % del salario de dichos ejecutivos es ridícula. Pero de todas maneras es una medida de importancia simbólica (además de que no son desprecia­bles los 35 millones que por lo visto permitirá ahorrar). A continuación hay que mencionar los impulsos a la exportación y los planes gratuitos de instalación de gas domiciliario y de conversión de vehículos a gas natural, como también las medidas que buscan la "solidaridad" económica y la reactivación de un plan de vivienda. Son medidas evidentemente positivas, pero que no cambian en lo esencial la crítica situación del país ni la perversión del modelo económico. Las medidas polémicas En esta línea se inscribe en primer lugar la propuesta (sujeta a referéndum) de que las acciones que teóricamente tenemos los bolivianos en las empresas Chaco, Andina y Transredes salgan del control de las AFPs (Aseguradoras de Fondos de Pensiones, controladas por la banca internacional) y sirvan para el refortalecimiento de YPFB, la antigua empresa nacional del petróleo. La polémica surge de dos factores que no están claros: por una parte el que se refiere al destino del Bonosol (que hasta ahora es financiado insuficientemente por las AFPs, precisamente con los recursos que se planea quitarles); el otro, mucho más grave, es la falta de claridad acerca del papel que puede jugar una YPFB refortalecida cuando en realidad todos los yacimientos están en manos extranjeras, y peor cuando YPFB está en manos de sujetos totalmente vendidos a esas mismas manos… Otras medidas polémicas son las reformas impositivas. El impuesto al patrimonio personal es por lo menos tímido: en lugar de gravar con un 4 % al patrimonio superior a 100 mil dólares (como había anunciado informalmente el ministro Nogales) se grava con un 1,5 % (sólo por un año) el patrimonio superior a los 50 mil; por tanto se afecta a más sectores y se los afecta menos (justo lo que se había prometido no hacer), además de que se sigue sin afectar a poderosos sectores que siguen siendo informales, como los dueños de "flotas". Y en todo caso queda pendiente el problema de cómo valorar el patrimonio de cada persona. El impuesto a las transacciones financieras (3 por mil, durante dos años), que en principio podría considerarse también como una herida al modelo globalizador (que se basa en la intocabilidad de las transacciones financieras) en los hechos es muy poco claro: parece que puede afectar incluso a la precaria economía familiar, y ya ha habido advertencias de que puede provocar corridas bancarias (si me van a gravar el depósito y el retiro de mis ahorros –que ya de por sí cobran intereses ridículos, prefiero el viejo método del colchón). Finalmente es altamente polémico (cuando no directamente engañoso) el decreto que no sube los precios de los combustibles sino que los deja "libres", es decir que su precio "flotará" a medida que cambien los precios internacionales y a medida que se devalúe el boliviano. Lo menos que hay que notar al respecto es que se está dolarizando el precio de los hidrocarburos, con consecuencias tanto más imprevisibles cuanto que pueden complicarse con esos precios internacionales que a nosotros –que tenemos nuestros propios yacimientos y nuestras propias refinerías no deberían afectarnos. En estos momentos ya se están acumulando nubes negras al respecto de parte del sector del Transporte. Lo directamente negativo del Plan Para terminar hay que dejar claro que la anunciada reforma de la Ley de Hidrocarburos es en el fondo una burla, tanto peor cuanto que el Presidente intenta presentarla como la gran solución. No se trata de plantear intransigentemente la anulación de dicha ley (como sigue exigiendo la COB), que sería una bandera de más largo plazo. Pero sí se trataba (y fue la exigencia principal de la movilización de octubre) de recuperar parcialmente la propiedad de nuestros hidrocarburos. No sólo el MAS, también el MIR y la NFR, habían planteado una meta posible: elevar al 50 % las regalías que pagan las transnacionales (en lugar del miserable 12 % que pagan ahora). Sin embargo la reforma de la Ley (elaborada por una comisión totalmente sospechosa, con la participación de varios tiburones aliados de las transnacionales como p.ej. Juan Cariaga y Carlos Miranda Pacheco) sólo plantea, según informaba el Presidente en su mensaje, el incremento del impuesto a las utilidades a un 32 %. El Presidente no dijo que dicho impuesto es ahora del 25 % (por tanto el incremento es una miseria) e incluso intentó sumarlo a las regalías para obtener como resultado el anhelado 50 %, una trampa indigna de Carlos Mesa, pues él tiene que saber que sumar regalías e impuestos es como sumar choclos y maizales; y también sabe que las primeras son exigibles, mientras que las segundas son objeto de permanente fraude contable por parte de las petroleras. Es decir que precisamente en este punto, que es el que tiene que ver con el fondo del modelo y de la crisis, apenas ha cambiado nada. El propio Presidente espera obtener de esta reforma 100 millones de dólares anuales (mucho menos de lo que el TGN pierde cada año con la capitalización), mientras otros análisis publicados en la prensa calculan que sólo serán 50 millones. ¿Para eso han muerto los héroes de octubre? Nos tememos que no, y que se está sentando las bases para nuevos y más sangrientos conflictos. * Bolivia Press 2004, Nº 1 (5 de febrero) Boletín electrónico quincenal del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB)