La licenciada Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República, ella misma, se ha dado un autogolpe, un autogolpe moral con el desconocimiento que ha hecho del criterio que ha emitido la Procuraduría de la Ética, con respecto a las actuaciones de dos de los más importantes jerarcas políticos de su Gobierno: los señores Luis Liberman Ginsburg (Segundo Vicepresidente de la República) y Leonardo Garnier Rímolo (Ministro de Educación Pública).

Ambos funcionarios, en el ejercicio político de sus altos cargos emitieron sendas cartas de recomendación a fin de que la estatal empresa de hidrocarburos, la Refinadora Costarricense Petróleo (Recope), le otorgara una de esas famosas consultorías a una firma empresarial ligada, familiarmente, al anterior Ministro de Hacienda, el señor Fernando Herrero Acosta; quien tuvo que dejar su cargo en medio de cuestionamientos por no pago de tributos cuando, precisamente, abogaba él por un “paquetazo” de impuestos de gran impopularidad en casi todos los sectores sociales y productivos del país.

Según la Procuraduría de la Ética, “las cartas no son sólo la certificación de experiencia, que es lo que autoriza la ley. Son recomendaciones de las que están prohibidas por la Contraloría General de la República (CGR) y Poder Ejecutivo y como consecuencia es una violación a directrices y principios éticos de la función pública".

Los jerarcas Liberman y Garnier incurrieron, según la indicada entidad, en una falta al deber de probidad, el cual es una regla de principio básico para que el funcionario público procure, en sus actuaciones, proteger y defender el interés público frente a los intereses particulares o propios.

La persona directamente beneficiada con las cartas de recomendación que cuestionó la Procuraduría de la Ética había sido, nada más y nada menos, que asesora en comunicación de la propia Presidenta Chinchilla desde el inicio de su Gobierno hasta que se dio la caída del exministro Herrero (esposo de esa asesora).

Por las “cartitas” de recomendación se generó una contratación directa de 17 millones de colones provenientes de fondos públicos que fueron a parar a los bolsillos familiares privados de esas personas amigas de doña Laura.

El Gobierno dijo que no hará nada en contra de los dos indicados altos funcionarios pues no hubo mala fe. Además, dijo que las normas jurídicas en las que se basó la Procuraduría de la Ética son confusas y tienen contradicciones entre sí. ¡Qué barbaridad!

Ahora resulta que cuando “los de arriba” violan las normas éticas elementales de la función pública, lo hacen de buena fe. Pero sí son “los de abajo”, la normas que estarían violentando no son confusas, son clarísimas.

La señora Presidenta se ha dado un autogolpe moral. Pareciera ser que esta situación es como la gota que derramó el vaso para mucha ciudadanía. Desde las redes sociales de internet, costarricenses que sienten gran indignación están llamando a una marcha llamada “Golpe de Estado simbólico”. Será para el próximo domingo 15 de julio y se han de congregar, pacíficamente, en diversos parques del país, según están indicando.

Desde que tenemos uso de razón, nadie había pensado en que quien ocupara la silla presidencial, debía abandonarla. Hoy son muchas las personas que hablan de adelantar las elecciones presidenciales, de “Golpe de Estado simbólico”.

El Gobierno y, particularmente, la señora Presidenta deben dar un golpe de timón estratégico en esto del combate a la corrupción. La más poderosa señal que se puede enviar en estos momentos en los cuales la indignación popular es, si se quiere, la más alta de los últimos 25 años, es que los señores Liberman y Garnier dejen el Gobierno.

A fin de cuentas el primero es un banquero proveniente del grupo de negocios más poderoso del país. Así que si se va del Gobierno no por ello dejará de tener poder: el poder real, aunque el formal lo decline. En el caso del señor Garnier fácilmente ha de encontrar otra colocación dado su notable curriculum político-profesional.

En el Gobierno piensan que este asunto de las tales cartas de recomendación son “pecata minuta” (algo sin importancia, que no trasciende lo que está sucediendo). Son apenas 17 “milloncillos” que no son nada comparados con los más de 20 mil millones involucrados en el desastre de la trocha.

Sin embargo, el punto es que este asunto se agrega a una cadena de acontecimientos de política pública en los que la ética y la transparencia no están imperando, lo cual desmoraliza a una ciudadanía más que harta de tanta cosa sucia en la Administración Pública, especialmente con el escándalo de la trocha.

Nosotros, que no estamos en ninguna ubicación político-partidista ni pensamos estarlo, vemos esta delicada cuestión sin el prisma electorero del momento y el que está por venir. Sin creernos dueños de la ética ni propietarios de la moral, sí percibimos cuán grande es el nivel de enojo popular, de indignación ciudadana, de cólera creciente en la gente, por los malos ejemplos que salen desde la clase gobernante.

Poco a poco, aunque todavía no haya aparecido ese liderazgo político convocante, “los de abajo” empezamos a entender que cuando nos decidamos a actuar con sentido estratégico, “los de arriba” comprenderán que tal estado de cosas vergonzoso es insostenible y que, por tanto, se necesita de un nuevo orden institucional.

- Albino Vargas Barrantes es Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)